Por Marco A. Gandásegui, hijo
La crisis en torno al Canal de Panamá que actualmente sacude los
cimientos de la economía panameña, me recuerda mi visita al proyecto de
‘Las Tres Gargantas’ en China hace una década.
El proyecto gigantesco,
que se realizó con un presupuesto de US$39 mil millones tenía cuatro
objetivos, según los chinos. Primero, evitar las inundaciones periódicas
provocadas por el poderoso río Yangtse. Segundo, crear condiciones para
impulsar proyectos de irrigación. Tercero, brindarle seguridad al
transporte fluvial. Por último, surtir de energía eléctrica a la enorme
cuenca y, especialmente, a la ciudad de Shanghai.
La propuesta de ampliación del Canal de Panamá sólo se refiere a un
objetivo, del cual se deriva un segundo. La ampliación del Canal
contribuiría a la creciente expansión del comercio marítimo mundial
altamente monopolizado. Además, al margen, le permitiría a un grupo de
especuladores locales y extranjeros incrementar sus ‘rentas’
provenientes de los servicios prestados al comercio marítimo.
En los debates realizados en 2006 en torno al proyecto presentando por
el gobierno del presidente Martín Torrijos, para la ampliación del
Canal, nos opusimos al mismo por considerarlo muy corto de vista,
olvidándose del país y del potencial de desarrollo que debería tener el
proyecto para el futuro de Panamá. La propaganda oficial ahogó toda
propuesta alternativa y el referéndum arrojó una mayoría favorable al
proyecto presentado.
Seguimos siendo de la opinión que el país tiene que incorporar, en forma
integral, el Canal de Panamá a sus planes de desarrollo. Países como
EEUU y China han aprovechado los grandes proyectos para impulsar
diferentes iniciativas. El gobierno panameño sólo ve el proyecto de
ampliación como una iniciativa empresarial. De hecho, algunos años antes
– 1997 – el Canal de Panamá fue supuestamente ‘blindado’ contra
cualquier interés nacional e incorporado a la Constitución Política con
un criterio mercantil.
Estos antecedentes nos permiten entender un poco mejor lo que está
detrás del diferendo entre el Grupo Unidos por el Canal (GUPC),
contratista responsable de la construcción del tercer juego de esclusas,
y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Según información que ha circulado profusamente en la prensa panameña,
española y mundial, los integrantes del grupo que se ganó la licitación
tenía desde un principio el plan de recurrir a los ‘sobre costes’ para
realizar ganancias extraordinarias. Según fuentes españolas, “ocho de
cada diez obras licitadas por las administraciones públicas acarrean
sobrecostes, a pesar de que la ley vigente establece que debe ser un
recurso excepcional”. Es el ‘modus operandi’. En una entrevista, Jorge
Quijano actual administrador de la ACP, dijo que los españoles le
pidieron que cambiara la ley panameña. “Les dije que no puedo cambiar la
ley porque ellos quieren que yo negocie fuera del contrato”.
El gobierno panameño y la ACP tuvieron el tiempo suficiente para
detectar la maniobra de los miembros del consorcio hispano-italiano. Sin
embargo, no hicieron lo que era necesario antes de la licitación,
durante el período de estudio de las propuestas y una vez iniciadas las
obras, para evitar el problema que ahora es de todos los panameños.
A los panameños no nos queda otra que cerrar filas y apoyar a la ACP
para que pueda terminar la construcción del tercer juego de esclusas.
Según el administrador Quijano, hay “un buen plan de ejecución que
(garantiza que) esta obra la podemos completar sin mayor gasto
adicional”. Agregó “que si tengo que tirar pico y pala para terminar
esta obra, voy a acompañar a todos los panameños para terminarla”.
La ruta que se escoja, sin embargo, no debe sobrepasar el presupuesto
original. Obviamente, el error cometido por Panamá en 2009 no puede
repetirse. Para ello es necesario que los panameños procedamos a
reorganizar a la ACP. La institución tiene fallas y los panameños somos
los primeros que debemos reconocerlo.
Al cerrar filas en torno a la ACP para que dé la batalla, tenemos que
redescubrir y reforzar tres nociones: transparencia, rendición de
cuentas y compromiso nacional.
Para demostrar su transparencia, la ACP tiene que comenzar por colocar
en su página virtual el contrato que celebró con el GUPC.
La ACP rinde anualmente cuentas ante la Asamblea de Diputados. Ante un
hemiciclo medio vacío, sin interés en cuestionar la gestión realizada,
los técnicos dan a conocer sus cifras. La rendición de cuentas tiene que
hacerse también en las universidades, ante los gremios y organizaciones
del país.
Urge, por último, que la ACP se incorpore al desarrollo integral del
país. Que el Canal sea el motor de la economía nacional, por lo menos
durante los próximos 20 años. Ejemplo: la construcción del quinto puerto
que necesitan los barcos usuarios del Canal en una ciudad del interior,
comunicada con la vía acuática por un tren rápido. Otro ejemplo: El
establecimiento de un instituto de investigaciones sobre las cuencas y
su contribución al desarrollo integral de las poblaciones que viven
dentro de sus perímetros. Ese instituto trabajaría con la entidad
gubernamental encargada de ejecutar una política de desarrollo integral
en la cuenca del Canal de Panamá.
La contribución de la represa de Las Tres Gargantas al desarrollo de su país es un proyecto que merece emularse.
16 de enero de 2014.
