Noticias Aliadas
Reunión entre el presidente Lenín Moreno y dirigentes indígenas logra primeros frutos a pesar de ambigüedades.
El 4 de julio, dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fueron recibidos por el presidente Lenín Moreno, rompiendo así el distanciamiento de siete años que había impuesto el régimen anterior, encabezado por el presidente Rafael Correa (2007-2017). Sin embargo, la posición del actual gobierno no está clara en relación a las propuestas indígenas, pero tampoco son claros los aportes indígenas para la construcción del Estado Plurinacional, presentados en este encuentro.
En los días previos a su envestidura presidencial del 24 de mayo, Moreno anunció su deseo de acercarse a uno de los grupos sociales más representativos del país y el que había sido más golpeado por el gobierno de Correa: el movimiento indígena. “Con la CONAIE somos los mismos y debemos estar juntos”, dijo Moreno.
Dirigentes indígenas se mostraron recelosos en aceptar la invitación presidencial. “No podemos acudir a un diálogo mientras nuestros hermanos están presos o están siendo procesados”, afirmó a Noticias Aliadas Katy Betancourt, dirigente de la Mujer e integrante del Consejo de Gobierno de la CONAIE.
Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, puso como condición para iniciar cualquier conversación con el gobierno de Moreno, el indulto a los indígenas condenados durante el gobierno de Correa y la amnistía para todos los que fueron procesados y criminalizados por protestar y exigir sus derechos en este mismo periodo. Para formalizar su posición, la CONAIE organizó una comisión de unos 300 integrantes que llegó a la Asamblea Nacional para entregar un listado de 177 personas que buscan la amnistía; luego fue al Palacio de Gobierno y entregó los nombres de 20 personas susceptibles de indulto. A las listas se adjuntaron más de 8,000 firmas de respaldo de ciudadanos de todo el país.
En la Asamblea Nacional, el listado fue recibido por su nuevo presidente, el oficialista José Serrano, quien se mostró muy molesto y, en una intervención de 38 segundos, sólo dijo que se conformaría una comisión para analizar caso por caso. La Asamblea Nacional tiene la potestad de dar amnistía en casos que existan personas procesadas o condenadas por cualquier delito, pero relacionados con acciones políticas como la toma de rehenes o una muerte en el marco de una protesta social, por citar los más graves.
Por su parte, una comisión del gobierno nacional inició el análisis de los pedidos de indultos, que fueron concedidos en junio a cinco a líderes sociales que recientemente habían sido condenados a seis meses por los delitos de ataque y resistencia durante el paro indígena de agosto del 2015 contra el gobierno de Correa.
La CONAIE entonces decidió asistir, el 4 de julio, a un primer encuentro con Moreno y fue con una marcha de más de 2,000 personas que llegaron a la Plaza Grande, la que había sido vetada para ellos durante los últimos siete años. Una delegación de 60 dirigentes ingresó al palacio a dialogar con el presidente.
Al inicio de la reunión, Moreno anunció un nuevo indulto, esta vez el del dirigente shuar Tomás Jimpikit, quien en setiembre pasado había sido condenado a un año de prisión también por participar en el paro nacional en agosto de 2015, y además notificó su decisión de restituir el comodato de la casa de la CONAIE —otorgado durante el gobierno del expresidente Rodrigo Borja (1988-92) como un acto de reconocimiento a su existencia política y como resarcimiento del olvido en que el Estado ecuatoriano mantenía a los pueblos indígenas— que había sido terminado en diciembre del 2014 por el gobierno de Correa. La casa de la CONAIE fue defendida por los indígenas hasta que el exmandatario decidió dejar en suspenso su decisión de expulsarlos.
Moreno también notificó su decisión de devolver a la CONAIE la administración de la educación bilingüe y la creación de una universidad indígena, aun cuando no precisó las partidas presupuestarias que se habrían creado para cumplir este ofrecimiento.
