jueves, 13 de junio de 2013

Bolivia: Derechos (violencia y machismo) indigenas

 
















Varios policías portan el féretro con los restos de un colega muerto por una turba. /   

Derechos y deberes indígenas

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El  linchamiento en Bolivia de supuestos delincuentes por turbas que invocaron las prerrogativas otorgadas a la justicia indígena por la administración de Evo Morales, en detrimento de la justicia ordinaria, remite a uno de los dilemas todavía no resueltos en América Latina: el respeto de los usos y costumbres de las etnias o su sometimiento a las leyes promulgadas por las democracias parlamentarias.

Entre las comunidades indígena de Bolivia, Guatemala, México o Ecuador ajenas a la igualdad de género, se observa una violencia más profunda y enquistada que el linchamiento: la coerción ejercida por el machismo indígena contra la mujer, reducida frecuentemente a la condición de ciudadana de segunda. “Da vergüenza que las mujeres embarazadas estudien, pues sólo sirven para la cocina y para trabajar en el campo”, se despachó en su día Domingo Gómez, presidente del patronato de agua potable de San Juan Chamula, en Chiapas (México). Al amparo de la tradición, el líder de la etnia chamula se opuso a que 67 mujeres indígenas recibieran el diploma oficial de estudios secundarios. Y lo logró.

El presidente Morales, el subcomandante Marcos y los intelectuales afectos a la prevalencia de los códigos tradicionales citan los abusos y atrocidades cometidos por las oligarquías blancas y mestizas contra los pueblos amerindios para justificar la conveniencia de una discriminación positiva en los textos constitucionales. Nada que objetar a la vindicación, pues los pueblos indígenas han sufrido y sufren marginación y pobreza, pero la realidad demuestra que la devolución de los derechos históricos arrebatados es una cosa, y la integración y convivencia de comportamientos caciquiles y retrógrados con leyes concebidas para el siglo XXI, y para todos, es otra mucho más difícil.

Frecuentemente, los usos y costumbres reglamentan elecciones locales y comportamientos refractarios a los reglamentos promulgados por las leyes generales. En ese sentido, las reclamaciones indígenas de autodeterminación son tan respetables como denunciables los propósitos de quienes las exigen para seguir en un machismo ancestral, en la ignorancia y en la defensa a ultranza de privilegios y prebendas. Un ecuatoriano que violó a una menor y fue condenado a 16 años de cárcel se declaró indígena para burlar los rigores de la ley ordinaria, que aceptó su traslado a la jurisdicción indígena, pese a la oposición del fiscal. Fue condenado a una fuerte indemnización, trabajo comunitario durante seis años, baño de purificación, y seis latigazos.

Políticos, abogados, antropólogos, psicólogos y sociólogos trabajan en los países latinoamericanos de población indígena numerosa para tratar de armonizar sus ordenamientos jurídicos con los ordinarios, sin haberlo conseguido todavía pues a diario se publican noticias sobre abusos, carencias e incompatibilidades. La nueva ley promovida por el gobierno de Evo Morales establece el mismo rango para la justicia ordinaria y la indígena, cuyos fallos son inapelables ante instancia superiores. Peligrosamente ambigua, y necesitada de recorrido, no garantiza ni la paz, ni la equidad, ni tampoco precisa los delitos competencia de una u otra jurisdicción. Puede ocurrir que una autoridad indígena se declare competente para juzgar asuntos que afecten a la seguridad del estado.

A la espera de la difícil convivencia de códigos tan divergentes, los gobiernos de América Latina afrontan el reto de evitar que la protección de los usos y costumbres de las nacionalidades originarias no causen agravios comparativos, ni supongan la desprotección y el atraso de los indígenas, mayoritariamente mujeres, que los perciben sofocantes, opuestos a sus aspiraciones de libertad y progreso.

Varios policías portan el féretro con los restos de un colega muerto por una turba. /  

Bolivia se enfrenta a la crueldad de la justicia popular

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Los últimos casos de linchamiento en poblaciones indígenas de Cochabamba y Potosí, con un saldo de cuatro muertos, han puesto nuevamente en tela de juicio los límites y la aplicación de la justicia comunitaria, reconocida por la Constitución boliviana con el mismo rango que la oficial y que sobre el papel remite a una cultura de vida, no de muerte.

