Perú: A dos años del “Baguazo”, un balance necesario

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Por Otra Mirada

7 de junio, 2011.- El domingo pasado, día de la segunda vuelta, también se conmemoró un año más de los sangrientos sucesos ocurridos en la ciudad de Bagua el 5 de junio de 2009. Esta fecha no debiera pasar desapercibida ahora que está por iniciarse un nuevo gobierno, el cual se ha comprometido a respetar los derechos de los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT.

¿Cuáles son los puntos de agenda pendientes para lograr la reconciliación entre los pueblos indígenas y el Estado Peruano?

En primer lugar, es necesario conocer de forma oficial por qué y cómo se desencadenó el llamado “Baguazo”. Actualmente, se tiene varios informes que explican estos hechos: el informe final de la Comisión investigadora de los sucesos ocurridos en Bagua, que no cuenta con el respaldo de la mayoría de sus miembros; el informe en minoría suscrito por el líder indígena Jesús Manacés y la religiosa Carmen Gómez; y el informe en minoría de la comisión que encabezó el congresista Guido Lombardi. Que no exista un consenso sobre lo ocurrido en el “Baguazo” es realmente preocupante.

En segundo lugar, es necesario que el Congreso apruebe, de una vez, la Ley de consulta previa de los pueblos indígenas. Hace casi un año el Poder Ejecutivo observó esta norma, pero su debate sigue durmiendo el sueño de los justos. Peor aún, a falta de esta ley, se siguen promulgando decretos sectoriales que desvirtúan la finalidad de la consulta previa e impiden una adecuada resolución de los conflictos sociales.

En tercer lugar, se necesita conocer a los responsables políticos del “Baguazo”. En marzo, el Tribunal Supremo Militar Policial dictó sentencia contra los oficiales procesados por los hechos de sangre del 5 de junio de 2009 en Bagua. Así, se condenaron al General PNP (r) Luis Muguruza Delgado y al General PNP (r) Javier Uribe, por el delito de omisión de cumplimiento de deber en función operativa. En este caso, la pita se rompió por el lado más débil, los ejecutores del operativo, pero, ¿quiénes dieron las órdenes? ¿Acaso estos generales se mandaron solos?

¿Qué fue del movimiento indígena que cobró vida durante las protestas amazónicas del 2008 y 2009?

El movimiento indígena amazónico se debilitó, entre otros aspectos, porque un sector de la derecha insistió en desvirtuar su agenda, porque los medios de prensa tacharon a los líderes indígenas como violentistas, por la falta de unidad de este movimiento y la ausencia de una alianza con otros movimientos sociales en el país.

En ese sentido, si bien la elección del congresista indígena Eduardo Nayap Kinin por Gana Perú es un signo de avance en cuanto a representación política, no es suficiente para que los pueblos indígenas de la Amazonía logren legitimar sus demandas ante la sociedad peruana. Esta es una tarea pendiente que los pueblos amazónicos tendrán que afrontar a través de sus propios liderazgos y con el apoyo del Estado.

"Me han agredido en mi derecho a sentirme mujer"

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Todas las formas de discriminación, prejuicios homofobia y transfobia deben de ser divulgadas y rechazadas", explica Paloma Casandra de Nascimento, la mujer brasileña que el pasado 19 de abril sufrió una agresión verbal en Zaramaga por el mero hecho de ser transexual.

"Estaba en una tienda. Nada más llegar, una señora empezó a insultarme. Comenzó a gritarme, me dijo que era un travesti y que tenía tetas pero que no era una mujer", recuerda. Asegura que la lista de increpaciones fue tan extensa como dura. "Eres un maricón de fuera, tienes un rabo entre las piernas, puta... Me llamó cosas que no tengo el coraje de repetir. Me sentí hundida", repasa.

