Varios policías portan el féretro con los restos de un colega muerto por una turba. /
Derechos y deberes indígenas
Por Juan Jesús Aznarez
El linchamiento en Bolivia de supuestos delincuentes por turbas que invocaron las prerrogativas otorgadas a la justicia indígena por la administración de Evo Morales, en detrimento de la justicia ordinaria, remite a uno de los dilemas todavía no resueltos en América Latina: el respeto de los usos y costumbres de las etnias o su sometimiento a las leyes promulgadas por las democracias parlamentarias.Entre las comunidades indígena de Bolivia, Guatemala, México o Ecuador ajenas a la igualdad de género, se observa una violencia más profunda y enquistada que el linchamiento: la coerción ejercida por el machismo indígena contra la mujer, reducida frecuentemente a la condición de ciudadana de segunda. “Da vergüenza que las mujeres embarazadas estudien, pues sólo sirven para la cocina y para trabajar en el campo”, se despachó en su día Domingo Gómez, presidente del patronato de agua potable de San Juan Chamula, en Chiapas (México). Al amparo de la tradición, el líder de la etnia chamula se opuso a que 67 mujeres indígenas recibieran el diploma oficial de estudios secundarios. Y lo logró.
El presidente Morales, el subcomandante Marcos y los intelectuales afectos a la prevalencia de los códigos tradicionales citan los abusos y atrocidades cometidos por las oligarquías blancas y mestizas contra los pueblos amerindios para justificar la conveniencia de una discriminación positiva en los textos constitucionales. Nada que objetar a la vindicación, pues los pueblos indígenas han sufrido y sufren marginación y pobreza, pero la realidad demuestra que la devolución de los derechos históricos arrebatados es una cosa, y la integración y convivencia de comportamientos caciquiles y retrógrados con leyes concebidas para el siglo XXI, y para todos, es otra mucho más difícil.
Frecuentemente, los usos y costumbres reglamentan elecciones locales y comportamientos refractarios a los reglamentos promulgados por las leyes generales. En ese sentido, las reclamaciones indígenas de autodeterminación son tan respetables como denunciables los propósitos de quienes las exigen para seguir en un machismo ancestral, en la ignorancia y en la defensa a ultranza de privilegios y prebendas. Un ecuatoriano que violó a una menor y fue condenado a 16 años de cárcel se declaró indígena para burlar los rigores de la ley ordinaria, que aceptó su traslado a la jurisdicción indígena, pese a la oposición del fiscal. Fue condenado a una fuerte indemnización, trabajo comunitario durante seis años, baño de purificación, y seis latigazos.
Políticos, abogados, antropólogos, psicólogos y sociólogos trabajan en los países latinoamericanos de población indígena numerosa para tratar de armonizar sus ordenamientos jurídicos con los ordinarios, sin haberlo conseguido todavía pues a diario se publican noticias sobre abusos, carencias e incompatibilidades. La nueva ley promovida por el gobierno de Evo Morales establece el mismo rango para la justicia ordinaria y la indígena, cuyos fallos son inapelables ante instancia superiores. Peligrosamente ambigua, y necesitada de recorrido, no garantiza ni la paz, ni la equidad, ni tampoco precisa los delitos competencia de una u otra jurisdicción. Puede ocurrir que una autoridad indígena se declare competente para juzgar asuntos que afecten a la seguridad del estado.
A la espera de la difícil convivencia de códigos tan divergentes, los gobiernos de América Latina afrontan el reto de evitar que la protección de los usos y costumbres de las nacionalidades originarias no causen agravios comparativos, ni supongan la desprotección y el atraso de los indígenas, mayoritariamente mujeres, que los perciben sofocantes, opuestos a sus aspiraciones de libertad y progreso.
Varios policías portan el féretro con los restos de un colega muerto por una turba. /
Bolivia se enfrenta a la crueldad de la justicia popular
Por Mabel Azcui
Las poblaciones rurales de Colquechaca y Tres Cruces, en el departamento de Potosí, decidieron el pasado miércoles tomarse la justicia por su mano: una de las víctimas fue enterrada viva y dos, quemadas. Una semana antes, seis presuntos miembros de una banda de atracadores, que se hacían pasar por una patrulla policial antidroga, fueron detenidos por sus víctimas y trasladados a Ivirgarzama, en Chapare (Cochabamba), donde les prendieron fuego. Uno de ellos murió, tres sufrieron quemaduras de tercer grado en el 50% de sus cuerpos y dos resultaron heridos leves.
