Mineras de Canadá mantienen 1.246 proyectos en Latinoamérica

Las mineras Osisko Minning Corp, Goldcorp, Barrick Gold, Fortuna Silver Inc y First Majestic Silver son sólo algunas de las envueltas en conflictos ambientales, sociales y con pueblos indígenas. Las mineras originarias de Canadá mantienen 1.246 proyectos mineros activos en Latinoamérica.

Canadá, líder mundial del sector minero y con una fuerte presencia en Latinoamérica, pretende seguir expandiéndose en el continente, pese al amplio rechazo de organizaciones ambientalistas, académicos y comunidades originarias. Al decir del primer ministro de ese norteño país, Stephen Harper, “viendo hacia el futuro, vemos la industria minera canadiense creciendo en las Américas, algo que será beneficioso para la prosperidad mutua y será prioridad de nuestro gobierno”.

Pese a las denuncias y protestas contra esas empresas en la región, aseguró durante la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, que es una prioridad para su gobierno aumentar y fortalecer la participación de compañías mineras canadienses en el continente. “En el futuro próximo vemos una mayor inversión canadiense en recursos naturales en las Américas; esto es algo que será bueno para nuestra prosperidad y es una prioridad de nuestro gobierno… Hemos encontrado la manera de convertir los activos minerales en un cimiento sostenible para el desarrollo equitativo, y estamos dispuestos en cooperar como socios estratégicos con los países de las Américas”, afirmó Harper en la cita continental.

80 POR CIENTO DE MINERAS SON CANADIENSAS

Según diversas fuentes, más del 80 por ciento de las compañías inversoras en el sector de la minería metálica en este continente son de Canadá. Estas empresas, muchas transnacionales, se asentaron en los últimos 20 años, cuando gobiernos neoliberales de la región le dieron entrada libre a la inversión extranjera en medio de procesos privatizadores. El geólogo de la Universidad de Costa Rica y especialista en evaluación ambiental Allan Astorga considera que muchas de esas compañías salieron de su país en busca de recursos sin explotar, pero en particular a causa del endurecimiento de las normas que rigen la actividad minera en Canadá.

Después de dos décadas de explotación, la supuesta prosperidad económica que traerían las mineras canadienses a los países implicados y, en particular a las comunidades donde se fueron asentando, dista mucho de lo esperado, según denuncias, contaminación, destrucción de bosques, saqueo de minerales, pocas ganancias y más pobreza forman parte de la herencia que dejan estas compañías.

AMENAZA AMBIENTAL

El historiador y ecologista canadiense Daviken Studnicki-Gizbert, profesor de la Universidad McGill, en Montreal, asegura que “las crecientes actividades mineras de Canadá se han convertido en una amenaza ambiental en Latinoamérica. Existen más de mil 500 empresas mineras canadienses, que operan en todo el continente, a tal punto que la minería ha pasado a ser el enlace más importante entre Canadá y la región”.

Studnicki-Gizbert ha advertido acerca de los conflictos generados por la extracción de mineral a cielo abierto y el uso de territorios por las multinacionales, en particular, por los 1.246 proyectos mineros canadienses activos en Latinoamérica.Las explotadoras también mantienen un ritmo gradual ascendente. Los impactos socioeconómicos, sanitarios y ambientales de gran envergadura que provoca esta industria, a lo que se añade la salida de las riquezas, son las principales causas del rechazo popular..

McGill señala que hace 20 años había una docena de proyectos canadienses en Latinoamérica, pero en la década de 1990 la crisis de la deuda obligó a los países a reactivar la minería y hoy existen 1.246 proyectos canadienses activos en la región, los cuales parecían ser la esperanza para muchas comunidades. Por el contrario, además de ser altamente peligrosos, la mayoría de los puestos de trabajo creados son efímeros, pues duran mientras el mineral no se agote o dependen de los vaivenes del mercado.

Decenas de poblados en el continente, donde estuvo asentado alguno de esos proyectos, permanecen en la pobreza extrema y con potenciales riesgos para la salud de sus habitantes por los altos niveles de contaminación, debido al mal manejo de químicos utilizados en esta actividad.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina contabiliza al menos 162 conflictos mineros por explotación de oro en toda la región. En la última década, el precio del metal áureo pasó de 270 dólares a entre 1.600 y 1.800 dólares la onza. Para extraer cada gramo de oro se requieren dos o tres de mercurio, que es vertido a los ríos en los lavaderos. Y las comunidades conocen bien sus consecuencias. En este filón de riquezas, las personas más pobres son las más explotadas, en particular los niños, tanto laboral como sexualmente, de acuerdo con la organización no gubernamental Save The Children.

Odalys Troya Flores

Chile/ Gabriel Salazar, historiador: “No veo salvación para los políticos”

Más allá de la polémica con Camila Vallejo, inflada por los medios de derecha, el historiador Gabriel Salazar profundiza en la actual crisis de representación de los partidos políticos en Chile. La salida, a su juicio, está en las asambleas ciudadanas que se han armado a lo largo del país y reformar las organizaciones de trabajadores. Además cree importante reflexionar el tema del consumismo y el endeudamiento.

En 2011 los estudiantes secundarios y universitarios se tomaron por meses sus escuelas y sedes universitarias, hubo grandes manifestaciones y un amplio apoyo de los chilenos a la demanda de una educación no mercantilizada. Estamos en 2012 y el movimiento está lejos de ver cumplidas sus demandas: ¿en qué punto de la batalla nos encontramos?

- El movimiento estudiantil se encuentra en un momento de transición muy significativo. El año pasado fue fundamentalmente un movimiento de masas, de protestas, de exigencias y de expresión. Decían: ‘estos somos nosotros, estamos luchando por una educación superior’. Y esto impactó profundamente en el resto de la sociedad. Pero creo que fue un movimiento especialmente de petición, no de propuestas. Los estudiantes saben que no quieren una educación mercantilizada, pero ¿qué educación alternativa a esa quieren?, no está claro. Entonces en los últimos meses han trabajado en una propuesta. Sé que en educación tienen un proyecto afinado, que van a entregar pronto. Y han presentado ya un proyecto de reforma tributaria para producir los recursos que puedan financiar la reforma. Además, los estudiantes han buscado contacto con otros actores sociales para establecer alianzas de mayor conexión estratégica. Han mejorado su contacto con el movimiento de estudiantes secundarios, por ejemplo. Pero aún todo eso está en un proceso de maduración.

A propósito de está maduración: parece que Chile es un país diferente de lo que era hace tres o cuatro años atrás. Sólo en los últimos meses hemos visto movilizaciones importantes como las de las comunas mineras en contra del Fondenor o las grandes movilizaciones en Aysén. Y casi cada día diferentes grupos y organizaciones se toman la calle para decir: ¡esto ya no!, como por ejemplo en Freirina con las protestas en contra de la planta de Agrosuper. Pero, la pregunta importante es: ¿cuán profunda es la auto organización de la ciudadanía?

- Hay muchos movimientos que en este momento están puertas adentro pensando. Está reflexión atraviesa todo Chile, de Arica hasta Magallanes. Todo el mundo está reflexionando cuál es la situación actual, como cambiar, como reformar el sector que les toca y como buscar alianzas con otros sectores. A mí me ha tocado estar presente en siete u ocho congresos nacionales en solo un mes y medio en todo Chile. Por ejemplo: El pueblo Lafkenche tuvo un congreso nacional para discutir su situación, concluyendo que el camino no es más buscar una negociación con el Estado, sino una alianza con el pueblo chileno. Estuve también con una asamblea nacional de los ingenieros forestales en Valdivia. Ellos quieren cambiar toda la política respecto al bosque nativo, las plantaciones y la acción de las forestales, porque hay una destrucción terrible del bosque nativo. Estuve en el congreso nacional de la Federación Nacional de los Profesionales del sector de salud, que buscan caminos para desmercantilizar la salud. Estuve en la Mesa Social de la Asamblea de Aysén y con la gente del sindicato de cobre en Chuquicamata. Estamos viviendo en todo Chile procesos de articulación de actores sociales para revisar su situación, para intentar reformar su sector, para democratizarse a sí mismos.

¿Qué implicaría está auto-democratización?

- La gente está tratando que las asambleas manden y ya no las cúpulas. Todos ellos piensan, además, que es indispensable reformar en profundidad la Central Única de Trabajadores, que está muy organizada a la antigua, como una cúpula cerrada vinculado a los partidos, pero no a la base social de los trabajadores. O que hay reformar el Colegio de Profesores. Así que creo que es muy prometedor lo que viene.