De acuerdo con el relato de Casandra, las personas que se encontraban en ese momento en la tienda se mostraron extremadamente incómodas por el comportamiento de esta mujer y se solidarizaron con ella. Tanto que la agresora acabó por abandonar el establecimiento. Por un momento, creyó que todo había acabado. Pero al salir fuera del local, la pesadilla continuó.

"Cuando salí, ella me esperaba acompañada de un grupo de personas, como una pandillera de barrio. Continuó con las agresiones verbales delante de todas las personas que pasaban por allí. Me dijo ¿qué te pasó, maricón?, ¿cuando me has visto te quedaste empalmado?", prosigue. "En la mente de estas personas, los transexuales seguimos siendo unos maricones. Para estas personas somos hombres, no respetan nuestro derecho a expresar nuestra orientación sexual. No aceptan que nos sintamos mujeres", lamenta.

"Independientemente de que nos hayamos hecho o no la cirugía de cambio de sexo -ahonda-, somos mujeres para la sociedad y queremos tener el derecho de expresarnos como mujeres. Me agredieron en lo más íntimo, en mi derecho a sentirme mujer".

Agotada su paciencia, Casandra sacó el teléfono móvil y pidió ayuda a la Ertzaintza, que rápidamente envió una patrulla al lugar de los hechos. "Entonces cambió la versión y dijo que era yo quien le había agredido a ella. Pero los testigos confirmaron lo que yo decía", asegura.

Mañana tendrá lugar en Vitoria el juicio por la presunta agresión y los colectivos Las trans, Lumagorri, Pikarrai, 7menos20 y Bilgune Feminista han convocado una concentración de repulsa por lo ocurrido a las 11.30 horas frente a los juzgados. Ya por la tarde, a las 20.00 horas tendrá lugar una segunda manifestación de protesta, esta vez en la plaza de la Virgen Blanca. "Felicitamos a las trabajadoras y responsables de la tienda en la que ocurrieron los hechos, que mostraron en todo momento su colaboración para que lo ocurrido no quedara impune", indicaron sus portavoces

Afro-Colombian Solidarity Network*

Urges Colombian Authorities to Guarantee Security for IDPs and Implement Constitutional Court Order 005 on Afro-Colombians

On June 7, 2011, Afro-Colombian leader Ana Fabricia Cordoba from the Santa Cruz neighborhood in Medellin was shot dead. Ms. Cordoba was a leader of communities displaced to Medellin. She arrived in this city in 2001 when she was forced to flee after paramilitary groups killed her son in Urabá. A second son was killed at the hands of paramilitaries in 2010. Ms. Cordoba was targeted because she reported death threats that she received to the police, national government and other entities of the State. She also was an activist with the Ruta de Pacifica de Mujeres, a women’s organization that promotes victims’ and land rights.

The Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN) is deeply saddened by this murder and sends its profound condolences to Ms. Cordoba’s family and the displaced communities in Medellin. While we appreciate that the Colombian government has publicly denounced this crime, we believe that such an action is insufficient. Ms. Cordoba had sought out the protection of the State after receiving multiple threats and she publicly had proclaimed “they are going to kill me and they (referring to authorities) have done nothing.”

As ACSN has recommended for the past three years, the Colombian State must take bold and effective steps to protect the leaders of the displaced from harm and to fully implement the recommendations made to it by Colombia’s Constitutional Court (Order 005 on Afro-Colombian displacement). Given the recent passage of the land and victims law in the Colombian legislature, which does not address the collective land rights of Afro-Colombians and indigenous peoples, ACSN believes that the Colombian authorities must act quickly to guarantee protection for displaced leaders and land rights activists.

Afro-Colombian and indigenous communities continue to be hard hit by new displacements. Starting on May 28, the Santa Ana community of the Community Council of the Black Communities in the Mangroves has slowly become displaced. The construction of a temporary military operations site close to the communities’ homes has placed civilians at high risk of attack. In February, this site was attacked by a canoe filled with explosives detonated by the FARC.

