miércoles, 5 de septiembre de 2012

Brasil: Ministerio Público apela para que el Supremo paralice nuevamente obras de Belo Monte

Adital

El Ministerio Público Federal (MPF/PA) entró este martes (04) con un recurso en el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se paralice la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte hasta que se realicen las consultas con los indígenas afectados por la usina. Las obras fueron autorizadas para continuar la semana pasada por una medida cautelar del presidente del STF, Carlos Ayres Britto, que suspendía una decisión anterior, del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región, favorable a la consulta. El recurso de apelación del MPF pide que el propio Ayres Britto reconsidere su decisión. Si él no concuerda, el caso deberá ser examinado por el plenario del Supremo.

El recurso del MPF es una apelación regimental y entró este martes, con las firmas de Roberto Gurgel, procurador general de la República, y de la vice-procuradora general Deborah Duprat. Ellos sostienen que, de acuerdo con la Constitución brasilera y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los indios deben ser consultados por el Congreso Nacional antes de tomar alguna decisión que pueda afectar su supervivencia, como es el caso de las obras de la usina de Belo Monte.

Afirman además que el reclamo, recurso utilizado por la Abogacía General de la Unión para suspender la decisión del TRF1, no es la vía correcta para resolver el proceso, porque se sustenta en una decisión provisoria de la entonces presidente del STF, ministra Ellen Gracie. Para el MPF, "sólo sería posible el manejo del reclamo para preservar la declaración de constitucionalidad del decreto legislativo 788 (que autorizó la obra de Belo Monte), si ésta fuese una decisión del plenario del STF, y no una decisión monocrática de la entonces presidente de la Corte”.

"Jamás una decisión proferida en suspensión de medida cautelar puede condicionar el juicio de mérito de la acción principal. De modo que es jurídicamente imposible, mediante la reclamación, el pedido de anulación de la sentencia emitida por el tribunal proferido en embargos de declaración en apelación civil”, entiende el MPF, para quien la decisión del TRF1 se sobrepone a las decisiones cautelares anteriores y obliga la paralización de las obras.

Gurgel y Duprat afirman también que la Constitución brasilera inaugura, en 1988, nuevas premisas de ciudadanía para los pueblos indígenas, irrespetadas por el Congreso Nacional en el decreto que autorizó Belo Monte. "El objetivo del constituyente fue empoderar a las comunidades indígenas, concibiéndolas como sujeto y no como objeto de la acción estatal, y permitiéndoles luchar por sus propios derechos en todas las esferas”, dicen.

"No se puede considerar de acuerdo con la democracia y el debido proceso legislativo una decisión parlamentaria que afecte directa y profundamente a una comunidad indígena, sin que se asegure a ese grupo étnico por lo menos el derecho a tener voz, por lo menos la posibilidad de intentar influenciar el convencimiento de los parlamentarios, cuya decisión afectará su destino”, se dice en el recurso del MPF. Y concluye: "la consulta posterior, cuando ya consumado el hecho sobre el que se pretende discutir, es mera forma sin substancia, incompatible con las libertades expresivas y la gestión del propio destino que tanto la Constitución, en relación con la Convención 169/OIT les aseguran”.

La noticia es de Brasil de Fato

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

América Latina: En su Día Internacional, mujeres indígenas afirman que siguen en lucha contra discriminación

Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital

Hoy, 5 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, la fecha rinde un homenaje a la lucha de Bartolina Sisa, mujer Aymara que se opuso a la dominación y opresión de los conquistadores. Para celebrar este día internacional, la
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichua del Ecuador (Ecuarunari) realizará la II Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala.

Por medio de un documento de CLOC/Vía Campesina en Guatemala, las indígenas y campesinas de esta organización expresan al mundo que siguen en lucha contra la triple discriminación de que son víctimas: por su origen, por su género y por la pobreza que se incrementa en las comunidades del área rural. Y denuncian que por la lucha que sostienen en defensa de la madre tierra, del territorio y los bienes naturales se han intensificado la persecución e intimidación a sus líderes y lideresas.

