Los movimientos indígenas de Brasil han elegido esta semana para mostrar su contrariedad con las políticas que llegan al Amazonas desde Brasilia. Su protesta no es injustificada. El pasado jueves era el día elegido por el Parlamento brasileño para modificar el Código Forestal, una variación que, según los pueblos originarios, favorece la deforestación. El acuerdo no se produjo y el código, de momento, seguirá intacto. Sin embargo, las quejas van más allá. Reclaman la paralización de las grandes obras de infraestructuras que, como la central eléctrica de Belo Monte, buscan reducir el creciente déficit eléctrico del país.
El Código Forestal establece, desde 1965, las áreas protegidas en el país, principalmente la zona amazónica. La reforma, iniciativa del sector agropecuario, ansioso por ampliar la frontera agrícola, pone en juego el futuro equilibrio entre las selvas y la propia industria agraria. El proyecto, presentado por el diputado comunista Aldo Rebelo con el apoyo de la llamada “bancada ruralista”, un influyente sector político que protege los intereses de la industria agropecuaria, plantea la disminución de las áreas protegidas en beneficio del avance de las zonas cultivables.
Rebelo asegura que la ley actual hace inviable la masiva producción agrícola de Brasil, ya que obliga a los agricultores a proteger una cantidad extrema de bosques en sus propiedades: el 80% en el Amazonas y el 20% en el sur, además de márgenes de ríos y laderas montañosas. Es por esto que el diputado propone una flexibilización. Los beneficios económicos son estimables. El negocio agropecuario alcanzó exportaciones record en los últimos años, por unos 80.000 millones de dólares en 2010.
Asimismo, Rebelo denuncia que más del 90% de las 5,2 millones de propiedades rurales del país incumplen el Código Forestal, ya que obliga a reforestar 62,5 millones de hectáreas a un costo de más de 300.000 millones de dólares. Para los defensores de la reforma, ampliar el área cultivable es imprescindible en un momento histórico en que debe triplicarse la producción agrícola, y Brasil es uno de los principales graneros del planeta.
Los movimientos ecologistas están de acuerdo en que es necesario actualizar y mejorar la normativa, pero aseguran que para producir más alimentos no es necesario renunciar a la protección: bastaría con utilizar los 61 millones de hectáreas que, según las estimaciones de SOS Florestas, órgano que reúne a varias organizaciones ecologistas y de investigación ambiental, se destinan actualmente a la explotación ganadera de bajo rendimiento.
Según los científicos, la reforma no sólo tendría efectos ambientales, sino víctimas humanas: más cultivos y ocupaciones de los márgenes fluviales aumentarían la probabilidad de inundaciones, en un país donde este tipo de catástrofes se cobran la vida de centenares de personas cada año. Según el Ministerio de Medio Ambiente brasileño, más de un millón de personas fueron afectadas por algún tipo de desastre natural entre 2000 y 2007.
Y este argumento, el que incluye, además de la protección de la selva, el mantenimiento de unos modos ancestrales de vida, son los que han llevado a los indígenas del país a protestar esta semana contra otro de los males que, a su entender, les afecta, la construcción de grandes infraestructuras de utilidad para el común del país. El pasado jueves, ante el inicio de las discusiones de la reforma del código, los pobladores tradicionales hicieron un ruego al Parlamento brasileño.
Reclaman la paralización de la construcción de la gigantesca represa Belo Monte, impulsada por el gobierno y que ha cosechado las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. "Los indígenas quieren que la presidenta, Dilma Rousseff, no venga con una obra de muerte. En la Amazonía está nuestra supervivencia, y ella está en la presidencia de Brasil para mantener a su pueblo vivo, no muerto", afirmó el líder indígena Josinei Arara, que participó de una audiencia en la comisión de Derechos Humanos.
Antonia Melo, habitante del lugar donde será construida la faraónica hidroeléctrica, en el rio Xingú del estado amazónico de Pará (noreste), pidió al Parlamento garantizar "que el gobierno cumple el pedido de la -CIDH- de la OEA" de paralizar la obra hasta que los pueblos indígenas sean debidamente consultados. "Estamos huérfanos de apoyo político y ustedes se dicen representantes del pueblo", dijo Melo, presidente de la organización Xingú Vivo.
Con 11.200 MW de potencia (cerca de 11% de la capacidad instalada del país) y un costo de 11.000 millones de dólares, la represa está destinada a ser la tercera mayor del mundo. El gobierno asegura por su parte que tiene en cuenta las cuestiones ambientales y sociales, y ya dio señal verde al inicio de las obras, recientemente paralizadas por las lluvias. No parece sencillo que los indígenas logren paralizar un proyecto de tales dimensiones.