The United Nations Office of Coordination of Humanitarian Affairs reports that in Chocó, over 18,000 persons (16,000 afrodescendants and 2,000 indigenous) are suffering from an armed strike imposed in the area by the FARC guerillas. The armed strike confines the movement of these people and restricts them to a very dangerous region. This comes after the May 22 attack by the 34^th Front of the FARC which killed several civilians and generated displacement of others. Also this month, ninety-two members of the Embera indigenous group fled Turbo after one of their leaders was murdered.

ACSN demands that the rights of Afro-Colombian and indigenous communities be respected. The Colombian government must fully implement Constitutional Court Orders 004, 005 and 009 and protect the lives of the leaders of movements in defense of displaced people, Afro-Colombians, and indigenous peoples. When leaders are threatened and killed, movements can be silenced. In Colombia, if these movements cannot exercise their constitutional rights more displacement and violence is inevitable and these communities could vanish.

For further information please contact Gimena Sanchez-Garzoli of WOLA at gsanchez@wola.org or 202-797-2171.

*The Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN) includes the Washington Office on Latin America (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Chicago Religious Leadership Network (CRLN), U.S. Office on Colombia (USOC), International Working Group of PCN, and activists and scholars Joseph Jordan, Roland Roebuck, Eunice Escobar and Arturo Escobar. Peace Brigades International Colombia Project serves as international observer to ACSN.

(Perú) Señor Presidente:

Señor Presidente:

Gracias. Usted nos ha ayudado a librarnos de una mafia criminal. Pero con modestia y respeto, me permito suponer que Ud. sabe que tiene solo una fracción de poder. La mafia derrotada le hará la vida imposible, la lucha verdadera recién empieza.

Imagino que debe estar Ud. abrumado por felicitaciones, llamadas telefónicas, propuestas, adhesiones de última hora, elogios. Me permito complicarle la vida planteándole que, desde mi punto de vista personal, el objetivo de su gestión debe ser crear desde ahora un poder desde abajo, organizado, democrático, durable, eficiente en el uso de los recursos, rápido en la ejecución de acciones que mejoren de inmediato la vida de los peruanos y peruanas.

No estoy hablando de clientelismo sino de ciudadanía. Debemos abrir el sistema político a gente libre con opinión propia, con derechos y responsabilidad. Pero, claro, no pretendo que mi opinión sea la única, es solo una opinión. Digo, es un decir…

Le pido tener en cuenta que el 50% de la segunda vuelta no es de Keiko: un 30% ha votado tapándose las narices, por miedo a los fantasmas de la dictadura y el comunismo. Una conducta transparente y limpia, el ejercicio de una gestión gubernamental cuidadosa y moderada, podrá despejar esos temores.

El otro 20% no es militante; son gente muy pobre esperanzada en el asistencialismo estatal. Ellos pueden ser beneficiados de inmediato con programas privados y públicos que los liberen de la dependencia del Estado y los conduzcan hacia la ciudadanía.

Para tener efecto inmediato en el respaldo popular, Ud. deberá actuar con rapidez en el campo de la política social.

Repotenciar FONCODES como el instrumento que permite responder a las demandas de los pueblos y los barrios por caminos, parques, escuelas, agua y electricidad. En concertación con los gobiernos locales, FONCODES puede ser la gran base de proyectos productivos y nuevos mercados para la gente. Fomentar una inversión conjunta entre el Estado y las burguesías provincianas y limeñas para la creación de nuevos mercados y el fomento del empleo. El dinero existe pero es robado, malgastado.

Dotar de fondos al aseguramiento integral de salud. Aliarse con los médicos y los trabajadores de salud para limpiar y restaurar los hospitales del MINSA que deben ser modelo de atención a los pacientes en vez de los chiqueros que ahora son.

Expandir la atención inmediata de Essalud desde pequeños hospitales en todos los barrios de Lima y todas las ciudades y poblados empezando por los más pobres. La gente debe notar el cambio desde los primeros días. No más colas de pacientes, no más maltrato a los asegurados. No hay necesidad de mucho dinero para eso, solo se necesita orden.