Entonces piensa usted que es de verdad justificado hablar de una nueva situación histórica en la que se está cuestionando radicalmente el sistema político y económico de Chile?

- De eso no hay duda. Los actores sociales, los gremios, porque ya no se habla mucho de clase, están cuestionando ahora en profundidad el modelo. Porque antes, de alguna manera, no lo pensaban, lo aguantaban, lo soportaban y en el fondo también de alguna manera lo legitimaban, sobre todo a través del consumismo. Pero ahora hay una reflexión crítica muy profunda. Y la gente lo ve desde la perspectiva histórica, a largo plazo. Por eso también me invitan a mí.

LA POLÍTICA DEL CONSUMO

Sin embargo, el consumismo sigue muy vivo en Chile. Parece que el país está siempre de compras, cuando hay noches de ofertas especiales en los Malls se repletan. Costanera Center recibió en su segundo día de apertura 110.000 visitantes. Es más: se ha transformado la visibilidad de la pobreza en Chile, porque gracias al sistema de crédito incluso los sectores más pobres pueden participar en el círculo eterno del consumo.

- Lo que es cierto es que no ha habido una crítica sistemática y profunda del endeudamiento, casi no hay libros sobre este tema. Lo que hay son lugares comunes, todo el mundo habla del consumismo. Pero tenemos que profundizar este tema. Porque hoy el tema ya no es la pobreza, es el endeudamiento que de alguna manera tapa la pobreza. Lo dicen las cifras: los quintiles uno y dos, los más pobres, consumen a través de créditos hasta nueve veces más que sus ingresos, por eso no se sienten pobres. En Chile el sistema mercantil está sujetando en buena medida al modelo, porque a través del crédito se infla la demanda. Y, según El Mercurio, la demanda es el motor de crecimiento de este país. Para los empresarios es muy importante que funcione este sistema de crédito y de consumo. Se ve, por ejemplo, en el tema de la morosidad. Aunque la tasa de morosidad es altísima, el gobierno sacó un “perdonazo”, y ¿qué pasó? El Mercurio contó que al mes siguiente todos los morosos siguieron endeudados y que, incluso, se volvieron más morosos. Entonces por ahí hay que atacar. Pero, es complicado porque mucha gente se cree el cuento, el discurso de marketing de las casas comerciales. Aunque en el fondo estamos todos rayados con esto, todos neuróticos con el consumismo. Por eso son tan importantes los movimientos de provincia.

¿Por qué?

- Porque en Calama o en Magallanes, donde todos los grandes supermercados han hecho quebrar a los pequeños negocios, las asambleas regionales dicen: “todas las ganancias que tenga el Jumbo en tal parte, el 30 por ciento obligadamente tiene que invertirse acá en la región”. Eso está atacando todo al sistema mercantil en el corazón.

Pero, aparte de demandar mejores condiciones de vida, de luchar por una mejor distribución de los beneficios del crecimiento económico, o de radicalizar las demandas gremiales, ¿qué fuerza transformativa profunda ve el historiador Gabriel Salazar en estos movimientos?

- Hay que tener presente que los movimientos regionales, cualquiera sea su origen puntual, llevan inmediatamente al conflicto con el centralismo, que tiene subordinada las regiones, y que es la causa de su empobrecimiento. Volvamos a los supermercados y los Retail: todo Chile está cubierta de cadenas comerciales. Todas estas cadenas acumulan una fortuna y van destruyendo el comercio chico. Y todo esta fortuna viene a Santiago, no se reinvierte en las provincias. Las grandes empresas invierten sus ganancias multiplicando sus Malls, sus supermercados en Chile o en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México. O tiran el dinero al círculo mundial de fondos financieros. De esta manera, la demanda de las asambleas de que se invierta este dinero en sus regiones es una demanda muy radical. Lo mismo está detrás de las protestas contra el Fondenor en el norte: Las regiones demandan más dinero de las ganancias del cobre, y eso implica a fin de cuentas la demanda por renacionalizar el cobre, que se encuentra hoy día más del sesenta por ciento en manos extranjeras. Esta lucha en contra del centralismo mercantil y financiero de Santiago es entonces revolucionaria. Y esto se ha dado en Chile hasta ahora solamente una vez en al pasado, en la primera mitad del siglo XIX, cuando el centralismo aplastó también a las demás ciudades.

ALLLENDE Y EL PODER POPULAR

Volvemos ahora con algo que usted ha dicho antes: el que el movimiento tienda a la auto-democratización, hace que sea es mucho más radical en cuanto crítica al sistema económico-político, que aquellos movimientos de masas de los años 1960 o 1970, especialmente con la Unidad Popular y Salvador Allende. ¿Por qué?

- Por dos razones principalmente: En los años sesenta nos llenamos la boca con la palabra revolución, pero queríamos hacer la revolución respetando la Constitución del año 1925. Allende fue un gran admirador de esta Constitución. Pero, a fin de cuentas, era una Constitución liberal, esa Constitución la dictó casi de puño y letra Arturo Alessandri, no fue producto de una asamblea constituyente. Esa Constitución más bien fue la antítesis de lo que la sociedad civil y los sectores sociales habían planteado como una verdadera Constitución. Así que en el fondo no fue ninguna revolución. Y segundo, ya no vivimos en un tiempo, y eso lo tiene bien claro la gente, en el que simplemente aplicas la ideología de la revolución y te lanzas a la lucha sin tener claro el modelo alternativo y sin tener claro tampoco si la base social es la que soberanamente se va a imponer, o serán las cúpulas políticas. Ahora todo el mundo quiere ser actor soberano. Hacer las cosas desde la base, con mucha participación ciudadana. La gente se da cuenta que el poder tiene que ser ejercido de abajo hacia arriba y se están preparando para una Asamblea Constituyente. Porque la ciudadanía se ha dado cuenta que nunca ha construido el Estado. Siempre se lo han puesto encima militarmente. Entonces por ello pienso que hoy existe una crítica mucho más radical.

Entonces, para usted, ¿Allende no constituiría un punto de referencia adecuado para los movimientos políticos del presente?

- Allende es una figura que respeto mucho, fue honesto y consecuente, siempre tuvo una lealtad enorme con las luchas del pueblo. Pero su táctica y su política son inservibles. El quiso hacer la revolución desde un Estado liberal, respetando la ley. Admiraba la Constitución de Alessandri de 1925, una Constitución ilegítima. Carlos Altamirano me contó que Allende tenía una adoración por la figura de José Manuel Balmaceda, que admiraba a Diego Portales porque había impuesto el orden y el respeto a la ley. Pero Diego Portales era un dictador, un antidemocrático. Entonces, Allende es la encarnación de esta contradicción. Un político que respeta la ley, que confía en que las Fuerzas Armadas no van a dar un golpe de estado, y simultáneamente un político fiel con el pueblo que quiere hacer la revolución. Esto iba a explotar cualquier día. Y recordemos que en el tiempo de Allende surgió el poder popular, los comandos comunales. Allende los aceptó, pero no les gustaban, porque él quería hacer la revolución desde el Estado, desde Santiago, con los partidos. El poder popular quería en cambio otra cosa.

LA DERROTA DE PINOCHET FRENTE A LOS MOVIMIENTO SOCIALES

En la misma línea de su análisis, usted dice que hoy hay un movimiento propicio, desde la base, y que podemos ser optimista hacia el futuro porque Chile se vuelve a organizar, a auto convocar. Sin embargo, Chile tiene una Constitución heredada de la dictadura, una clase económica que se aferra en sus privilegios y que se vale de la institucionalidad para mantenerlos, además unas FF.AA. poco o nada democratizadas ¿Cuál sería entonces una estrategia para poder vencer en las demandas centrales?, porque en el momento de desafiar al sistema y a los privilegios, sabemos que siempre habrá represión.