Las propuestas indígenas La dirigencia indígena, algo sorprendida por los anuncios presidenciales, entregó su propuesta denominada “Plan urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional e Intercultural”, en el que se describen cinco puntos que deben ser considerados por el gobierno nacional:
1. Construcción del Estado Plurinacional: enfatiza la libertad de asociación, el reconocimiento de los gobiernos comunitarios, la autoridad territorial, la administración comunitaria del agua y el respeto a la justicia indígena. Exige además el cumplimiento de la Consulta previa y la prohibición de minería en fuentes de agua, áreas protegidas y zonas de alta biodiversidad.
2. Cambio del modelo económico: en general se pide la reformulación de las leyes de Agua, de Tierras, de Economía Popular y Solidaria, de Minería y de Semillas; un real cambio en la matriz productiva que permita el abandono del extractivismo.
3. Democracia y Derechos Humanos: se exige la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para desmotar la estructura judicial que criminaliza la protesta social, y el respeto al derecho a la comunicación, llevando a la praxis el lineamiento constitucional que establece que el 33,33% de las frecuencias de radio y televisión debe estar en poder de los indígenas.
4. Planificación y descentralización: planificación acorde la diversidad regional del país y donde se respete a los sistemas comunitarios de organización y que contenga una perspectiva plurinacional e intercultural.
5. Combatir la corrupción y la impunidad: impedir que la impunidad impere y se sancione a quienes hayan cometido actos de corrupción.
La propuesta indígena es demasiado general y también fue respondida por Moreno de manera genérica, sin que se articule ningún compromiso con cambios profundos. Todo lo propuesto será direccionado a mesas de dialogo con diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. Carlos Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), la más grande organización indígena en el interior de la CONAIE, se mostró escéptico frente a los resultados de la reunión sostenida con Moreno.
“Estamos dando una oportunidad al gobierno para que analice. Queremos los territorios, no despojo; queremos moratoria al extractivismo y ahí no hay negociación. Le veo bastante complejo el diálogo, es muy difícil, porque no nos vamos a contentar con caramelitos”, afirmó Pérez luego del diálogo sostenido con Moreno por más de tres horas.
Alianza PAIS en crisis
A pesar de no haberse hecho concesiones significativas al movimiento indígena, la reunión provocó el rechazo de Correa, quien publicó en su cuenta de Twitter: “Entrega sede por 100 años a CONAIE, otro innecesario desaire a mi gobierno. Estrategia de ‘diferenciarse’ no sólo es desleal, es mediocre”.
La expresión de Correa muestra lo que está pasando dentro del movimiento oficialista, en donde se han detectado tres grupos en pugna para direccionar el nuevo gobierno. Por una parte, los seguidores de Correa desean mantener su modelo hiperpresidencialista y evitar cualquier cuestionamiento a él o a sus funcionarios, en especial a aquellos que están siendo salpicados por los escándalos de corrupción. Están dispuestos a frenar cualquier iniciativa de acercamiento de Moreno con otros sectores políticos, en especial con el movimiento indígena.
En contraposición están los denominados “leninistas”, que apoyan las iniciativas de Moreno y anuncian cambios de estilo, privilegiando el diálogo y recuperando la paz del país. En este grupo se encuentran incluso exmilitantes de Alianza PAIS que fueron expulsados por Correa y que ahora han vuelto al gobierno con cargos importantes, como el caso de Gustavo Larrea, fundador del movimiento oficialista que fue defenestrado por el exmandatario y que ha retornado como asesor presidencial.
Aparte se mantiene un buen grupo liderado por Serrano que, desde la presidencia de la Asamblea Nacional, se consolida como una tercera vía y mira de lejos el desarrollo de la confrontación Correa-Moreno. Serrano ha propuesto una ley de diálogo, pero direccionado desde la Asamblea Nacional y bajo su control, la que podría imponerse por sobre la propuesta de diálogo promulgada por Moreno.
El 4 de julio, dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fueron recibidos por el presidente Lenín Moreno, rompiendo así el distanciamiento de siete años que había impuesto el régimen anterior, encabezado por el presidente Rafael Correa (2007-2017). Sin embargo, la posición del actual gobierno no está clara en relación a las propuestas indígenas, pero tampoco son claros los aportes indígenas para la construcción del Estado Plurinacional, presentados en este encuentro.
