miércoles, 4 de junio de 2014

Argentina: Gobierno y empresarios violan Ley Nacional de Bosques


Natasha Pitts
Adital
 
 
La cantidad de hectáreas de tierras deforestadas en la provincia de Salta, Argentina, crece asustadoramente. Despreciando la Ley de Bosques [Florestas], en vigencia desde 2007, empresarios nacionales e internacionales, con al aval del gobierno provincial, viene deforestando zonas protegidas para ampliar fronteras agropecuarias. La denuncia es realizada por Greenpeace Argentina en el informe "Desmontes S. A. La responsabilidad empresarial y gubernamental en la violación de la Ley de Bosques en Salta”.


Para la organización, la Ley de Bosques representó una conquista importante en el país, pues esos ecosistemas son el hogar de varias especies en extinción. A pesar de ello, la ley viene siendo sistemáticamente irrespetada. Greenpeace Argentina denuncia que, desde que entró en vigencia, sólo en Salta ya fueron deforestadas 400 mil hectáreas, de las cuales más de 120 mil eran áreas protegidas. La cifra comprueba la denuncia de la organización de que las autoridades locales están realizando recategorizaciones prediales al ordenamiento de bosques y autorizando desmontes en zonas protegidas por la ley.


La Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Salta incorporó un mapa de zonificación que establece tres categorías de hectáreas: Categoría I (Roja - área protegida, no permite deforestación ni aprovechamiento); categoría II (amarilla - aprovechamiento sustentable - no permite desmontes) y Categoría III (verde - permite deforestación parcial). El problema es que las hectáreas están siendo recategorizadas atendiendo a los intereses de los empresarios.


Esa recategorización, además de herir la Ley Nacional de Bosques, va en contra de lo especificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo 91/09 y contra los principios precatorios, preventivos y de sustentabilidad de la Ley General del Medio Ambiente.


Greenpeace le pone nombres y apellidos a los transgresores, son ellos: Franco y Mauricio Macri, Alejandro Braun Peña, Pablo Clusellas (Macri Group, Socma, Chery Argentina, Pago Fácil); Aldo Navilli (Molino Cañuelas, Vitamina); Alejandro Roggio (Grupo Roggio, Metrovías, Cliba); João Pereira Coutinho (Volkswagen Portugal); Bruno Varela Marín (productor pecuarista uruguayo); Martín Laplacette (director de la filial local del grupo brasilero André Maggi); Andrés von Buch (director de la Cámara de Industria y Comercio Argentina-Alemana); y Arnaldo Hasenclever (director de la filial local del Grant Thornton Internacional), entre otros. 


La deforestación está trayendo serios perjuicios, se destaca en el informe. Además de los desplazamientos forzados, con la disminución de la vegetación llueve menos y el clima seco viene siendo difícil de soportar. La población además reclama por la contaminación del agua. Otros problemas también son denunciados en el informe.


La propiedad "El Carmen”, en el Departamento de San Martín, tiene el 90% de su área definida como bosque nativo. A pesar de ello, sus dueños, Aldo Adriano Navilli e hijos, pidieron y el gobierno les autorizó el cambio de zonificación para realizar el desmonte de 3.327 hectáreas con el propósito de usarlas en agricultura y pecuaria. 


Un problema semejante ocurre en la propiedad "Cuchuy”, San Martín, que abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos. Sus dueños consiguieron la rezonificación de 5.316 hectáreas para ser usadas en agricultura. Con esto, las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral están prácticamente acorraladas entre propiedades que fueron deforestadas en los últimos años. 


Ante este problema, Greenpeace hace un llamamiento a las instancias del poder público y reclama a los empresarios y funcionarios responsables la cancelación inmediata de permisos ilegales, y el respeto debido a la zonificación originalmente definida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.


Lea aquíel informe completo.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

Chile; Representaciones Mapuche de diversos territorios se manifiestan por derechos ante autoridades estatales y funcionarios públicos de la Araucanía

Representaciones de territorios, tales como: LofMapu Trankura de Curarrehue, territorio del Lifko de Melipeuco,  LofMapu  Karilafquen de Pitrufquen y  Hualapulli - Chesque de Likán Ray, junto al grupo de trabajo por derechos colectivos y comunicaciones de la Red por la defensa de los territorios, convocaron a un encuentro autónomo el Jueves 29 de Mayo, con la asistencia  del Intendente y personeros del Gobierno regional, servicios públicos, representaciones municipales, Core y legislativo vinculados a la circunscripciones territorios, instancia que  también contó con la participación de representaciones de diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos, esto, con el propósito  de dar cuenta de un diagnóstico sobre la realidad en estos territorios ancestrales, exponer sobre la amenaza de diversos proyectos industriales de tipo energético, de extractivismo y monocultivo y que conciernen  derechos de comunidades Mapuche, como también, sobre la necesidad de que la institucionalidad pública asuma una agenda de derechos de acuerdo al estándar internacional.

La jornada realizada en el salón de reuniones de la Corporación Urracas, comenzó durante la mañana con un  Nutram interno de las representaciones Mapuche,  encabezada por autoridades ancestrales como el Lonko José Relmucao, la Machin Sandra Quiñenao, el kimche Emilio Painemal y el Ngen Ruka Alfonso Melillan. Posteriormente, a partir de las 15 horas comenzó la llegada de las representaciones de la institucionalidad pública, la que fue encabezada por el Intendente de la Araucanía Francisco Huenchumilla, diversas seremías del gobierno regional, direcciones de servicios tales como cultura, SAG y Sernatur; el diputado Fuad Chain, gabinete del diputado Fernando Meza, equipo de trabajo del Senador Eugenio Tuma (El senador participó en el último bloque de la jornada), el Presidente del Core Hilario Huirilef y el alcalde de la Comuna de Melipeuco Juan Carlos Espinoza. No asistió ninguna representación de Conadi, tampoco del Senador Quintana y asimismo no asistió el Municipio de Pitrufquen ni Curarrehue quienes también habían sido convocados por las representaciones territoriales.