Ampliar el programa de caminos rurales. Son baratos, se pueden hacer en cooperación con las comunidades, abren mercados.

Las microempresas urbanas y rurales y las grandes empresas manufactureras y comerciales pueden encontrar un ambiente favorable generado por políticas públicas de orientación nacional.

Menos trámites, menos licencias, menos burocracia, más crédito, más confianza en quienes pagan y no hacen la trampa.

Masiva educación popular, apoyo a las radios y televisoras comunitarias y demás redes de comunicación de base. Alianza con los maestros para la restauración de los colegios y escuelas que ahora están en ruinas.

El tumor de la mafia debe ser aislado primero y cortado después para que no vuelva a surgir jamás.

Deben devolver peso por peso los seis mil millones de dólares que se llevaron del Estado.

Abrir las puertas de la democracia al pueblo organizado para que las bandas criminales no retornen nunca al poder.

De su gobierno debe nacer un Perú nuevo, surgido de la ciudadanía.

No seamos ilusos: el mal, el robo, el asesinato siempre existirán porque son parte natural de la raza humana, pero los anticuerpos sociales deben ser fortalecidos para que nuestro país no se vuelva a enfermar de alanismo, fujimorismo o males parecidos y el restablecimiento sea duradero.

Sí pudimos, también podremos.

Héctor Béjar

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Síntesis informativa de los movimientos

Minga Informativa de Movimientos Sociales

El reingreso de Honduras al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue considerada como una burla al pueblo hondureño, denunció un conjunto de organizaciones populares hondureñas que rechaza una pretendida reconciliación sobre la base del olvido, pues solo favorece a la impunidad. Precisamente, este retorno a la OEA también fue calificado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) como una legalización del golpe de estado, porque incluso reconocidos golpistas integran el actual gobierno de facto. Asimismo, organizaciones de Feministas en Resistencia (FER) alertaron a la OEA que en Honduras se siguen produciendo violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas represivas del Estado.

Vale tener en cuenta que el próximo 28 de junio se cumplirán dos años de la heroica resistencia del pueblo hondureño al golpe militar contra el gobierno legítimo del presidente José Manuel Zelaya. Ese día, tendrá lugar una gran Jornada continental de solidaridad con Honduras en la que intervendrán solidariamente diversos movimientos sociales y populares de América Latina y el Caribe. Cabe recordar que luego de 23 meses de destierro Zelaya pudo regresar a su país y fue recibido por más de un millón de personas.

Mientras tanto, en Perú por primera vez la izquierda llega democráticamente al poder a través de la alianza Gana Perú, liderada por Ollanta Humala, quien venció en las recientes elecciones del 5 de junio, a la candidata derechista Keiko Fujimori. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), con sede en Lima, considera indispensable el cambio del modelo neoliberal y estima que las elecciones no terminan en el ánfora, por lo tanto el movimiento social tiene la tarea de fortalecerse.

Entretanto, en la región sureña de Puno, frontera de Perú con Bolivia, una vez terminada la tregua electoral, las comunidades afectadas por proyectos mineros han retomado su lucha para exigir que el gobierno central resuelva los conflictos socio-ambientales pendientes y que no postergue la solución de los conflictos para el próximo gobierno. Por su parte, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), alertó que en los últimos días los principales dirigentes y autoridades locales de esta movilización han sido denunciados por supuestos delitos contra el patrimonio y la tranquilidad pública, en un nuevo intento del gobierno por criminalizar la protesta social y desacreditar a sus líderes.

Una de las razones para el elevado número de conflictos sociales entre comunidades indígenas y diferentes gobiernos en América Latina es la falta del reconocimiento de la consulta previa a los pueblos como lo marcan los estándares internacionales, aseguró el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el mencionado Foro internacional, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) constataron la falta de respeto por las concepciones alternativas de los indígenas fundamentadas en el concepto del buen vivir. Esta preocupante situación en que viven los pueblos originarios los expone al riesgo de extinción física y cultural.

