Brasil: Tenemos Marco Civil, pero la lucha por la libertad en la red continúa

Renata Mielli

ALAI AMLATINA, 23/04/2014.- La aprobación del Marco Civil de Internet (MCI) por el Senado, este martes (22 / 04), fue una victoria conquistada por la lucha y la movilización de muchas organizaciones sociales y activistas digitales. Miles de personas se unieron al movimiento para garantizar que Internet siga siendo un entorno democrático.

Su aprobación es el mayor ejemplo de que, con la movilización es posible obtener conquistas, incluso si el adversario es un sector con mucho poder político y económico, como los empresarios de las telecomunicaciones.

Esto demuestra que Brasil puede y debe mejorar sus instrumentos de construcción colectiva y cooperativa en materia de políticas públicas. El Marco Civil es un referente internacional por su contenido avanzado en la defensa de los derechos de los usuarios y en garantizar la libertad en Internet, pero también por la forma cómo fue elaborado: primero, a través de una plataforma digital con la participación de miles de personas, a continuación, con un amplio debate público a través de audiencias presenciales, agregándose a ello, la participación vía Internet en el portal de la Cámara de Diputados.

El texto aprobado por los senadores es muy diferente del que llegó inicialmente a la Cámara de Diputados. La redacción final fue el resultado de un largo proceso de negociación política para construir una mayoría parlamentaria que permita su aprobación. En unos puntos se lo mejoró, en otros no tanto y algunos no debieron ser incluidos en el texto, como el 15, que viola la privacidad del usuario.


La neutralidad y lucha internacional

Hay muchos aspectos abordados en el MCI. Lo más importante para continuemos con más fuerza y aliento la lucha para asegurar que Internet sea un espacio de arquitectura democrática, descentralizada, permitiendo la innovación tecnológica y la libre distribución de contenidos informativos, culturales y educativos, es la garantía de la neutralidad de la red.

Este fue siempre el nudo principal de la polémica del Marco Civil. La negociación de prácticamente todas las demás disposiciones de la Ley tenía como base el artículo 9. Otra lección: no siempre se puede aprobar la agenda máxima, en el camino de la victoria a veces hay que hacer concesiones. Vale la pena decir que éstas no fueron hechas por el movimiento social, que sin dejar de puntualizar sus críticas y desacuerdos, siempre mantuvo su apoyo al Marco Civil.

La unidad en torno al Marco Civil, construida pacientemente, fue posible a partir de la comprensión de que la neutralidad de la red es una batalla internacional, que pone en campos opuestos al interés público y al interés privado. Países y corporaciones que se manifiestan contra el principio de neutralidad de la red están bastante interesados legalizar los instrumentos de control de los flujos de datos, sea para tener un beneficio económico de este control, con la creación de nuevos modelos de negocios, sea para imponer un filtro político al contenido que transita por la WWW.

Por lo tanto, el haber aprobado el Marco Civil de Internet con neutralidad en la red es un logro internacional. Ganamos una batalla, pero todavía hay una guerra por delante.


Gobernanza de Internet: naciones y corporaciones

La próxima batalla comienza de inmediato y se desarrolla en los debates que se producirán durante la NetMundial, Encuentro Multisectorial Global sobre el futuro de la Gobernanza de Internet organizado por el Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br) y la 1Net, foro que reúne a distintas entidades internacionales involucradas con la gobernanza de Internet.

El debate sobre la gobernanza de Internet se puso caliente después de las denuncias de prácticas de espionaje hechas públicas por Edward Snowden. El papel de los estados y las corporaciones y el peso de cada sector en un modelo multisectorial de la gobernanza de Internet es un tema central, inclusive para garantizar de hecho que los intereses públicos ocupen el primer lugar en cualquier agenda que involucre a Internet. De lo contrario, las empresas - ya sean de infraestructura, aplicaciones, servicios o producción de contenidos - que mueven miles de millones de dólares y que tienen afán de ampliar aún más sus ingresos, podrán imponer sus modelos de negocios a la agenda pública.

El discurso de la presidenta Dilma Rousseff en la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2013 colocó a Brasil en una posición de liderazgo para contribuir a la construcción de un modelo de gobernanza guiado por la defensa de los derechos humanos, la soberanía de las naciones y la libertad de expresión.