Las poblaciones rurales de Colquechaca y Tres Cruces, en el departamento de Potosí, decidieron el pasado miércoles tomarse la justicia por su mano: una de las víctimas fue enterrada viva y dos, quemadas. Una semana antes, seis presuntos miembros de una banda de atracadores, que se hacían pasar por una patrulla policial antidroga, fueron detenidos por sus víctimas y trasladados a Ivirgarzama, en Chapare (Cochabamba), donde les prendieron fuego. Uno de ellos murió, tres sufrieron quemaduras de tercer grado en el 50% de sus cuerpos y dos resultaron heridos leves.

“Sin duda es una reacción desproporcionada y desesperada ante el estado de indefensión e inseguridad en que se encuentran los bolivianos, principalmente en el área rural y en los barrios marginales de las ciudades”, explicó a este diario el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín. “Son lugares donde la policía brilla por su ausencia y la ciudadanía siente la desprotección del Estado y opta por medidas reñidas con la ley”, dijo.

Albarracín lamentó que, pese a la vigencia de la ley de Deslinde —por la que se reconoce la justicia comunitaria y sus atribuciones—, no se aplica correctamente ni se efectúa un seguimiento de los procesos que las autoridades indígenas puedan acometer. “Ni el linchamiento ni las sentencias de muerte tienen que ver con la justicia comunitaria”, aclara Albarracín.

La primera víctima mortal fue el joven Santos Ramos, de 17 años y natural de Colquechaca, identificado como el presunto violador y asesino de una indígena quechua —como él— de 35 años. Según el relato de la cadena de radio Erbol, Ramos fue identificado durante los funerales. Fue detenido y golpeado y posteriormente, con las manos atadas a la espalda y boca abajo —para que, según la creencia popular, su ajayu o espíritu no salga a vengarse de sus verdugos—, lanzado a una fosa antes de colocar encima de él el ataúd con los restos de su supuesta víctima.

El fiscal de Colquechaca, Milton Jara, declaró a la misma emisora que el grupo de victimarios, formado por al menos 80 furiosos indígenas, impidió que el joven fuera rescatado de la fosa y mantuvo una vigilia durante la noche para evitar cualquier acción de las autoridades judiciales y policiales.

En el pequeño pueblo quechua de Tres Cruces, también en Potosí, Julián Mamani, de 45 años y taxista de profesión, no retornó a su casa después de ser contratado por dos personas para viajar a una localidad próxima. Sus familiares se enteraron después de que los dos pasajeros eran dos cogoteros (atracadores) de 17 y 21 años que mataron al conductor por el camino para vender el vehículo por una cantidad irrisoria, 2.000 dólares. Familiares de Mamani capturaron a los dos jóvenes y los llevaron a Tres Cruces, donde les esperaba una enardecida turba que decidió que corrieran la misma suerte que su víctima: les prendieron fuego después de rociarles con gasolina. Los cuerpos quedaron reducidos a cenizas y estas fueron esparcidas después para borrar las pruebas. Las autoridades de la fiscalía y de la policía fueron repelidas del lugar, al que acudieron en compañía de periodistas locales, con explosiones de dinamita. “Estamos cansados de la justicia ordinaria, a partir de la fecha [habrá] justicia comunitaria”, declaró un campesino a una radio local.

El tercer suceso tuvo como protagonista a una banda de atracadores que utilizaban uniformes de camuflaje de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, encargada de la lucha antidroga, para detener vehículos durante la noche bajo el pretexto de sospecha de narcotráfico. Los delincuentes se incautaban de la carga y, las más de las veces, maniataban y abandonaban al conductor monte adentro. Una de sus víctimas, un camionero, tuvo más suerte que el taxista y alertó del robo de su camión, que fue encontrado poco más tarde. Los afiliados al Sindicato de Transportistas ayudaron a la víctima a recuperar el vehículo, según informa un diario local. Los seis integrantes de la banda, cinco de ellos hermanos, fueron capturados y trasladados a Ivirgarzama (Chapare), donde les prendieron fuego pese a la intervención del único fiscal de la zona y del cura. Uno de ellos murió.