Asimismo, se hicieron presentes representaciones de organizaciones sociales y de Derechos Humanos, tales como integrantes de la Red por la defensa de los territorios, Colectivo Lanpu;  La Red de acción por los Derechos ambientales (Rada); El Observatorio Ciudadano; La Corporación Urracas; El Instituto Nacional de Derechos Humanos; El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera, entre otros. 

 La actividad comenzó con los saludos de los Ngen Ruka. En seguida  la presentación de los más de 60 asistentes. Luego las palabras protocolares de las autoridades ancestrales Mapuche. Inmediatamente la presentación de una sistematización del Nutram  de las representaciones de los territorios  expuesto por Ronny Leiva. Consecutivamente expusieron las representaciones territoriales: Por el Lof Trankura de Curarrehue expuso Ely López y Simón Crisostomo Loncopan.  Luego representaciones del territorio del Lifko de Melipeuco, presentado por Luz María Huenupi y Jaime Huenupi. Inmediatamente, la representación de Karilafkén de Pitrufquen a través del werken Pablo Huaiquilao y Sandra Quiñenao.   Como cierre del bloque, se presentó un diagnóstico con diversos elementos en la región expuestos por Alfredo Seguel y María José Araya del grupo de trabajo por derechos colectivos y Andrés Cuyul de la Comunidad de Historia Mapuche.

La necesidad de una agenda de Derechos

Una de las temáticas transversales expuestas por las representaciones territoriales Mapuche tiene que ver con  las demandas por respeto e implementación de los Derechos Humanos de las Comunidades, con relación a las amenazas por proyectos industriales que  se pretenden emplazar e imponer en lugares ancestrales  de enorme significación social, cultural, ambiental, religioso-espiritual y de desarrollo colectivo.

En ese marco se plantea el cumplimiento del estándar internacional de Derechos Humanos y la correcta aplicación del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos indígenas, en especial, con respecto a materias de consulta, lugares sagrados, instituciones ancestrales y prioridades de desarrollo.

Otro punto planteado, es la necesidad de que los órganos públicos asuman una coherencia en la implementación de Derechos, con  respectivas coordinaciones para la implementación  eficiente de derechos atendiendo las priorizaciones que tienen las Comunidades.
Desde estas perspectivas, se solicitó a los diversos  órganos públicos municipales, Gobierno regional, direcciones de servicios,  Core y legisladores, sus respectivos oficios para el respeto e implementación de los Derechos a través de las diversas herramientas y agenda que establece el estándar internacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Cabe consignar que el segundo bloque del encuentro fue la intervención de las representaciones de la institucionalidad pública presentes, donde el Intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla  se refirió a la necesidad de que se reconozcan y se respeten los derechos de las Comunidades Mapuche. Al respecto el programa “Reporteros” de canal 13 sobre “el estilo Huenchumilla”, destacó alguna de las intervenciones del intendente durante este encuentro. 

En  una de ellas el personero señala: “El problema político que tiene la sociedad chilena es que tiene que mirarse al espejo y aceptar que antes del estado chileno habían Pueblos Originarios con una cosmovisión y una vida diferente (…) Y ahora ese pueblo dice, mire, ¿Usted quiere desarrollo? , muy bien pero respéteme, conozca lo que para mí es la naturaleza, no venga a meter centrales aquí porque yo tengo mis derechos”, asimismo hizo un llamado a los estamentos del gobierno regional  a ser rigurosos con respecto al cumplimiento de los derechos indígenas.

El diputado Chahin destacó las deficiencias que hay ante la falta de un ordenamiento territorial en la Araucanía y que debe atender los criterios presentados en la jornada.
El encuentro concluyó con la palabra abierta, con diversas intervenciones sobre los desafíos para que en la Región de la Araucanía y los territorios ancestrales, se establezca e implemente una agenda pública bajo el respeto de los derechos Mapuche. 



Bolivia: Delincuentes confesos


Delincuentes confesos
Alejandro Almaraz
 
Hace poco, en uno de sus cotidianos actos electorales, Evo Morales intimaba a la militancia oficialista a convertirse en un imán para atraer nuevos adherentes a su candidatura. Independientemente del éxito que pueda tener ese propósito, el imán poderoso que tiene el Gobierno, como lo vienen demostrando los hechos con abrumadora claridad, es el que le hace atraer y retener a los que él mismo califica como delincuentes confesos.

Para no extenderme en la interminable lista de asesinos, violadores, narcotraficantes, contrabandistas, extorsionadores, estafadores, prevaricadores, proxenetas  y ladrones de variadas especialidades que el partido de Gobierno ha llevado a los poderes públicos, y que, al margen de los dichos gubernamentales, cuentan con confesión o sentencia ejecutoriada, me limito a mencionar sólo los casos más notables en orden cronológico regresivo.
 
Durante cinco años, el Gobierno ha respaldado y sostenido al exfiscal Soza, a cargo de la investigación del caso judicial más sensible y comprometedor para la vigencia de la democracia y los derechos humanos en el país. Pese a las múltiples denuncias de los graves delitos que cometía desde su función pública, y a la misma confesión telefónica de algunos de ellos, el Gobierno recién lo declara delincuente confeso, ¡qué casualidad!, cuando se fuga a Brasil y comienza a declarar en su contra.
 
El mayor Ormachea gozó, durante el presente gobierno, de un vertiginosos e irregular ascenso en la Policía Boliviana, llegando a ser designado como la primera autoridad policial en la lucha contra la corrupción. Pese a los varios juicios penales seguidos en su contra por sus propios camaradas policías, el Gobierno recién lo declara delincuente confeso y lo remueve de su cargo, ¡qué casualidad!, cuando el FBI lo sorprende en flagrancia extorsionando en EEUU, y él comienza a declarar contra altos personeros del Gobierno.
 
