lunes, 8 de abril de 2013

Los niños invisibles de Europa

Darío, de 22 años, llegó a Bélgica desde Brasil en 2005, siendo aun adolescente. "Al comienzo fue difícil. No hablar el idioma me impidió hacer ciertos trabajos, y también estaba el riesgo de enfermarme, porque no tenía ni tengo seguro de salud", relató.


La mayoría de los niños migrantes que intentan ingresar en la UE proceden de Turquía, Hungría y Rumanía (Daan Bawens/IPS)

Afortunadamente, dijo Darío (nombre ficticio) a IPS, la gran comunidad brasileña en Bruselas lo recibió con los brazos abiertos.

“Por supuesto que uno también sufre la explotación financiera y moral de ciertas personas que se aprovechan, pero yo no me quejo. La vida es una secuencia de experiencias buenas y malas; es parte del riesgo que asumo para mejorar mi vida”, agregó.

La promesa de un futuro mejor es el principal motivo por el que decenas de niños y adolescentes llegan a Europa traídos por su familia y hasta solos, aunque no hay ninguna garantía de que lo que encuentren haga que haya valido la pena el viaje.

Aunque se estima que en la Unión Europea (UE) hay entre 1,6 millones y 3,8 millones de inmigrantes indocumentados, no existen cifras confiables sobre qué porcentaje de ellos son niños y niñas.

Es casi imposible hallar datos precisos dado que estos menores representan un grupo multifacético y diverso, según expertos. La mayoría proceden de otros países europeos, como Hungría y Rumania, pero también una gran cantidad llega de Iraq, Pakistán, Afganistán y Nigeria.

Muchos ingresan a la UE con sus familias o, en el caso de los adolescentes, de modo individual, mientras que están quienes nacieron de padres sin estatus legal en un país determinado.

Los motivos para las migraciones también varían, e incluyen la reunificación familiar, la protección de persecuciones o mejores condiciones de vida, así como oportunidades educativas y económicas. Muchos de estos niños, principalmente de Hungría y Rumania, también son víctimas de tráfico.

El año pasado, la policía británica, con la ayuda de las autoridades rumanas, desmanteló una compleja red de tráfico administrada desde Rumania, que usaba a niños para embolsarse cientos de miles de libras mediante el delito callejero y fraudes relativos a los beneficios.

En una serie de redadas al amanecer que realizaron bajo el nombre “Operación Norman”, los funcionarios hallaron a 103 niños inmigrantes hacinados en apenas 16 domicilios de Londres. El operativo se llevó a cabo en un contexto de aumento de la cantidad de niños que llegaban a Europa sin compañía, arriesgándose a ser detenidos. Aunque algunos se las arreglan para ingresar a los sistemas de seguridad social, otros terminan viviendo en la clandestinidad.
La crisis financiera intensificó la situación, especialmente en países de la frontera de la UE, como Grecia.

“Pese a los esfuerzos de la Comisión Europea (organo ejecutivo de la UE) para promover regulaciones armonizadas, el marco normativo del bloque para la protección de niños inmigrantes indocumentados todavía es bastante diverso”, dijo a IPS la experta Maria Grazia Giammarinaro, representante especial y coordinadora del combate al tráfico de seres humanos en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

“La implementación de la legislación nacional es aun más fragmentada. Por lo tanto, lamentablemente, un sistema común y efectivo de protección a la infancia no existe en el ámbito de la UE”, agregó.

Organizaciones como la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados (Picum) han dado la voz de alarma sobre la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos de los niños “invisibles” de Europa.

“Los niños indocumentados están ante una triple vulnerabilidad: como niños, sobre todos; como migrantes, y a causa de su estatus irregular”, dijo a IPS la activista Michele LeVoy, de Picum.
Muchas familias simplemente desconocen sus derechos a la vivienda, la alimentación y la educación, añadió.

Incontables obstáculos se interponen entre los derechos en el papel y en la práctica, pese a los numerosos instrumentos internacionales y regionales que son explícita y legalmente vinculantes y que garantizan el acceso de los niños a sus derechos civiles y sociales,
“En España, por ejemplo, los niños indocumentados tienen en teoría el mismo acceso a los servicios de salud que los ciudadanos españoles”, dijo LeVoy.