- Sí, todas las veces en el pasado, cuando un movimiento popular o ciudadano intentó derribar el sistema que le impusieron y construir por sí mismo otro, hubo una represión violenta.NNo hay duda que el ejército chileno tiene un record mundial en materia de represión: 23 veces en la historia de Chile ha aplastado a su propia ciudadanía. Pero esta vez hay cosas distintas. Porque todas las veces anteriores, sobre todo con el gobierno de Pinochet, se destruyó el movimiento popular a través del ataque a las cúpulas de las organizaciones, que eran de tipo digamos leninista. A la CUT, al PC, al MIR, al Partido Socialista. Ahí Pinochet triunfó plenamente con la represión, el asesinato y la tortura. Pero Pinochet perdió, y eso no se comenta mucho, frente a las 22 movilizaciones populares masivas y nacionales entre los años 1983 y 1987. Frente a eso, la tortura de Pinochet no sirvió. Entonces tuvo que sacar a las tropas a la calle. Pero aún así perdió, ¿por qué?, porque con estas jornadas de protesta le demostramos al mundo que Chile era ingobernable bajo la condición dictatorial. Y si Chile era ingobernable, entonces el capital internacional no iba a invertir. Y si no invertía, Chile entraba en una crisis espantosa con Pinochet. La dictadura ahí ya no tenía salida internacional, salida económica. Y de hecho el capital extranjero no llegó durante Pinochet. Llegó cuando la Concertación se hizo cargo y aseguró gobernabilidad. En el 93, 94, 95, llegó masivamente y la Concertación se quedó feliz. ¿Cuáles son entonces las lecciones de lucha que se recuperan hoy?, que frente a la ciudadanía entera en rebelión el ejército no tiene mucho que hacer, ni el Estado tampoco. Lo prueba el hecho que ante la ciudadanía organizada y movilizada en Magallanes el gobierno tuvo que negociar. Y le devoraron la mano. Yo estuve allá y me contó un magallánico que ocuparon toda la ciudad con 50 o 60 barricadas. Y llegaron los carabineros, pero era gente que vivía ahí, entonces, no se atrevían a reprimir y pasaban por el lado de las barricadas y no hacían nada. Así el movimiento de Magallanes desacató a las autoridades, al intendente, al alcalde, al gobernador… y gobernaron ellos, por semanas. Y en Aysén fue lo mismo.

Si analizamos la relación de fuerzas que hay en este momento, vemos que el gobierno, cuando hay un conflicto, por ejemplo como en Freirina, se apura a resolverlo, o mejor dicho negociar para frenarlo o taparlo, antes de que se intensifiquen las protestas. Pero en demandas estructurales como en la educación no hay un cambio significativo, hay un tira y afloja entre gobierno y estudiantes. Entonces, ¿qué cambios significativos se han logrado con estas movilizaciones?

- Ha habido un cambio muy importante: en Chile, hoy en día, estamos llenos de asambleas. En este momento hay por lo menos siete Asambleas Ciudadanas Regionales, que no están en la Constitución. Pero el gobierno las reconoce y negocia con ellas. Además, hay centenares de asambleas ciudadanas comunales o de barrios. Hay entonces una especie de una institucionalidad popular alternativa, de reflexión y deliberación, de demanda y de propuesta crecientes. Yo diría incluso más: estamos ante la emergencia de un poder dual. A mi modo de ver, mirando históricamete, este proceso es mucho más profundo e interesante que lo que ocurría en los años sesenta y setenta del siglo pasado. Pero, al mismo tiempo, es menos definido, claro y rotundo que como en aquel tiempo. Claro, el lenguaje que usábamos en ese tiempo era siempre exagerado respecto de la realidad. Por eso, los cambios no se van a entender como el asalto al Palacio de Invierno o la toma de La Moneda por las masas. No, esto es un proceso más lento y todo el mundo está más o menos consciente de que el poder tiene que ser ejercido ahora de abajo hacia arriba. Esto es de por sí muy importante, “revolucionario”. Pero, todos estos procesos son lentos, no son cosa de este año, es cosa de unos cinco, seis, siete años probablemente hasta que veamos cambios significativos.

Y ¿qué pasaría si la Concertación, con o sin la señora Michelle Bachelet, gana las próximas elecciones? Porque no existe ninguna autocrítica de la Concertación que podamos tomar en serio, en relación a que fueron ellos quienes no sólo administraron el modelo neoliberal heredado de la dictadura, sino que lo profundizaron.

- Está claro que no. Ellos supieron que si Pinochet se va, el capital va a invertir en Chile, y que iban a gobernar. Se creyeron el cuento de que con el capital extranjero se podría cambiar todo. Pero no cambiaron nada del modelo en 20 años. La Concertación se pegó un viraje tan profundo, una apostasía tan profunda, que no tienen vuelta. La única posibilidad sería que si la señora Bachelet sale de nuevo elegida presidenta, se convierta en el puente político para que los movimientos sociales hagan lo que quieren hacer. Eso salvaría a la Bachelet y borraría del mapa una buena parte de los políticos de la Concertación. Pero dudo que la Bachelet tenga la fuerza de ser una estadista capaz de tomar una decisión así. No veo salvación para los políticos. Por más que hagan lo que hagan. Cuando se produce una crisis de representación tan profunda como en la actualidad, la única posibilidad es que el movimiento ciudadano sea capaz de seguir avanzando. Más que exigiendo, proponiendo, porque exigir es una forma de pedir. Pero, al proponer es cuando nos volvemos soberanos.

Eva Völpel y Álvaro Garreaud

Bolivia: notas periodisticas

LUTO Mientras el Gobierno dice José Mamani Mamani manipulaba una dinamita en estado de ebriedad, el informe del Defensor señala que recibió un impacto de bala.

Agencias / La Paz - 06/07/2012

Un campesino de Mallku Khota muerto, 13 personas heridas y un policía secuestrado es el resultado parcial de un enfrentamiento que se produjo el pasado jueves 5 de julio en la localidad de Huariplaza, norte de Potosí.

De los heridos cuatro pertenecen a los comunarios y nueve a las filas policiales. Sin embargo, existen dos versiones sobre la causa de muerte del comunario.

Según René Arroyo, defensor del Pueblo de Potosí, la muerte de José Mamani Mamani, de 45 años de edad, del ayllu Sullka, perdió la vida a causa de un disparo de bala en un enfrentamiento ocurrido entre las 15:00 y 16:00. Los comunarios no levantaron el cadáver hasta las 20:00 para que al menos un reportero de un medio de comunicación arribara a la zona y confirmara el fallecimiento.

Según Douglas Sahcum, director Nacional de Régimen Interior, la baja se debió a que Mamani habría manipulado una dinamita en estado de ebriedad y ésta le explotó en su humanidad.

Esto fue confirmado también por el ministro de Gobierno, Carlos Romero. En horas de la tarde del mismo jueves, Romero confirmó el ingreso a la zona en conflicto de al menos 400 efectivos para evitar una confrontación y con la finalidad de asegurar el diálogo que debió iniciar el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, quien se encuentra en la zona.

Leonardo Montaño, autoridad originaria, confirmó el deceso de Mamani y la existencia de cuatro campesinos heridos: Clemente Colque Flores, del municipio de San Pedro de Buenavista; Nelson Choque Condori; de Sacaca; Alfonso Llave Tarqui y Agustín Quinaya, ambos de Caripuyo.

“Es lamentable que los policías metieron bala a los comunarios”, dijo Montaño. Sahcum informó que los comunarios bloquearon todos los ingresos hacia esa zona minera, al cavar zanjas, poner troncos e incluso habrían minado el camino para evitar la incursión de policías y de la prensa.

También señaló que los comunarios se encuentran armados con fusiles máuser y dinamita.

Este efectivo policial se sumaría a los cinco empleados de la empresa minera canadiense South American Silver que están de rehenes: dos secuestrados el jueves 28 de junio y otros tres detenidos el martes por la noche.

El diputado David Cortez, de Alianza Social, denunció que también existe una joven de 17 años que habría sido secuestrada por los campesinos.

Los campesinos de Mallku Khota exigen que la empresa minera salga de la zona y no se le autorice la explotación de plata e indio. Piden que una comisión del Gobierno llegue a la zona junto a su dirigente campesino Cancio Rojas, que guarda detención en el penal de Cantumarca, Potosí.

Está recluido porque su familia no reunió los Bs 10.000 de fianza. Cancio está acusado del secuestro y tortura de dos efectivos policiales en la zona de Mallku Khota.

El ministro de Trabajo, David Santalla, y los comunarios de Mallku Khota habían iniciado la tarde del jueves un diálogo para negociar la liberación de los secuestrados, pero dicha reunión se suspendió cuando se conoció la noticia del enfrentamiento y de la baja.

"Estamos viajando para reunirnos con los dirigentes del Mallku Khota, primero para escuchar sus demandas concretas y sobre todo para buscar la pronta liberación de las personas que tienen como rehenes desde hace varios días", dijo Santalla a periodistas antes de emprender viaje.