El general Sanabria fue promovido a la cúpula de la Policía  Boliviana durante este Gobierno, llegando a ser designado como la primera autoridad policial en la lucha contra el narcotráfico. Al amparo de dicha función, se dedicaba a traficar personalmente grandes cantidades de droga, pero el Gobierno recién lo declara narcotraficante, ¡qué casualidad!,  cuando la DEA lo captura en Panamá, con las manos en la masa, traficando toneladas de droga, y él, para aminorar su inminente sentencia, confiesa su delito y, presumiblemente, brinda información reservada a la justicia de EEUU.

La banda  de extorsionadores, compuesta por funcionarios del Ministerio de Gobierno, fiscales y jueces, fue instalada y empoderada por el actual Gobierno, que puso a sus miembros en sus respectivos cargos públicos y los dotó del extraordinario e ilegítimo poder de "operar” la voluntad gubernamental en la administración de justicia.

Pese a que sus abusos y fechorías eran vox pópuli, el Gobierno recién los declara delincuentes confesos, ¡qué casualidad!, cuando Sean Penn amplifica internacionalmente las denuncias de su paisano Ostreicher, contra varios miembros de la banda  y ellos, detenidos a causa del escándalo internacional, comienzan a declarar contra el Gobierno.

En un sentido inverso al de los casos anteriores, en los que antes de hacerse confesos a causa de la intervención de actores extragubernamentales, los delincuentes en cuestión delinquen prolongada y discrecionalmente bajo el poder protector del Gobierno, éste suele precipitar el epíteto de delincuente confeso contra personalidades políticamente adversas, para luego incorporarlas con gran entusiasmo y sin mayores rectificaciones.

Así, después de haber enjuiciado con dudosos fundamentos y declarado delincuentes confesos a los expresidentes Mesa y Rodríguez Veltzé, sin que medien las elementalmente esperables explicaciones y disculpas públicas, los designa en funciones de altísima importancia para la política exterior del país.

Me pregunto cuál será la extraña y poderosa fuerza que vincula tan persistentemente al gobierno de Evo Morales con los personajes que, de una u otra manera, él mismo califica de delincuentes confesos. ¿Tendrá que ver más con sus dramáticas e insuperables carencias argumentativas, o será más bien un asunto de afinidad vocacional?
     
Alejandro Almaraz fue viceministro de Tierras. 
 
 

Brasil: Ministro José Eduardo Cardozo afirma que mantendrá suspendidas las demarcaciones de tierras



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Cardozo tuvo una reunión, en la tarde del pasado jueves, mayo 29, en Brasilia, con líderes indígenas después que más de 500 personas que participaron en la Movilización Nacional Indígena la semana pasada cerraron las entradas del Ministerio de Justicia y ocuparon parte del Eje Monumental, principal ruta del centro de Brasilia. Un grupo de quilombolas también participó en la manifestación.

Poco antes de la reunión con el ministro, cinco indios se encadenaron al asta de bandera de Brasil, frente al Ministerio y están pusieron la bandera nacional a media asta para simbolizar la lucha de los pueblos indígenas ante la negligencia y descuido del gobierno con sus derechos. También izaron una bandera negra en el asta, al mismo tiempo que pedían a Cardozo firmase las ordenanzas de declaratoria de Tierras Indígenas. La protesta fue pacífica, a pesar de la presencia de un gran contingente de policías dentro y fuera del edificio durante todo el día.

Según dirigentes indígenas, el ministro afirmó que seguirá estableciendo “mesas de diálogo” locales – involucrando a gobiernos locales, productores agrícolas e indios – para discutir las demarcaciones bajo la justificación de evitar la judicialización de estos procesos. Para el movimiento indígena, en la práctica, esta forma de proceder, está paralizando el reconocimiento oficial de nuevas TIs.

Actividad Electorera

“Dijo [el ministro] que no firmará nada, ninguna sentencia de demarcación, que insistirá en tratar de construir “mesas de diálogo”, porque es en estas mesas donde existe la posibilidad de promover la negociación de los conflictos en las zonas indígenas”, dijo Wilton Tuxá, de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib). “Lo que quiere el gobierno es hacer acuerdos políticos para ganar votos. El estancamiento de las demarcaciones es una actividad electorera. Seguramente los pueblos indígenas deBrasil darán una respuesta a este gobierno”, concluyó Tuxá.

Según un líder indígena que participó en la reunión, Cardozo dijo que es necesario negociar con los productores agrícolas incluso en casos donde no hay ningún desafío legal porque, cuando la demarcación avanza, aparecen nuevos conflictos.

Agência Brasil“La reunión fue pésima porque el ministro no ha demostrado ningún interés en la solución de nuestro problema. No quiere quedar mal con los “ruralistas”, evaluó Sonia Guajajara, de la coordinación de la Apib.


En un comunicado, el ministro dijo que su “cartera está comprometido a encontrar soluciones a los problemas presentados a través de la mediación”.

Los líderes indígenas entregaron una carta con sus demandas. En la que requieren a Cardozo dar continuidad a las demarcaciones y que sea archivada inmediatamente su propuesta de cambiar el procedimiento de formalización de TIs, que, en la práctica, puede paralizar definitivamente las demarcaciones.

Son 37 procesos de demarcación que están en manos del ministro hoy. Sin detalles pendientes, esperan sólo la firma de las ordenanzas declarando que se reconocen la posesión permanente de las comunidades indígenas sobre sus territorios.

La Movilización Nacionales Indígenas terminó las actividades de una nueva ronda de manifestaciones en Brasilia después de reunión. El objetivo fue protestar contra la serie de propuestas y medidas del gobierno federal y del Congreso que atentan contra los derechos territoriales indígenas.

Fuente: Kaosenlared.net

Facebook cierra la página de Femen


La organización feminista FEMEN ha denunciado el cierre de su perfil en Facebook por parte de la compañía "sin ofrecer ningún tipo de explicación". La red social de Zuckerberg ya bloqueó la página principal del grupo hace un año bajo el motivo formal de "publicar pornografía y promover la prostitución".


Foto: femen





 
Un comunicado en la página web de Femen Internacional explica que el perfil, seguido por más de 80.000 personas, ha sido cerrado "sin ofrecer ninguna explicación".  La portavoz de la organización feminista Anna Gutsól cree que es una reacción a la campa internacional del movimiento contra la censura de pechos llevada a cabo en Facebook e Instagram. 