Pero la implementación de una nueva ley sobre atención a la salud, en septiembre de 2012, que busca restringir el acceso de los adultos indocumentados a estos servicios, también impactó en sus hijos.

En algunos países, solo la atención médica “esencial” o “urgente” puede ser gratuita para los niños indocumentados, término definido de modo tan amplio que a menudo conduce a la aplicación discrecional e impredecible de la legislación sobre salud.

Las barreras relativas a la educación son igualmente complejas. Aunque las constituciones de varios países conceden a todos el derecho a la educación, la burocracia suele mantener a los niños indocumentados fuera del sistema.

“Las barreras prácticas y concretas, más que la discriminación legal directa, vuelven casi imposible la integración” al sistema educativo, según LeVoy.

“En toda la UE se suele impedir que los niños indocumentados se inscriban en las escuelas simplemente por no tener documentos de identificación y un domicilio permanente”, señaló.
“La admisión depende de la decisión de directores y administradores de escuelas, y esas decisiones son arbitrarias”, agregó.

Giammarinaro, de la OSCE, cree que “los estados miembro deberían establecer procedimientos efectivos basados en el interés del niño, cuya implementación real debería ser adecuadamente controlada, especialmente en el caso de niños no acompañados y separados” de sus familias.

Una segunda tendencia perturbadora es el aumento de los reportes de menores extranjeros no acompañados que desaparecen de los centros de recepción de inmigrantes y de los cuidados residenciales, a menudo sin dejar rastro.

Un estudio de la Agencia de la Unión Europea de los Derechos Fundamentales indica que es generalizada la desaparición de niños de refugios e instalaciones similares y que hay un alto riesgo de que que estos menores sean víctimas del tráfico de humano.

“Los niños, niñas y adolescentes en movimiento son particularmente vulnerables a los abusos y la explotación”, dijo Giammarinaro.

“Pueden ser explotados bajo la forma de prostitución, trabajos forzados o mendicidad organizada, y pueden ser compelidos a cometer delitos. Por lo tanto, la prevención del tráfico y la protección de los niños indocumentados están inextricablemente ligadas”, añadió.

Los expertos han identificado a adolescentes de entre 13 y 18 años como un importante grupo de riesgo para el tráfico en Europa oriental. Incluso los niños conscientes de los peligros del tráfico dicen que en cualquier caso estaban listos para migrar usando vías inseguras, según una investigación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Moldova.

Las percepciones idealizadas de un mejor estilo de vida, aparejadas con los relatos de éxito de personas que estuvieron en el exterior, alientan a los jóvenes más pobres a asumir riesgos, según los investigadores.

Con un desempleo rampante en toda la UE, muchos gobiernos perciben que la única solución, aunque a corto plazo, es la expatriación de los “inmigrantes indeseados”. 

En 2010, la OSCE aconsejó que los niños migrantes, indocumentados, no acompañados, separados y traficados no fueran automáticamente devueltos a sus países de origen o reasentados o transferidos a un tercer país, declarando que las preocupaciones sobre control de migraciones no pueden pasar por encima de los intereses del niño.



Colombia/ Feliciano Valencia: 'Los de abajo también pueden gobernar'

Por: Catalina Ruiz-Navarro

Feliciano Valencia ganó el Premio Nacional de la Paz en 2000. / David Campuzano 
 Feliciano Valencia ganó el Premio Nacional de la Paz en 2000. / David Campuzano

El viernes pasado a las cinco de la tarde, se lanzó en el Club de Ejecutivos el movimiento País Común, con la candidatura de Feliciano Valencia para la Presidencia. Valencia es el reconocido líder indígena de los pueblos del Cauca, ganador del Premio Nacional de la Paz en el año 2000 y uno de los protagonistas de los enfrentamientos entre indígenas y el Ejército Nacional en la base militar de Toribío. Una de las voces más representativas del movimiento indígena en Colombia, ha hecho fuertes denuncias contra el Ejército, ha sido tachado de guerrillero y hoy se consolida como un líder indiscutible de la izquierda colombiana.

