El proyecto de ley de igualdad de
oportunidades fue archivado en el Congreso y en la práctica la Ley
Antidiscriminación no es tan efectiva para las víctimas.
Por: Redacción Vivir
El 21 de mayo de 2011, durante la
conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, Juan Manuel Santos
anunció que presentaría al Congreso un proyecto de ley de igualdad de
oportunidades para la población afrocolombiana.
El proyecto incluía facilidades para que
los afro accedieran a la educación superior con más cupos, becas y créditos, e
incentivos a los partidos políticos que inscribieran en sus listas un
porcentaje exclusivo para esta población.
“Queremos que Colombia sea un país libre de
cualquier tipo de discriminación, y queremos garantizar un trato igualitario
para los afrocolombianos y para todas las comunidades”, afirmó el mandatario.
Sin embargo, dos años después, el proyecto
que prometía remediar la discriminación histórica que ha sufrido esta minoría
étnica, se vino abajo.
De acuerdo a Dani Ramírez, coordinadora de
Género de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrodescendientes, el
Ministerio del Interior ordenó que le dieran pare de trámite al proyecto porque
tenía dificultades para hacer efectivos los derechos de los afro. Según la
líder, además de lo planteado por el Mininterior, “ni siquiera se aseguraban
los recursos para poner en marcha el proyecto”.
César Rodríguez, director del Observatorio
de Discriminación Racial de Dejusticia, cuenta que el proyecto “lo dejaron
languidecer en el Congreso y no hubo voluntad política para ir más allá de la
propuesta”.
Por su parte Dora Maturana, abogada del
Movimiento Nacional Afrocolombiano Cimarrón, señala que además el proyecto no
recogía las verdaderas necesidades de los afro, y si la ley hubiese quedado
como estaba, “seguiríamos con el mismo esquema de discriminación de hace tantos
años”.
Por ello, el Movimiento Nacional
Afrocolombiano Cimarrón presentó una nueva propuesta a la Presidencia de la
República y al Ministerio del Interior. El documento incluye la solicitud de
$50 mil millones para la reestructuración y fortalecimiento del fondo especial
afrocolombiano de créditos educativos para la educación superior, así como la
formulación de un plan de estudios afrocolombianos y la creación de la
dirección de etnoeducación y estudios afrocolombianos en el Ministerio de
Educación.
¿Qué se ha logrado?
Desde noviembre de 2011, los
afrocolombianos cuentan con la Ley Antidiscriminación, la cual contempla que
las personas que incurran en actos de discriminación por razones de raza, etnia,
nacionalidad, sexo y orientación sexual serán sancionados con penas de uno a
tres años y multas económicas que oscilan entre 10 y 15 salarios mínimos.
Sin embargo, esta norma también tiene sus
disidentes. El pasado 25 de febrero, en un concepto enviado a la Corte
Constitucional, el procurador general Alejandro Ordóñez solicitó que se tumbe
la ley por considerar que viola los derechos a la libre expresión y la libertad
religiosa, de personas que declaren o actúen de acuerdo a sus convicciones
religiosas, ideológicas o políticas.
Si bien el episodio del procurador generó
malestar y el 16 de mayo la Corte Constitucional se declaró inhibida para
estudiar la demanda, argumentando que la acción no fue presentada con
argumentos fuertes y contundentes, las barreras para que esta norma beneficie a
los afrocolombianos van más allá.
Según la abogada DoraMaturana, aunque la
ley está vigente, ha habido muy pocas denuncias y ni siquiera una sentencia
condenatoria por discriminación racial. Lo más grave, dice, es que la norma no
ha sido bien difundida y “las víctimas no saben a quién acudir. Van a la
Fiscalía y no pasa nada porque el organismo no sabe cómo actuar”.
De acuerdo a César Rodríguez, “el sistema
penal colombiano y los fiscales no están entrenados para calificar ese tipo de
delitos y esto va en contra de la aplicación efectiva de la ley”.
Los
escenarios de la discriminación
Hace dos años Dani Ramírez llegó de
Buenaventura a Bogotá para estudiar una maestría en Estudios de Género y no
duda en afirmar que esta la ciudad es “el peor lugar para un negro”. Asegura
que “en el momento en el que pisé esta capital comencé a sentirme negra y
entendí qué era el racismo. Me ven y no creen que soy una mujer dedicada a la
academia, dicen que ‘ahí viene otra cocinera, otra trabajadora doméstica’. Ser
mujer y negra es todavía peor. De nosotras sólo creen que bailamos y cocinamos
bueno y que pueden explotarnos porque somos más fuertes”.
Según Ramírez, la situación es todavía más
difícil en la universidad: “Los negros tenemos que demostrar que sabemos más,
leer más y trabajar el doble para que nos crean que somos capaces”.
En lo mismo coincide Aidén José Salgado,
responsable del tema afro en la Universidad Distrital, quien sostiene que la
educación superior también es discriminatoria con la población afrocolombiana:
“Por un lado, en los contenidos curriculares no se concibe por ningún lado
nuestro aporte, hay un leguaje racista por parte de los profesores, hay muy
pocos afro en las universidades privadas y la cátedra de afrocolombianidad, que
se decretó en 1998, está en el papel pero en la realidad muy pocas
instituciones la imparten”. “Está muy bien que se promuevan las normas, pero no
es suficiente. Yo no necesito que me pongan más días de conmemoración, necesito
que se me garantice vivir en igualdad de derechos, como cualquier otra mujer en
Colombia”, concluye Dani Ramírez.
Por: Redacción Vivir
