jueves, 19 de septiembre de 2013

Brasil: Carta do Comite Xingu Vivo sobre a questão indigena no Brasil

Estimados(as) companheiros(as),
Envio a todos(as) Carta denuncia do Comite Xingu Vivo sobre a questão indigena no Brasil, entregue hoje no encerramento da V Conferência Distrital de Saúde Indigena, realizada em Belém/PA.
Fraternamente,
Dion Monteiro


CARTA DO COMITÊ XINGU VIVO AOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE INDÍGENA DO DSEI GUATOC
 
Nós, que formamos o Comitê Xingu Vivo, fórum constituído por mais de 50 organizações, somos militantes sociais que enfrentam o modelo liberal-desenvolvimentista do governo Dilma, governo que tem atuado com uma política genocida, destruindo os povos indígenas do Brasil.
 
Um dos símbolos dessa política é a construção da Hidrelétrica de Belo Monte, no médio rio Xingu, onde vivem várias comunidades indígenas, entre outras, Juruna, Arara, Xikrin, Parakanã, Asuriní do Xingu, Kayapo, Xipaia, Curuaia, Arawete e indígenas ribeirinhos não aldeados.
 
O governo de Dilma Rousseff não tem limites quando se propõe a repassar dinheiro público para as empreiteiras que financiaram sua campanha, por isso, além das hidrelétricas no rio Xingu, Teles Pires e Madeira, já está planejando construir sete no rio Tapajós, e outras nos rios Araguaia e Tocantins.
 
No Teles Pires as crianças, índias de 12 e 13 anos, estão sendo violentadas por homens que foram despejados naquela área, para a construção das hidrelétricas. No Tapajós, quem está sendo atacado neste momento, pela Força Nacional e Exercito, é o povo Munduruku. Nas nossas lutas cantamos: “Pra Belo Monte se firmar, quantos índios vão matar? Mas se o povo se unir, Belo Monte vai cair”. Essa é a nossa compreensão, essa é a nossa ação.
 
Como se não bastassem as hidrelétricas, a mineração é outra frente implementada pelo governo e seus aliados, em especial os políticos corruptos e as grandes corporações. Atualmente existem várias propostas em discussão no Congresso, algumas em fase final:
- Portaria 303/AGU, de julho/12, determina que as condicionantes utilizadas no caso Raposa Serra do Sol, sejam válidas para todas as demais Terras Indígenas.
- Projeto de lei 1610/1996, de Romero Jucá (PMDB), aliado do governo. Trata da regulamentação e autorização para mineração em Terras Indígenas.
- PEC 215/2000. Propõe transferir do poder executivo para o Congresso Nacional a demarcação e homologação de terras indígenas e quilombolas.
- PEC 76/2011, de autoria do Senador Blairo Maggi. Propõe uma “sociedade” com os povos indígenas, oferecendo a estes participação nos projetos hidrelétricos e de mineração.
 
Enquanto a produção mineral no Brasil cresceu 550% de 2001 a 2011, o número de indígenas assassinados cresceu 170% de 2002 a 2012. Aproximadamente 560 índios foram assassinados neste período.
 
O governo que deveria dar proteção aos indígenas, os ataca; que deveria prestar assistência à saúde indígena, repassa dinheiro para empresas privadas, como a SPDM, que não tem nenhum conhecimento antropológico e não garante saúde de qualidade às comunidades, nem respeita sua cultura e sua tradição.
 
O claro exemplo do descaso e desrespeito aos povos indígenas está na participação do Secretário da Saúde Indígena do governo, nesta mesma conferência. Veio do DF para Belém, discursou e não deu espaço para perguntas, e muito menos para críticas, sobre o caos da saúde indígena neste País.
 
Por tudo isso denunciamos o governo brasileiro, grandes empreiteiras, mineradoras e seus aliados, como os verdadeiros destruidores das terras da Amazônia e dos povos indígenas do Brasil.
 