"En la actualidad la lucha y resistencia desde las mujeres continúa, sin que exista por parte del gobierno la garantía y cumplimiento a los derechos de toda mujer, como son, el derecho a la educación, salud, trabajo con remuneración que cubra el costo de la canasta básica; tampoco se cuenta con el derecho a la justicia para las mujeres”, denuncian.

A pesar de las realidades de pobreza, discriminación y falta de oportunidades de desarrollo personal, ellas están, cada día más, ocupando espacios de dirección local, regional y nacional y también otros espacios fundamentales para el desarrollo de sus comunidades en virtud de un proceso de lucha, resistencia y exigencia de sus derechos como mujeres.

Para seguir conquistando importantes espacios de toma de decisiones ellas piden: la aprobación con carácter de urgencia nacional de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural integral y, de los órganos que fueron creados a raíz de los Acuerdos de Paz, para velar por los derechos de las mujeres y que se cumpla con su mandato.

II Cumbre Continental

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer Indígena, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichua del Ecuador (Ecuarunari) está preparando la II Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala. Mañana (6), se realiza una reunión con vistas a organizar este momento, que se llevará a cabo en Colombia.

Como en la I Cumbre, la II quiere crear espacios para que las mujeres indígenas construyan su agenda y sus propuestas desde las bases, en reuniones y asambleas locales y nacionales. La Reunión de Mujeres de ECUARUNARI es ya parte de este proceso.


México: Organización pide fin de la represión y castigo para los autores de masacre de Acteal

Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital

En el año en que se cumplen 15 años de la masacre de Acteal –que cobró la vida de 45 indígenas tzotziles asesinados mientras oraban en una iglesia en el estado mexicano de Chiapas– la organización "Las abejas” manifiestan públicamente y repudian una vez más la violencia, las muertes, el miedo y la represión desatados en los últimos años por el gobierno de Felipe Calderón y que ha afectado directa y negativamente a la población mexicana.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a los adherentes de la Otra Campaña, defensores/as de derechos humanos y organizaciones ambientalistas, "Las abejas” dejan en claro que el pueblo no necesita de la protección de la policía y del ejército, pues la presencia masiva de las fuerzas de seguridad en las calles, barrios y comunidades "han roto las leyes de convivencia social, así como la armonía humana y la relación con la naturaleza, ya que su presencia constante únicamente representa miedo, exterminio, amenaza, represión, hostigamiento, tortura y muerte”.

La organización cita que solamente en los seis años de gobierno del presidente Calderón sus iniciativas de combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada dejaron un saldo de 70 mil muertos. A pesar de esto, continúa el incentivo de la militarización y paramilitarización con la finalidad de continuar desarrollando acciones como el control de los movimientos sociales y la vigilancia de los territorios en resistencia civil pacífica.

Otra denuncia da cuenta de que el gobierno ‘no tiene voluntad’, ni trabaja en pro de la población mexicana, sino que sirve a intereses ajenos, como los de las transnacionales, y se deja manipular como un fantoche, dejando la carga a mexicanos y mexicanas. Prueba de esto es la detención del profesor indígena Alberto Patishtan y del activista Francisco Santiz, acusados injustamente de delitos como homicidios, lesiones y portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército. Ellos están presos y condenados a cadena perpetua.

Señalan también que estos activistas deberían estar libres y en sus lugares, en la cárcel, deberían estar nombres como Ernesto Zedillo, Julio Cesar Ruiz Ferro, Mario Renán Castillo, Emilio Chuayffet, Felipe Calderon, Juan Sabines Guerrero y Enrique Peña Nieto, figuras que se encuentran libres "planeando otras masacres”.

