Desde
la fundación de la República de Bolivia en 1825, los pueblos indígenas
de las Tierras Bajas, habíamos sufrido una larga exclusión de en todas
las esferas de la administración estatal, negados en nuestro derecho de
existencia como culturas, sin posibilidades de ejercer ningún de los
derechos ciudadanos fundamentales, ni como pueblos ni como personas. Ha
sido una negación sistemática que se traducía en las leyes del Estado
discriminador y colonialista, y que se había asentado en la propia mentalidad de los grupos sociales urbanos a lo largo y ancho del país.
La
marcha indígena por el Territorio y la Dignidad en agosto de 1990
emerge como la respuesta histórica de las luchas de los pueblos
indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia ante ese Estado excluyente,
discriminador, monocultural, andinocentrista y elitista. Nuestra gran
movilización sienta las bases para una renovación estructural del
Estado, que tome en cuenta las demandas fundamentales como son el reconocimiento de sus territorios que ancestralmente ocupábamos, el
reconocimiento de las identidades étnicas como expresión de la cualidad
multiétnica y la diversidad cultural de Bolivia, planteando la
construcción de una democracia intercultural que tome en cuenta los
derechos colectivos de los pueblos indígenas en convivencia con los
derechos ciudadanos de todos los bolivianos.
La
marcha de 1990 marca el inicio del gran aporte de nuestros pueblos
indígenas a la transformación del Estado boliviano y por ende a un
cambio de las formas de mirarse entre los bolivianos de diferentes
culturas. Gracias a los planteamientos de nuestro movimiento, en el año 1994 se aprueba una reforma constitucional que da lugar a que, por primera vez después de un siglo y medio de la existencia de Bolivia, reconoce la conformación pluricultural y multiétnica del país.
Sin embargo, consientes de una nuestra responsabilidad histórica para transformar al Estado, desde aquella primera gran marcha nacional de los pueblos indígenas hasta el presente, hemos recorrido un largo camino de luchas sociales, promoviendo
con otros sectores sociales la concienciación a la sociedad boliviana
de avanzar hacia cambios estructurales. Uno de los resultados de este
proceso había sido, justamente, promover la llegada de Evo Morales Ayma, porque hasta ese momento considerábamos su compromiso con nuestra lucha.
Es así que llegamos al inicio del proceso constituyente con el firme compromiso de plasmar en nuestra ley madre para todo el país el nacimiento
de una nueva Bolivia incluyente, respetuosa de la diversidad cultural,
con un Estado que verdaderamente acoja a todos los pueblos indígenas y
no indígena, con sus diferentes visiones, formas de organización social,
económica y gobierno propio, en suma un Estado plurinacional.
Sin embargo, hoy
nos encontramos en un momento crucial para poner en marcha los mandatos
constitucionales que apuntan a la implementación del Estado
Plurinacional, con un Gobierno presidido por Evo Morales Ayma, cuyo
accionar, se encuentra lejos de los planteamientos históricos del
proceso de cambio, que tuvo y tiene en las reivindicaciones del
movimiento indígena a uno de sus principales protagonistas.
Por
eso expresamos a todos los sectores del pueblo boliviano que nuestra
lucha continua con la misma firmeza y dignidad de la marcha de 1990, exigiendo al Gobierno el
respeto a la constitución política del Estado, que es el respeto al
derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada, respeto a nuestra justicia indígena, respeto a nuestros territorios y un desarrollo desde la visión de pueblos indígenas.
Finalmente denunciamos que los resultados del Censo nacional representan un riesgo para el ejercicio de nuestros derechos conquistados en 23 años de luchas y movilizaciones, toda
vez que se trata de un trabajo mal llevado y mal intencionado que
desconoce la realidad de las poblaciones indígenas y que el Gobierno
quiere validar a toda costa para justificar sus ambiciones de poder autoritario en desmedro de nuestra Dignidad y NUESTROS TERRITORIOS.