Los comunarios también exigen la salida del país de la compañía canadiense, que tiene previsto invertir 50 millones de dólares hasta 2014 para concluir la fase de exploración de plata e indio, utilizado como semiconductor y en pantallas de cristal líquido, y hacerse cargo ellos mismos del proyecto.

La filial canadiense tiene desde 2007 la concesión de la mina, donde estima que existen entre 140 y 230 millones de onzas de plata y entre 935 y 1.480 toneladas de indio, según la agencia AFP.

La disputa por el control de la mina para explotarla provocó choques entre indígenas y mineros en los últimos meses.

Ante eventuales nuevos incidentes el gobierno anunció el desplazamiento al lugar de 360 policías "con la finalidad de evitar otro conflicto", según dijo Félix Gonzáles, gobernador de Potosí, en cuya jurisdicción se halla Mallku Khota.

Los indígenas no pueden vetar legalmente un proyecto

Expertos afirman que consulta previa es para lograr acuerdos

POLÉMICA Recuerdan que se deben buscar consensos, si no hay acuerdos, se deben tomar otras medidas.

Juan Carlos Véliz / La Paz - 06/07/2012

Ministerio de Gobierno

Expertos de Perú y Colombia expusieron la experiencia de consulta previa en sus países.

Autoridades gubernamentales de Colombia y Perú ratificaron ayer que una consulta previa es para concertar entre Estado e indígenas antes del inicio de un proyecto, pero si no hay consenso, el Gobierno puede seguir con el proyecto tomando previsiones ambientales, pues los indígenas no tienen capacidad de veto.

Las exposiciones fueron efectuadas ayer en la conferencia “Intercambio de experiencias en aplicación del derecho a la consulta a los pueblos indígenas Bolivia, Colombia y Perú”, que fue organizada por el Ministerio de Gobierno en el hotel Radisson.

El viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura de Perú, Iván Lanegra, relató que en ese país recientemente se dotó de una ley de consulta previa que ratifica que ese procedimiento se debe realizar “antes de que se adopte una medida que pueda afectar a un pueblo (indígena) y puede contribuir a que se hagan mejoras en el proyecto”.

El director general de consulta del Ministerio del Interior de Colombia, Rafael Torres, relató que en ese país no existe una ley de consulta, pero hasta ahora se realizaron más de 500 procesos de consulta previa a base de lo establecido en el convenio 169 de la OIT que demanda a los estados consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Torres puntualizó ayer que “la consulta previa no es entre antagónicos, sino se trata de llegar a una conversación entre partes”.

En el caso de Bolivia, el procedimiento que se pretende ejecutar en el TIPNIS sería la primera experiencia de consulta “previa”, aunque el Estado boliviano ya asumió medidas legislativas y administrativas, como el contrato de la empresa constructora y el financiamiento para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

En relación a la controversia por el TIPNIS, el director general de consulta del Ministerio del Interior de Colombia precisó que “la consulta no es pedir permiso”, porque un pueblo indígena puede oponerse a la realización de la consulta o rechazar la implementación del proyecto.

Ante esta situación el Estado debe realizar un estudio profundo de las consecuencias ambientales y tomar las medidas que correspondan porque las comunidades indígenas no tienen capacidad legal de vetar una iniciativa a excepción, en el caso de Colombia, de que tengan que ser reubicadas o porque en su territorio se prevea depositar desechos tóxicos, y cuando la medida ponga en grave riesgo los recursos naturales con los que subsisten o afecte su existencia.

El viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura de Perú explicó que no se debe confundir un proceso de consulta con un proceso plebiscitario, pues en la consulta se buscan alcanzar consensos y no establecer mayorías o minorías.

El representante de la oficina regional de la OIT, Manolo García, recordó que la realización de consultas previas es una obligación de los estados que refrendaron el convenio 169 de 1989 y que la finalidad de la consulta es el “consentimiento”.

Exhortó a los periodistas a realizar un seguimiento al proceso mismo de la realización de la consulta “previa”.

El ministro Romero culpa a los “infiltrados” de atacar a la Policía

El Gobierno reprime con gases y chorros de agua a indígenas

TIPNIS Los gases lacrimógenos afectaron sobre todo a niños que se encontraban en el campamento de la IX marcha indígena cerca del edifico de la Vicepresidencia.

Amancaya Finkel / La Paz - 06/07/2012

Wara Vargas / Página Siete

El carro lanza aguas hizo “rodar” las carpas y a los indígenas.

Indígenas de la IX marcha en defensa del TIPNIS fueron violentamente reprimidos ayer con gases lacrimógenos y potentes chorros de agua por la Policía, cuando una manifestación encabezada por el colectivo Mujeres Creando intentó ingresar a la plaza Murillo.

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se trató de un ataque a los efectivos de la Policía que cercan los ingresos al centro político del país desde hace nueve días o desde que llegó la IX marcha a La Paz.

También denunció la presencia de infiltrados que, a su juicio, buscan generar violencia y victimizar a los marchistas.

La contención dejó al menos diez personas, entre transeúntes, indígenas y niños, afectadas por los gases lacrimógenos. Según el reporte de la red ERBOL, un menor tuvo que ser internado en el hospital La Merced y otro fue atendido en una ambulancia que se encontraba en inmediaciones del edificio de la Alcaldía.

El Gobierno reportó que hay nueve policías heridos por piedras y palos que fueron lanzados contra los uniformados que cierran el ingreso a plaza Murillo en la esquina de la calle Ayacucho.

El vehículo lanza aguas de la Policía “volteó” las carpas instaladas entre las calles Ayacucho y Potosí y mojó completamente los colchones, frazadas, ropas, alimentos y a los indígenas.

El pánico se apoderó cuando tres proyectiles de gas lacrimógeno fueron lanzados a la calle Mercado, donde se encuentra el campamento de la IX marcha: los niños gritaban con desesperación al igual que las mujeres, algunas madres que se encontraban en las carpas salieron de ellas corriendo hasta con dos niños en los brazos mientras el gas blanquecino se expandía.

Los menores fueron rápidamente refugiados en el hall dela Alcaldía, donde personal edil intentaba calmarlos.

“¡Esto es Chaparina II!” gritó sofocada por el gas la dirigente indígena Nazareth Flores, mientras presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, llamaba a la calma a gritos.

“¡Calmémonos por favor!”, ante la reacción de sus compañeros que empuñaron las flechas y palos en señal de protesta por la violenta represión que trajo a la memoria los abusos infligidos por la Policía en Chaparina el 25 de septiembre de 2011. Un grupo de policías que estaba resguardando el Banco Central de Bolivia no escapó a la furia de los indígenas que les golpearon con palos hasta que lograron refugiarse.

Al final, la persuasión de Vargas tuvo efecto, un grupo de indígenas “armado” con flautas y tambores respondió a los gases lacrimógenos con música.

María Plácida, originaria de una comunidad del TIPNIS, relató con lágrimas en los ojos que los gases llegaron de sorpresa al campamento indígena. “Yo estaba aquí con mi hijo que tiene un año y está enfermo (...) nos tratan como a maleantes, pero estamos en nuestro justo derecho de defender nuestro territorio”.

“No es justo que nos hagan esto. Han echado agua a nuestros niños”, relató por su parte el corregidor de la comunidad de San Vicente del Río Sécure, Mario Montesios Ípamo, mientras la dirigente Miriam Pariamo contó acongojada que “estaba mirando y la Policía empezó a echar gas, me desmayé y me trajeron a la ambulancia. Siento que mi cabeza está explotando”.

Todo comenzó cuando un grupo de activistas de Mujeres Creando, que no pasaban de los 30, llegó hasta el cerco policial gritando consignas y portando fotos de la presidenta de la IX marcha, Bertha Bejarano, con quien el Gobierno no quiere dialogar porque cumplió una sentencia por narcotráfico.

(Posteado por Danilo Quijano en la Lista UBUNTU)

Chile: Lafkenche reclaman ante el INDH por transgresión al Convenio 169

• Directora del INDH afirmó que esta situación “podría perfectamente llevarse a una instancia internacional, constituyéndose en una condena para el Estado de Chile.”
  

Dirigentes lafkenche expusieron ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sus reparos al proceso que ha seguido la modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura, un reclamo que se centra en el incumplimiento del Convenio 169 (OIT), por parte del Gobierno y del Parlamento.