"Este ambiente de impunidad e injusticia que vivimos, se debe a que en nuestro país, el sistema de justicia se practica al revés, es decir, que hay un sistema de justicia para los defensores de derechos humanos (los pobres) y otra para los asesinos (gobiernos); la primera se practica castigando y encarcelando a quien defiende la vida y el bien común, y la segunda se premia como recompensa de haber servido al interés ajeno”, denuncian, recordando que los activistas sociales están presos mientras que los paramilitares absueltos por el estado fueron recompensados con casa y pensión mensual.

Ante estos desmanes, "Las abejas” piden que se cumpla la libertad inmediata e incondicional de Alberto Patishtan y Francisco Santis López, que se haga justicia y los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal sean castigados y además que la justicia mexicana detenga, en decisión que saldrá el próximo viernes (7), la inmunidad diplomática de Ernesto Zedillo, considerado autor intelectual de la masacre de Acteal.

Demandan también el fin inmediato de las persecuciones a las comunidades zapatistas; el fin, en todo el país, de la criminalización de las luchas sociales y el respeto por la construcción de nuevas autonomías y de la libre determinación.

"(…) es hora de unir voz y fuerza para fortalecer nuestras luchas y exigencias por el bien de la humanidad y para nuestros pueblos. Aunque los dioses del poder respondan nuestras demandas con muertes y encarcelamiento, el Dios del bien vencerá y hará que esta sociedad oscurecida por la violencia desatada vuelva a ser de día para que podamos caminar bien con un ambiente de justicia, paz, democracia, dignidad y armonía con nuestra madre tierra”, finalizan.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com



Movimiento Ocupa Monsanto convoca a población mundial a participar de actos contra la transnacional de los transgénicos

Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital

El próximo día 17, el movimiento ‘Ocupa Monsanto’ realizará en varias partes del mundo una gran protesta contra la mayor productora de transgénicos, la empresa estadounidense Monsanto, y el uso de productos y organismos genéticamente modificados (OGM). La intención es hacer que la transnacional de los transgénicos recoja sus productos de las estanterías y los lleven de vuelta a sus laboratorios, de modo que ellos no lleguen hasta las personas para contaminarlas y perjudicarlas.

La principal manifestación ocurrirá en la ciudad de Saint Louis, condado del estado de Missouri (Estados Unidos). La concentración se realizará en las "puertas del mal”, como es llamada la sede de la Monsanto, sus locales de investigación y las oficinas de la empresa. También están previstas acciones en más de 60 ciudades de Argentina, Alemania, Canadá, Filipinas, entre otros países.

"La gente está preocupada por la evidencia de que los alimentos transgénicos afectan a la salud humana, pero los políticos y las empresas ignoran la protesta pública contra los productos con modificaciones genéticas para proteger sus grandes beneficios", señaló Rica Madrid, de Ocupa Monsanto, al sitio web del movimiento.

Las manifestaciones organizadas que ocurrirán en varios países el día 17, ya tuvieron una previa hace seis meses. En marzo ocurrió el ‘Día de Acción Global’ con la realización de actividades en países de África, en la mayoría de los países de Europa, en toda América Latina, en Australia y en varias partes de Asia.

Organizaciones y activistas realizaron sus propios eventos en los lugares elegidos por ellos durante uno o dos días con el propósito de llamar la atención y hacer que la transnacional de los transgénicos escuche la voz de la población mundial.

En la gran manifestación del día 17, la intención es conseguir hacer aún más barullo y llevar el mayor número posible de personas para comprometerse en las acciones. Por eso, además de estar invitada a participar, cada persona es convocada también a difundir esta actividad que va a ocurrir en su ciudad/país. En las redes sociales, sitios web y blogs, el movimiento pide que cada persona divulgue una imagen con las palabras ‘Ocupa Monsanto’.