Los linchamientos se han recrudecido con una violencia brutal, además de argumentos insostenibles que se agravan con la imperante ley del silencio, según un informe de la Iglesia católica al respecto.

Se desata la alarma sobre la ley indígena en Bolivia


A falta de un día para que el presidente Evo Morales promulgue, según las previsiones, una nueva ley que reconoce la validez de la jurisdicción indígena y comunitaria, una serie de linchamientos enciende el debate sobre los riesgos que la reforme supone. El último episodio conocido es el de un hombre torturado y linchado en el departamento de Potosí, al sur del país. Según las autoridades locales, Santiago Flores, de 51 años, fue golpeado hasta la muerte por sus vecinos que le habían descubierto el lunes violando a una mujer de 35 años. El hombre, que según la policía tenía antecedentes por robos, hurtos y otras violaciones, fue enterrado por los mismos vecinos en una fosa común de la localidad, Juruma, a unos 620 kilómetros de La Paz. No se trata de un caso aislado. Hace una semana en el mismo departamento de Potosí, un grupo de indígenas entregó a las familias los cuerpos de cuatro policías. Los pobladores eran los responsables de su linchamiento y entregaron los cadáveres amparándose a las normas de su jurisdicción y con la condición de no ser denunciados por el crimen.

Para la oposición, se trata de la prueba del error que supone el reconocimiento de la justicia comunitaria contenido en la ley aprobada el pasado martes por la Cámara baja y que forma parte de una más amplia reforma del sistema judicial. "Uno de los problemas que se incorporó en la nueva ley es que la justicia originaria tiene el mismo rango que la justicia ordinaria, pero sus fallos son inapelables para instancias superiores", dijo la diputada opositora Norma Piérola a la AFP. Si un jilakata (autoridad indígena) emite un fallo, que es verbal y no escrito, las partes o víctimas no pueden recurrir a otra instancia mayor como las cortes de distrito regionales, la Corte Superior de Justicia o el Tribunal Constitucional, explicó Piérola. Además mencionó que tampoco se han delimitado los tipos de delitos que son de competencia indígena y ordinaria. "Una autoridad originaria puede creer que tiene potestad para juzgar delitos de narcotráfico, contra la seguridad del Estado o de contrabando, cuando estos delitos son de competencia exclusiva de la justicia ordinaria", agregó.

El oficialismo defiende la reforma aunque reconoce que hay que poner márgenes. "La justicia ordinaria ya tiene normas, pero la comunitaria no. Los hermanos de las comunidades tienen que trabajar una propuesta, convertirla en ley y aprobarla en el Congreso", dijo el diputado del Movimiento al Socialismo Isaac Ávalos, citado por el diario Los Tiempos. Según los legisladores oficialistas en la justicia indígena no estarían reconocidos los linchamientos, aunque se trata de una práctica muy utilizada por los nativos. No existen cifras precisa, pero en los últimos años se registraron varios casos en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Según datos del Defensor del Pueblo, en 2007 se registraron 57 casos de linchamientos. El politólogo Jorge Lazarte, en declaraciones a Los Tiempos, dijo que es normal que los que defienden la ley aleguen que linchamientos y pena de muerte no son justicia comunitaria. "Lo curioso es que son los propios comunitarios quienes aseguran que es así cómo aplican su justicia", afirmó.

REFERENCIAS:

"El Pais", Madrid, 12 JUN 2013

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/12/actualidad/1371073139_904489.html
EL PAÍS / AGENCIAS La Paz 10 JUN 2010

http://internacional.elpais.com/internacional/2010/06/10/actualidad/1276120805_850215.html

EL PAÍS / AGENCIAS La Paz 10 JUN 2010

http://elpais.com/diario/2010/06/11/internacional/1276207208_850215.html


Ecuador: RESOLUCIONES del Primer Parlamento Plurinacional de los Pueblos del Sur del Ecuador


Reunidos en el Primer Parlamento Plurinacional de los Pueblos del Sur en la ciudad de Cuenca (Azuay), el día 11 de junio de 2013. 
Foto: RESOLUCIONES del Primer Parlamento Plurinacional de los Pueblos del Sur
 
Reunidos en el Primer Parlamento Plurinacional de los Pueblos del Sur en la ciudad de Cuenca (Azuay), el día 11 de junio de 2013.  