En el auditorio se encontraban al menos 300 personas, entre indígenas de comunidades de todo el país, Caquetá, Huila, Tolima, Valle del Cauca, La Guajira y Magdalena, representantes de la comunidad afrocolombiana y del movimiento estudiantil. Como voceros del movimiento estaban el académico Daniel Libreros y la representante de la MANE, Paola Galindo, y como madrina, Piedad Córdoba.

“Hemos resistido más de 500 años, podemos aguantar un año de campaña electoral, podemos afrontar al candidato presidente que quiere ser reelegido y a los otros”, dijo Feliciano Valencia al tomar el micrófono. “Estamos de frente contra el Estado neoliberal, contra el mercado depredador que sacrifica y acaba con la vida”, añadió entre aplausos, y pasó a explicar la agenda básica del movimiento.

¿Cuándo nació País Común?
Nos dimos cuenta de que no es suficiente la lucha en los territorios, sino llegar a la política en la capital. Por eso queremos llegar a gobernar, para demostrarle al país y al mundo que la gente de abajo también puede gobernar.

¿En qué consiste su propuesta?
Primero, terminar la guerra. Eso pasa por un ejercicio de depuración de la fuerza militar y, en Colombia, una revisión del presupuesto público para sostener la guerra y una profunda revisión de la asesoría internacional. Terminar la guerra significa terminar con la pobreza en las regiones, significa que la gente tenga salud digna, vivienda digna, educación digna pública popular de calidad. Terminar la guerra significa satisfacer las necesidades básicas que tiene la gente, es la revolución de los derechos sociales.

¿Qué opina del proceso de paz?
No se puede hablar de paz cuando se sigue aplicando una política estatal que va en contra de los derechos de los pueblos y las regiones. No se puede hablar de paz mientras continúa la guerra. Que el Gobierno detenga la guerra, detenga la militarización, garantice el bienestar para la gente, y verá que podemos andarle mas rápido a la paz.

Pero, ¿cómo puede el Gobierno detener la guerra?
Uno, depurando a la Fuerza Pública que está operando en el territorio, porque está violentando el derecho internacional. También, no haciendo asistencialismo, sino políticas públicas de verdad que ataquen directamente los problemas sociales de las regiones.

¿Qué dejaron los enfrentamientos del año pasado con el Gobierno?
Aprendimos que el Gobierno y sus funcionarios desconocen mucho de lo que la gente viene haciendo. El Gobierno tiene que escuchar. ¿Por qué no recogen lo que la gente ha estado haciendo? La institucionalidad colombiana se fortalece si incluye a los cabildos, a los resguardos y a otras organizaciones étnicas.

¿Cómo están organizados con otros grupos indígenas?

Ayer tuvimos un encuentro de autoridades indígenas en Medellín, donde vamos a concretar nuestra propuesta de paz, y hoy vamos a salir a caminar para decir que esta es la paz que proponemos los indios, todos los indios del país. Nos falta concretar la agenda de paz, que en esencia es sencilla: tierra, territorio, autonomía, gobierno propio y vida sabrosa.

¿Cómo mejorar el sistema de salud?
Hay que acabar con las EPS, no son funcionales. Vamos a entregarles la salud a las instituciones públicas que tenemos en las localidades. Vamos a hacer control de los recursos. No vamos a permitir que se sigan cerrando hospitales porque la salud es un derecho que no hemos conquistado.

¿Qué propone en cuanto a la explotación de recursos naturales?
Si tenemos que echar mano a los recursos, hagámoslo, pero solamente lo necesario y con el criterio de consultarle a la gente. No podemos repetir lo de El Quimbo, lo de La Colosa, lo del Cerrejón. Vienen los megaproyectos y nunca le consultan a la gente.

