lunes, 19 de agosto de 2013

Ecuador: Yasuní y los derechos de la naturaleza

Eduardo Gudynas

ALAI AMLATINA, 19/08/2013.- Una de las iniciativas ambientales más originales de los últimos años, originada en Ecuador, buscaba dejar el petróleo en tierra para preservar la Amazonia y sus pueblos indígenas. Era una idea construida desde la sociedad civil que se concretó en 2007, durante el primer gobierno de Rafael Correa, enfocándola en proteger el Parque Nacional Yasuní, y sus áreas adyacentes (conocidas por la abreviatura ITT). Esos esfuerzos terminaron pocos días atrás, cuando el gobierno anunció la cancelación de esa iniciativa y permitir la explotación petrolera.

La idea de una moratoria petrolera en Yasuní-ITT maduró durante muchos años, pero contó con un marco excepcional otorgado por el sistema de derechos aprobados en la nueva Constitución de 2008. En ella se organizan de mejor manera los derechos a la calidad de vida de las personas, la regulación del uso de los recursos naturales y las salvaguardas a los pueblos indígenas. En paralelo a éstos, se reconocieron por primera vez los derechos de la Naturaleza o de la Pachamama. De esta manera quedó establecido un mandato constitucional ecológico, que para ser cumplido no podría permitir una actividad de tales impactos como la explotación petrolera en Yasuní-ITT.

En etapas siguientes, el gobierno mantuvo la moratoria petrolera pero comenzó a buscar opciones alternativas para lograr una compensación económica. En aquel tiempo se razonó que Ecuador perdería un estimado de más de 7 mil millones de dólares por no extraer los 920 millones de barriles de crudo que estaban debajo del Yasuní-ITT. El presidente Correa afirmó que si se lograba un fondo de compensación de al menos la mitad de esas ganancias perdidas, se mantendría la suspensión petrolera.

La condición para la protección del área pasó a estar desde entonces en recolectar 3 600 millones de dólares. Se diseñaron distintos mecanismos y justificaciones para implementar ese fondo internacional, donde gobiernos, empresas o personas, pudieran depositar dinero. La idea era sensata, ya que existen muchos argumentos por los cuales otros gobiernos, especialmente del norte industrializado, deberían ahora apoyar solidariamente la protección de la biodiversidad, abandonando así su postura clásica de apropiarse vorazmente de los recursos del sur.

Pero con el paso del tiempo, el andamiaje conceptual gubernamental comenzó a crujir. Por un lado, se insistía cada vez más en la idea de la compensación o indemnización económica. Por otro lado, comenzó a quedar en segundo plano la fundamentación basada en los derechos de la Naturaleza, para pasar a priorizar argumentos enfocados en detener el cambio climático global. Se sostenía que se debía mantener el petróleo bajo tierra para evitar que una vez extraído fuera quemado en algún sitio, y los gases producidos alimentaran el calentamiento global. Con ello, la propuesta era sobre todo una compensación económica para evitar un aumento en el cambio ambiental planetario.

La iniciativa Yasuní-ITT era mirada con mucho interés por la comunidad internacional y despertaba muchas ilusiones entre varios movimientos sociales, al ser un ejemplo de una transición postpetrolera. Pero siempre sufrió de tensiones, como el constante recordatorio gubernamental de pasar a un “plan B” que consistía en explotar ese petróleo amazónico, e incluso contradicciones, como fueron las declaraciones presidenciales contra los posibles donantes internacionales.

El presidente Correa acaba de presentar varios argumentos para cancelar esta iniciativa de moratoria en Yasuní-ITT. Uno de ellos fue denunciar la falta de apoyo de la comunidad internacional, calificándola de hipócrita. En parte le asiste la razón, ya que muchas naciones industrializadas crecieron gracias a la expoliación de los recursos del sur, y la iniciativa Yasuní-ITT les permitía comenzar a saldar esas deudas. Pero tampoco puede minimizarse que al condicionar la moratoria petrolera a una compensación económica, se cayó en una contradicción insalvable. Es que el mandato constitucional ecuatoriano obliga a la protección de ese tipo de áreas, tanto por proteger los derechos de indígenas como los de la Naturaleza. Se vuelve muy difícil pedir a otros gobiernos una compensación económica por cumplir con una obligación constitucional propia. Una adecuada analogía sería la de un país que le pide a otros compensaciones económicas por sus gastos en atender la salud de sus niños.