En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) se pronunció respecto al retorno a las negociaciones del gobierno de Rafael Correa para un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ratificando su rechazo al TLC, al libre mercado y a la minería a gran escala. Y su apuesta por la revolución agraria, la soberanía alimentaria y el comercio justo y equitativo.

En Guatemala la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) participó en el “Encuentro sobre cambio climático y defensa del territorio”. Los participantes repudiaron el actuar del gobierno que utiliza el tema del cambio climático solo para agenciarse de recursos pero hasta el momento no se cuenta con una política de divulgación sobre los efectos negativos que causan las grandes empresas y los países desarrollados.

Por último, la nueva crisis de precios alimentarios, originada por una demanda creciente de recursos renovables, coloca al planeta al borde del colapso, como informa la nueva edición del boletín Nyéléni (No. 4). Los patrones de consumo y de desperdicios son insostenibles. Los cultivos se desvían hacia el combustible. Mientras tanto, persisten niveles crónicos de hambre. La conclusión es que ha llegado la hora de colocar a las personas en el centro del sistema alimentario.


Síntesis informativa de los movimientos: Minga Informativa de Movimientos Sociales
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Peru: La victoria de Ollanta

Emir Sader

“¿Cuando se quebró el Perú?”, pregunta un personaje al amigo, en la notable novela de Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral. Los dos dan por hecho que el Perú se había quebrado. Se trataba solamente de saber cuándo. Aunque escrito hace más de cuatro décadas (1969), en la mejor época de la obra del Nobel peruano, podría retratar lo que el país vive hasta ahora.

La victoria de Ollanta Humala para la presidencia del Perú cierra un largo ciclo de gobiernos neoliberales y abre nuevas perspectivas para el país, a la vez que fortalece el campo de los procesos de integración regional y debilita la precipitada operación de construcción de un eje neoliberal, con México, Colombia y Chile, en contraposición a los gobiernos posneoliberales.

Al gobierno nacionalista de Velasco Alvarado (1968-1975) le siguió una serie de gobiernos que buscaron desarticular los avances del gobierno de Velasco, tanto en el plano de la reforma agraria, como en la construcción de un proyecto nacional en el Perú. Fue derrocado por un golpe militar ejecutado por su ministro Morales Bermúdez, que gobernó hasta 1980.

Luego vino Alan García (1985-1990), del partido más estructurado del Perú, el APRA, que intentó una moratoria de la deuda externa peruana, no recibió siquiera apoyo de los gobiernos de la región, no logró controlar la inflación y cayó, sin respaldo interno. En su sucesión se enfrentaron Vargas Llosa, con un programa claramente neoliberal, y el desconocido Alberto Fujimori, que se valió para triunfar del rechazo al estilo aristocrático del escritor.

En el gobierno, Alberto Fujimori (1990-2000) asumió un proyecto de contrainsurgencia que, a la vez que combatía la guerrilla de Sendero Luminoso, destruía la espina dorsal del fuerte movimiento popular peruano, tanto en el campo como en la ciudad. Entre las acciones de Sendero –que atacaron también a las fuerzas populares que no se sometían a su acción- y las acciones del ejército, el movimiento popular peruano sufrió, bajo un fuego cruzado, acciones demoledoras que lo redujo a la mínima expresión. Fujimori dio un golpe, cerró el Congreso e intervino en la Justicia (para lo cual recibió, vergonzosamente para nosotros, el apoyo de Fernando Henrique Cardoso, FHC), extendió su mandato, pero terminó cayendo debido a procesos de corrupción y violencia, por lo que, tras huir a Japón, fue condenado a 23 años de prisión, pena que cumple actualmente.