Belém, 19 de setembro de 2013
Comitê Xingu Vivo

A. Boron: "The Obama regime"


Atilio A. Boron

ALAI AMLATINA, 18/09/2013.- Es una práctica profundamente arraigada que los gobiernos opuestos a la dominación norteamericana sean rutinariamente caracterizados como “regímenes” por los grandes medios de comunicación del imperio, los intelectuales colonizados de la periferia y aquellos que el gran dramaturgo español Alfonso Sastre ha magistralmente calificado como “intelectuales bienpensantes.” La palabra “régimen” adquirió en la ciencia política una connotación profundamente negativa, misma que no estaba presente en su formulación original.

Hasta mediados del siglo veinte se hablaba del “régimen feudal”, de un “régimen monárquico”, o de un “régimen democrático” para aludir al conjunto de leyes, instituciones y tradiciones políticas y culturales que caracterizaban a un sistema político. Pero con la Guerra Fría y, después, con la contrarrevolución neoconservadora, el vocablo mudó completamente su significado. En su uso actual la palabra es empleada para estigmatizar a gobiernos o estados que no se arrodillan ante los dictados de Washington, a los cuáles por eso mismo se los descalifica como autoritarios y, en no pocos casos, como sangrientas tiranías.

No obstante, una mirada sobria en relación a este asunto comprobaría la existencia de estados inocultablemente despóticos que, sin embargo, los voceros de la derecha y el imperialismo jamás calificarían como “regímenes”. En la coyuntura actual proliferan los analistas o periodistas (inclusive algunos “progres”, un tanto distraídos) que parecerían no tener mayor inconveniente en aceptar el uso del lenguaje establecido por el imperio. El gobierno sirio es el “régimen de Basher Al Assad”; y la misma descalificación se utiliza a la hora de hablar de los países bolivarianos. En Venezuela lo que hay es un “régimen chavista”; en Ecuador es el “régimen de Correa” y Bolivia se encuentra sometida a los caprichos del “régimen de Evo Morales.”

El hecho de que en estos tres países se hayan desarrollado instituciones y formas de protagonismo popular y funcionamiento democrático superiores a las existentes en los Estados Unidos y la gran mayoría de los países del capitalismo desarrollado es olímpicamente ignorado. No son amigos de los Estados Unidos y, por lo tanto, su sistema político es un “régimen.”

El doble rasero que se aplica en estos casos queda en evidencia cuando se observa que las infames monarquías petroleras del golfo, mucho más despóticas y brutales que el “régimen” sirio jamás son estigmatizadas con la palabrita en cuestión. Se habla, por ejemplo, del gobierno de Abdullah bin Abdul Aziz pero nunca del “régimen” saudita, a pesar de que en este país no existe parlamento sino una mera “Asamblea Consultiva” cuyos miembros son designados por el monarca entre sus parientes y amigos; los partidos políticos están explícitamente prohibidos y el gobierno es ejercido por una dinastía que se perpetúa en el poder desde hace décadas.

Exactamente lo mismo ocurre con Qatar pese a lo cual ni por asomo el New York Times o los medios hegemónicos de América Latina y el Caribe se les ocurre hablar del “régimen saudita” o el “régimen catarí.” Siria, en cambio, es un “régimen”, pese a que es un estado laico en el cual hasta hace poco tiempo convivieron diversas religiones, existen partidos políticos legalmente reconocidos y hay un congreso unicameral con representación de la oposición. Pero nadie le quita el sambenito de “régimen”. En otras palabras: un gobierno amigo, aliado o cliente de Estados Unidos, por más opresivo o violador de los derechos humanos que sea, nunca va a ser caracterizado como un “régimen” por el aparato de propaganda del sistema. En cambio, gobiernos como los de Irán, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y varios más son invariablemente caracterizados de esa manera.[1]

Para comprobar de modo aún más rotundo la tergiversación ideológica que subyace a estas caracterizaciones de los sistemas políticos basta con recordar la forma en que los publicistas de la derecha tipifican al gobierno de Estados Unidos, considerado como el “non plus ultra” de la realización democrática. Esto a pesar de que hace poco el ex presidente James Carter dijo que su país “no tiene una democracia que funcione.” Lo que hay, en realidad, es un estado policial, muy hábilmente disimulado, que ejerce una permanente e ilegal vigilancia sobre la propia ciudadanía y que lo más importante que ha hecho en los últimos treinta años ha sido permitir que el 1 % de la población se enriquezca como nunca antes, a costa del estancamiento en los ingresos percibidos por el 90 % de la población.