Monsanto

La transnacional Monsanto es responsable por la producción del 90% de los transgénicos plantados en el planeta y es también líder en el mercado de semillas. Esta posición hace que la empresa esté en el centro de los debates sobre las implicancias de la utilización de granos genéticamente modificados. Monsanto también es severamente criticada porque no tiene en consideración los costos sociales y ambientales asociados a su accionar.

La empresa también es acusada de biopiratería, de contrabando de semillas, de manipulación de datos científicos y también de ser responsable del suicidio de agricultores hindúes, que se endeudaron a causa de los altos costos de las semillas transgénicas y de insumos químicos necesarios en las plantaciones de transgénicos.

Por estos motivos surgió en India y está creciendo en regiones del continente latinoamericano campañas y movimientos contra la Monsanto. En Brasil, el movimiento campesino promueve iniciativas de soberanía alimentaria alternativa y concientización sobre la no aceptación de los transgénicos. En Haití, campesinos/as rechazaron la "donación” de semillas enviadas por la empresa después del terremoto de enero de 2010. Y así varios otros países están Intentando combatir la entrada de productos en sus tierras.

Traducción: Daniel Barrantes -barrantes.daniel@gmail.com



CIDH urge a investigar denuncia de masacre de una comunidad del pueblo indígena Yanomami en Venezuela

5 de septiembre de 2012

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su más profunda preocupación ante la denuncia sobre una masacre que habría tenido lugar en la Comunidad de Irotatheri, del pueblo Indígena Yanomami, en el Municipio de Alto Orinoco, Estado de Amazonas, Venezuela.

Según información hecha pública recientemente, mineros ilegales, también conocidos como garimpeiros, habrían atacado el pasado mes de julio un shabono (vivienda comunitaria) en la que se encontraban aproximadamente ochenta miembros de la Comunidad de Irotatheri del Pueblo Yanomami. La información indica que algunos sobrevivientes habrían visto cómo los ocupantes de un helicóptero dispararon contra todos los miembros de la Comunidad, incluyendo niñas, niños y ancianos.

El Ministerio Público de Venezuela anunció públicamente que iniciaría investigaciones sobre estos hechos. Días después, la ministra para Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, anunció que no se encontró evidencia de la masacre, y el ministro del Interior y Justicia, Tareck el Aissami, indicó que la delegación no encontró ningún signo de violencia.

Por su parte, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) emitió un comunicado expresando preocupación porque la comisión investigadora gubernamental no llegó a la Comunidad de Irotatheri, lugar donde habría ocurrido la matanza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva hasta determinar en forma concluyente lo ocurrido.

Los Estados están obligados por el derecho internacional de los derechos humanos a esclarecer judicialmente los graves actos de violencia denunciados, sancionar a los responsables y reparar las consecuencias. A este respecto, la Comisión valora el cumplimiento de las recomendaciones en materia de justicia contenidas en el Informe de Fondo del Caso 11.745, 16 indígenas Yanomami vs. Brasil, sobre la masacre de 16 indígenas Yanomami perpetrada en 1993 por mineros ilegales de origen brasileño (garimpeiros), en la región de Haximú, Venezuela.

Asimismo, los Estados están obligados a adoptar medidas efectivas dirigidas a proteger la vida e integridad de los miembros del pueblo Indígena Yanomami, frente a los ataques que sufren por parte de terceros interesados en los recursos naturales que existen en sus territorios ancestrales. Al respecto, la CIDH recuerda el compromiso asumido por el Estado venezolano en el acuerdo de solución amistosa suscrito en el Caso 11.706 (Pueblo Indígena Yanomami de Haximú v/s Venezuela) que consta en el Informe de Solución Amistosa aprobado por la CIDH el 20 de marzo de 2012. En dicho acuerdo, el Estado venezolano se comprometió a promover el establecimiento de un “Plan de Vigilancia y Control Conjunto y Permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área Yanomami”.

La CIDH dirigió solicitudes de información sobre estos hechos a los Gobiernos de Venezuela y de Brasil.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.