El sábado pasado, la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, abogó ante una multitud de simpatizantes por una política de natalidad en lugar de la propuesta de la Unión Europea de obligar a Europa aceptar a 50 millones de inmigrantes. Sin embargo, la propuesta fue rápidamente rechazada por la organización feminista Femen. Como forma de protesta contra la idea de hacer frente la caída demográfica de Francia a través de una política de natalidad, Femen condenó al Frente Nacional "por querer infectar vaginas" y llamó a las francesas "a follar con la mayor cantidad de inmigrantes posible". Incluso promocionó su propuesta con la fotografía de una extremista con el mensaje de "los extranjeros follan mejor".

Paraguay: Feministas repudian discriminación gubernamental

El movimiento Kuña Pyrenda emitió un comunicado en el que expresa su rechazo hacia la decisión del Gobierno de no izar la bandera de la no discriminación ya que esa postura va en contra de la inclusión social.




El lema “Desarrollo e Inclusión Social”, propuesto por la propia cancillería paraguaya para la 44° Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) parecía un giro interesante para los grupos sociales que se sienten discriminados, hasta que el Gobierno de Cartes anunció que no firmará la Convención Interamericana contra todo tipo de discriminación e intolerancia.

En el comunicado el grupo feminista asegura que el Gobierno de Horacio Cartes expone de esta manera su verdadero rostro justificando las acciones de discriminación, exclusión e intolerancia que sufren los gays, lesbianas, travestis, trans, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, mujeres y adultos mayores a diario en la sociedad.

Afirman que se evidencia el desinterés del Gobierno por poner fin al asesinato de personas LGBT (personas lesbianas, gay, bi y trans). En el comunicado se destacó que para que la inclusión sea una realidad se debe combatir las actividades xenófobas entre otras cosas.
El jueves 29 de mayo, varios senadores expusieron su desprecio hacia las personas no heterosexuales, lo que el grupo feminista Kuña Pyrenda considera una violación a la Constitución Nacional, que en su artículo 46 establece claramente que "No se admiten discriminaciones".

Monserrat Boix: "No se puede superar la crisis a costa de la igualdad" (Entrevista)


La periodista Montserrat Boix ofrece un taller en Vitoria-Gasteiz sobre ciberactivismo.
 
Montserrat Boix es periodista. Trabaja en la redacción de los Servicios Informativos de Televisión Española desde hace más de 20 años. Pero además es una mujer comprometida y volcada en la lucha por la igualdad de género. En 1996 creó “Mujeres en Red”, una plataforma digital que tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos y de manera específica el combate contra la desigualdad en derechos entre hombres y mujeres. 

Desde Vitoria-Gasteiz, donde imparte un taller sobre las herramientas estratégicas presentes en Internet para la defensa de los derechos de la ciudadanía, reflexiona sobre los logros y retrocesos alcanzados en materia de igualdad. Es águda en su análisis. Critica, entre otras cuestiones, que "la crisis se intente superar a costa de las mujeres".

Pregunta. Parte de los contenidos emitidos por televisión perpetúan y potencian actitudes machistas. ¿Por qué no se actúa con más contundencia contra esta tendencia?
 
Respuesta. Por una parte, la imagen de la mujer maneja mucho dinero a varios niveles. En la publicidad los modelos y estereotipos de las mujeres que nos venden no son inocentes y casuales. Los periódicos tradicionales se financian con anuncios de prostitución. Y tienen la desfachatez de defender que los tienen que los mantienen para resistir la crisis. Es decir, la crisis de la prensa escrita se supera a costa de los cuerpos de las mujeres. Eso de entrada. Y por otra parte, no hemos avanzado en hacer visibles a las mujeres desde enfoques en positivo. 

Después de los muchos esfuerzos que se hicieron para visibilizar la violencia de género, que sigo defendiendo que tiene que mostrase para combatirse, hemos conseguido otro resultado que no buscábamos: que la gran mayoría de las veces que estos espacios mencionan a mujeres es para denunciar episodios violentos. Ahora estamos en ese mapa, con una publicidad y series de televisión vendiendo modelos desajustados y con las noticias volcadas en la denuncia del maltrato pero carentes de información femenina de otra índole.  Ante este panorama que nos desagrada ¿tenemos que esperar que los medios de comunicación reaccionen?. 

No. No creo que funcione la autorregulación. Los medios de comunicación no están dispuestos a poner esos límites necesarios, hacen prevalecer sus intereses. Se ha demostrado también claramente con el horario infantil. Deberían ser los gobiernos los garantes de la defensa de la ciudadanía pero quién se atreve a entrometerse cuando los propios periodistas siguen alegando en nombre de la libertad de expresión que no se intervenga.
 
P. Internet es una continuidad del mundo real y de esos modelos machistas persistentes. Usted habla en sus talleres de posibilidades y riesgos de la red ¿son mayores estos últimos?
 
R. Antes hablábamos de la vida presencial y de la digital. Yo no es así. Están fusionadas porque la digital está permanentemente con nosotros. Y por lo tanto, los niveles de riesgo están en la vida. No hay que demonizar las herramientas pero sí tenemos que reflexionar sobre cómo utilizarlas en plan positivo y que no repercutan negativamente. Los 'washup' son instrumentos muy invasivos pero se pueden utilizar de forma que no lo sean al decidir con quién me comunico, a qué hora, sobre qué y para qué.
 
P. Entre las posibilidades que ofrece el mundo digital resalta por encima de otras el empoderamiento de la mujer, ¿por qué?
 