En los días previos a su envestidura presidencial del 24 de mayo, Moreno anunció su deseo de acercarse a uno de los grupos sociales más representativos del país y el que había sido más golpeado por el gobierno de Correa: el movimiento indígena. “Con la CONAIE somos los mismos y debemos estar juntos”, dijo Moreno.
Dirigentes indígenas se mostraron recelosos en aceptar la invitación presidencial. “No podemos acudir a un diálogo mientras nuestros hermanos están presos o están siendo procesados”, afirmó a Noticias Aliadas Katy Betancourt, dirigente de la Mujer e integrante del Consejo de Gobierno de la CONAIE.
Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, puso como condición para iniciar cualquier conversación con el gobierno de Moreno, el indulto a los indígenas condenados durante el gobierno de Correa y la amnistía para todos los que fueron procesados y criminalizados por protestar y exigir sus derechos en este mismo periodo. Para formalizar su posición, la CONAIE organizó una comisión de unos 300 integrantes que llegó a la Asamblea Nacional para entregar un listado de 177 personas que buscan la amnistía; luego fue al Palacio de Gobierno y entregó los nombres de 20 personas susceptibles de indulto. A las listas se adjuntaron más de 8,000 firmas de respaldo de ciudadanos de todo el país.
En la Asamblea Nacional, el listado fue recibido por su nuevo presidente, el oficialista José Serrano, quien se mostró muy molesto y, en una intervención de 38 segundos, sólo dijo que se conformaría una comisión para analizar caso por caso. La Asamblea Nacional tiene la potestad de dar amnistía en casos que existan personas procesadas o condenadas por cualquier delito, pero relacionados con acciones políticas como la toma de rehenes o una muerte en el marco de una protesta social, por citar los más graves.
Por su parte, una comisión del gobierno nacional inició el análisis de los pedidos de indultos, que fueron concedidos en junio a cinco a líderes sociales que recientemente habían sido condenados a seis meses por los delitos de ataque y resistencia durante el paro indígena de agosto del 2015 contra el gobierno de Correa.
La CONAIE entonces decidió asistir, el 4 de julio, a un primer encuentro con Moreno y fue con una marcha de más de 2,000 personas que llegaron a la Plaza Grande, la que había sido vetada para ellos durante los últimos siete años. Una delegación de 60 dirigentes ingresó al palacio a dialogar con el presidente.
Al inicio de la reunión, Moreno anunció un nuevo indulto, esta vez el del dirigente shuar Tomás Jimpikit, quien en setiembre pasado había sido condenado a un año de prisión también por participar en el paro nacional en agosto de 2015, y además notificó su decisión de restituir el comodato de la casa de la CONAIE —otorgado durante el gobierno del expresidente Rodrigo Borja (1988-92) como un acto de reconocimiento a su existencia política y como resarcimiento del olvido en que el Estado ecuatoriano mantenía a los pueblos indígenas— que había sido terminado en diciembre del 2014 por el gobierno de Correa. La casa de la CONAIE fue defendida por los indígenas hasta que el exmandatario decidió dejar en suspenso su decisión de expulsarlos.
Moreno también notificó su decisión de devolver a la CONAIE la administración de la educación bilingüe y la creación de una universidad indígena, aun cuando no precisó las partidas presupuestarias que se habrían creado para cumplir este ofrecimiento.
Las propuestas indígenas La dirigencia indígena, algo sorprendida por los anuncios presidenciales, entregó su propuesta denominada “Plan urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional e Intercultural”, en el que se describen cinco puntos que deben ser considerados por el gobierno nacional:
1. Construcción del Estado Plurinacional: enfatiza la libertad de asociación, el reconocimiento de los gobiernos comunitarios, la autoridad territorial, la administración comunitaria del agua y el respeto a la justicia indígena. Exige además el cumplimiento de la Consulta previa y la prohibición de minería en fuentes de agua, áreas protegidas y zonas de alta biodiversidad.
