Por: Francisco Hidalgo Flor[1]
Al momento de escribir este artículo, fines del mes de agosto de 2011, se empieza a hablar nuevamente de la posibilidad de una Ley de Tierras, por un lado la Conferencia Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria anuncia para las próximas semanas la entrega, al fin, de una propuesta de Ley para su consideración en marcos oficiales, como el MAGAP y la Asamblea Nacional, y los movimientos campesinos e indígenas, por otro lado en los corrillos parlamentarios, tanto de las alianzas de gobierno, como de la oposición, también se habla de impulsar una Ley de Tierras.
A la par, en el marco de los movimientos campesinos, nacionales y regionales, hay noticias que causan preocupación, sobre una probable arremetida desde sectores de grandes hacendados contra organizaciones y dirigentes, por lo menos así lo están denunciando las instituciones de FIAN Internacional y “Tierra y Vida”[2] respecto del asesinato del dirigente Marlon Yulan acaecida en el mes de julio del presente año.
Abordar una evaluación sobre las políticas de tierras en el Ecuador, si bien tiene que detenerse en los aspectos concretos de su ejecución, sin embargo no puede dejar de considerar la trascendencia de la temática en el devenir de un proceso de cambio, que es la esencia de etapa histórica abierta hace casi seis años, pero que en este ámbito demuestra pocas realizaciones positivas y una enorme deuda, no solo con campesinos e indígenas, sino con la sociedad en su conjunto.
VIEJAS CONTRADICCIONES Y NUEVAS DOMINACIONES
En el Ecuador existe un “escandaloso acaparamiento de tierras, resultado de quinientos años de despojo sistemático a los campesinos, indígenas y mestizos… este proceso de apoderamiento de tierras está en el centro de la historia ecuatoriana”[3]
En el debate n sobre la problemática agraria pocos temas concitan el interés y la atención como la cuestión de la tierra, existe conciencia nacional de que es uno de los pilares de la colonialidad persistente a lo largo del proceso histórico, y que las políticas de reforma agraria implementadas en los años 60 y 70 del siglo XX, si bien avanzaron en un cierto nivel de redistribución, no lograron superar la enorme brecha de inequidad que se ha construido en torno a una estructura de poder oligárquica.
Es ese poder oligárquico, obviamente no exactamente igual de hace cien años, ha adoptado mutaciones, pero su esencia está ahí: el poder económico y político en pocas manos y en beneficio de los intereses de esos pocos.
Hace cerca de un año, cuando se abrió un primer debate público sobre el tema, con motivo de la circulación de la entrega de un anteproyecto de ley de tierras para el conocimiento de la conferencia de soberanía alimentaria, llamó la atención la respuesta furibunda y reaccionaria de los portavoces de los grandes propietarios y sus cámaras de la producción, unos expresaron que “el argumento de la concentración de la tierra en el Ecuador es irreal”[4], y otros fueron mas allá: “en el Ecuador no hay un problema de la tierra, al contrario es una condición ejemplar para la región”[5], e incluso, en la opinión de estos sectores, una propuesta de limitación de la tenencia de la tierra “acabará con el sistema jurídico, económico y productivo del país”[6]
Para un poder oligárquico, la piedra angular, la base principal, de todo el sistema jurídico, económico y productivo, está en el mantenimiento inalterable de las estructuras dadas en la tenencia de la tierra, y en la propiedad sobre los recursos naturales.
La gran propiedad sobre la tierra no solo tiene un valor económico, las ganancias que de esa condición de inequidad se extraen, sino que tiene un valor político, es el pilar de su poder real, sobre el cual se construyen las otras formas de dominio y explotación.
Se han ensayado varios indicadores para evidenciar la condición de inequidad que caracteriza a la estructura de la tenencia de la tierra en el Ecuador, uno de esos es el índice Gini, que en el Ecuador alcanza al 0,83.
El SIPAE ha trabajado sobre un nuevo indicador[7], que intenta reflejar de manera nítida, la magnitud de la concentración de la tierra en el Ecuador, sobre la misma base de datos de todos los anteriores, el Tercer Censo Nacional Agropecuario, según el cual, apenas el 0,001 de las unidades productivas tienen una tenencia de la tierra superior a las 640 hectáreas, en contraparte, el 99,99 de las unidades productivas son menores a las 640 hectáreas. A esto se ha llamado el Milil: solo 1 de cada mil propietarios tienen unidades mayores a la cantidad ya señalada; mientras 999 de cada mil propietarios tienen unidades menores. De estos la mitad tienen propiedades cuya extensión apenas alcanza a las dos hectáreas.
Cabe indicar que las tendencias mundiales, en el marco de la crisis capitalista internacional, van en el sentido de procesos de reconcentración de la tierra, en referencia a los capitales nacionales, y de fenómenos de “acaparamiento de tierras”, en referencia a los capitales de estados o empresas extranjeras[8].