Fue a partir de esa destrucción de la capacidad de defensa y resistencia del movimiento popular que se erigió el proyecto neoliberal en el Perú, mediante los gobiernos de Fujimori, Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011) cubriendo un periodo de más de 20 años, en el que la economía peruana volvió a crecer, en base a una extensa explotación extractivista exportadora de las riquezas del país, centrada en el ingreso masivo de las empresas extranjeras. Las condiciones no podrían ser mejores para esas empresas, dado que la tributación general en el país gira en torno al 15% del PIB, lo que no deja recursos para que los gobiernos impulsen políticas sociales.

Se repitió así con Fujimori, Toledo y Alan García, el mismo patrón de gobierno: continuidad del alto crecimiento del PIB, centrado en la exportación de minerales –oro, zinc, cobre, gas, básicamente-, sin políticas sociales, con gobiernos que, electos, perdían popularidad de forma estrepitosa, sea por la corrupción que los envolvió a todos, sea por la falta de políticas sociales redistributivas.

En la elección anterior se enfrentaron el proyecto nacionalista de Ollanta Humala y Alan García. Valiéndose de una fuerte campaña de miedo, después que Ollanta había triunfado en la primera vuelta, con el apoyo explícito de Hugo Chávez, García triunfó por un pequeño margen y volvió al gobierno, esta vez para dar continuidad a los programas neoliberales de sus antecesores y sufrir el mismo tipo de desgaste. A finales de su gobierno, ya con menos del 10% de apoyo, Toledo había firmado un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. A pesar de no comprometerse explícitamente a mantenerlo durante la campaña, García asumió el TLC y consolidó la apertura neoliberal de la economía peruana. Con la recesión norteamericana, sin embargo, el Perú pasó a tener a China como su principal asociado y a Brasil un socio muy importante, ambos con crecientes inversiones en el país.

La invasión de tierras indígenas en la región amazónica por empresas transnacionales para explotar sus riquezas minerales llevó al despertar de importantes movimientos indígenas, lo que ocasionó, entre otros conflictos, una masacre (llamada el Baguazo), en junio de 2009, donde hubo 34 muertos, por la resistencia indígena a la ocupación de tierras para la explotación mineral. El Congreso peruano aprobó en ese momento una legislación que contemplaba la consulta a los movimientos indígenas sobre las inversiones.

Esa legislación pasó a constituirse en un obstáculo para las inversiones ya existentes y para otras ya programadas, pero el gobierno nunca la reglamentó, promoviendo situaciones de incertidumbre, tanto para las inversiones, como para los movimientos indígenas. Días antes de la segunda vuelta de las elecciones de esta semana, un movimiento paró la región de Puno, solo aceptando suspenderlo por la intervención de Ollanta, pero con la perspectiva de retomarlo enseguida, si no hay solución para sus reivindicaciones.

Movimientos de este tipo hicieron que el país tuviera que reconocer a la región amazónica como región importante para el Perú y despertaron movimientos antes poco conocidos en el país, promoviendo los conflictos sociales más importantes, que se deben prolongar en el nuevo gobierno.

El desprestigio de García hizo que su partido prácticamente desapareciera –alcanzó apenas 4 parlamentarios-, dejando abierta la sucesión, para la cual se presentaron varios candidatos neoliberales, entre ellos Toledo, un ex-ministro de economía de García, un ex-alcalde de Lima, la hija de Fujimori, frente al único candidato que criticaba el modelo, Ollanta Humala. El APRA ni siquiera consiguió presentar un candidato propio, con García apoyando al candidato neoliberal que llegara a la segunda vuelta.

Humala recicló sus posiciones hacia un modelo de continuidad del desarrollo, pero con redistribución de la renta mediante la elevación de las tasas a las inversiones mineras y políticas sociales, modelo próximo al de Lula. Consiguió apoyo popular, especialmente en el interior del país, para llegar de nuevo en primer lugar en la segunda vuelta, esta vez contra Keiko, la hija de Fujimori, que gozaba también de apoyo popular, basado en las políticas asistencialistas de su padre en la lucha contra Sendero Luminoso.

