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Ley pretende proteger a afros, indígenas, homosexuales y a discriminados por religión o ideología.
Quien les provoque daño físico o psicológico a los afrocolombianos, homosexuales o indígenas, o vulnere los derechos de los ciudadanos por causa de su religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, tendrá que pagar cárcel de uno a tres años.
Así quedó contemplado en la ley contra la discriminación, que superó ayer su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y que quedó lista para la conciliación, tras lo cual pasará a firma presidencial.
La ley aprobada pone especial énfasis en seis circunstancias en las que, según los congresistas, puede presentarse la discriminación por razón de raza, sexo, etnia, orientación filosófica, sexual o política.
1. Entrevistas
Cuando los empleadores deciden descartar de entrevistas laborales a alguien por cualquiera de las anteriores razones hay castigo,
2. Veto
Cuando no se le permita a una persona el ingreso a discotecas, teatros, eventos o centros de convenciones.
3. Despidos
Cuando se pruebe que en el retiro laboral influyó alguna de las situaciones discriminatorias.
4. Agresión física
Sea en sitios públicos o privados
5. Hostigamiento
La ley menciona tanto el físico como el sicológico.
6. Universidades
También se considera el hostigamiento físico y sicológico.
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Otra novedad de la nueva ley es que se castigan las prácticas que generen o promuevan el genocidio y el antisemitismo.
Para estas personas, o para quienes "pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras" de genocidio o antisemitismo, la condena será de entre 8 y 15 años.
Sobre este punto, el senador Carlos Baena explicó que se pretende contrarrestar todo tipo de segregación en Colombia.
"¡Que no se vayan a levantar grupos antisemitas o que vayan a promover posiciones nazistas!", anotó.
Según el representante Alfonso Prada, han surgido movimientos antinazis amenazantes y discriminatorios, y la idea es ponerles límite con la nueva legislación. "Por eso hemos incluido dentro del delito de apología del genocidio, que ya existe en Colombia, el concepto del respeto por la comunidad judía. No toleramos el antisemitismo", agregó.
Gloria Stella Díaz, autora también de la iniciativa y quien será una de las conciliadoras en la Cámara, anunció que se procurará que el texto definitivo sea el de esta corporación, que, según dice, abarca todas las poblaciones vulnerables, las minorías, y que fue más amplio porque introdujo la apología del genocidio y del antisemitismo.
Al final del debate, el representante a la Cámara del Valle por el PIN, Jairo Hinestroza Sinisterra, agradeció al Congreso a nombre de la población afro. "Hoy es un día histórico para Colombia, y esperamos que todos los colombianos entiendan que, de no materializar lo que la Constitución pide, la justicia estará presta para obligarlos a que nos traten como merecemos", añadió.
Defensa y críticas a la iniciativa
El representante por el Partido Verde Alfonso Prada, coordinador de ponentes en la Cámara, definió la discriminación como "el ejercicio arbitrario e injustificado de unas razones que no son compartidas por la sociedad, y que someten al escarnio público, a la humillación, al ultraje e incluso a la agresión física y psicológica a una persona".
La idea es que a partir de la sanción de la norma se reforme el Código Penal para que diga: "El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses".
De igual forma, quien promueva agresiones físicas o morales "a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual" tendrá la misma pena.
Estas condenas se aumentarán en una tercera parte o el doble cuando la discriminación se haga en un sitio público; se divulgue a través de medios de comunicación; cuando la emprenda un servidor público, o cuando sea contra un niño o un anciano, entre otros.
La prisión se reducirá en la misma proporción cuando el sindicado "se retracte públicamente de manera verbal y escrita de la conducta por la cual se le investiga".
Carlos Baena, senador del Movimiento Mira y uno de los autores de la iniciativa, dijo que esta ley concibe un modelo de sociedad de "convivencia". "Será la Fiscalía la que a través de las pruebas califique. Esto no es que cualquier persona va a decir 'me hicieron racismo', y ya. Es aportando pruebas y testigos en un proceso ante la Fiscalía", explicó el senador.
Contó que hubo un caso en una ciudad del país donde pusieron avisos clasificados para convocar un empleo, y en el aviso decía 'NN'. "Uno pensaba que eso quería decir 'no identificado', pero resulta que se hizo la investigación y 'NN' significaba no negro".