Daniel Inclán
ALAI AMLATINA, 02/06/2014.- ["El enemigo no puede ser atacado
directamente. Si lo aproximamos frontalmente el enemigo es impenetrable.
Si al enemigo lo aproximamos frontalmente debemos reconocerlo vencedor.
Para continuar victorioso el enemigo requiere nuevos enemigos
frontales. Ésos no existen; entonces el enemigo los inventa. Ésta es la
oportunidad que aguardamos para emprender incontables ataques laterales.
Así es la estrategia de la resistencia." John Berger, De A para X. Una
historia de cartas]
Vivimos en un contexto autoritario que afecta el conjunto de las
relaciones sociales en sus estructuras y sus prácticas. El autoritarismo
contemporáneo lejos está de ser una renovada versión de los fascismos
históricos o de los procesos contrarrevolucionarios de la segunda mitad
del siglo XX. Ante lo que estamos es un nuevo orden social que
reorganiza las relaciones interestatales y las relaciones sociales de
los distintos países; su fundamento es la militarización de la vida
cotidiana a través de múltiples mecanismos, que no se reducen a la
presencia de cuerpos armados, legales o ilegales, en la mayoría de los
espacios públicos. La militarización de las distintas formas sociales
sigue un modelo de capas interactuantes que intentan atravesar todas las
estructuras de la vida social, en las que ocupa un lugar privilegiado
la presencia de cuerpos militares o de segmentos militarizados (“The
overarching focus of this vision is full spectrum dominance –achieved
through the interdependent application of dominant maneuver, precision
engagement, focused logistics, and full dimensional protection”, Joint
Vision 2020).
Este nuevo autoritarismo es resultado de al menos cuatro grandes
transformaciones estructurales en la vuelta de siglo. La primera
transformación está en el cambio de estrategia global estadounidense,
que desde los años noventa dirige sus empresas militares al control de
los recursos estratégicos y a la construcción de una “democracia
internacional” acorde con las necesidades del libre mercado. En este
proceso el papel de las fuerzas armadas estadounidenses se modificó;
junto a la invasión de países y la administración de guerras en las que
se convirtió en el coordinador de los cuerpos internacionales de paz,
hay una campaña de intervención cívico-policiaca a través del
entrenamiento de las fuerzas represivas locales, estatales o privadas,
que complementan los proyectos de desarrollo económico transnacionales,
localizados en las regiones donde están los bienes naturales
estratégicos.
El segundo cambio es la transformación de las relaciones
intercapitalistas, que modificaron la composición del bloque económico
hegemónico. A pesar de los traspiés económicos, Estados Unidos es la
potencia hegemónica mundial, la financiarización de la economía depende
del papel estadounidense; al mismo tiempo, las empresas domiciliadas en
Estados Unidos, amparadas bajo sus leyes, tienen una ventaja comparativa
en los sectores estratégicos de la economía mundial. La
internacionalización de la economía mundial sigue subordinada, en gran
medida, a la intervención de los Estados para la defensa de los
monopolios; y Estados Unidos sigue siendo el Estado más fuerte del orbe,
no sólo por su capacidad militar, sino por su poder político que logra
reorganizar la diplomacia internacional.
Junto con el poderío estadounidense hay intentos de reestructuración de
los bloques económicos, que aspiran a contrarrestarle peso, sin lograr
una autonomía absoluta. En parte porque el papel hegemónico se construye
también a través de las agencias internacionales (FMI, BM, OCDE, OMC),
desde las que se diseñan y administran los proyectos económicos e
imponen una agenda global, apuntalando el poderío estadounidense.
La tercera transformación es la presencia de una movilización popular
abigarrada, en la que se mezclan distintas demandas sociales y múltiples
formas de lucha. Ante la crisis de los estados de bienestar y la
avalancha de proyectos neoliberales, se han producido múltiples
estrategias de resistencia, que no se adaptan a las viejas formas de
organización política, el sindicato, la confederación o la guerrilla, si
bien éstas siguen existiendo ya no son las que sirven de referente para
la movilización popular. Desde la vuelta de siglo hay un nuevo ciclo de
protestas sociales, en ocasiones con demandas perentorias o
coyunturales, en ocasiones con proyectos de transformación de las
estructuras sociales. Dentro de estos hay un amplio grupo de
movilizaciones que construyen o intentan construir otro tipo de
relaciones con el territorio, en abierta oposición a los mecanismos de
territorialización del capitalismo. Este tipo de procesos de resistencia
son los que más incomodan a la construcción del orden mundial, porque
cuestionan, resisten y proponen alternativas al modelo dominante.