En un viaje oficial al Perú, cuando se encontró con García, Lula recibió públicamente también a Ollanta, con quien intercambió opiniones sobre las experiencias brasileñas en la construcción de alternativas al neoliberalismo. Desde entonces, Ollanta vino a Brasil, tanto en la elección de Dilma, cuánto en su posesión, consolidando lazos con Lula, Dilma y el PT, lo que se tradujo, inclusive, en apoyo político a la campaña de Ollanta. (Mientras los tucanos, avergonzados, se inclinaban por Keiko, hija del amigo de FHC).

La segunda vuelta fue muy intransigente, tanto en la disputa los votos como en las acusaciones. El apoyo de la vieja mídia peruana, fuertemente alineada con Keiko y las campañas, conocidas por nosotros, de calumnias y terror contra Ollanta –al punto de llegar a indignar a Vargas Llosa, que rompió con el tradicional periódico El Comercio, en el cual históricamente publicaba sus columnas-, incluyó falsas acusaciones e intercepciones telefónicas a Ollanta y, horas antes de la apertura de la votación, una sospechosa acción, atribuida a Sendero Luminoso.

En la fase final de la campaña, las manifestaciones callejeras y los mensajes por Internet en rechazo a Keiko, en los que se alertaba sobre los riesgos del retorno de la camarilla del gobierno de su padre –gobierno en el que ella participó como primera dama-, contribuyeron a la victoria apretada de Ollanta. Triunfo alcanzado, a pesar del sólido apoyo a Keiko de la clase media y de la oligarquía peruana en Lima y en regiones del norte del país, además del respaldo del gobierno de García y de los dos candidatos neoliberales derrotados. De su lado, Toledo, que fue elegido tras las movilizaciones populares que derrotaron a Fujimori, quedó en cuarto lugar y apoyó a Ollanta.

Ollanta supo, en la segunda vuelta, establecer alianzas para conseguir el triunfo, renunciando a algunas propuestas de su programa inicial, como nacionalizaciones de empresas y convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Su triunfo cierra el ciclo de 20 años de gobiernos neoliberales en el Perú, y el mismo se da en el marco de compromisos ya establecidos, como el TLC con Estados Unidos. Pero incluso en ese marco, habrá una clara aproximación con el Mercosur y, en particular con Brasil, ora por afinidades políticas, ora por los intereses económicos mutuos entre los dos países, y un distanciamiento del polo neoliberal que México, Colombia y Chile pretendían construir, como alternativa a los procesos de integración regional que involucran a la mayoría de los países de la región.

Se abre para el Perú el camino de poner en práctica políticas sociales redistributivas –eje fuerte de la campaña de Humala y, de alguna forma, también de Keiko– y una nueva inserción internacional del país, que pasa a sumarse a los gobiernos posneoliberales de la región. No se puede definir precisamente cuando el Perú se había quebrado, pero ciertamente siguió por ese camino en las dos últimas décadas y 2011 marca el momento en que el país, bajo el liderazgo de Ollanta y con fuerte respaldo popular, comienza a transitar hacia un proyecto de amplia democratización económica, social, política y cultural. (Traducción ALAI)

- Emir Sader sociólogo brasileño, actualmente secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

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Peru: Mensaje mafioso

Por Atilio Boron

Según Kurt Burneo, economista del equipo técnico que asesora a Ollanta Humala, no existe ningún fundamento macroeconómico que explique la abrupta caída experimentada por la Bolsa de Lima el lunes pasado.

En relación a este tema se manifestó también la calificadora de riesgo Moody’s, asegurando que no existen razones que autoricen a cambiar sus pronósticos sobre el desempeño futuro de la economía peruana o a disminuir el grado de inversión del Perú, lo que fue confirmado por otra calificadora, Fitch Rating y por los bancos internacionales de inversión que operan en ese país. Impávido ante estos argumentos, el sol continuó su moderada depreciación frente al dólar.