¿Cómo conseguir recursos para tantos cambios sociales?
Que las grandes empresas y transnacionales paguen impuestos. Que los ricos paguen los impuestos y los pobres no. Si les cobramos los impuestos a las transnacionales, a los grandes empresarios, generaríamos recursos suficientes para rebajar el IVA, atender los problemas sociales, atender la salud, atender la educación.
Por: Catalina Ruiz-Navarro

Chile: Elecciones y plebiscitos

Álvaro Cuadra
Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. ARENA PÚBLICA. Plataforma de Opinión. Universidad de Arte y Ciencias Sociales. ARCIS
Adital
 

Foto: elcomunita.net


Una elección presidencial es, en principio, la emisión de votos para designar a quien ocupará el cargo de primer mandatario del país. La elección en una democracia seria es informada, secreta y libre. Cada ciudadano pondera el programa, las promesas y la simpatía que le genera tal o cual candidato y lo contrasta con sus propias expectativas y creencias. Lo normal es que cada votante enfrente un amplio repertorio de opciones. 

En el caso de Chile, existe una segunda vuelta electoral en que las opciones se reducen a dos. Un plebiscito, en cambio, consiste en una consulta en que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una propuesta concreta en torno a un tema de interés nacional.

Las próximas elecciones presidenciales en Chile, quiérase o no, están adquiriendo un carácter plebiscitario. La ciudadanía enfrenta un espectro amplio de candidaturas que en su aparente diversidad se ordenan en dos grandes dominios, aquellas que insisten en mantener el actual orden binominal y aquellas que proponen su abolición. En este sentido, estamos ante unas elecciones – plebiscitarias. Al votar, el ciudadano debe aceptar, tácitamente, la continuidad del actual orden constitucional o bien, rechazar la institucionalidad post dictatorial que el país ha conocido por más de dos décadas.

Es claro que las candidaturas más conservadoras no se plantean ningún tipo de reforma constitucional, apuestan más bien a la continuidad de la institucionalidad vigente y a su administración, tal y como lo ha hecho el actual presidente. A lo sumo, están dispuestos a perfeccionar su aplicación, pero sin modificar su diseño matriz que, dicho sea de paso, les ha significado una era de paz y prosperidad heredada de la dictadura militar. Entre las candidaturas progresistas, habría que distinguir entre las que proponen cambios moderados por la vía institucional y aquellas que de manera explícita reclaman una Asamblea Constituyente. 

Desde un punto de vista político, lo interesante es que la sociedad chilena haya llegado a plantearse, por primera vez desde el llamado "retorno a la democracia”, la posibilidad de un cambio en las reglas del juego. El carácter plebiscitario que está adquiriendo la próxima elección presidencial está señalando una nueva etapa en la política chilena y en el desarrollo de su democracia. Si comparamos el momento actual con los primeros años de la transición, se hace evidente que estamos en otro momento histórico.

Más allá de los resultados de la elección presidencial que se avecina, el cuestionamiento del orden institucional que nos rige será una de los temas que ningún candidato podrá soslayar. 

La creciente presencia de los movimientos ciudadanos y las fisuras que muestra el actual tinglado político institucional están indicando un nuevo clima en el país. Pareciera que el "malestar ciudadano” expresa, finalmente, el agotamiento de una democracia insana y el anhelo de un orden político mucho más amplio, participativo, que exprese la diversidad de lo que somos.


Honduras: Comunidades indígenas lencas en rebelión contra depredación del territorio. Sexto día de tranques paraliza proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”


Giorgio Trucchi
LINyM - Lista Informativa 'Nicaragua y más' - Asociación Italia-Nicaragua
Adital
 