La cuarta mudanza es la inminente crisis orgánica de la civilización
capitalista. Las múltiples dimensiones de la crisis obligan a
reconfigurar el orden de poder internacional, para asegurar la
flexibilidad del poder económico y su incesante acumulación de
capitales. En esta crisis, la lucha por los recursos estratégicos para
la sobrevivencia del modelo de civilización capitalista es cada vez más
intensa. Se resaltan de la crisis su dimensión ecológica y el impacto
que ésta genera en la alimentación humana y en el desplazamiento de
personas en búsqueda de mejores condiciones de vida. Al mismo tiempo hay
un claro agotamiento de las formas seculares de convivencia, que ponen
en cuestión la validez de las instituciones políticas occidentales. Ante
estas transformaciones el autoritarismo del siglo XXI intenta contener
los estallidos y las amenazas en el corto plazo para la reproducción del
sistema.
La instalación del nuevo orden autoritario
Estos cuatro grandes cambios han motivado una reestructuración profunda
de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Un elemento
clave es la modificación en la configuración discursiva y práctica del
enemigo que se pretende combatir. Durante el proceso de
contrainsurgencia la doctrina de seguridad nacional, inaugurada en el
gobierno de Kennedy, configuraba al enemigo como la amenaza comunista a
la democracia occidental. La expresión sintética de este peligro era el
guerrillero, el combatiente insurgente, que por la vía de las armas
intentaba desestabilizar el orden local para instalar la semilla del
comunismo. Esta doctrina se acompañaba de proyectos de desarrollo local
para desestabilizar a las fuerzas populares que apoyaban a los distintos
grupos insurgentes, en este proceso jugaba un rol central la USAID.
Para la doctrina de seguridad nacional, expuesta por Robert McNamara,
secretario de defensa estadounidense en la década de los años sesenta
(The essence of security), el pueblo solidario con los guerrilleros era
el verdadero enemigo; junto al exterminio de las fuerzas beligerantes se
necesitaba modificar las condiciones que hacían posible una aceptación
social de la insurgencia armada. El enemigo debía ser exterminado, no
sólo derrotado en el terreno militar. El proceso de exterminio del
enemigo seguía dos argumentos; el primero señalaba que la procedencia
del enemigo era exógena, es decir, que era resultado de la infiltración
internacional con el objetivo de desestabilizar el orden local. El
segundo argumento se servía de una metáfora médica para señalar que la
presencia de los subversivos contaminaba el resto del cuerpo social, por
lo que era necesario extirparlo.
La doctrina de seguridad nacional estadounidense ha cambiado su
perspectiva (Field Manual 3-24. Counterinsurgency). El enemigo ya no es
el pueblo afín a las demandas de la subversión comunista; ahora lo es
todo aquel sector de la sociedad que exprese manifiesta o explícitamente
una oposición a las reglas de funcionamiento del capitalismo
internacional. El enemigo ya no es resultado de una infiltración
externa, producto de una conspiración comunista internacional. El
enemigo es expresión de un desarreglo de las fuerzas locales, que
aprovechando los contextos de inestabilidad económica o política ejerce
una acción que “pone en peligro” a la nación en su conjunto y, en casi
todas las ocasiones, convirtiéndose en un peligro para la región y, por
tanto, una amenaza para la libertad y la democracia. Ahora el enemigo se
construye como aquel que no respeta los “valores democráticos” y que
busca imponer por la fuerza formas de socialidad que no son consensuadas
por las mayorías a través de los canales institucionales (el voto
universal, la representatividad de poderes y el respeto a las leyes). El
nuevo enemigo es el terrorista, una figura social que se esconde detrás
del anonimato, que usa la violencia desmesurada con el único objetivo
de atemorizar poblaciones. Esta figura se hace concreta en aquellas
personas que usan la fuerza para resistir la imposición de un proyecto
económico o político, en toda colectividad que defienda su territorio,
sus tradiciones y que no tolere la violación de derechos.
Uno de los espacios donde esta configuración del enemigo ha tenido
grandes repercusiones es en la esfera del derecho, tanto en sus formas
nacionales como en su dimensión internacional. Se ha transitado de la
imposición de derechos militares a la militarización del derecho.
Durante los procesos de contrainsurgencia, en los que los golpes de
Estado fueron la herramienta político-militar para desarticular las
movilizaciones locales, se instaló el estado de excepción como principio
legal. Una forma propia de un contexto de guerra, llamada en ese
entonces no-convencional, pero que seguía, al menos formalmente, los
principios jurídicos de la guerra, como la suspensión de la división de
poderes y el control del ejecutivo en manos de las fuerzas armadas. Este
proceso presuponía el reconocimiento de fuerza beligerante a las
distintas guerrillas, pretexto para legitimar la presencia de militares
en el poder. En la vuelta del siglo las cosas cambiaron, se empezó a
legalizar el estado de excepción, militarizando el derecho nacional e
internacional. Los criterios de estado de emergencia se volvieron
positivos, permitiendo la violación legalizada de derechos sin la
necesidad de suspender todo el estado de derecho. Las leyes permiten
construir situaciones de emergencia jurídica dentro del marco legal
vigente. Los terroristas pueden ser tratados fuera del derecho general y
sometidos a una estructura legal particular. Lo que en términos
formales presupone una contradicción al principio universal de todo
derecho positivo.
