Las semanas anteriores a la explosión de
manifestaciones en Brasil, los movimientos indígenas buscaban llamar la
atención del gobierno federal por la consulta y la demarcación de
tierras. Con las actuales protestas, el tema indígena quedó olvidado de
la agenda nacional. Para el militante indígena Sassá Tupinambá, del
Tribunal Popular, esto no es una sorpresa, ya que nunca los tomaron en
cuenta. Rafael Siqueira, del Movimiento Pase Libre (MPL), cree que la
coyuntura política puede traer nuevas oportunidades para todos los
movimientos.
por BRISA ARAUJO
Uniao Campo Cidade e Floresta
“Se empieza a generar una cultura de acción directa en el país, y
esto es algo bueno. Mostramos a la presidenta que la movilización en
las calles logra que los gobiernos se muevan. Con o sin respuesta
inmediata, es necesario estar en las calles”, defiende Siqueira.
“Los pueblos indígenas presionan el gobierno desde hace 10 años y
en ningún momento nos recibieron para negociar nuestras demandas”,
señala a Desinformémonos Sassá Tupinambá.
Para él, la disposición del
gobierno brasileño en hablar con los movimientos sociales es fruto
exclusivamente del levantamiento popular iniciado en junio. Hoy,
advierte, “los movimientos perciben la importancia de presionar el
gobierno y de llevar sus reivindicaciones a las calles”.
El indígena tupinambá y militante del Tribunal Popular desde hace
seis años considera que la coyuntura actual difícilmente cambiará las
relaciones entre los pueblos indígenas y el gobierno en Brasil. El mes
de junio, dice Sassá, muestra la diferencia de tratamiento a cada tipo
de movimiento. Semanas antes de que las movilizaciones llevaran a cerca
de 5 millones de personas a las calles de todo el país – dato estimado
con la suma de los cálculos de la policía militar en cada una de las
ciudades dónde hubo protestas – los indígenas munduruku ocuparon la obra
de la hidroeléctrica de Belo Monte, en el norte del país, donde murió
un indígena. “También estuvo el caso guarani kaiowá, quienes sufrieron
una muerte más este mes. Además, seis de ellos se encuentran presos,
acusados de matar al dueño de una hacienda.
También se registró la
muerte en Sidrolândia, en la comunidad Terena de Buriti”, relató.
El problema de la lentitud y falta de interés en la demarcación
de tierras indígenas no parece tener fin, aunque protesten. “Dilma se
reunió con los terratenientes de la Unión Democrática Ruralista (UDR)
con la presencia de la senadora y empresaria del ramo de la pecuaria,
Kátia Abreu, para negociar su apoyo. Si no atiende a los pueblos
indígenas es por su conveniencia, porque optó por una línea política que
no es compatible con los derechos de los indígenas. Ella prefiere
ignorarnos”, critica Tupinambá.
Aunque más optimista, Rafael Siqueira, quien estuvo reunido con
la presidenta el pasado 24 de junio, también ve con cautela la apertura
al diálogo por parte de la presidenta. “Es muy probable que solamente
haya intentado contener la situación. Esperamos actitudes más
progresistas de su parte, pero también evaluamos que es difícil que se
presenten, por lo que el gobierno federal demostró hasta el momento”,
comentó.
Siqueira considera que la reunión, aunque no llegó a soluciones
efectivas, fue positiva para hacer públicas sus reivindicaciones y
exponer puntos débiles del gobierno. “Dejamos claro que la presidencia
no entiende nada de transporte público y mucho menos de tarifa cero. Y
también pudimos expresar nuestra crítica a la represión a las
manifestaciones, a la inoperancia de la presidencia con las alcaldías
petistas, además de reforzar que la criminalización de los movimientos
sociales no puede ser encubierta por la presidencia”, evaluó.
Con entrada de la presidenta en el escenario de las
manifestaciones hubo, por un lado, el miedo de la izquierda de que estas
se perdieran y, por otro, el efectivo intento de la derecha de
apropiarse de las demandas manejadas por los manifestantes. Los grandes
medios pasaron a calificar las marchas como una expresión de la clase
media indignada contra los altos impuestos y la corrupción. “Los medios
no dan espacio para la lucha del pueblo empobrecido, pero dedican mucho
tiempo a los actos en contra de la burguesía, o enfatizan cuestiones que
no son de interés público, como la vida privada de artistas o
futbolistas, sobre quien gana o pierde los partidos de fútbol”, criticó
Tupinambá.
Para los activistas, tanto los intentos de la derecha como el
abordaje de los medios están lejos de ser reflejo de la realidad. “La
derecha y la burguesía intentaron cooptar los movimientos, pero no lo
pudieron hacer. Sus reivindicaciones no tienen un mínimo de respaldo
popular y mucho menos de los movimientos sociales. Su intento muere
sólo, y es lo que está sucediendo”, diagnosticó Rafael Siqueira.
Un análisis del carácter de las manifestaciones más recientes en
São Paulo es, para Sassá, la mejor manera de darse cuenta de que los que
siguen protestando no son parte de la clase media. “Intenté visitar a
mi padre, que vive en la zona este de la ciudad y no pude llegar porque
había movilizaciones en distintos puntos de la periferia. Lo que se ve
son varios actos dispersos por la periferia, que es dónde vive la
población empobrecida”, analizó. Las reivindicaciones de estas
protestas, dijo, son muy distintas de las que aparecen en los medios.
“Nosotros estamos en la calle por derechos, los impuestos y la
corrupción no son nuestras demandas. La periferia lucha por el derecho a
la salud pública, educación de calidad, habitación y contra la
violencia policiaca”, señaló el miembro del Tribunal Popular.
La violencia policiaca es una de las demandas más fuertes entre
la población pobre, comenta Sassá, y es otro de los temas que no pudo
ser capturado por las clases medias. El militante afirma que hubo el
intento de apuntalar la violencia generalizada de la sociedad como una
de los temas, pero esto no convenció a la gente de la periferia. “Lo que
se discute en las periferias es la violencia de la policía, una
violencia sistemática que es llevada a cabo principalmente contra los
negros y los indígenas, constantemente asesinados por la policía militar
en las zonas periféricas de las ciudades”, expuso. Los medios, denunció
Tupinambá, tienen su parcela de culpa: “Tratan la manifestación como
actos de vandalismo. Para los medios, tirar una piedra a un policía que
te está disparando no es defensa, es vandalismo. No clasifican lo que
hace la policía como violencia, quien es violento para ellos es el que
protesta”.
Para los militantes, lo que queda claro es que,
independientemente de las respuestas del gobierno, las movilizaciones
continuarán. “Empezamos a crear una cultura de acción directa en el país
y esto es bastante bueno. Es la manera más legítima de obtener el
control social sobre el estado y de presionar a los gobiernos”, evaluó
Rafael Siqueira. El plebiscito prometido por la presidenta para realizar
una reforma política en el país es una importante oportunidad, dice
Sassá. “En los últimos 12 años, el único éxito de este gobierno fue
proponer el plebiscito, en vez el referendo que quería la derecha – que
no tiene ni siquiera valor de consulta, es apenas publicidad. Ahora es
el momento para definir lo que queremos y el plebiscito es una
herramienta importante, incluso para hacer el trabajo político de
convencer a la gente”, evaluó Tupinambá.