Foto: Copinh

En agosto de 2009, en medio de la crisis institucional generada por el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, un deslegitimado Congreso Nacional aprobaba la Ley General de Aguas, con la que se garantizaba la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país.
Un mes después, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la licitación internacional 100-1293-2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable. En diciembre del mismo año, la empresa concluyó el proceso con la apertura de 50 ofertas.
Fue hasta en abril de 2010, pocos meses después de asumir la presidencia Porfirio Lobo, que el Ministerio de Recursos Naturales (SERNA) procedió a adjudicar la licitación a 47 empresas nacionales, más del 70 por ciento de las cuales miembros de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER), es decir los mismos grupos económicos que ya controlaban – y siguen controlando – casi la totalidad de la generación térmica en el país.
La concesión de decenas de ríos en manos de empresas privadas fue considerada "turbia y amañada” por varios expertos del sector, entre otros, Juliette Handal, en aquel entonces presidenta de la CPN (Coalición Patriótica Nacional), mientras en el Congreso se preparaban las condiciones para nuevas licitaciones y un total de casi 300 proyectos hidroeléctricos.
Fue así que entre junio de 2010 y noviembre de 2011, los poderes ejecutivo y legislativo aprobaron 24 proyectos¹ más de generación de energía renovable, con una inversión aproximada de casi unos 1,000 millones de dólares. Entre ellos el proyecto hidroeléctrico "Agua Zarca”, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y realizado, entre otros, con fondosdel BCIE (Banco Interamericano de Integracvión Económica) por 24.4 millones de dólares.
Resistencia
El proyecto Agua Zarca, que se propone la generación de 21.3 MW (Megawatt) y que se está desarrollando en la zona noroccidente de Honduras, específicamente entre los Departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, ha sido fuertemente cuestionado por varias comunidades indígenas lencas, las cuales han votado en contra de su ejecución durante los cabildos abiertos organizados por los gobiernos municipales de la zona, así como en el marco de la Asamblea Indígena, que se ampara en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
Es por eso que, desde hace 6 días, más de 300 habitantes de cinco comunidades de la zona, miembros del Copinh(Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y personas solidarias, han subido el tono de la protesta y han puesto tranques en la carretera que conduce al sector de Río Blanco, donde se desarrolla el proyecto hidroeléctrico.
En un primer comunicado, las comunidades exigen el "retiro inmediato del proyecto Agua Zarca” y acusan a varias empresas y a instituciones municipales y estatales de no haber querido escuchar "la decisión de nuestras comunidades de rechazo total y reiterado a este proyecto”, que de hecho "privatiza el sagrado Río Gualcarque y el territorio”, así como provoca "daños ambientales, desplazamiento, daños al patrimonio cultural y económico, militarización y amenazas contra miembros de las comunidades”, se lee en el comunicado.
Sobre este caso ya fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía de Etnías, el Congreso y Serna, sin embargo, hasta el momento dichas instituciones no se han pronunciado al respecto.
Según el Copinh y las comunidades indígenas de la zona, este proyecto hidroeléctrico estaría siendo financiado también por Financiera Comercial Hondureña SA (Banco Ficohsa), cuyo gerente general es Javier Atala, quien el año pasado suscribió un convenio por 20 millones de dólares con Proparco, filial de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) dedicada a la financiación del sector privado, para proyectos de energía renovable.
Entre las empresas que estarían ejecutando el proyecto se mencionan a la compañía contratista china Sinohydro – la cual fue recientemente sancionada en Ecuador por graves irregularidades en cuanto a su trato a los empleados del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair –, la empresa de construcción Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca) y la alemana Voith Hydro, que ganó un contrato de suministro de turbinas hidráulicas y otras partes.
"Nos reunimos en asamblea y la gente decidió continuar con la toma de carreteras hasta que la empresa (DESA) no se retire de la zona y cierre el proyecto. Estamos expuestos a la intemperie, nos están amenazando de muerte y la militarización de la zona ha venido creciendo con el pasar de las horas, sin embargo la gente está animada y con mucho entusiasmo”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh, a la LINyM.
