CIP Américas
Programa de las Américas
Adital
Por Víctor M. Quintana
El movimiento en defensa del agua en México, protagonizado sobre todo por campesinos pertenecientes a la organización El Barzón, ha tenido una primera e importante victoria: el presidente Enrique Peña Nieto acaba de firmar un decreto para establecer la veda a la perforación de pozos en las zonas de libre alumbramiento.
Hace menos de un mes, en el marco del Día Mundial del Agua, el titular del Ejecutivo Federal firmó el acuerdo que, a través de una veda provisional suspende y prohíbe la perforación de pozos en las zonas denominadas como "de libre alumbramiento”, es decir, aquellas en que los usuarios no tenían que pedir permiso para perforar, sino sólo informar a las autoridades. De ahora en adelante, se requiere la autorización, expresa, legal, sustentada y documental por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Aunque este decreto es para todo el país, viene como anillo al dedo para proteger os acuíferos del estado de Chihuahua, en el norte del país, gravemente afectado por la sequía, fruto del cambio climático. En Chihuahua, las y los militantes de El Barzón han venido denunciando el saqueo de las aguas subterráneas. Tan sólo desde el año 2 mil un grupo de adinerados agricultores menonitas han abierto más de 225 mil hectáreas al cultivo a partir de la perforación de pozos en las zonas de libre alumbramiento y están abriendo 140 mil más en los municipios desérticos de la entidad.
Los barzonistas, los campesinos y las comunidades responsables de todo el país pueden ahora exigir que se cumpla el decreto con todo lo que él implica. No será fácil, porque dicho acuerdo obliga a Conagua a reglamentar el vital líquido que se extrae cada año de los acuíferos sin que sobrepase la disponibilidad de recarga anual de éstos. Si esto se aplica como se debe, tan sólo en Chihuahua se tendrán que dejar de cultivar alrededor de 300 mil hectáreas de inmediato, que es la superficie que no alcanza a ser irrigada con el agua que puede recargarse cada año a los mantos.
Se dice fácil, pero esto implica enormes costos de oportunidad para quienes han estado llevando a cabo esta "agricultura extractiva” tan depredadora en esta entidad: a lo que dejarían de percibir por no sembrar buena parte de su tierra hay que agregar la necesidad de amortizar la inversión en desmonte y nivelación de tierras, perforación y equipamiento de los pozos, instalación eléctrica y sistema de riego. Un somero cálculo de El Barzón señala que en estas trescientas mil hectáreas, con un mínimo de 3,500 pozos el valor de lo invertido llegaría a trescientos millones de dólares en perforación y equipamiento de pozos; trescientos 25 millones de dólares en la adquisición y habilitamiento de las tierras y cuatrocientos 20 millones de dólares en la adquisición de pivotes para riego. Como mínimo la inversión llega, pues, a 12 mil millones de pesos, así que habrá muchas presiones sobre Conagua y el gobierno federal para que el decreto no se cumpla o se cumpla sólo en parte, en detrimento del agua disponible para consumo humano.
Por eso es importante también no sólo evitar nuevos hechos de despojo del recurso agua, sino también la impunidad que favoreció la explotación actual. Quienes propiciaron la sobreexplotación no sólo fueron quienes perforaron, pues hay toda una larga serie de complicidades, de colusiones, de diversas instituciones de gobierno: en primer lugar, Conagua, que no realizó las labores de vigilancia y supervisión correspondientes, pero también la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que permitió el cambio de uso de suelo de los cientos de miles de hectáreas abiertos al cultivo; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que no vigiló que el cambio se operara de acuerdo a la ley; la Comisión Federal de Electricidad, que realizó las obras de infraestructura eléctrica para tendido de líneas, subestaciones y pozos; la Secretaría de Agricultura que proporcionó todo tipo de subsidios a quienes cultivaban las tierras con aguas cada vez más escasas; y a los organismos de crédito federal que financiaron los cultivos. Muchas dependencias y muchos funcionarios resultarán descobijados si el decreto se toma en serio por las propias autoridades que lo expidieron.
Esta lucha en defensa del agua converge en su orientación con la amplia coalición que ha presentado la iniciativa ciudadana para la Ley General de Aguas. Una y otra nos muestran que con avances como éste, las luchas sociales, cotidianas, horizontales, en red, descentralizadas pueden, tener logros a corto y mediano plazo así no lleguen al poder. Desde los combates por los "comunes” como el agua, los recursos naturales y el territorio se pueden ir cercando los todavía muy fuertes espacios de autoritarismo e iniquidad, y sobre todo, se puede ir generando una nueva cultura de sustentabilidad, de responsabilidad, de solidaridad. Por eso hay que aquilatar estas victorias y vigilar que no se escurran de las manos.
Con esta primera victoria se empieza a honrar la memoria de los dirigentes barzonistas Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, asesinados en octubre del año pasado por defender el agua de su pueblo.
[Víctor M. Quintana es asesor al Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y colaborador con el Programa de las Américas]