R. Ya no hablo tanto de ciberfeminismo sino más de tecnopolítica, la potencia de las multitudes conectadas. Tenemos que tomar conciencia de que estas herramientas digitales son claves para la participación ciudadana, para cambiar el mundo e intervenir el él. Se trata de hacer la siguiente reflexión: lo que yo pienso es importante y he de compartirlo. Y esta tarea de empoderamiento personal se conecta gracias a Internet con el colectivo y nos lleva a una transformación. Trabajar en este proceso es la clave del empoderamiento de las mujeres, es especial, que es el que a mí me importa porque históricamente hemos sufrido un déficit considerable. Pero este ejercicio es algo que las mujeres no nos permitimos. Estamos menos acostumbradas al espacio público y esa carencia se nota también en la red. Además muchas feministas todavía tienen tecnofobia.
 
P. ¿Y por qué ese miedo?
 
R. Sigue pesando mucho el tema del tiempo. Las mujeres, con doble jornada, triple jornada ... siempre tienen la sensación de que les falta y no quieren dedicarlo a esto de las redes. Hay que darle la vuelta y convencerles de que no se trata de una pérdida de tiempo sino de abrir una puerta para que cada una decida qué hacer con esa nueva posibilidad. No podemos decidir sino estamos dentro. Si no entran en el mundo digital, se condenan a la exclusión social. Hay que luchar contra eso.
 
P. Muchos piensan que se ha sufrido un retroceso en los avances conseguidos por la mujer. Mientras algunos culpan a la crisis o otros apuntan a los gobiernos como principales responsables. ¿Usted que piensa? 
 
R. Aprovechan la crisis para escudarse tras ella. Se intenta superar la crisis a costa de las mujeres y de la igualdad. En temas laborales está siendo así, pero es una excusa, no se debe hacer.  A excepción de la regresión planteada por Gallardón, hemos avanzado en leyes. Quizás habría que perfilarlas y sería importante empezar a cumplirlas. Hace unos años, los primeros del Gobierno de Zapatero, la Igualdad estaba en el centro del discurso gubernamental y se avanzó en formación y se trasladó a muchos aspectos de la sociedad. Ese discurso penetró. Y ahora, aunque nos lo vayan a poner difícil con el cambio de leyes, las mujeres ya no están dispuestas a asumir determinados roles, estén en los partidos que estén y estén en los ámbitos que estén. Hay una parte de la historia social cotidiana que no tiene vuelta atrás. Me encuentro muchas mujeres que de entrada no se apuntarían al concepto de feminista y luego lo son.
 
P. ¿Quiere decir que hay mujeres que son feministas pero que no lo saben?
 
R. Sí. Tienen muy claro que el tema de igualdad es prioritario y que no van a ceder en ese sentido. Y muchos hombres también. Pero el término feminista está muy desprestigiado. El movimiento feminista ha sido vanguardista y ha planteado las contradicciones del patriarcado y ha sido muy duro porque toca el núcleo de poder considerablemente. Plantea un nuevo pacto entre hombres y mujeres. Con algo tan básico como el tema de la paridad, significa que si hay diez puestos y tiene que repartirse, algunos se van a quedar sin puesto. Y eso les molesta pero estos cambios tiene que ver con justicia social. Ahora pretenden que vayamos hacia atrás pero quien lo pretende se está equivocando porque la propia dinámica de la sociedad enfoca hacia la igualdad.
Este problema lo vemos también en las nuevas formaciones políticas que se presentan como nuevas alternativas al poder estructural. Y resulta que no conseguimos que esos líderes hablen de patriarcado y de igualdad. Y el núcleo duro siguen siendo varones aunque incluyan mujeres. No me preocuparía si tuvieran incorporado el feminismo en su análisis, pero pocas lo tienen.
P. En la política se ha avanzado pero ¿nos faltan referencias femeninas o líderes en otros ámbitos?
 
R. Nos falta directamente masa crítica. No la tenemos. En las 2.500 empresas más importantes del planeta, han pasado de un 3,5 a un 4,1 % de presencia de mujeres en los consejos de administración. En los espacios económicos no estamos. No hay más que ver las fotos de las cumbres, todos los que salen son varones. Canta mucho. Y por su propia vivencia, por su experiencia social, las mujeres, acostumbradas a vivir en la adversidad, a bregar con varias actividades al mismo tiempo, a una gestión del tiempo mucho más compleja pueden incidir de manera más interesante en las empresas.
 
P. Usted hace hincapié en que no solo se trata de contar mujeres. No se trata de 'mujerismo' sino de feminismo. Explíquese.
 
R. A partir de que se normalice la presencia de mujeres en los espacios públicos o paralelamente a esta normalización hay que reclamar el desarrollo de las políticas de igualdad. Estamos consiguiendo que se cuenten mujeres pero no es suficiente. Es un primer paso. Hay muchos que piensan que como ya tiene a mujeres en sus filas, que ya han cubierto el expediente. No. Hay que pensar en todas las implicaciones sociales. Este problema lo vemos también en las nuevas formaciones políticas que se presentan como nuevas alternativas al poder estructural. Y resulta que no conseguimos que esos líderes hablen de patriarcado y de igualdad. Y el núcleo duro siguen siendo varones aunque incluyan mujeres. No me preocuparía si tuvieran incorporado el feminismo en su análisis, pero pocas lo tienen.
 
P. La educación reglada ¿reproduce esos modelos arcaicos sobre la mujer?.
 
R. En educación hay un problema de crisis en general. Es tan grave que, ante nuestras reivindicaciones nos responden que cómo van a pensar en igualdad si apenas hay recursos ni para abrir nuevas escuelas públicas o sostener las vigentes. Es complicado de gestionar. Pero insisto: todo esto no se puede hacer a costa de la igualdad porque debe situarse en el núcleo central de las estrategias a desarrollar para ese cambio social. Para mi es impensable que alguien que trabaje desde lo social no sea feminista.



Itziar Abad: Las dueñas de nuestros derechos somos nosotras

El movimiento feminista y de mujeres tiene claras las demandas acerca de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Lee este artículo de opinión de Itziar Abad, colaboradora de medicusmundi bizkaia y de Pikara Magazine.

El movimiento feminista y de mujeres tiene claras las demandas acerca de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por un lado, que los derechos sexuales, y no sólo los reproductivos, sean reconocidos como derechos humanos. Por otro, que los Estados dispongan de servicios integrales y gratuitos de salud sexual y reproductiva para las mujeres.