Otro argumento presidencial se basa en una actitud de optimismo tecnológico, sosteniendo que ahora sí se puede hacer una explotación petrolea en la Amazonia minimizando los impactos. Esta actitud es muy común en varios gobiernos, pero es especialmente paradojal en Ecuador, ya que allí se vivieron en carne propia los duros impactos de extraer petróleo en la Amazonia. Esto ha quedado en evidencia en el proceso contra Texaco-Chevrón. Toda la información científica disponible abrumadoramente deja en claro los graves impactos de las petroleras en ambientes tropicales.

El combate a la miseria es otro de los argumentos presidenciales para cancelar la moratoria petrolera. Esta es una posición que suscita muchas adhesiones, y debe celebrarse que se usen los recursos naturales en beneficio del país, en lugar que nutran las arcas de empresas transnacionales. Pero decirlo no resuelve el problema de cómo asegurar que ello suceda. Es que más o menos lo mismo sostienen las empresas (cuando prometen, por ejemplo, que la minería resolverá la pobreza local y generará empleo), lo repiten unos cuantos gobiernos ideológicamente muy distintos (la “locomotora minera” de Santos se supone que reducirá la pobreza en Colombia), y está en el núcleo conceptual del desarrollo convencional (creyendo que todo aumento de exportaciones arrastrará al producto interno, y con ello se reduciría la pobreza).

Hay muchos pasos intermedios entre extraer un recurso natural y reducir la pobreza, y es precisamente en esas etapas donde se originan multitud de problemas. Estos van desde los dudosos beneficios económicos de ese tipo de extractivismo (ya que lo que el Estado ganaría por un lado por exportar petróleo, lo perdería por otro al atender sus impactos sociales y ambientales), el papel del intermediario (donde las empresas, sean estatales o privadas, del norte o de amigos del sur, sólo son exitosas cuando maximizan su rentabilidad, y casi siempre lo hacen a costa del ambiente y las comunidades locales).

La decisión de Correa genera ondas de choque en diversos planos. Al liberar a las petroleras, se pone en riesgo inmediato un ecosistema de alta biodiversidad, y a los pueblos indígenas que lo habitan (incluyendo aquellos que viven en aislamiento). Se desploma el intento de aplicar una alternativa postpetrolera, y la capacidad de servir como ejemplo entre los demás países desaparece. La medida ecuatoriana sin dudas alentará las presiones sobre áreas protegidas que también se viven, por ejemplo, en Perú y Bolivia. También muestra que el país no logra cumplir las promesas de diversificación productiva, y vuelve a caer en un papel de proveedor de materias primas.

Pero posiblemente el impacto más fuerte ha sido sobre el marco constitucional de los derechos de la Naturaleza. Es que al final de su discurso, Correa regresó a la vieja oposición de la década de 1970 entre desarrollo y conservación ambiental, cuando dijo que el “mayor atentado a los Derechos Humanos es la miseria, y el mayor error es subordinar esos Derechos Humanos a supuestos derechos de la naturaleza: no importa que haya hambre, falta de servicios... ¡lo importante es el conservacionismo a ultranza!”. Nadie en el ambientalismo defiende la miseria, sino que denuncian que bajo los titulares de promover el crecimiento económico no sólo se desemboca en mayores desigualdades sociales sino que se destruye el entorno natural.

Al margen de esa precisión, el problema es que en esa frase los derechos de la Naturaleza quedan apenas como un supuesto. Si esos derechos son dejados a un lado, prevalecerá el desarrollo convencional, con un nuevo triunfo del petróleo, ya que los impactos sociales y ambientales no tienen valor económico. Los derechos de la Naturaleza son una reacción a ese tipo de razonamiento. No son una concesión a las plantas y animales, o a los ambientalistas, sino que son una necesidad para poder proteger efectivamente a los pueblos y su patrimonio natural.

Todo esto hace que quede planteada la angustiosa pregunta si el día en que cayó la iniciativa de moratoria petrolera en la Amazonia de Ecuador, también no comenzaron a desplomarse los derechos de la Naturaleza.