Esto informa claramente que las tendencias económicas van hacia un nuevo proceso de despojo, alrededor de áreas de punta a donde hoy se orienta el capital transnacional: agrocombustibles (caña de azúcar, palma africana) y plantaciones madereras; así como la compra o alquiler de tierras a potencias internacionales, ahora también China y Corea.
PATRON DE ACUMULACION PRIMARIO EXPORTADORA SIGUE CAMPANTE
“La primera fase (2009 – 2013) es de transición en términos de acumulación en el sentido de dependencia de los bienes primarios para sostener la economía; no así, en términos de redistribución, considerada como el centro del cambio en este período y en general de la estrategia en su conjunto”[9]
En la etapa inicial de este gobierno, se pensó en la posibilidad de que se abriera un proceso de redistribución de tierras “desde arriba”, esto es, que sobre la base de la conciencia de los círculos en el gobierno, de la trascendencia de enfrentar y superar un patrón de acumulación primario – exportador, uno de cuyos pilares es la fuerte concentración de la tierra, se fueran generando las condiciones para un nuevo patrón de acumulación que permitiera asumir una estrategia de satisfacer necesidades básicas del conjunto de la población, uno de cuyos pilares sería la redistribución de los recursos naturales, entre ellos la tierra
La redacción del Plan Nacional refleja esa conciencia discursiva, recalca que un proceso redistributivo “es el centro” de ese cambio de patrón de acumulación, y eso se traduce en una de sus metas (la 1.4.1) “reducir en un 22% el nivel de concentración de la tenencia de la tierra, hacia el 2013”[10], lo que representaba afectar aproximadamente dos millones de hectáreas.
El renunciamiento, en la práctica, de una clara política pública de redistribución de tierras, como lo atestigua el contenido pertinente del Código de la Producción[11], las enormes dificultades para que avancen los tímidos intentos de una intervención estatal sobre las tierras, por ejemplo, el impuesto sobre las tierras rurales tiene una limitada recuperación[12], y es constantemente bombardeado, da una señal inequívoca que el patrón de acumulación primario exportador, en cuya base están sectores oligárquicos, mantiene plena vigencia.
La política de tierras queda en un segundo plano, librada a los vaivenes de tira y afloja entre fracciones del gobierno, mas como amenaza o promesa, depende del sector social con el cual se dialogue, cuyo destino final depende de la posibilidad de una presión y demanda “desde abajo”, de los movimientos campesinos e indígenas, mas los sectores urbanos conscientes de una propuesta de soberanía alimentaria.
¿HACIA DONDE VA UNA MODERNIZACION RURAL SIN BASE CAMPESINA?
Uno de los escenarios probables, en una lógica neodesarrollista aliada con el agronegocio, puede ser la consolidación de un modelo de modernización rural sin bases campesinas.
Las experiencias históricas de este tipo de apuestas han sido desastrosas, totalmente alejadas de cualquier desarrollo con sustentabilidad y equidad, peor acercarse a ese importante paradigma del buen vivir, pues precisamente terminan destruyendo a los sujetos del sumak kawsay.
Una vía de modernizar el campo por la vía de la expansión de la explotación minera y de la agroempresa vinculada a los circuitos transnacionales, con frecuencia trae aparejada “la desposesión campesina”[13], e históricamente los regímenes que promovieron esta vía, como aconteció en ciertos países del África y Asia, “terminaron optando por una mayor represión de la fuerza de trabajo”.
Este tipo de modernización solo enfatiza un lado del desarrollo rural, el crecimiento de las empresas capitalistas en el campo y apuesta por la generación de trabajo desde estos sectores, pero no repara en que este modelo solo articula a un limitado sector de los campesino, pero a la par excluye a quienes no ingresan al circuito directo del capital, provocando la ruptura de la reproducción social de la mayoría de la población en el campo.
La característica en la primera fase de este modelo, es la desposesión del campesino, luego existe una segunda fase en la cual se destruye los mercados locales y regionales, la tercera fase es la vía represiva y la agudización de la descampesinización.
LEY DE TIERRAS Y PLAN TIERRAS
Existen dos instrumentos muy concretos en torno a los cuales se resuelve el presente y futuro de las políticas públicas de tierra, con una perspectiva de equidad y sustentabilidad, en primer lugar es la ley de tierras, y en segundo lugar el plan de tierras del estado con participación de las organizaciones campesinas.
Es clave que en ambas no nos vayan a ofrecer gato por liebre.
Los contenidos de los artículos de una nueva Ley de Tierras debe adoptar disposiciones y normas sujetas al mandato de la Constitución y la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria.
Con respecto a esto la Constitución manda con claridad a “prohibir el latifundio y la concentración de la tierra” y la “creación de un fondo nacional de tierras” (art. 282), precautelar por el “cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra” (art. 282). “es responsabilidad del Estado promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra” (art. 281).
El gato por liebre en este caso sería una Ley que no defina con precisión límites precisos a la tenencia de la tierra, fijar procesos de expropiación a aquellas unidades que sobrepasen los límites o incumplan con la función social y ambiental, la creación del fondo nacional y una institucionalidad con representación verdaderamente democrática.