“Sin duda es una reacción desproporcionada y desesperada ante el estado de indefensión e inseguridad en que se encuentran los bolivianos, principalmente en el área rural y en los barrios marginales de las ciudades”, explicó a este diario el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín. “Son lugares donde la policía brilla por su ausencia y la ciudadanía siente la desprotección del Estado y opta por medidas reñidas con la ley”, dijo.
Albarracín lamentó que, pese a la vigencia de la ley de Deslinde —por la que se reconoce la justicia comunitaria y sus atribuciones—, no se aplica correctamente ni se efectúa un seguimiento de los procesos que las autoridades indígenas puedan acometer. “Ni el linchamiento ni las sentencias de muerte tienen que ver con la justicia comunitaria”, aclara Albarracín.
La primera víctima mortal fue el joven Santos Ramos, de 17 años y natural de Colquechaca, identificado como el presunto violador y asesino de una indígena quechua —como él— de 35 años. Según el relato de la cadena de radio Erbol, Ramos fue identificado durante los funerales. Fue detenido y golpeado y posteriormente, con las manos atadas a la espalda y boca abajo —para que, según la creencia popular, su ajayu o espíritu no salga a vengarse de sus verdugos—, lanzado a una fosa antes de colocar encima de él el ataúd con los restos de su supuesta víctima.
El fiscal de Colquechaca, Milton Jara, declaró a la misma emisora que el grupo de victimarios, formado por al menos 80 furiosos indígenas, impidió que el joven fuera rescatado de la fosa y mantuvo una vigilia durante la noche para evitar cualquier acción de las autoridades judiciales y policiales.
En el pequeño pueblo quechua de Tres Cruces, también en Potosí, Julián Mamani, de 45 años y taxista de profesión, no retornó a su casa después de ser contratado por dos personas para viajar a una localidad próxima. Sus familiares se enteraron después de que los dos pasajeros eran dos cogoteros (atracadores) de 17 y 21 años que mataron al conductor por el camino para vender el vehículo por una cantidad irrisoria, 2.000 dólares. Familiares de Mamani capturaron a los dos jóvenes y los llevaron a Tres Cruces, donde les esperaba una enardecida turba que decidió que corrieran la misma suerte que su víctima: les prendieron fuego después de rociarles con gasolina. Los cuerpos quedaron reducidos a cenizas y estas fueron esparcidas después para borrar las pruebas. Las autoridades de la fiscalía y de la policía fueron repelidas del lugar, al que acudieron en compañía de periodistas locales, con explosiones de dinamita. “Estamos cansados de la justicia ordinaria, a partir de la fecha [habrá] justicia comunitaria”, declaró un campesino a una radio local.
El tercer suceso tuvo como protagonista a una banda de atracadores que utilizaban uniformes de camuflaje de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, encargada de la lucha antidroga, para detener vehículos durante la noche bajo el pretexto de sospecha de narcotráfico. Los delincuentes se incautaban de la carga y, las más de las veces, maniataban y abandonaban al conductor monte adentro. Una de sus víctimas, un camionero, tuvo más suerte que el taxista y alertó del robo de su camión, que fue encontrado poco más tarde. Los afiliados al Sindicato de Transportistas ayudaron a la víctima a recuperar el vehículo, según informa un diario local. Los seis integrantes de la banda, cinco de ellos hermanos, fueron capturados y trasladados a Ivirgarzama (Chapare), donde les prendieron fuego pese a la intervención del único fiscal de la zona y del cura. Uno de ellos murió.
Los linchamientos se han recrudecido con una violencia brutal, además de argumentos insostenibles que se agravan con la imperante ley del silencio, según un informe de la Iglesia católica al respecto.
Se desata la alarma sobre la ley indígena en Bolivia
A falta de un día para que el presidente Evo Morales promulgue, según
las previsiones, una nueva ley que reconoce la validez de la
jurisdicción indígena y comunitaria, una serie de linchamientos enciende
el debate sobre los riesgos que la reforme supone. El último episodio
conocido es el de un hombre torturado y linchado en el departamento de
Potosí, al sur del país. Según las autoridades locales, Santiago Flores,
de 51 años, fue golpeado hasta la muerte por sus vecinos que le habían
descubierto el lunes violando a una mujer de 35 años. El hombre, que
según la policía tenía antecedentes por robos, hurtos y otras
violaciones, fue enterrado por los mismos vecinos en una fosa común de
la localidad, Juruma, a unos 620 kilómetros de La Paz. No se trata de un
caso aislado. Hace una semana en el mismo departamento de Potosí, un
grupo de indígenas entregó a las familias los cuerpos de cuatro
policías. Los pobladores eran los responsables de su linchamiento y
entregaron los cadáveres amparándose a las normas de su jurisdicción y
con la condición de no ser denunciados por el crimen.