Esos servicios deben garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de emergencia, a la planificación familiar, a controles de embarazo adecuados, a partos y a abortos seguros y al tratamiento de infecciones de transmisión sexual y de VIH, entre otros. Asimismo, pide a los Estados que faciliten a la población recursos educativos e informativos sobre esa materia.

Junto al aborto, el principal caballo de batalla de las demandas es el respeto a las identidades sexogenéricas. “Es decisiva una salud pública de acuerdo a las necesidades de las personas LGTBQ; que las y los trans tengan la posibilidad de poseer documento de identificación; y que las lesbianas podamos caminar por la calle sin ser agredidas y sin sufrir la violencia correctiva”, apunta María José Rosales, de la asociación guatemalteca La Cuerda. Para esta activista, “el reto está en analizar cómo el régimen heterosexual afecta a nuestras vidas, en especial a la sexualidad”.

El logro de estas reivindicaciones pasa, irremediablemente, por el empoderamiento de las mujeres, por la igualdad de género, por la garantía de una vida libre de violencia y porque ellas sean las soberanas de sus cuerpos. Puesto que no suponen sino el respeto a derechos elementales, a nadie se le antojarán disparatadas. Sin embargo, chocan una y otra vez, aquí y allí, con la desgana y con las intervenciones restrictivas de los Estados, regidos muchas veces por el conservadurismo y los fundamentalismos. También entran en grave conflicto con los intereses de la Iglesia católica, u otras instituciones de ideología religiosa, según el contexto cultura, muchas veces, en natural armonía con esos mismos Estados.

Para que las mujeres puedan disfrutar efectivamente de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, los Estados deben revisar las leyes restrictivas o punitivas que existen en ese ámbito, porque impiden políticas públicas y servicios que respondan a los intereses y a las necesidades reales de las mujeres, en toda su diversidad. Condición

indispensable para que esto ocurra es que los Estados sean laicos. “Los Estados tienen que garantizar los derechos de toda la ciudadanía y las religiones monoteístas, aunque no solo, son contrarias a los derechos las mujeres. La Iglesia católica, por ejemplo, no es solo beligerante contra nuestros derechos, sino también promotora de un terrible y penoso modelo de mujer. Es necesario que los Estados sean laicos para que no haya interferencias ilegítimas de la religión en la política”, subraya la activista de FeministAlde! Teresa Maldonado.

Además, las políticas públicas tienen que abandonar su ánimo supuestamente ‘neutral’, con el que pretenden alcanzar a la ciudadanía ‘en general’, y recurrir a la perspectiva de género. Como bien explica Natalia Navarro, especialista en Cambio Organizacional Proequidad de Género, ese enfoque supone “un marco de referencia para interpretar la realidad social sensible a los efectos y causas de las desigualdades entre mujeres y hombres. Está orientado, además, hacia una concepción del desarrollo y de la democracia como procesos que deben estar centrados en las personas, con un claro fundamento ético asociado al principio de igualdad”.

Sacudida su alarmante falta de voluntad política, los gobiernos deben destinar recursos económicos y habilitar mecanismos que posibiliten la ejecución de políticas renovadas y respetuosas con los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, deben adecuar o crear canales de participación, a través de los cuales el movimiento feminista y de mujeres incida en el diseño, en el seguimiento y en la evaluación de esas políticas y haga valer, así, sus reivindicaciones.

Aparte de todo lo anterior, por tener que responder la mayoría de las veces a esas mismas políticas públicas que criticamos, el desafío de la Cooperación Internacional es respetar la agenda de los movimientos sociales de cada lugar y no tratar de marcar el rumbo de su desarrollo humano.

El pasado mes de abril tuvo lugar en Nueva York la 47ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas para evaluar los avances del Programa de Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo, a 20 años de su firma. El balance fue amargo porque, si bien no se cuestionó lo acordado en 1994, los avances a nivel global fueron casi nulos. Escépticas ante la intervención flagrante, devastadora e histórica de los Estados en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las integrantes de la Articulación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe Cairo +20 les recordaban a los dirigentes incluso antes de la cita:

“Se equivocan, señores. Las dueñas de los derechos somos nosotras, mujeres de diversos colores de piel y de cabello, mujeres jóvenes y viejas, de todas las sexualidades e identidades, de diferentes etnias y culturas, mujeres ejerciendo todos los oficios y profesiones. Nosotras somos las dueñas de nuestros derechos y somos muchas, somos todas las que cada día damos la batalla porque los gobiernos hagan bien su trabajo y garanticen el ejercicio de esos derechos”.

*Con motivo de la celebración del Congreso ‘Políticas Públicas y Participación Social en Salud Sexual y Reproductiva: Retos de la Cooperación Internacional’, organizado por medicusmundi bizkaia, que tendrá lugar en Bilbao, los próximos 25 y 26 de junio.

Autoritarismo del siglo XXI: ¿quién es el enemigo?

Daniel Inclán

ALAI AMLATINA, 02/06/2014.- ["El enemigo no puede ser atacado directamente. Si lo aproximamos frontalmente el enemigo es impenetrable. Si al enemigo lo aproximamos frontalmente debemos reconocerlo vencedor. Para continuar victorioso el enemigo requiere nuevos enemigos frontales. Ésos no existen; entonces el enemigo los inventa. Ésta es la oportunidad que aguardamos para emprender incontables ataques laterales. Así es la estrategia de la resistencia." John Berger, De A para X. Una historia de cartas]

Vivimos en un contexto autoritario que afecta el conjunto de las relaciones sociales en sus estructuras y sus prácticas. El autoritarismo contemporáneo lejos está de ser una renovada versión de los fascismos históricos o de los procesos contrarrevolucionarios de la segunda mitad del siglo XX. Ante lo que estamos es un nuevo orden social que reorganiza las relaciones interestatales y las relaciones sociales de los distintos países; su fundamento es la militarización de la vida cotidiana a través de múltiples mecanismos, que no se reducen a la presencia de cuerpos armados, legales o ilegales, en la mayoría de los espacios públicos. La militarización de las distintas formas sociales sigue un modelo de capas interactuantes que intentan atravesar todas las estructuras de la vida social, en las que ocupa un lugar privilegiado la presencia de cuerpos militares o de segmentos militarizados (“The overarching focus of this vision is full spectrum dominance –achieved through the interdependent application of dominant maneuver, precision engagement, focused logistics, and full dimensional protection”, Joint Vision 2020).