- Eduardo Gudynas integra el equipo de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). Su twitter es: @EGudynas

URL de este artículo: http://alainet.org/active/66547

Sobre el mismo tema: “Yasuní, cambio de matriz productiva y acumulación originaria de capital”, Mario Ramos. http://www.alainet.org/active/66533

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ECUADOR ROMPE SU MANDATO ECOLOGICO Y LIBERA EXPLOTACION PETROLERA EN LA AMAZONIA

YasuniEcuador13 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, canceló lo que posiblemente fue la iniciativa ambiental más original de los últimos años en América Latina: impedir la explotación petrolera en la Amazonia. En su formulación más reciente, el gobierno ofrecía no extraer hidrocarburos solo si se completaba un fondo de compensación económica que cubriera aproximadamente la mitad de lo que esperaba ganar vendiendo ese crudo. Se buscaba preservar los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (de allí la sigla ITT), que en parte se superponen con el parque nacional y reserva de biósfera Yasuní, que en sus 9820 kilómetros cuadrados, es una de las zonas de mayor riqueza ecológica del continente.
Después de seis años, Correa canceló esa iniciativa el pasado 15 de agosto, para dar paso al llamado “plan B”, que permite la explotación petrolera en la zona. En un discurso por cadena nacional, lanzó ácidas críticas al ambientalismo, sostuvo que la comunidad internacional era hipócrita y le falló al país por no haber depositado dinero suficiente, e invocó repetidamente la miseria como factor clave para tomar la decisión de exportar el petróleo. Según Correa, con ese petróleo del Yasuní se conseguirán más de 18 mil millones de dólares, y que con ello, la Amazonía podría salir con “holgura” de la pobreza (video del discurso presidencial aquí…).
Dentro de Ecuador, la medida ha despertado la reacción de organizaciones ambientalistas, y las federaciones indígenas ya anticiparon su oposición activa. Según las últimas encuestas de opinión pública, más del 90% de la población urbana estaba en contra de extraer petróleo del ITT Yasuní. Asimismo, distintas voces invocaron el marco constitucional para llamar a una consulta ciudadana sobre ese tipo de explotación. Este pasado sábado, en su programa de radio y televisión, Correa desafió a esos grupos a que no fueran “vagos” y recogieran las firmas necesarias para obligar a una consulta ciudadana (5% del patrón electoral) (la noticia aquí…).
Esta medida ecuatoriana tendrá efectos tanto sobre los países vecinos como a nivel internacional. Al desaparecer una de las propuestas icónicas de una alternativa postextractivista, se refuerzan los avances mineros y petroleros dentro de áreas naturales y territorios indígenas. En países como Bolivia, Perú y Colombia se repiten las presiones para comenzar a explotar áreas silvestres o tierras en manos de indígenas o campesinos.
Al desplomarse la iniciativa, los gobiernos vecinos reforzarán similares discursos donde se dice que no hay más opción que el extractivismo para superar la pobreza. Estamos presenciando un nuevo embate de avance la frontera petrolera sobre las selvas tropicales.
Otra vez derechos vs dineros
MapaYasuni 
La propuesta de dejar el crudo bajo tierra nació desde la sociedad civil mucho antes de la presencia política de Correa, y fue rescatada hacia 2007, por Alberto Acosta, quien era entonces el ministro de energía de su primer gobierno. En sus orígenes, la propuesta apuntaba a proteger la biodiversidad y pueblos indígenas dentro del área, cumpliendo con los nuevos derechos constitucionales ecuatorianos. En efecto, la Constitución mantenía los clásicos derechos ambientales de las personas, pero agregaba derechos propios de la Naturaleza o Pachamama. El Parque Yasuní era una candidato ideal, ya que dentro existían algunas explotaciones petroleras que le amenazaban, pero sobre los intereses de petroleras de expandirse sobre los campos llamados ITT.
A esos argumentos se sumó la idea de una compensación económica, solicitada a la comunidad internacional como muestra de solidaridad con el esfuerzo ecuatoriano. El problema es que ese componente económico cobró cada vez más fuerza. Se sostenía que como el Ecuador perdería mucho dinero al dejar de exportar el petróleo, los demás países lo deberían compensar con al menos la mitad de esos valores (estimados en unos 3 600 millones de dólares).
Al avanzar el tiempo, el compromiso con la conservación y los pueblos indígenas quedó en segundo plano, y el interés económico comenzó a ser justificado en el marco de los debates sobre cambio climático global. Las posturas más recientes del gobierno sostenían que al preservar el petróleo, éste no sería quemado, y por lo tanto se evitarían emisiones de gases con efecto invernadero. Consecuentemente la comunidad internacional debía pagar por esas emisiones evitadas, e incluso se intentó crear “bonos” atados a la reducción de emisiones contaminantes.