El nuevo enemigo
En este proceso se construyó otra imagen del enemigo, ya no es más el
enemigo político subversivo que toma las armas, hay una caracterización
ambigua de aquel que no respeta las leyes y que por tanto puede ser
puesto en un régimen de excepción. A diferencia del subversivo
comunista, que también era un sujeto ambiguo en su definición, el sujeto
terrorista no tiene ningún rasgo de proyecto político o parapolítico.
Su caracterización reduce al mínimo toda posible expresión de
politicidad. Lo que caracteriza al terrorista, según la nueva doctrina
de seguridad nacional, es el uso clandestino y premeditado de la
violencia dirigida a objetivos no combatientes para sembrar el miedo y
el terror como forma de coaccionar a los gobiernos o a la sociedad.
El enemigo sigue siendo la población en su conjunto, sobre todo aquellas
partes que se movilizan y resisten los proyectos político-económicos
dominantes; lo que ha cambiado son las armas para combatirla. A
diferencia de la guerra de contrainsurgencia de los años sesenta y
setenta, desde la vuelta de siglo se construye una estrategia de lucha
que abarca todos los niveles de la vida social. Junto con los ejércitos,
los policías y los cuerpos de seguridad privados viajan antropólogos y
sociólogos. Al enemigo se le vence conociéndolo (“viewing the adversary
through one’s own eye” The U.S. Army Functional Concept for
Intelligence, 2016-2028), y eso no lo hacen las fuerzas armadas, lo
hacen académicos. La antropología y la sociología son instrumentos que
pueden ser más efectivos que las armas de fuego. Una vieja práctica
colonial, la de conocer las formas de vida de la sociedad por dominar,
se recicla y se integra al autoritarismo contemporáneo que busca
“derrotar” a los procesos terroristas mediante el control total de las
formas sociales particulares.
Las balas no logran estabilizar las condiciones sociales para la
instalación de proyectos económicos, por eso se utilizan medios de
disuasión y conocimiento de las poblaciones locales a través de
distintos saberes. Lograr la estabilidad necesaria para los proyectos
económicos o políticos tiene como principio la división de la población
para que ella misma se enfrente a los terroristas, para que sean los
locales, dirigidos por los militares estadounidenses, los que enfrenten
al enemigo interno. A la división interna de la sociedad agredida, y la
colaboración de una parte de ella con las fuerzas estadounidenses la
llaman acción unificada (Unified action is the synchronization,
coordination, and/or integration of the activities of governmental and
nongovernmental entities with military operations to achieve unity of
effort. Field Manual 3.0. Operations).
De la construcción de la imagen del terrorista no sólo participa el
orden jurídico internacional y sus adaptaciones locales, juegan un papel
central los medios de comunicación. Junto con las leyes punitivas que
hacen cotidiano el derecho militar, hay una fuerte campaña mediática por
construir un sentido común en torno a la figura del terrorista, como
aquella entidad asocial incapaz de manifestar sus demandas por las “vías
institucionales” y “democráticas”. El proceso mediático contribuye a la
construcción de la imagen difusa del terrorista; su representación
sigue el principio de no referir a humanos, sino a figuras genéricas,
sin rostro y sin identidad. La metáfora es la de un cuerpo sin
identidad, sujeto sin historia, cuya única marca de diferenciación es su
actuar fuera del “estado de derecho”. Este es el enemigo del poder
hegemónico en el siglo XXI.
- Daniel Inclán, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
Trabajo realizado en el marco del proyecto Territorialidad, modos de vida y bifurcación sistémica (PAPIIT IN301012).
* Artículo publicado en la revista América Latina en Movimiento, No. 495 (mayo 2014) con el título “Reordenando el continente”.
http://www.alainet.org/publica/495.phtml
URL de este artículo:
http://alainet.org/active/74272&lang=es
Mas informacion:
http://alainet.org
RSS:
http://alainet.org/rss.phtml Twitter:
http://twitter.com/ALAIinfo
Te invitamos a sostener el trabajo de ALAI. Contribuciones:
http://alainet.org/donaciones.php
______________________________________
La
cantidad de hectáreas de tierras deforestadas en la provincia de Salta,
Argentina, crece asustadoramente. Despreciando la Ley de Bosques [Florestas], en
vigencia desde 2007, empresarios nacionales e internacionales, con al aval del
gobierno provincial, viene deforestando zonas protegidas para ampliar fronteras
agropecuarias. La denuncia es realizada por Greenpeace Argentina en el informe
"Desmontes S. A. La responsabilidad empresarial y gubernamental en la violación
de la Ley de
Bosques en Salta”.
La
deforestación está trayendo serios perjuicios, se destaca en el informe. Además
de los desplazamientos forzados, con la disminución de la vegetación llueve
menos y el clima seco viene siendo difícil de soportar. La población además
reclama por la contaminación del agua. Otros problemas también son denunciados
en el informe.
“La
reunión fue pésima porque el ministro no ha demostrado ningún interés
en la solución de nuestro problema. No quiere quedar mal con los
“ruralistas”, evaluó Sonia Guajajara, de la coordinación de la Apib.
Foto: femen