En cuanto al Plan Tierras, hay que reconocer que este requiere de una Ley de Tierras que abra procesos de expropiación y redistribución, que le permita intervenir no solo en las propiedades estatales, que apenas representan el 3% del total de las propiedades, sino irse proponiendo intervenir sobre las propiedades privadas, que representan el 80% del total.
Adicionalmente que al Plan Tierras, una instancia estatal, se le entreguen la propiedad y competencia sobre el destino de los predios rurales del Fondo “No mas impunidad” que contiene a las haciendas de la banca corrupta y quebrada el 2000.
La entrega de tierras desde este plan oficial debe responder a una planificación consensuada con las principales organizaciones campesinas e indígenas, independientemente de si son “pro gobiernistas” o no, que estructure modelos de intervención y concesión que se vayan convirtiendo en ejemplo del nuevo modelo de agricultura e institucionalidad que interesa con promover.
El gato por liebre en este caso sería un plan tierras que jamás llega a actuar sobre las unidades productivas privadas, y que lo poco que puede entregar esta negociado clientelarmente, en un “toma y daca” de favores por lealtades, y que jamás llega controlar y redistribuir las haciendas de la banca corrupta.
RECUPERAR PERSPECTIVA ESTRATEGICA, ENFRENTAR AL CLIENTELISMO
Los próximos meses serán claves para el futuro de políticas públicas sobre tierras, y en general sobre los recursos naturales, por eso es fundamental que los movimientos campesinos e indígenas, y las instancias de sociedad civil que tienen relación con la ruralidad, recobren vigor y presencia, no solo cuantitativa, sino cualitativa, es decir de propuesta y proyecto estratégico.
Vale recordar que el proceso social y político que atraviesa el Ecuador en la presente década no hubiera sido posible sin el accionar estratégico de los movimientos campesinos e indígenas tanto en la década de los noventa con las movilizaciones y demandas por plurinacionalidad, territorios e interculturalidad, como en el primer lustro del 2000 con las movilizaciones y demandas contra los tratados de libre comercio y por la soberanía alimentaria.
Probablemente si en esos años, en los movimientos sociales rurales, hubiera primado una actitud de corto plazo, inmediatista y pragmática, habríamos tenido un devenir muy similar al de los países vecinos de Perú y Colombia.
Por eso mismo contrasta con fuerza mirar hoy a movimientos campesinos e indígenas absorbidos por la negociación del corto plazo, en beneficio del interés particular y local.
Es hora de recuperar la perspectiva estratégica frente a los grandes temas agrarios, rurales y del país, como son las estrategias sobre tierra, sobre agua, de acceso a los recursos naturales, mas también movilizarse y concientizar en favor de los mandatos constitucionales de soberanía alimentaria, plurinacionalidad, interculturalidad.
La lucha presente por una redistribución de la tierra hacia consolidar las agriculturas campesinas, familiares e indígenas va de la mano de la demanda por una estrategia nacional de desarrollo y políticas públicas de incentivar la producción de alimentos para los mercados nacional y regional, consolidar los procesos de descentralización y desconcentración con mercados parroquiales, cantonales y provinciales, a favor de un modelo de agricultura que preserve los ecosistemas y contenga el calentamiento global, por tener una alimentación saludable y con identidad en zonas rurales y urbanas.
Puntos importantes una propuesta de tierra y agraria ante la coyuntura presente, podrían ser los siguientes:
- Avanzar hacia una ley de Tierras que limite la tenencia de la tierra y apertura un proceso de redistribución masiva a favor de los campesinos sin tierra o con poca tierra;
- La implementación del Plan Tierras no puede ser sobre la base del clientelismo, sino de un verdadero plan para impulsar un nuevo modelo de agricultura;
- Control estatal y limitaciones sobre las estrategias de punta del agronegocio transnacional: agrocombustibles (caña de azúcar, palma africana) y plantaciones madereras;
- Prohibición expresa al acaparamiento de tierras de empresas transnacionales y venta a países, incluidos China y Corea;
- Apoyo real a la soberanía alimentaria, incentivos a los cultivos de alimentos para mercado nacional y regional, sistema de ferias y compras públicas a favor de campesinos;
- Apoyo real a un modelo agroecológico, con apoyos a los productores campesinos e indígenas;
- Respeto a las circunscripciones territoriales indígenas y a las tierras comunales y cooperativas, apoyo a su afirmación y desarrollo.
Bibliografía
Brassel, Laforge, Herrera (2009). “¿Reforma Agraria en el Ecuador?: viejos temas, nuevos conceptos”. Edic. SIPAE.
CAFOLIS (2011). “Reforma Agraria en el Ecuador del siglo XXI: conceptos y propuestas para la ley de tierras”. Edic. CAFOLIS.
Landivar, Yulan (2011). “Monitoreo de políticas de redistribución de tierra estatal y el derecho a la alimentación de posesionarios”. Edic. FIAN.
SIPAE (2011). “Atlas sobre la tenencia de la tierra en el Ecuador”. Edic. SIPAE.