Como principios y directrices que se persiguen, la presidente destacó:

1 - El de la libertad de expresión, la privacidad individual y el respeto a los derechos humanos.

2 - El de la gobernanza democrática, multilateral y abierta, ejercida con transparencia, estimulando la creación colectiva y la participación de la sociedad, de los gobiernos y del sector privado.

3 – El de la universalidad que garantiza el desarrollo social y humano y la construcción de sociedades inclusivas y no discriminatorias.

4 – El de la diversidad cultural, sin imposición de creencias, costumbres y valores.

5 – El de la neutralidad de la red, respetando sólo criterios técnicos y éticos, y volviendo inaceptables las restricciones por motivos políticos, comerciales, religiosos o de cualquier otra índole.

Si estos principios se reflejan en el documento que será aprobado en la Net Mundial, Brasil habrá sido el escenario de dos victorias de dimensiones históricas para garantizar la libertad de la red. (Traducción ALAI)

- Renata Mielli es periodista, Secretaria General del "Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé" e integra el Fórum Nacional por la Democratização da Comunicação.
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Perú. Atentado con bomba contra el periodista Jofré López

por Pepe Mejía

 Las denuncias por contaminación contra la empresa Agroindustrial Paramonga y el corrupto alcalde de Barranca, Romel Ullilén Vega, han sido el detonante de este atentado que ha causado heridas a la madre del periodista y a su padrastro.

A las dos de la madrugada del pasado martes 22 de abril, un potente artefacto explosionó a las puertas de la casa del periodista, Jofré López Sifuentes, director de Barranca.es, situado en la urbanización El Olivar, en la provincia de Barranca, una de las once provincias del departamento de Lima y que pertenece a la Región Lima Provincias.

Tanto la madre como el padrastro del periodista han resultado heridos. Como consecuencia del atentado la fachada de la casa del periodista ha quedado totalmente destruida.

López, que constantemente ha recibido amenazas de muerte, ha denunciado -a través de su medio de comunicación- a la empresa azucarera Agroindustrial Paramonga por contaminación ambiental, no pagar impuestos al ayuntamiento, intimidación a los críticos y un largo etcétera.

"Paramonga distrito azucarero de amarga contaminación" ha sido uno de sus último documentales que se encuentra colgado en youtube [https://www.youtube.com/watch?v=V9pF3xGElz8].

También denunció prácticas corruptas del alcalde de Barranca, Romel Ullilén Vega, que fue electo por el Partido Socialista.

Según diversas fuentes, detrás del atentado existe un grupo de sicarios al servicio de intereses de las grandes empresas y el poder político corrupto.

En declaraciones a la prensa, el conocido luchador social, Yofré López, dijo: "este atentado, supongo, se debe al trabajo , a la labor periodística que realizamos. Al parecer nos quieren silenciar".

La onda expansiva afectó a diez casas que han quedado seriamente dañadas. Vecinos del lugar han manifestado su preocupación por el aumento de la violencia instigada por grupos mafiosos y corruptos.

El país más joven de África al borde de una guerra civil

En 2011, cuando Sudán del Sur se independizó de Sudán, muchos pensaron que se había puesto punto final a la guerra civil que duró décadas. Sin embargo, desde diciembre del año pasado el país más joven de África vive un sangriento conflicto, que ha derivado en un enfrentamiento étnico entre la tribu Dinka, a la que pertenece el presidente Salva Kir, y la Nuer , a la que pertenece el exvicepresidente y líder rebelde Riak Machar. La violencia política y étnica está acompañada, por si fuera poco, por la lucha por las zonas petrolíferas del país.

Cuando el presidente Kir acusó al rebelde Machar de planear un golpe de Estado, el pasado 15 de diciembre, estallaron enfrentamientos que no han cesado a pesar de que se firmó un alto el fuego en la capital etíope, Adis Adiba, entre las fuerzas oficiales y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán del Sur. La violencia es cada vez mayor y la ONU ha hecho reiterados llamados a que la comunidad internacional haga esfuerzos por impedir que la tragedia continúe. Según Naciones Unidas, al menos 335.000 personas han tenido que abandonar sus hogares por la violencia, de las que casi 80.000 han buscado refugio en países vecinos. International Crisis Group estima que los muertos son al menos 10.000.