Para la oposición, se trata de la prueba del error que supone el reconocimiento de la justicia comunitaria contenido en la ley aprobada el pasado martes por la Cámara baja y que forma parte de una más amplia reforma del sistema judicial. "Uno de los problemas que se incorporó en la nueva ley es que la justicia originaria tiene el mismo rango que la justicia ordinaria, pero sus fallos son inapelables para instancias superiores", dijo la diputada opositora Norma Piérola a la AFP. Si un jilakata (autoridad indígena) emite un fallo, que es verbal y no escrito, las partes o víctimas no pueden recurrir a otra instancia mayor como las cortes de distrito regionales, la Corte Superior de Justicia o el Tribunal Constitucional, explicó Piérola. Además mencionó que tampoco se han delimitado los tipos de delitos que son de competencia indígena y ordinaria. "Una autoridad originaria puede creer que tiene potestad para juzgar delitos de narcotráfico, contra la seguridad del Estado o de contrabando, cuando estos delitos son de competencia exclusiva de la justicia ordinaria", agregó.
El oficialismo defiende la reforma aunque reconoce que hay que poner márgenes. "La justicia ordinaria ya tiene normas, pero la comunitaria no. Los hermanos de las comunidades tienen que trabajar una propuesta, convertirla en ley y aprobarla en el Congreso", dijo el diputado del Movimiento al Socialismo Isaac Ávalos, citado por el diario Los Tiempos. Según los legisladores oficialistas en la justicia indígena no estarían reconocidos los linchamientos, aunque se trata de una práctica muy utilizada por los nativos. No existen cifras precisa, pero en los últimos años se registraron varios casos en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Según datos del Defensor del Pueblo, en 2007 se registraron 57 casos de linchamientos. El politólogo Jorge Lazarte, en declaraciones a Los Tiempos, dijo que es normal que los que defienden la ley aleguen que linchamientos y pena de muerte no son justicia comunitaria. "Lo curioso es que son los propios comunitarios quienes aseguran que es así cómo aplican su justicia", afirmó.
Para la oposición, se trata de la prueba del error que supone el reconocimiento de la justicia comunitaria contenido en la ley aprobada el pasado martes por la Cámara baja y que forma parte de una más amplia reforma del sistema judicial. "Uno de los problemas que se incorporó en la nueva ley es que la justicia originaria tiene el mismo rango que la justicia ordinaria, pero sus fallos son inapelables para instancias superiores", dijo la diputada opositora Norma Piérola a la AFP. Si un jilakata (autoridad indígena) emite un fallo, que es verbal y no escrito, las partes o víctimas no pueden recurrir a otra instancia mayor como las cortes de distrito regionales, la Corte Superior de Justicia o el Tribunal Constitucional, explicó Piérola. Además mencionó que tampoco se han delimitado los tipos de delitos que son de competencia indígena y ordinaria. "Una autoridad originaria puede creer que tiene potestad para juzgar delitos de narcotráfico, contra la seguridad del Estado o de contrabando, cuando estos delitos son de competencia exclusiva de la justicia ordinaria", agregó.
El oficialismo defiende la reforma aunque reconoce que hay que poner márgenes. "La justicia ordinaria ya tiene normas, pero la comunitaria no. Los hermanos de las comunidades tienen que trabajar una propuesta, convertirla en ley y aprobarla en el Congreso", dijo el diputado del Movimiento al Socialismo Isaac Ávalos, citado por el diario Los Tiempos. Según los legisladores oficialistas en la justicia indígena no estarían reconocidos los linchamientos, aunque se trata de una práctica muy utilizada por los nativos. No existen cifras precisa, pero en los últimos años se registraron varios casos en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Según datos del Defensor del Pueblo, en 2007 se registraron 57 casos de linchamientos. El politólogo Jorge Lazarte, en declaraciones a Los Tiempos, dijo que es normal que los que defienden la ley aleguen que linchamientos y pena de muerte no son justicia comunitaria. "Lo curioso es que son los propios comunitarios quienes aseguran que es así cómo aplican su justicia", afirmó.
REFERENCIAS:
"El Pais", Madrid, 12 JUN 2013
http://internacional.elpais.
EL PAÍS / AGENCIAS La Paz 10 JUN 2010
http://internacional.elpais.
EL PAÍS / AGENCIAS La Paz 10 JUN 2010
http://elpais.com/diario/2010/