2. Cambio del modelo económico: en general se pide la reformulación de las leyes de Agua, de Tierras, de Economía Popular y Solidaria, de Minería y de Semillas; un real cambio en la matriz productiva que permita el abandono del extractivismo.
3. Democracia y Derechos Humanos: se exige la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para desmotar la estructura judicial que criminaliza la protesta social, y el respeto al derecho a la comunicación, llevando a la praxis el lineamiento constitucional que establece que el 33,33% de las frecuencias de radio y televisión debe estar en poder de los indígenas.
4. Planificación y descentralización: planificación acorde la diversidad regional del país y donde se respete a los sistemas comunitarios de organización y que contenga una perspectiva plurinacional e intercultural.
5. Combatir la corrupción y la impunidad: impedir que la impunidad impere y se sancione a quienes hayan cometido actos de corrupción.
La propuesta indígena es demasiado general y también fue respondida por Moreno de manera genérica, sin que se articule ningún compromiso con cambios profundos. Todo lo propuesto será direccionado a mesas de dialogo con diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. Carlos Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), la más grande organización indígena en el interior de la CONAIE, se mostró escéptico frente a los resultados de la reunión sostenida con Moreno.
“Estamos dando una oportunidad al gobierno para que analice. Queremos los territorios, no despojo; queremos moratoria al extractivismo y ahí no hay negociación. Le veo bastante complejo el diálogo, es muy difícil, porque no nos vamos a contentar con caramelitos”, afirmó Pérez luego del diálogo sostenido con Moreno por más de tres horas.
Alianza PAIS en crisis
A pesar de no haberse hecho concesiones significativas al movimiento indígena, la reunión provocó el rechazo de Correa, quien publicó en su cuenta de Twitter: “Entrega sede por 100 años a CONAIE, otro innecesario desaire a mi gobierno. Estrategia de ‘diferenciarse’ no sólo es desleal, es mediocre”.
La expresión de Correa muestra lo que está pasando dentro del movimiento oficialista, en donde se han detectado tres grupos en pugna para direccionar el nuevo gobierno. Por una parte, los seguidores de Correa desean mantener su modelo hiperpresidencialista y evitar cualquier cuestionamiento a él o a sus funcionarios, en especial a aquellos que están siendo salpicados por los escándalos de corrupción. Están dispuestos a frenar cualquier iniciativa de acercamiento de Moreno con otros sectores políticos, en especial con el movimiento indígena.
En contraposición están los denominados “leninistas”, que apoyan las iniciativas de Moreno y anuncian cambios de estilo, privilegiando el diálogo y recuperando la paz del país. En este grupo se encuentran incluso exmilitantes de Alianza PAIS que fueron expulsados por Correa y que ahora han vuelto al gobierno con cargos importantes, como el caso de Gustavo Larrea, fundador del movimiento oficialista que fue defenestrado por el exmandatario y que ha retornado como asesor presidencial.
Aparte se mantiene un buen grupo liderado por Serrano que, desde la presidencia de la Asamblea Nacional, se consolida como una tercera vía y mira de lejos el desarrollo de la confrontación Correa-Moreno. Serrano ha propuesto una ley de diálogo, pero direccionado desde la Asamblea Nacional y bajo su control, la que podría imponerse por sobre la propuesta de diálogo promulgada por Moreno.
En conclusión, los
primeros 50 días del gobierno de Moreno han estado marcados por los
llamados al diálogo, las denuncias de corrupción y las confrontaciones
con Correa, que el 10 de julio abandonó el país para radicar en Bélgica,
lugar de nacimiento de su esposa. No ha habido tiempo para esbozar las
directrices económicas, o no se ha las ha querido esbozar debido a la
complejidad de este escenario. Moreno sólo ha afirmado que “se podía
haber sido un poquito más mesurado al momento de dejar cuentas en
mejores condiciones”, durante la presentación de la “Estrategia Nacional
por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción” el 11de julio. Esta
es la primera referencia de lo que le espera al país en materia
económica.
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7440#
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