La intervención tuvo lugar este jueves durante la cuarta sesión de la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche, contando con la participación de la directora del INDH, Lorena Fríes; el arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí; el asesor especial para Asuntos Indígenas del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Matías Abogabir, y los dirigentes lafkenche Adolfo Millabur, Miguel Cheuqueman, Moisés Vilches, Manuel Tapia y José Galloso, entre otros.

“Con el Gobierno se agotó la instacia de diálogo”

Adolfo Millabur, presidente de la Identidad Territorial Lafkenche, organización que reúne dirigentes mapuche de la costa, desde Arauco a Puerto Aysén, explicó los hitos que han precedido a esta nueva enajenación del derecho a la pesca, manifestando al mismo tiempo las expectativas que hoy depositan en el INDH, como primera organismo que se ha accedido a profundizar en las causas de esta problemática.

“En la época que luchamos por la Ley Lafkenche le planteamos a las autoridades de turno que no sólo queríamos espacio de mar, sino también recursos pesqueros, pero se nos dijo que fuéramos pacientes, que esperaráramos hasta la discusión de la nueva Ley de Pesca, porque recién ahí sería el tiempo de hablar de los recursos pesqueros. Y así lo hicimos, aceptamos esas condiciones. Sin embargo, llegamos a la fecha, buscando todos los intentos de diálogo, con el intendente de la Araucanía, el subsecretario de Pesca actual y con el ministro Pablo Longueira. Es más, le planteamos esta situación a Patricio Melero, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, y a Guido Girardi, cuando era presidente del Senado. Y no hemos sido escuchados.”

El dirigente expresó su preocupación en vista que, al terminar esta semana la discusión de la ley en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, los Pueblo Originarios no han sido considerados, pasando por alto el Convenio 169, suscrito por el Estado de Chile. “El Gobierno y el Parlamento están incurriendo en una falta grave, porque además de ser consultados, se debe proteger y resguardar el acceso a los recursos naturales que se encuentren dentro de nuestros territorios. Esta vulneración está abonando conflictos entre el pueblo mapuche y toda la institucionalidad gubernamental. Y nadie, ni nosotros, deseamos cultivar futuros actos de reclamo y violencia.”

Con tales antecedentes, Millabur sostuvo que ya están agotados los espacios de diálogo con el Gobierno, razón por la que se acude al INDH, para que aplique las medidas necesarias de rectificación de un proceso legislativo ya viciado.

“En los próximos días vamos a recurrir al Parlamento para hacer presente este incumplimiento del Convenio 169, y a instar que aún se dispone de tiempo para corregir esta falta grave”.

“Se nos niega una oportunidad real de desarrollo económico”

El dirigente lafkenche por la comuna de San Juan de la Costa, Miguel Cheuqueman, señaló que “este asunto es muy grave y complejo, porque ni siquiera hemos sido recibidos en un espacio físico en que podamos explica las bases de nuestra propuesta y el por qué no estamos de acuerdo con estas modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura. Las indicaciones que propusimos están establecidas de manera que no sean rechazadas por anticonstitucionales. Pero, además nosotros estamos en desacuerdo con otras cosas, como el hecho que siete familias se queden con el 80% de la pesca, de manera indefinida. Eso no puede ser.”

En ese sentido, agregó que “pareciera que los pueblos indígenas sólo son importantes para el Gobierno para que les canten, les bailen o los acompañen en sus viajes al extranjero, pero a la hora de otorgar derechos, nos son escuchados, no son atendidos ni respetados. Y cuando nosotros legítimamente defendemos nuestros derechos, cuando decimos basta, somos perseguidos, golpeados, torturados y encarcelados por leyes especiales.”

Para Cheuqueman esta situación es comparabable con lo que ocurre con el acceso a la tierra, en que se cuenta con Títulos de Merced y, sin embargo, se imposibilita el uso prodctivo de esos espacios. “Al no ser escuchados y no resguardados nuestros derechos en la nueva Ley de Pesca, hoy se nos niega una oportunidad real y concreta para el desasarrollo económico de nuestro pueblo”.

“De no rectificar el Gobierno, se vienen tiempos difíciles”

Moisés Vilches, dirigente lafkenche por la comuna de Carahue, manifestó que el Gobierno está actuando de mala fe, especialmente el ministro de Economía, Pablo Longueira. “Él fue senador y aprobó la Ley de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (Ley Lafkenche). Él fue uno de los que dijo que ‘al mar hay que ponerle dueño’, cuando nosotros estábamos luchando por nuestros espacios. Y le pusimos dueño, pero ahora no nos quieren entregar el derecho a administrar y al uso productivo del mar. Con lo que está haciendo, el ministro Longueira va ser llamado a la pizarra, porque no es posible que desde el cargo actual nos esté obligando a heredar un conflicto a las generaciones que vienen”.

Añadió que la intención de las organizaciones lafkenche siempre ha sido evitar el conflicto, pero que las autoridades no han respondido a esa disposición de diálogo. “Cada vez que nos movilizamos por defender nuestros derechos se saca la Ley Antiterrorista, y cuando ocupamos instancias de diálogo, no dicen que no, que estamos fuera de tiempo, cuando no es así. Si este Gobierno no asume su responsabilidad y no rectifica, creo que se vienen tiempos difíciles. Y nosotros no queremos eso para nuestra gente.”

“No quiero heredar guerra a mis hijos”

Una serie de contradicciones de la legislación aún vigente, denunció Manuel Tapia, dirigente lafkenche por la comuna de Arauco. “Hoy día, a nosotros nos entregan un permiso de pesca, que señala textualmente que ‘no habilita para efectuar actividad pesquera’. Entonces, estamos inscritos en los registros de Sernapesca, hemos cumplido con los trámites que nos impone el Estado, pero cómo podemos ejercer nuestro oficio en esta condiciones”.

También se refirió a órdenes emandadas desde el Ministerio de Economía que estarían bloqueado la aplicación de la Ley Lafkenche en la zona. “Nosotros siempre hemos vivido de los recursos del mar. Hoy se nos limita, nos obligan a actuar como ‘piratas’, feo decirlo, pero vamos a llegar a eso. En la Conadi nos dicen que existe ocho solicitudes de Espacio Costero, pero que el ministro Longueira ha ordenado no dar más avance a estos temas. Esto se está complicando. Nosotros queríamos ver cómo cuidar el Golfo de Arauco con la Ley Lafkenche, pero estamos viendo que se nos niega el derecho al mar, a la pesca y a sacar recursos bentónicos, además se suma la contaminación industrial que cada día crece en el sector. Yo no le quiero heredar guerra a mi hijo, sino enseñarles a trabajar, que estudien, para que sean alguien en la vida. Si son pescadores, me sentiré orgulloso de eso, pero mientras exista esa oportunidad de trabajo”.

“El Estado no puede excusarse de sus obligaciones jurídicas”

Tras oír las exposiciones, la directora del INDH, Lorena Fríes, afirmó que “esto podría constituir una infracción al Convenio 169, siendo un caso que perfectamente podría llevarse a una instancia internacional, constituyéndose en una condena para el Estado de Chile.” En ese sentido, dijo que lo peor que le podría pasar a Chile es que los Pueblos Originarios desecharan el Convenio 169, porque eso significa la ruptura de cualquier posibilidad de diálogo.

“Hemos vivido mucho en la medida de lo posible, y quisiéramos no seguir viviendo en esa medida. El Estado no puede excusarse de sus obligaciones jurídicas en materia de derechos de los pueblos indígenas, sea por la falta de sensibilidad, falta de conocimiento o porque no alcanzan los tiempos.”

Enfatizó que, en materia de Derechos Humanos, todos los Estados tienen obligaciones, y esas se cumplen o se constituyen en una infracción y violación a los convenios internacionales.

En el contexto de la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche del INDH, comprometió junto a monseñor Fernando Chomalí, solicitar una reunión al Gobierno para informar su postura frente a la situación reclamada por los dirigentes lafkenche, así como se continuará con intervenciones en instancias del Congreso, a efectos de discutir los elementos que pueden incorporarse al proceso de consulta.

CONTACTO

Dirigentes

ADOLFO MILLABUR

Cel. 988 459 77

MIGUEL CHEUQUEMAN

Cel. 823 275 71

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Bolivia/ Mallku Khota: los millonarios intereses que defiende el gobierno

Zulema Alanes/Patricia Molina

Un muerto y cuatro heridos es el saldo de un violento enfrentamiento entre policías y comunarios que hacían una vigilia cerca a la comunidad Mallku Khota, en el sector denominado Jant´apalqa, Norte Potosí, según el reporte de la radio Pio XII de la Red Erbol.