Según ella, los alcaldes de la zona, miembros de las empresas involucradas en la ejecución del proyecto, así como los guardias de seguridad y los cuerpos de policías, estarían organizando un desalojo violento, involucrando a miembros de otras comunidades, para hacer creer a la opinión pública que las comunidades indígenas están a favor del proyecto Agua Zarca.
"Hemos visto un gran despliegue de vehículos de la empresa y mucho movimiento de ejército y policía alrededor de la toma. Quieren desalojarnos, sin embargo nos vamos a mantener firmes, porque no podemos permitir que sigan acaparando y depredando nuestros territorios y los recursos naturales”, apuntó la dirigente indígena.
En un segundo comunicado, el Copinh reportó las graves amenazas vertidas contra sus dirigentes de parte de personal de las empresas DESA y Sinohydro, así como la constante presión de sus guardias de seguridad que, como frecuentemente ocurre en Honduras, cumplen tareas semi-militares, amenazando y amedrentando a la población organizada.
Amenazas
Para el día de hoy (6/4), se espera la llegada de varios observadores internacionales y defensores de derechos humanos, para resguardar la incolumidad de las personas. Las comunidades lencas han informado que, de no ser escuchadas, profundizarán la protesta con acciones de mayor contundencia, para lograr la liberación de su territorio que ha sido invadido.
"Hay un cerco mediático de parte de los medios corporativos de información que ocultan nuestra lucha y nuestras razones. Desde ya estamos responsabilizando a las empresas, a los alcaldes, al Congreso Nacional, a SERNA y a la Policía por cualquier acto de represión, amenazas y violencia en contra de nuestra integridad física, psicológica y emocional”, aseveró Cáceres.
Finalmente, la dirigente indígena recordó que en ningún momento el Copinh y las comunidades han estado en contra del desarrollo, sino de los "proyectos de muerte”.
"El pueblo lenca hace un planteamiento proprio del concepto de ‘desarrollo’. Un planteamiento basado en la dignidad humana, en el respeto a la madre tierra, en el bienestar de las comunidades, en el delicado equilibrio entre los seres humanos y los bienes comunes, desde una visión de justicia social y económica.
Lo que no aceptamos – continuó – es la lógica de privatización y depredación de nuestros recursos para tener más ganancia. Lo que no aceptamos es la lógica extractivista del capitalismo”, concluyó.
Nota:
1 Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos), planta hidroeléctrica Sueño II (Sociedad Hidroeléctrica Energy, S.A. de C.V.), hidroeléctrica Zinguizapa (Sociedad Mercantil Gutiérrez Arévalo, S.A. de C.V.), Hidroeléctrica Blanco La Puerta Etapa II (Gutiérrez Arévalo Energy, S.A. de C.V.), Hidroeléctrica La Cuaca (Sociedad Mercantil Generación de Energía Múltiple) e Hidroeléctrica Río Quilio (Sociedad Mercantil Compañía Fuerza de Occidente, S.A. de C.V.), proyecto Hidroeléctrico Río Frío (Sociedad Mercantil Sesecapa Energi Company, S.A. de C.V.), Proyecto Hidroeléctrico San Juan (Sociedad Industria Contempo, S.A. de C.V.), Proyecto Hidroeléctrico San Juancito (Sociedad Industria Contempo, S.A. de C.V.), Planta Hidroeléctrica Agua Blanca (Sociedad Mercantil Agua Blanca, S.A. de C.V.), Planta Hidroeléctrica Río Tapalpa (Sociedad Mercantil Compañía de Generación Eléctrica, S.A. de C.V.), Planta Hidroeléctrica El Tornillito (Sociedad Mercantil Hidroeléctrica El Volcán), Proyecto Geotérmico Platanares (Sociedad Mercantil Geotérmica Platanares, S.A. de C.V.), Hidroeléctrica La Vegona (Sociedad Mercantil Compañía Hondureña de Energía Renovable), Central Hidroeléctrica Xacbal (Sociedad Mercantil HidroXacbal), Hidroeléctrica Blanco\La Puerta Etapa III (Sociedad Mercantil Gutiérrez Arévalo), Hidroeléctrica Blanco\La Puerta Etapa I (Sociedad Mercantil Gutiérrez Arévalo Energy, S.A. de C.V.) e Hidroeléctrica Los Laureles (Sociedad Mercantil Generadora El Reto, S.A. de C.V.), Chamelecón 280 (Sociedad Mercantil Generación de Energía Renovable), Río Perla (Sociedad Mercantil Río Perla), Puringla Sazagua (Compañía Eléctrica Centroamericana, S.A. de C.V.), Wampú Chinacla (Sociedad Mercantil Hidroluz, S.A. de C.V.) Río Blanco Los Puentes (Compañía de Generación Eléctrica, S.A. de C.V.).
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Lea el tercer comunicado de ayer (7/4).