Burneo destacó una vez más que la seguridad de los depósitos bancarios no será alterada y que los grandes lineamientos de la política económica seguirán en vigor. Dijo también que las empresas que cotizan en Bolsa muestran elevados grados de rentabilidad: “las utilidades de las empresas con respecto a sus ventas están por encima del 24 por ciento, y en el caso de las empresas mineras, ese ratio es de 60 por ciento.”

¡Nótese la fenomenal rentabilidad empresarial, que contrasta con la no menos fenomenal deuda social del tan exitoso “modelo” en el Perú! Si, según se dice, los fundamentos son sólidos y se descarta cualquier cambio, ¿cuál es la razón por la que cayó la Bolsa?

La respuesta es bien simple: porque ante el nuevo cuadro político abierto por la elección de Humala los especuladores que se dan cita en todas las bolsas del mundo (y la de Lima no es una excepción) decidieron enviarle un mensaje mafioso al presidente electo haciendo una pequeña demostración de su poderío y su musculatura financiera.

En suma, una especie de “golpe de mercado” preventivo, una advertencia y un recordatorio de lo que podría llegar a pasarle en caso de que optara por abandonar el camino trazado por sus predecesores.

El capital no descansa y vota todos los días, y sus estratagemas pueden maniatar a cualquier gobierno.

Humala declaró que será respetuoso de la economía de mercado; al mismo tiempo dijo que quiere acabar con la pobreza y la exclusión social. Pero si mantiene la economía de mercado, tal cual hoy existe en el Perú, lo seguro será que la pobreza y la exclusión social crezcan al ritmo desmesurado en que lo hace la tasa de ganancia de las empresas.

Tendrá que optar, y en la pulseada con los mercados su arma principal, tal vez la única, será su capacidad para promover la organización y concientización del campo popular.

A escasas veinticuatro horas de las elecciones el mercado le arrojó el guante a Humala y se constituyó como su enemigo. Habrá que ver como éste reacciona ante la inveterada afición de aquél por las prácticas extorsivas a las que apela para defender los intereses del capital.

- Dr. Atilio Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina www.centrocultural.coop/pled http://www.atilioboron.com

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Chile: 20 dias de Huelga de 6,000 trabajadores contratados del cobre

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Primer día de Huelga. En el frontis de División... por Vida_Sindical




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Perú: Puno: Varias vías bloqueadas deja reinicio de huelga indefinida

Las zonas interrumpidas están en los distritos de Pomata, Zepita y Desaguadero. Asimismo, la carretera binacional donde gran cantidad de vehículos están varados.

Luego que pobladores de la zona sur de Puno retomaran su huelga indefinida en contra de las concesiones mineras y petroleras, así como la derogatoria del Decreto Supremo N° 083-2007, varias vías de comunicación continúan bloqueadas por los manifestantes.

Las zonas interrumpidas se encuentran en el sector de Chaca Chaca del distrito de Pomata, así como Zepita y Desaguadero, todos en la provincia de Chucuito. Asimismo, la carretera binacional donde gran cantidad de vehículos están varados.

Walter Aduviri, presidente del Comité de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur de Puno, señaló que los pobladores de los distritos de Zepita, Pomata, Kelluyo, Desaguadero, Huacullani, entre otros, vienen acatando la huelga indefinida.

Por su parte, el vicepresidente del mismo comité, Javier Pari, indicó que un número considerable de aymaras se encuentra en la ciudad de Puno, los mismos que se concentrarán en lugares estratégicos para realizar una movilización pacífica.

De otro lado, en la provincia de Carabaya, con una huelga indefinida los moradores piden el cese definitivo del megaproyecto de Inambari, así como de las concesiones mineras.

En esta provincia, la medida de fuerza fue acatada cerrando establecimientos comerciales y mercados, además del bloqueo de la carretera Interoceánica.