La concesión - sin consulta previa - de una de las más grandes reservas mundiales de plata, indio y galio a la canadiense South American Silver, ha movilizado hacia la sede de gobierno a cientos de comunarios del Norte de Potosí que reclaman derechos sobre los recursos naturales que se encuentran en su territorio ancestral.

La Marcha de Mallku Khota, simboliza el rechazo a la implementación de políticas públicas y a la toma de decisiones inconsultas, de parte del gobierno de Evo Morales, sobre proyectos que afectan de manera directa territorios comunitarios de origen (TCO).

El vuelo de los cóndores

El cerro Mallku Khota - palabra aymara que significa Lago del Cóndor - está ubicado al norte de Potosí, entre los municipios de Sacaca y San Pedro de Buena Vista. Está rodeado de cinco lagunas de agua dulce, la más grande de la cuales lleva el mismo nombre y en sus orillas alberga a la comunidad Mallku Khota que, junto a otras comunidades, es parte del Ayllu Sullk’a Jilaticani, titulada como Tierra Comunitaria de Origen (TCO).

Las cinco lagunas constituyen fuentes de agua estratégicas. Alimentan las vertientes que dotan de agua a todo el norte de Potosí para el consumo humano, de los animales y para los sembradíos. Están conectadas al sistema hidrológico de la región y son fuente de origen y reserva acuífera de seis micro cuencas que se extienden hacia abajo de la serranía y son fundamentales para la producción agrícola y piscícola.

Además de su importancia como fuente de agua para todo el norte de Potosí, el Mallku Khota, es uno de los yacimientos más grandes de plata, indio y galio conocidos en el hemisferio occidental, asimismo, cuenta con importantes reservas de oro.

Los comunarios se han pronunciado en reiteradas oportunidades contra la instalación del proyecto minero Mallku Khota concesionado a la empresa canadiense South American Silver y han exigido el cumplimiento del acuerdo firmado con el Ministerio de Minería que garantiza la conclusión de la fase de exploración de las reservas minerales de esa región.

El conflicto se profundizó en la gestión 2009, y desde entonces los ayllus no cesaron en demandar la expulsión de la empresa.

A pesar de las protestas continuaron los trabajos de exploración, y los primeros días de mayo de 2012 el conflicto hizo crisis tras el anuncio de la empresa de que iniciará la explotación de los yacimientos a cielo abierto y que, por tanto, la comunidad debe abandonar el lugar donde está asentada y reubicarse en otros predios.

Los primeros días de mayo, las protestas se tornaron contundentes y, en respuesta, se ordenó la intervención policial de Mallku Khota.

Un comunicado de la CONAMAQ, denuncia que “el sábado 5 de mayo a horas 4:00 a.m., la Policía con alrededor de 50 efectivos y pertrechados de gases lacrimógenos y armamento ha intervenido la comunidad Mallku Khota, defendiendo los intereses de la transnacional Canadiense South American Silver. Nuevamente la policía y el Estado se ponen al servicio de las transnacionales mineras y reprimen a los pueblos indígenas originarios”.

En esas mismas fechas, específicamente el 7 de mayo, mientras las comunidades se enfrentaban por la presencia de la minera canadiense, la South American Silver firmaba un contrato millonario para garantizar la explotación de este yacimiento.

Según el CONAMAQ, la intervención policial tenía como objetivo el arresto de las autoridades originarias que “asumen la defensa del agua de la comunidad contra las intenciones de la transnacional canadiense, que quiere iniciar una operación minera a cielo abierto con el riesgo de hacer desaparecer las cuatro lagunas que existen en el área y que alimentan a seis subcuencas y a más de 47 comunidades”. Añade que “los intentos de la policía de secuestrar a las autoridades originarias, han sido frustrados por la férrea defensa de la comunidad, quienes rescataron a sus autoridades de manos del contingente policial haciéndoles retroceder y abandonar la zona, dejando rezagado a un agente policial el cual ahora está en custodia de la comunidad”.

Como resultado de estas acciones se ha perseguido, intimidado y criminalizado al Kuraca Mayor de la marca Sacaca, Tata Cancio Rojas, acusado de secuestro e intento de homicidio contra dos uniformados de la policía boliviana.

La detención de Rojas, obligó a una reacción de emergencia de las comunidades que resolvieron marchar hacia la sede de gobierno, culminando su larga travesía desde el norte de Potosí hasta la ciudad de La Paz, el 7 de junio de 2012.

Inversiones de bajo riesgo para un negocio redondo

South American Silver Corp. es una empresa minera de exploración, de poca experiencia, con sede en Vancouver (Canadá), registrada en la bolsa canadiense bajo el código TSX: SAC. El cálculo aproximado del valor accionario de esta compañía, hasta finales del 2010, alcanzaba a algo más de 80 millones de dólares americanos.

El 7 de mayo de este año, la South American Silver anunció que acababa de firmar un contrato de financiamiento por 16 millones de dólares con varios grupos de inversionistas en alta tecnología, con base en Asia, destinado al desarrollo del proyecto Mallku Khota, uno de los mayores yacimientos de plata, indio y galio conocidos. La canadiense, aseguró que el yacimiento podría proveer el 10% o más del suministro mundial de indio y galio.

En su página web, la South American Silver Corp. se describe como compañía en crecimiento, basada en la exploración minera, que se encuentra desarrollando uno de los mayores depósitos no explotados de plata, galio y especialmente indio del mundo, el proyecto Mallku Khota, cuyas reservas calificadas alcanzan a 230 millones de onzas de plata y 1481 toneladas de indio, y un recurso inferido de 140 millones de onzas de plata y 935 toneladas de indio.

Puntualiza que “La propuesta de negocio combina el conocimiento y experiencia de excelencia del equipo e integra un enfoque en fuertes relaciones comunitarias y responsabilidad social corporativa… con 20 años de experiencia en Bolivia. La compañía tiene transacciones financieras en la Bolsa de Valores del Toronto Stock Exchange y en el mercado de los Estados Unidos”.

Describe a Mallku Khota como un proyecto íntegramente privado, cuya “vida útil prevista es de 15 años”.

En su estudio económico y en base a diferentes escenarios de precios de los metales, la compañía canadiense estima que la amortización del proyecto, o en otros términos el tiempo que necesita la operación para recuperar todo el capital invertido -es decir recuperar los gastos de exploración, construcción de infraestructura, explotación, mano de obra, pago de regalías etc.-, está garantizada en solamente 15 meses. Es decir, que requiera sólo un año y tres meses de operación para recuperar toda su inversión y, de ahí en adelante, ¡los casi 14 años restantes serían de plena ganancia para la empresa!. Ese escenario óptimo fue calculado con precios que actualmente están por debajo de los precios internacionales de los metales.

El trabajo metalúrgico está en marcha para definir la forma y utilización de solventes para separar el mineral a sacar por arrastre. Se realizan tests para determinar las respuestas de recuperación del mineral a varios grados y tamaños del material.

La empresa ha previsto que la explotación de Mallku Khota, se realizará a cielo abierto, con un proceso de lixiviación con ácido clorhidrico. En su Estudio de Evaluación Económica Preliminar, la South American Silver, explica que prevé abrir cuatro open pits (minas a cielo abierto) ó tajos. Los mapas de ubicación de dichos open pits que se incluyen en el informe, ubican a uno de ellos, de forma superpuesta a una de las lagunas ubicada más al norte, en tanto que otro se localiza muy próxima a la otra laguna del lado sur, lo que hace suponer que estas dos lagunas deben ser drenadas, es decir desaparecer para poder realizar el proyecto. En las orillas de una de las lagunas, se asientan los comunarios de Mallku Khota.

El ministro de Minería, Mario Virreira, restó importancia a los reclamos de los comunarios, confirmó que la empresa canadiense tiene 219 concesiones mineras y, en ese marco, realiza trabajos completamente legales de exploración de los yacimientos de plata, indio, galio y oro, y aseguró que aun no se ha definido la forma de explotación.

El vicepresidente Álvaro García Linera, ratificó la legalidad de las concesiones de la South American Silver Corp. y acusó a los comunarios que protagonizan la marcha de explotar ilegalmente oro, contaminando las lagunas de Mallku Khota. Aseguró que de los cuatro ayllus que viven en la zona, formados por unas 60 comunidades, todos exceptos dos respaldan la presencia de transnacional canadiense. La estrategia para eludir la consulta previa

La South American Silver obtuvo la concesión el 2006, bajo la administración del presidente Evo Morales, sin que la comunidad Mallku Khota ni el Ayllu Sullk’a Jilaticani fueran consultadas.