Este nuevo autoritarismo es resultado de al menos cuatro grandes transformaciones estructurales en la vuelta de siglo. La primera transformación está en el cambio de estrategia global estadounidense, que desde los años noventa dirige sus empresas militares al control de los recursos estratégicos y a la construcción de una “democracia internacional” acorde con las necesidades del libre mercado. En este proceso el papel de las fuerzas armadas estadounidenses se modificó; junto a la invasión de países y la administración de guerras en las que se convirtió en el coordinador de los cuerpos internacionales de paz, hay una campaña de intervención cívico-policiaca a través del entrenamiento de las fuerzas represivas locales, estatales o privadas, que complementan los proyectos de desarrollo económico transnacionales, localizados en las regiones donde están los bienes naturales estratégicos.

El segundo cambio es la transformación de las relaciones intercapitalistas, que modificaron la composición del bloque económico hegemónico. A pesar de los traspiés económicos, Estados Unidos es la potencia hegemónica mundial, la financiarización de la economía depende del papel estadounidense; al mismo tiempo, las empresas domiciliadas en Estados Unidos, amparadas bajo sus leyes, tienen una ventaja comparativa en los sectores estratégicos de la economía mundial. La internacionalización de la economía mundial sigue subordinada, en gran medida, a la intervención de los Estados para la defensa de los monopolios; y Estados Unidos sigue siendo el Estado más fuerte del orbe, no sólo por su capacidad militar, sino por su poder político que logra reorganizar la diplomacia internacional.

Junto con el poderío estadounidense hay intentos de reestructuración de los bloques económicos, que aspiran a contrarrestarle peso, sin lograr una autonomía absoluta. En parte porque el papel hegemónico se construye también a través de las agencias internacionales (FMI, BM, OCDE, OMC), desde las que se diseñan y administran los proyectos económicos e imponen una agenda global, apuntalando el poderío estadounidense.

La tercera transformación es la presencia de una movilización popular abigarrada, en la que se mezclan distintas demandas sociales y múltiples formas de lucha. Ante la crisis de los estados de bienestar y la avalancha de proyectos neoliberales, se han producido múltiples estrategias de resistencia, que no se adaptan a las viejas formas de organización política, el sindicato, la confederación o la guerrilla, si bien éstas siguen existiendo ya no son las que sirven de referente para la movilización popular. Desde la vuelta de siglo hay un nuevo ciclo de protestas sociales, en ocasiones con demandas perentorias o coyunturales, en ocasiones con proyectos de transformación de las estructuras sociales. Dentro de estos hay un amplio grupo de movilizaciones que construyen o intentan construir otro tipo de relaciones con el territorio, en abierta oposición a los mecanismos de territorialización del capitalismo. Este tipo de procesos de resistencia son los que más incomodan a la construcción del orden mundial, porque cuestionan, resisten y proponen alternativas al modelo dominante.

La cuarta mudanza es la inminente crisis orgánica de la civilización capitalista. Las múltiples dimensiones de la crisis obligan a reconfigurar el orden de poder internacional, para asegurar la flexibilidad del poder económico y su incesante acumulación de capitales. En esta crisis, la lucha por los recursos estratégicos para la sobrevivencia del modelo de civilización capitalista es cada vez más intensa. Se resaltan de la crisis su dimensión ecológica y el impacto que ésta genera en la alimentación humana y en el desplazamiento de personas en búsqueda de mejores condiciones de vida. Al mismo tiempo hay un claro agotamiento de las formas seculares de convivencia, que ponen en cuestión la validez de las instituciones políticas occidentales. Ante estas transformaciones el autoritarismo del siglo XXI intenta contener los estallidos y las amenazas en el corto plazo para la reproducción del sistema.

La instalación del nuevo orden autoritario

Estos cuatro grandes cambios han motivado una reestructuración profunda de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Un elemento clave es la modificación en la configuración discursiva y práctica del enemigo que se pretende combatir. Durante el proceso de contrainsurgencia la doctrina de seguridad nacional, inaugurada en el gobierno de Kennedy, configuraba al enemigo como la amenaza comunista a la democracia occidental. La expresión sintética de este peligro era el guerrillero, el combatiente insurgente, que por la vía de las armas intentaba desestabilizar el orden local para instalar la semilla del comunismo. Esta doctrina se acompañaba de proyectos de desarrollo local para desestabilizar a las fuerzas populares que apoyaban a los distintos grupos insurgentes, en este proceso jugaba un rol central la USAID.

Para la doctrina de seguridad nacional, expuesta por Robert McNamara, secretario de defensa estadounidense en la década de los años sesenta (The essence of security), el pueblo solidario con los guerrilleros era el verdadero enemigo; junto al exterminio de las fuerzas beligerantes se necesitaba modificar las condiciones que hacían posible una aceptación social de la insurgencia armada. El enemigo debía ser exterminado, no sólo derrotado en el terreno militar. El proceso de exterminio del enemigo seguía dos argumentos; el primero señalaba que la procedencia del enemigo era exógena, es decir, que era resultado de la infiltración internacional con el objetivo de desestabilizar el orden local. El segundo argumento se servía de una metáfora médica para señalar que la presencia de los subversivos contaminaba el resto del cuerpo social, por lo que era necesario extirparlo.