Bentiu es la capital del estado de Unidad, rico en petróleo. En diciembre pasado la ONU informó sobre el descubrimiento allí de fosas comunes, con cuerpos de miembros de la etnia Dinka. Ahora esta ciudad vuelve a ser escenario de la crueldad: el 15 y 16 de abril se perpetuaron masacres contra cientos de civiles. La Misión de la ONU para Sudán del Sur (UNMISS) explicó que entre las víctimas mortales hay sursudaneses y extranjeros, y la matanza fue perpetrada por los insurgentes (etnia Nuer) con base en criterios étnicos y de nacionalidad. Solo en la mezquita de Kali-Balle, a donde muchos acudieron en busca de refugio, 200 personas murieron y alrededor de 400 resultaron heridas. Los rebeldes, antes de matar, habrían separado a los civiles por nacionalidad y etnia.

Al menos 10 mil personas, según Uicef, huyeron de Bentiu y buscaron refugio en una base de la ONU, donde ya hay 23 mil personas en condiciones precarias y con acceso a un litro de agua potable al día. Jonathan Veitch, representante de Unicef en Sudán del Sur, lamentó que quienes lograron sobrevivir a la "terrible violencia" se enfrenten ahora "al riesgo de poder contraer alguna enfermedad mortal transmitida por el agua". Alertó especialmente sobre la situación de los niños, que "han sufrido una violencia indescriptible y no deben seguir sufriendo en lugares que deberían dar seguridad". La falta de alimentos, el poco acceso al agua potable y la falta de saneamiento, so los principales vectores de enfermedades contagiosas.

Si no se obtienen fondos para comprar alimentos y mejorar la infraestructura para atender a los refugiados, y si no se agiliza la entrada al país de asistencia humanitaria, cincuenta mil menores de cinco años podrían morir hasta el final de este año. Según Unicef, esos cincuenta mil hacen parte de 740.000 niños menores de cinco años que actualmente "tienen un alto riesgo de sufrir inseguridad alimentaria". Esta agencia de la ONU ha solicitado 38 millones de dólares para su campaña en Sudán del Sur, pero hasta la fecha sólo ha obtenido 4,6 millones. La tragedia de Sudán del Sur es una de las más preocupantes del planeta: se calcula que al menos hay 3,7 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria.

Este es apenas un aspecto del padecimiento de la niñez de Sudán del Sur. Christophe Boulierac, el portavoz de Unicef que informó sobre el riesgo de muerte de los menores por desnutrición, se ha referido también al reclutamiento de niños por las dos partes en conflicto. "Creemos que ambos bandos usan niños en sus filas. Contamos con informes no confirmados de que los grupos armados de la oposición reclutan niños pero no podemos hablar de cifras. En cambio, sí que tenemos confirmación de que al menos 149 menores se encuentran enrolados en el Ejército regular".

A Geographers' Manifesto for Yasuni National Park

Dear friends,

As the Critical Geography Collective of Ecuador, we are writing to request your solidarity as geographers or as other academics and intellectuals for the continuing popular movement in Ecuador to keep the oil in the ground in Yasuni National Park.

Just last week, this movement for Yasuni – an area of extremely high biodiversity in the country's Amazon region and the home of numerous indigenous peoples – entered a critical new phase.

You may recall that the Yasuni initiative originated from Ecuadorian civil society as a key element of campaigning for a transition to a post-petroleum civilization. The proposal was then somewhat reluctantly taken up by the new government of President Rafael Correa, who transformed it into a purely economic proposition to foreign governments: compensate us for the revenue we would lose by not exploiting the oil, or we will go ahead. When this compensation was not forthcoming, Correa duly announced that he was opening Yasuni for exploitation (oil companies had already been quietly moving in, with government approval, to prepare the ground).