En la misma línea crítica de la “democracia” estadounidense (en realidad, una cínica plutocracia) se encuentra la tesis del gran filósofo político Sheldon Wolin, quien ha caracterizado al régimen político imperante en su país como “un totalitarismo invertido”. Según este autor, “el totalitarismo invertido … es un fenómeno que …representa fundamentalmente la madurez política del poder corporativo y la desmovilización política de la ciudadanía.” [2]

En otras palabras, la consolidación de la dominación burguesa en manos de los grandes oligopolios y la desactivación política de las masas, estimulando la apatía política, el abandono de –y el desdén por- la vida pública y la fuga privatista hacia un consumismo desorbitado sólo sostenido por un aún más desenfrenado endeudamiento. El resultado: un “régimen” totalitario de nuevo tipo. Una peculiar “democracia”, en suma, sin ciudadanos ni instituciones, y en la cual el abrumador peso del “establishment” vacía de todo contenido al discurso y a las instituciones de la democracia, convertidas por eso mismo en una mueca sin gusto y sin gracia y absolutamente incapaces de garantizar la soberanía popular. O de hacer realidad la vieja fórmula de Abraham Lincoln cuando definió a la democracia como “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.”

Producto de esta gigantesca operación de falsificación del lenguaje, el estado norteamericano es concebido como una “administración”, es decir, una organización que en función de reglas y normas claramente establecidas gestiona la cosa pública con transparencia, imparcialidad y apego al mandato de la ley. En realidad, tal como lo asegura Noam Chomsky, nada de ello es verdad. Estados Unidos es un “estado canalla”, que viola como ningún otro la legalidad internacional y lo mismo hace con algunas de los más importantes derechos y leyes del país. Así lo demuestran, para el caso doméstico, las revelaciones sobre el espionaje que la NSA y otras agencias han venido haciendo en contra del propio pueblo de Estados Unidos, para no hablar de atropellos aún peores como los que se producen a diario en la infame cárcel de Guantánamo o la persistente lacra del racismo. (3)

Propongo, por lo tanto, que abramos un nuevo frente de lucha ideológica y que de ahora en más comencemos a hablar del “régimen de Obama”, o el “régimen de la Casa Blanca” cada vez que tengamos que referirnos al gobierno de Estados Unidos. Será un acto de estricta justicia, que además mejorará nuestra capacidad de análisis y contribuirá a higienizar el lenguaje de la política, ensuciado y bastardeado por la industria cultural del imperio y su inagotable fábrica de mentiras.

- Dr. Atilio A. Boron es Director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED)

[1] Conviene recordar que esta dualidad de criterios morales tiene una larga historia en Estados Unidos. Es célebre la anécdota que narra la respuesta del presidente Franklin D. Roosevelt ante algunos miembros del partido demócrata horrorizados por las brutales políticas represivas de Anastasio Somoza en Nicaragua. FDR se limitó a escucharlos y decirles: “sí, es un hijo de puta. Pero es ‘nuestro’ hijo de puta.” Lo mismo podría decirse de los monarcas de Saudiarabia y Qatar, entre otros. Ocurre que Basher Al Assad no es su hijo de puta. De ahí la caracterización como “régimen” de su gobierno.

[2] Cf. Su Democracia Sociedad Anónima (Buenos Aires: Katz Editores, 2008) p. 3.

[3] Para un examen de la sistemática violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos, o del “régimen” norteamericano, ver: Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, "El lado oscuro del imperio. La violación de los derechos humanos por Estados Unidos" (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009)


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