Todo esto entreverado con las idas y venidas del propio gobierno, que en más de una ocasión parecía torpedear su propia iniciativa, minando la confianza internacional en cualquier fondo. Sin dejar de olvidar que Correa llegó a burlarse de los donantes internacionales.
Tanto los cambios como los discursos dejan en claro que Correa, y sus colaboradores más cercanos, en realidad nunca entendieron el corazón de la propuesta. Eran los mandatos constitucionales de los derechos de las personas y la Naturaleza los que le obligaban a preservar el parque nacional. Para cualquier observador desapasionado es evidente que es muy difícil pedirle dinero a otras naciones por llevar a la práctica acciones a las que está obligado un gobierno. Para decirlo en forma más simple, es como si Colombia o Perú pidieran una compensación internacional por los gastos que deberían asumir para asegurar la salud o educación de sus niños.
Como primaron las consideraciones económicas, no puede sorprender que los atributos ecológicos del Yasuní, uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta, quedaran desatendidos. Por ello estuvieran ausentes en el discurso presidencial. Todo esto confirma que ese gobierno, poco a poco, está haciendo desaparecer los derechos de la Naturaleza. El mismo Correa lo dejó en claro cuando al final de su discurso se refirió a ellos como “supuestos derechos”.
De esta manera, la decisión final no se fundamentó en el marco de los derechos, sino que se articuló como un ejercicio costo beneficio: como el fondo internacional de compensación resultó muy pequeño, lo más rentable era comenzar a vender el stock petrolero. Aquel fondo de compensación sólo recaudó en efectivo poco mas de 13 millones de dólares, y existían promesas por 116 millones, o sea, muy por debajo de los 3 600 millones esperados. El gobierno hizo las cuentas, y partiendo de reservas calculadas en la zona son de 920 millones de barriles, Correa prometió un ingreso de más de 18 mil millones. Son las matemáticas simples de un análisis costo beneficio.
Los impactos en Sudamérica
La decisión de Correa tendrá implicancias en el contexto continental de variadas maneras. Comencemos por señalar que refuerza la postura de gobiernos que se lanzan a la retórica sobre temas ambientales globales mientras debilitan su gestión ambiental interna.
Esta postura es sobre todo seguida por Evo Morales, quien tiene discursos muy radicales en los foros internacionales sobre cambio climático y propone derechos de la Pacha Mama planetarios, y esto sin duda es positivo. Pero el problema es que simultáneamente se desatiende ese compromiso dentro de su propio país. En Bolivia no se atacan decididamente, por ejemplo, las fuentes de emisiones (como la deforestación) o se aseguran los derechos de la Pacha Mama a nivel local (por ejemplo frente a mineras o petroleras). Por el contrario, la administración Morales quiere seguir un camino muy parecido al ecuatoriano, ingresando en áreas protegidas o territorios indígenas y campesinos para explorar y explotar minerales y petróleo.
De alguna manera, el camino seguido por Correa es similar. Su discurso se centró en el cambio climático y la hipocresía global, pero no en las demandas ambientales dentro del país. Siempre es más sencillo atacar a los países industrializado como contaminantes, que tomar medidas frente a los intereses internos que defienden el extractivismo.
Regresan actividades de exploración y explotación, con todos sus conocidos impactos ambientales a zonas amazónicas de enorme diversidad, y con ello toda la problemática social. Se siguen encogiendo las áreas verdaderamente silvestres y aumentará la fragmentación.
Paralelamente, si un gobierno autoproclamado como del socialismo del siglo XXI o de la nueva izquierda, redobla la explotación petrolera más allá de advertencias sociales y ambientales, otros países vecinos que siguen caminos similares podrán decir que son tan progresistas como Correa. Las diferencias entre Correa con Santos o Humala se reducen más y más.
Finalmente, se refuerza el corazón ideológico del fatalismo extractivista como único medio para atacar la pobreza. Son posiciones que se repiten en casi todos los países sudamericanos. Se está imponiendo una forma de entender el desarrollo, donde volvemos a caer en el papel de simples exportadores de materias primas, y la explotación de la Naturaleza no sólo es necesaria, sino que se la presenta como un mandato para asegurar el progreso.
Acaba de desplomarse en Ecuador la iniciativa ambiental más original frente a ese empuje petrolero sobre la Amazonia. Una vez más, la ambición petrolera pudo más que una ética de la conservación.-
 Un análisis detallado sobre los distintos aspectos de la iniciativa de moratoria petrolera en el Yasúni, por A. Acosta, E. Gudynas, E. Martínez y J. Vogel se puede descargar aquí…
Publicado el 18 agosto 2013. Este es un espacio participativo; aportes, críticas y reacciones, escríbame a: embrollodeldesarrollo@gmail.com
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