Paraguay: Izquierda paraguaya dijo campaña electoral es una guerra de mafias


Adital
La izquierda paraguaya aseguró hoy que el actual proceso electoral se convirtió en una verdadera guerra entre mafias y destacó su enrarecimiento por denunciados hechos de corrupción y del control de las mesas de votación.

Tanto el destituido presidente constitucional, Fernando Lugo, como el candidato a la jefatura del Estado por el Frente Guasú, Aníbal Carrillo, hicieron hincapié en los últimos acontecimientos relacionados con los partidos tradicionales que ganaron espacios en los medios de difusión.

Lugo mencionó la integración de las mesas de votación sólo con representantes de las organizaciones políticas tradicionales, expertas, según apuntó, en el manejo del conteo de los votos como una herencia de los 61 años de presencia del partido Colorado en el gobierno.

Un pacto de última hora realizado con promesas de participación en cargos durante un futuro gobierno permitirá a una alianza entre el partido Liberal Radical Auténtico y la Unión Nacional de Ciudadanos Eticos, conocida como Unace, controlar dos de cada tres mesas.

Esa polémica, avivada también por los continuos señalamientos del uso de recursos del Estado y de fondos producto de oscuras operaciones de venta y compra de terrenos divulgadas en los últimos días, son los elementos que Carrillo señaló como un enfrentamiento entre mafias.

El aspirante presidencial por el Frente Guasú, coalición de partidos y organizaciones sociales, criticó a los políticos que transan con recursos de la nación a diestra y siniestra y pidió someterlos a la justicia para una investigación.

Se han convertido en gavillas peligrosas distorsionando el fin último de la política que es servir al pueblo, planteó al referirse a los negocios apuntados como ilícitos y realizados por representantes máximos de los partidos tradicionales con tierras cuyo destino debió ser la reforma agraria.

Los intensos debates y las dudas por una eventual actuación parcial de esas organizaciones en las mesas electorales encargadas del conteo de los votos, se multiplicaron a apenas 15 días de las votaciones que renovarán las estructuras ejecutivas y legislativas del Estado.

La noticia es de PL


Colombia: Organizaciones realizan este martes (9) la Marcha Patriótica en defensa de la paz y la justicia social

Tatiana Félix
Periodista de Adital
Adital
 
Este martes (9), fecha en que se celebra el Día Nacional de las Víctimas, organizaciones sociales de izquierda y de diversos segmentos en Colombia, realizarán la Marcha Patriótica. Bajo el lema "Somos más, ahora sí la paz”, campesinos, obreros, feministas, estudiantes y demás activistas marcharán por las calles de Bogotá y se encontrarán en la Plaza Simón Bolívar para pedir paz con justicia social y la solución del conflicto armado, que viene siendo negociado entre gobierno y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde noviembre de 2012. 
 
De acuerdo con el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, el objetivo es exigir el compromiso del gobierno y de las Farc "de no levantarse de la mesa, de pactar el cese de fuegos bilateral así como suscribir acuerdos humanitarios, que garanticen la continuidad de los diálogos y produzcan la disminución de la intensidad del conflicto”, que ya dura más de 50 años.

Compuesta por casi dos mil organizaciones sociales, la Marcha Patriótica de Colombia espera la movilización de más de 150 mil integrantes de esas organizaciones, y estima una participación popular aún mayor.

Enfocándose en la paz con justicia social, las organizaciones recuerdan la necesidad de solucionar problemas sociales que afectan a la población colombiana y que son elementos que contribuyen al conflicto histórico como el desempleo, la falta de acceso a la salud, a la educación y a la vivienda. Debido a esta situación, se estima que la pobreza afecta a cerca de 20 millones de colombianos/as.

La ex-senadora Piedad Córdoba, una de las principales portavoces de la Junta Patriótica, dijo que la marcha es como una "demostración de voluntad de paz, democracia y defensa del público”. "Nuestra presencia será contundente, marcharemos con un mensaje de concordia, de inclusión, de respeto inequívoco y de nuestra voluntad en la construcción de la necesaria y urgente paz”, resaltó.

Durante el anuncio de la Marcha Patriótica, Piedad Córdoba aprovechó para informar que no va a competir en las elecciones de 2014, "por considerar que el actual sistema electoral no ofrece las garantías necesarias para su participación”. Según ella, el actual proceso electoral ya tiene definido quiénes serán los ganadores. Además, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica todavía debe evaluar si se constituye jurídicamente como partido político.

Por más información entre en el sitio web oficial: www.marchapatriotica.org o siga al movimiento en su página de facebook.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com