Por lo visto, no se trató de una omisión involuntaria sino de una determinación premeditada, pues ante la falta de consulta previa, según revela la empresa en su página www.soamsilver.com, se diseñó una estrategia orientada a asegurar el aval de la comunidad a sus planes de exploración y explotación de las reservas mineras, basada en los exitosos modelos implementados por Suminoto en la mina San Cristóbal y, por Newmont en las minas Inti Raymi, centrados en un “enfoque fuerte en las relaciones con las comunidades para facilitar proactivamente acuerdos de beneficio mutuo”.

Dicha estrategia, contemplaba la negociación con los Ayllus, dueños del territorio, de acuerdos para mitigar los impactos y otorgar algunos beneficios que incluían la dotación de becas, contribuciones a las escuelas locales, apoyo a iniciativas de salud de las comunidades, involucramiento de la comunidad en el monitoreo ambiental, entrenamiento a las comunidades locales para el trabajo de exploración, promoción de actividades tradicionales y culturales, proyectos de sanidad animal y programas de vacunación y tratamiento veterinario de animales domésticos para mejorar la economía de la región que se basa en una agricultura de subsistencia y, asimismo, trabajar con las comunidades indígenas algunos proyectos para facilitar el desarrollo económico y comercial de la región.

Lo que la referida estrategia no tomó en cuenta, es que Mallku Khota, junto con otras comunidades, forma parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Ayllu Sullk’a Jilaticani y, por tanto, cuando se trata de una propiedad colectiva no es posible ninguna estrategia que no sea la aplicación y cumplimiento de la normativa vigente respecto al ejercicio de los derechos territoriales e indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política del Estado.

Indio y galio, dos metales estratégicos

El óxido de indio es un componente clave para la producción de pantallas LCD y pantallas touch. Está probada la alta eficiencia de CIGS (cobre, indio, galio, selenio) en delgados paneles fotovoltaicos, paneles solares e iluminación LED, fibra óptica, semiconductores especializados y transparentes.

El crecimiento del uso global de indio es acelerado y puede sobrepasar la oferta existente del producto de refinería de zinc a un rango de precios actual. Es uno de los más estratégicos y escasos metales debido a la baja tasa de reciclaje y pocos productores primarios

China es el mayor consumidor de indio y ha impuesto cuotas de exportación y tarifas, como en otros metales claves de alta tecnología especialmente metales raros. El crecimiento del mercado del indio se estima en 15-20% anual.

El precio actual del indio y galio es de $600-700/kg, habiendo experimentado un importante incremento con relación a los precios globales que regían entre el 2008-2009 y que, en promedio eran de $400-500/kg.

El crecimiento del galio está estimado conservadoramente en un rango de 15% anual que puede ser incrementado significativamente con un mayo crecimiento de iluminación LED y fotovoltaicos.

Mallku Khota se proyecta como uno de los mayores productores de indio y galio del mundo, 80 toneladas y 15 toneladas por año, respectivamente. Este potencial representa 10% o más de la oferta global minera de indio y cerca del 5% de la oferta global de galio.

Los impactos ambientales del proyeto Mallkhu Khota

El propio informe de la South American Silver Corp. reconoce que el proyecto se ubica en una cabecera de cuenca, de donde se originan seis pequeñas subcuencas. Estas lagunas, son esenciales para la producción agrícola de las poblaciones aguas abajo. Su desaparición implicaría cambios y efectos no previstos en el sistema ecológico e hídrico y, desde luego, consecuencias en las condiciones de producción agropecuaria de las comunidades.

Otro de los impactos, está asociado a la generación de residuos. Según el informe de la canadiense, en la operación se prevé generar un promedio de 25 millones de toneladas de residuos por año, lo cual lleva a suponer que luego de 15 años este proyecto dejará en la zona cerca de 375 millones de desechos, que junto a sus instalaciones requerirán la ocupación de grandes extensiones de suelos de donde deberán ser desplazadas las poblaciones que hoy la ocupan.

Por otra parte, todos los compuestos del indio deben ser considerados como altamente tóxicos, pues provocan daños en el corazón, riñones e hígado y pueden ser teratógenos (producen anomalías congénitas). Los datos disponibles acerca de los efectos de esta sustancia en la salud humana son insuficientes, no han sido aún investigados, por lo que se deben tomar extremas precauciones, según Water Treatments Solutions Lenntech.

Aunque las autoridades, son conscientes de los enormes impactos que acarrean los megaproyectos, los justifican por los beneficios económicos que reportan. Siguiendo los cálculos de la misma empresa, según los escenarios previstos y tomando en cuenta que actualmente la alícuota máxima en el caso de la plata es de un 6% del total de las ventas, que parece no variará bajo las condiciones de una nueva legislación minera, el país en el mejor de los casos se beneficiaría con un máximo de 25 millones de dólares al año por regalías, en tanto que la compañía canadiense se llevaría los restantes 424 millones de dólares, que como la misma empresa estima a partir del año y tres meses de operación serán de ganancia líquida pues los costos de inversión estarían amortizados. Esto sin tomar en cuenta las mega ganancias derivadas de la explotación de indio y galio. (Reeditor.com. La Minería y la Pachamama, 24/05/12)

La posición oficial del gobierno, expresada al momento de presentar este nuevo proyecto es de un respaldo abierto a la presencia y planes de la compañía canadiense, no otra cosa es la acelerada detención del Curaca Cancio Rojas, pasando por las normas legales y negándole de facto el derecho a la defensa. Intentando de esta manera callar la voz de un defensor de la madre tierra y la voz de las comunidades indígenas de la región que han expresado su rechazo a la actividad minera y han denunciado la violación del Convenio 169 y la Constitución Política del Estado Plurinacional en lo referente a la Consulta Previa Libre y debidamente informada.

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Manifiesto de la IX Marcha Indígena al pueblo de La Paz y a Bolivia toda

Los pueblos indígenas y naciones originarias presentes en la IX Marcha Indígena Originaria exigimos por última vez al señor Presidente iniciar un diálogo abierto de cara al pueblo, yle damos 24 horas de plazo para que debatamos los nueve puntos de nuestra Plataforma de Demandas. Convocamos a la población urbana rural de todo el territorio nacional a sumarse a nuestras justas demandas y la constante lucha por defender la vida, la dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, las áreas protegidas, el cumplimiento de la CPE y respeto de la democracia.

Manifiesto de la IX Marcha Indígena al pueblo de La Paz y a Bolivia toda

Después de 63 días de iniciada nuestra sacrificada caminata, con nuestros hijos e hijas a cuestas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, después de haber atravesado montes, ríos, pampas, cerros y laderas, habiendo sufrido amenazas, insultos, discriminación, calumnias e injurias de sus escasos adherentes, así como también respaldo, adhesiones, aplausos y mucha solidaridad, los pueblos indígenas de tierras bajas y naciones originarias de tierras altas, arribamos a la ciudad de La Paz. Con mucho coraje y firmes en la defensa de nuestros derechos, al pueblo paceño y Bolivia toda, expresamos lo siguiente:

1. Agradecemos infinitamente al pueblo paceño por la solidaridad y el apoyo expresado en un contundente recibimiento y resguardo de la columna de la IX Marcha Indígena Originaria, que a pesar de las amenazas, amedrentamiento y la violencia generada por grupos intolerantes progubernamentales, han demostrado valientemente una vez más su compromiso inquebrantable con la vigencia del estado de derecho, el cumplimiento de la Constitución Política del estado, la defensa de nuestros derechos, el medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales.

2. Pocas veces en la historia de nuestro país un sector social como el nuestro ha sido humillado e injustamente tratado por un gobierno, como éste; tendríamos que remontarnos a las épocas de la colonia, la explotación del caucho o del apogeo de la hacienda tradicional pre-1952, para encontrar tal grado de discriminación y racismo descargado en contra nuestra. Ahora esto se manifiesta en exclusión e intolerancia cuando reclamamos el cumplimiento y defensa de nuestros derechos individuales y colectivos.