Emboldened by polls indicating that a very large majority of Ecuador's population opposed drilling in Yasuni, the popular movement then embarked on a campaign to collect the more than half-million signatures required to force a public referendum on the issue, whose result the government would have to abide by under Ecuadorian law. Hundreds of young people joined the signature drive under the banner of the YASunidos (www.yasunidos.org), or "United for Yasuní," a civil society collective of environmentalists and indigenous leaders. The whole country became re-galvanized around the issue.

In response, the government redoubled its efforts to repress critics of extraction in Yasuni. Newspapers were threatened; police were ordered to harrass or silence demonstrators; dissident students were threatened with expulsion from their schools; an NGO was closed under a new decree facilitating the banning of civil society organizations; new restrictions were placed on reporting from Yasuni; and the Tagaeri and Taromenane indigenous clans living in voluntary isolation, who had been protected from ethnocide under the 2008 Constitution, were erased from maps of Yasuni. The Constitutional Court  meanwhile delayed a final ruling on the constitutionality of the referendum question, and the government unleashed a barrage of expensive pro-oil television spots and advertisements.

As the signature campaign gathered pace, the adminstration of President Correa, together with local municipalities, sought to restrict where signatures could be collected. In addition, the government launched its own pro-drilling signature-gathering effort, using graphic material nearly identical to that employed by the YASunidos in order to confuse citizens into thinking they were signing their names in favour of defending Yasuni.

Yet on 12 April, the YASunidos triumphed over all these obstacles, marching 3,000-strong to the National Electoral Commission in Quito to deliver 55 boxes containing 756,291 signatures – 172,000 more than the number required to mandate a referendum. The signatories said "Yes" to the following question: "Are you in favor of leaving oil in the ground in Block 43/Yasuní-ITT indefinitely?" As required, the signatures were accompanied by supporting documentation including the photocopied identity documents of each of 1,426 signature gatherers. The first box was delivered by Alicia Cahuilla, the Vice President of the Waorani nationality, and two Waorani men. Cahuilla had traveled for more than seven hours with a delegation of more than a dozen Waorani from the community of Ñoneno via canoe to the oil frontier town of Coca along the Napo River and then seven additional hours on a bus to Quito.

Backed into a corner, the government then shifted tactics. In a visit to the Electoral Commission on 16 April, YASunidos discovered that the seals of various boxes had been broken and their tops removed. The boxes had been supposed to be opened only in front of a monitoring team trained by the Electoral Commission and organized by the YASunidos to oversee the 30-day counting process.

The as-yet unknown agents who broke the seals of the boxes violated the chain of custody designed to ensure a transparent and non-partisan counting process, throwing the viability of the whole exercise into doubt. Crucially, unknown agents also removed the photocopied identity documents of 151 key signature gatherers, potentially invalidating each of the signatures that the 151 had collected. The number of signatures thereby invalidated is likely to be well over 100,000 – enough to transform the referendum campaign from a stunning victory into a narrow defeat. 

As YASunidos members called on the Electoral Commission to explain why the chain of custody of the signatures had been broken, the Ecuadorian military began to remove boxes of signatures from Electoral Commission headquarters. The military's removal trucks were blocked for hours by enraged YASunidos, but finally succeeded in taking away the boxes of signatures to a site at the former national airport, where counting and verifying will supposedly begin.

Assuming that the anonymous saboteurs have done their job, it now appears likely that enough signatures will be nullified for the government to be able to avoid a referendum. The Yasuni movement is thus entering yet another phase, in which YASunidos may well see their numbers swelled by ordinary citizens outraged at the assaults on democracy that have characterized the last few months.

It is in this context that we are circulating the attached letter for international signatures. As geographers, we feel particularly called on to refute the government's claim that exploitation of the oil in Yasuni would affect only 0.1 per cent of the Yasuni territory, and our letter concentrates on this issue.

If you can support the letter, please send your signature to geografiacriticaecuador@gmail.com – including first and last names, and, if you can, the name of your institution or a book you have authored.

For more information, please see the complete document on the Collective:  http://geografiacriticaecuador.files.wordpress.com/2014/04/colectivo-geografia-critica-en-defensa-del-yasuni.pdf

and an account of its work on Yasuni:

http://geografiacriticaecuador.wordpress.com/2014/04/11/colectivo-en-defensa-del-yasuni/