La doctrina de seguridad nacional estadounidense ha cambiado su perspectiva (Field Manual 3-24. Counterinsurgency). El enemigo ya no es el pueblo afín a las demandas de la subversión comunista; ahora lo es todo aquel sector de la sociedad que exprese manifiesta o explícitamente una oposición a las reglas de funcionamiento del capitalismo internacional. El enemigo ya no es resultado de una infiltración externa, producto de una conspiración comunista internacional. El enemigo es expresión de un desarreglo de las fuerzas locales, que aprovechando los contextos de inestabilidad económica o política ejerce una acción que “pone en peligro” a la nación en su conjunto y, en casi todas las ocasiones, convirtiéndose en un peligro para la región y, por tanto, una amenaza para la libertad y la democracia. Ahora el enemigo se construye como aquel que no respeta los “valores democráticos” y que busca imponer por la fuerza formas de socialidad que no son consensuadas por las mayorías a través de los canales institucionales (el voto universal, la representatividad de poderes y el respeto a las leyes). El nuevo enemigo es el terrorista, una figura social que se esconde detrás del anonimato, que usa la violencia desmesurada con el único objetivo de atemorizar poblaciones. Esta figura se hace concreta en aquellas personas que usan la fuerza para resistir la imposición de un proyecto económico o político, en toda colectividad que defienda su territorio, sus tradiciones y que no tolere la violación de derechos.

Uno de los espacios donde esta configuración del enemigo ha tenido grandes repercusiones es en la esfera del derecho, tanto en sus formas nacionales como en su dimensión internacional. Se ha transitado de la imposición de derechos militares a la militarización del derecho. Durante los procesos de contrainsurgencia, en los que los golpes de Estado fueron la herramienta político-militar para desarticular las movilizaciones locales, se instaló el estado de excepción como principio legal. Una forma propia de un contexto de guerra, llamada en ese entonces no-convencional, pero que seguía, al menos formalmente, los principios jurídicos de la guerra, como la suspensión de la división de poderes y el control del ejecutivo en manos de las fuerzas armadas. Este proceso presuponía el reconocimiento de fuerza beligerante a las distintas guerrillas, pretexto para legitimar la presencia de militares en el poder. En la vuelta del siglo las cosas cambiaron, se empezó a legalizar el estado de excepción, militarizando el derecho nacional e internacional. Los criterios de estado de emergencia se volvieron positivos, permitiendo la violación legalizada de derechos sin la necesidad de suspender todo el estado de derecho. Las leyes permiten construir situaciones de emergencia jurídica dentro del marco legal vigente. Los terroristas pueden ser tratados fuera del derecho general y sometidos a una estructura legal particular. Lo que en términos formales presupone una contradicción al principio universal de todo derecho positivo.

El nuevo enemigo

En este proceso se construyó otra imagen del enemigo, ya no es más el enemigo político subversivo que toma las armas, hay una caracterización ambigua de aquel que no respeta las leyes y que por tanto puede ser puesto en un régimen de excepción. A diferencia del subversivo comunista, que también era un sujeto ambiguo en su definición, el sujeto terrorista no tiene ningún rasgo de proyecto político o parapolítico. Su caracterización reduce al mínimo toda posible expresión de politicidad. Lo que caracteriza al terrorista, según la nueva doctrina de seguridad nacional, es el uso clandestino y premeditado de la violencia dirigida a objetivos no combatientes para sembrar el miedo y el terror como forma de coaccionar a los gobiernos o a la sociedad.

El enemigo sigue siendo la población en su conjunto, sobre todo aquellas partes que se movilizan y resisten los proyectos político-económicos dominantes; lo que ha cambiado son las armas para combatirla. A diferencia de la guerra de contrainsurgencia de los años sesenta y setenta, desde la vuelta de siglo se construye una estrategia de lucha que abarca todos los niveles de la vida social. Junto con los ejércitos, los policías y los cuerpos de seguridad privados viajan antropólogos y sociólogos. Al enemigo se le vence conociéndolo (“viewing the adversary through one’s own eye” The U.S. Army Functional Concept for Intelligence, 2016-2028), y eso no lo hacen las fuerzas armadas, lo hacen académicos. La antropología y la sociología son instrumentos que pueden ser más efectivos que las armas de fuego. Una vieja práctica colonial, la de conocer las formas de vida de la sociedad por dominar, se recicla y se integra al autoritarismo contemporáneo que busca “derrotar” a los procesos terroristas mediante el control total de las formas sociales particulares.

Las balas no logran estabilizar las condiciones sociales para la instalación de proyectos económicos, por eso se utilizan medios de disuasión y conocimiento de las poblaciones locales a través de distintos saberes. Lograr la estabilidad necesaria para los proyectos económicos o políticos tiene como principio la división de la población para que ella misma se enfrente a los terroristas, para que sean los locales, dirigidos por los militares estadounidenses, los que enfrenten al enemigo interno. A la división interna de la sociedad agredida, y la colaboración de una parte de ella con las fuerzas estadounidenses la llaman acción unificada (Unified action is the synchronization, coordination, and/or integration of the activities of governmental and nongovernmental entities with military operations to achieve unity of effort. Field Manual 3.0. Operations).

De la construcción de la imagen del terrorista no sólo participa el orden jurídico internacional y sus adaptaciones locales, juegan un papel central los medios de comunicación. Junto con las leyes punitivas que hacen cotidiano el derecho militar, hay una fuerte campaña mediática por construir un sentido común en torno a la figura del terrorista, como aquella entidad asocial incapaz de manifestar sus demandas por las “vías institucionales” y “democráticas”. El proceso mediático contribuye a la construcción de la imagen difusa del terrorista; su representación sigue el principio de no referir a humanos, sino a figuras genéricas, sin rostro y sin identidad. La metáfora es la de un cuerpo sin identidad, sujeto sin historia, cuya única marca de diferenciación es su actuar fuera del “estado de derecho”. Este es el enemigo del poder hegemónico en el siglo XXI.

- Daniel Inclán, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
Trabajo realizado en el marco del proyecto Territorialidad, modos de vida y bifurcación sistémica (PAPIIT IN301012).

* Artículo publicado en la revista América Latina en Movimiento, No. 495 (mayo 2014) con el título “Reordenando el continente”. http://www.alainet.org/publica/495.phtml

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