3. Si el año pasado fuimos reprimidos salvajemente un 25 de septiembre, este año, antes y durante su caminata la IX Marcha fue objeto de una estrategia gubernamental, dirigida a evitar el cumplimiento de las conquistas de la VIII Marcha del año 2011, ahogar la IX Marcha y propinar a los pueblos indígenas una derrota política. La mencionada estrategia contempló: a) La intromisión del gobierno en las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas y originarios para dividirnos, valiéndose del chantaje, soborno, el amedrentamiento y la criminalización de los dirigentes y las organizaciones indígenas representativas. b) Hostigamiento sistemático por grupos organizados del gobierno, quienes, en San Ignacio de Mojos por ejemplo, comandados por el Viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, nos humillaron y discriminaron negándonos el derecho de transitar por nuestra propia casa. c) Prebenda y soborno a dirigentes y comunarios de comunidades indígenas del TIPNIS, buscando doblegar su voluntad para que acepten la construcción de la carretera San Ignacio – Villa Tunari y desconozcan a sus estructuras orgánicas representativas. d) Campaña millonaria por medios masivos de comunicación orientada a la desinformación sobre la consulta ilegal y calumnias a líderes de la IX Marcha Indígenas Originaria. e) Finalmente, la acción política bajo título de sentencia constitucional del 18 de junio, ilegalmente nos impone consensuar de forma obligatoria el protocolo de esta consulta con terceros ajenos a nuestro territorio.

4. Deploramos la insensibilidad de este gobierno ente el luto de nuestra Marcha, el pasado martes 19 de junio sufrimos el trágico fallecimiento de nuestra hermana Silvia Otilia Cunay y nuestro hermano Alejandro Cayuba, así como la muerte del compañero Justo Illanes paramédico de la Alcaldía de La Paz quien solidariamente nos apoyaba. Insensibilidad recientemente reiterada ante la muerte de nuestra pequeña Karen Yessenia Fabricano Gutiérrez, muerte a la que el Estado le debe la continuidad de la democracia, porque los hermanos marchistas decidieron quedarse en la intemperie de Urujara con sus niños y niñas a fin de no mezclarse con el motín policial en absoluta convicción y apego a estos valores y poniendo en riesgo su integridad física. Este sacrificio, esta muestra de apego a la democracia y esta convicción pacifista, no tiene ningún valor para el gobierno, porque en lugar de promover, defender u garantizar los derechos ni siquiera nos ha permitido ingresar a la Plaza Murillo bajo fundamentos racistas esgrimidos por el Viceministro Jorge Pérez al más claro estilo colonial y patronal.

5. Manifestar que antes y durante la actual marcha se ha invitado al gobierno a entablar un diálogo en el marco de la sinceridad y el respeto. Como respuesta recibimos insultos, menosprecio, calumnias y provocaciones de los ministros Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz y el Vicepresidente del Estado Plurinacional Alvaro Marcelo García Linera. El no atender nuestros planteamiento ni solicitudes se debe a que no acepta lo que en el fondo expresa nuestra movilización y en concreto nuestra plataforma de demandas: una clara interpelación a su política desarrollista que contradice el paradigma del “vivir bien” y respeto de la Madre Tierra establecido en la CPE y las leyes. En este paradigma el “desarrollo” no se logra destruyendo el medio ambiente, ni provocando la desaparición de pueblos, violando los derechos humanos, o imponiendo proyectos que responden a exigencias de potencias extranjeras, empresas transnacionales o sectores capitalistas informales.

6. Manifestar que nuestra plataforma recoge las demandas de los pueblos indígenas de las tierras bajas y naciones originarias de tierras altas expresadas en nueve puntos. Como primer punto demandamos la abrogación de la Ley 222 promulgada por el Presidente el 10 de febrero de este año, que definió arbitrariamente que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos atraviese el TIPNIS, contraviniendo su propia decisión del 24 de octubre de 2011, establecida en la Ley 180 de protección del TIPNIS que dispone que la carretera mencionada, ni ninguna otra, pasaría por nuestro territorio, en concordancia con la CPE y las leyes vigentes. La Ley 180 fue la principal conquista de la histórica VIII Marcha Indígena, la cual expresó la voluntad de los habitantes del territorio tantas veces exigida por sus comunidades y nunca escuchada por el Estado.

7. Denunciamos el sistemático ensañamiento contra los principales líderes de nuestra movilización dirigido a evitar su presencia en la mesa del diálogo e imponer dirigentes de bolsillo afines al MAS, pretendiendo negociar consigo mismo. En este sentido, la IX Marcha antes de referirse a los actos de contrabando de camiones en zonas fronterizas o de actos terroristas en el pasado de algunas autoridades gubernamentales en ejercicio, plantea un diálogo incondicional y abierto con los únicos y definitivos titulares del territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), según reza el título ejecutorial de propiedad colectiva No. TCO-NAL 00029/09, firmado y entregado por el presidente Evo Morales, es decir, la Subcentral TIPNIS además de los delegados y dirigentes designados por la IX Marcha en coherencia con las distintas demandas planteadas en nuestra plataforma.

8. No es posible que el gobierno intente imponernos en la mesa del diálogo y en todo el proceso que definirá el destino de nuestro territorio a terceros que nada tienen que ver con nuestro territorio y que han renunciado a ser parte de la TCO-TIPNIS, como las 11 comunidades del CONISUR misma que está afiliada a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Federación Única de Trabajadores del Trópico de Cochabamba. Comunidades que persiguen intereses liberales de propiedad individual y relación mercantil que sólo buscan el enriquecimiento a costillas de los recursos naturales que son de todos los bolivianos y bolivianas en absoluta contraposición a la visión de los pueblos indígenas.

9. Convocamos a la población urbana rural de todo el territorio nacional y a las organizaciones gremiales, juntas vecinales, estudiantes, obreros y demás sectores sociales, a sumarse a nuestras justas demandas y la constante lucha por defender la vida, la dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, las áreas protegidas, el cumplimiento de la CPE y respeto de la democracia.

Manifiesto de la IX Marcha Indígena al Señor Presidente

Señor Presidente, a pesar de la pérdida de vidas humanas de nuestros hermanos marchistas, a pesar del ataque mediático de desacreditación y mentiras, a pesar del chantaje y soborno para devolver a nuestras delegaciones a sus regiones, a pesar del clima hostil que estamos sufriendo en las calles de la vigilia, a pesar de la suplantación de líderes y organizaciones en un diálogo falso, a pesar del amedrentamiento con amenazas de juicios a pesar de toda esa agresividad institucionalizada, hemos esperado pacientemente. En consecuencia, pese a nuestra convicción pacifista, usted señor Presidente no se sensibiliza, y no abre las puertas a un diálogo fraterno y sincero con la columna de la IX Marcha Indígena Originaria tal como nosotros se lo venimos exigiendo desde antes del inicio de nuestra movilización.

Sin embargo, al contrario de lo que nosotros y todo el pueblo boliviano esperábamos, usted señor Presidente ha dejado que sus ministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, al clásico estilo de los peores gobiernos neoliberales y dictatoriales, trate a esta digna marcha de hombres, mujeres, niños y ancianos, gente humilde y sencilla con tanta discriminación, violencia racismo y humillación.

Hoy las acciones de su gobierno rebalsaron las aguas, fuimos brutalmente gasificados en varias esquinas de nuestra vigilia, tan solo por el hecho de marchar por la calles defendiendo a nuestra presidenta de marcha y a nuestras autoridades que nos dirigen. De esta gasificación y mojazón varios de nuestros campings fueron destruidos, mujeres, hombres y niños se desmayaron, y es usted señor Presidente el culpable de lo que pueda ocurrir con estos hermanos y hermanas heridos.

Ante la humillación que hemos sufrido y que por más de tres horas continúas nos gasificaron con granadas de gas y replegaron con chorros de agua a presión, convocamos una vez más que sea el pueblo paceño, el pueblo boliviano en su conjunto, que juzgue y con su apoyo continuar nuestra lucha en las calles, ya que no permitiremos la realización de una consulta fraudulenta y pagada para hacer la carretera como usted quiere.

Con la fuerza de la madre tierra, los espíritus del bosque y la sabiduría de nuestros ancestros, los pueblos indígenas y naciones originarias presentes en la IX Marcha Indígena Originaria exigimos por última vez al señor presidente, iniciar un diálogo abierto de cara al pueblo en el que debatamos los nueve puntos de nuestra Plataforma de Demandas, PARA ESO DAMOS 24 HORAS DE PLAZO PARA ANTENDERNOS, caso contrario tomaremos las acciones que veamos más efectivas para defender nuestros derechos.

Por la Defensa de la Vida y Dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el Medio Ambiente, las Áreas Protegidas, el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y respeto de la Democracia.

Ciudad de La Paz, 5 de Julio de 2012.

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