Luego de una amplia participación de los pueblos de la región sur: Zamora Chinchipe, Loja, Cañar y Azuay; y las organizaciones sociales y populares.

Luego de un amplio análisis, denuncias, debate y propuestas se acordaron las siguientes Resoluciones:   

*  Declarar al Ecuador libre de minería metálica a gran escala

*  Nacionalizar la telefonía celular y cobrar los impuestos a los empresarios oligarcas y terratenientes

* Presentar acciones legales nacionales e internacionales contra la reforma a la Ley de Minería

*  Exigir al Gobierno el respeto irrestricto a la autodeterminación de los Pueblos en: la Educación Intercultural Bilingüe, los Gobiernos Comunitarios y la Justicia Indígena con potestades jurisdiccionales

*  Resistir a la firma del TLC, agro combustibles, transgénicos, REDDs y más políticas capitalistas y colonialistas 

* Apoyo y solidaridad con los perseguidos, criminalizados a los defensores del agua, la vida que hacen resistencia social 

*  Exigir el cumplimiento de las sentencias dictadas por las Comunidades, ante la Consulta Prelegisalativa de la Ley de Aguas

*  En caso de incumplimiento de estos Mandatos por la Asamblea y el Gobierno Nacional, los pueblos se movilizarán en todo el país

*  Los Parlamentos Plurinacionales de los Pueblos serán permanentes y continuarán en las demás regiones del país

"Nada sin Consulta a las Bases Comunitarias, la Resistencia nos convoca…"  

Comunicación ECUARUNARI
Luego de una amplia participación de los pueblos de la región sur: Zamora Chinchipe, Loja, Cañar y Azuay; y las organizaciones sociales y populares.  Luego de un amplio análisis, denuncias, debate y propuestas se acordaron las siguientes Resoluciones:   
 *  Declarar al Ecuador libre de minería metálica a gran escala
*  Nacionalizar la telefonía celular y cobrar los impuestos a los empresarios oligarcas y terratenientes
* Presentar acciones legales nacionales e internacionales contra la reforma a la Ley de Minería
*  Exigir al Gobierno el respeto irrestricto a la autodeterminación de los Pueblos en: la Educación Intercultural Bilingüe, los Gobiernos Comunitarios y la Justicia Indígena con potestades jurisdiccionales
*  Resistir a la firma del TLC, agro combustibles, transgénicos, REDDs y más políticas capitalistas y colonialistas
* Apoyo y solidaridad con los perseguidos, criminalizados a los defensores del agua, la vida que hacen resistencia social 
*  Exigir el cumplimiento de las sentencias dictadas por las Comunidades, ante la Consulta Prelegisalativa de la Ley de Aguas
*  En caso de incumplimiento de estos Mandatos por la Asamblea y el Gobierno Nacional, los pueblos se movilizarán en todo el país
*  Los Parlamentos Plurinacionales de los Pueblos serán permanentes y continuarán en las demás regiones del país
"Nada sin Consulta a las Bases Comunitarias, la Resistencia nos convoca…"  
 
Comunicación ECUARUNARI
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Hacia la II Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala- Oaxaca-México 2013
 
ECUARUNARI: 40 AÑOS DE LUCHA Y RESISTENCIA POR LA VIDA

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Ante la ONU, México ‘maquilla’ la violencia contra las mujeres

Cimac Noticias
Adital


Los avances del Estado mexicano en el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas inglés), así como de sus recomendaciones, están lejos de la igualdad y más cerca de la simulación y el maquillaje de la grave situación de violencia que padecen las mexicanas.

En ello coincidieron las expertas e investigadoras asistentes al Foro "CEDAW, metodología del informe sombra y políticas públicas en México”, realizado hoy en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, como parte de la visita a nuestro país de la ex miembro del Comité de esa instancia de la ONU, Soledad Murillo de la Vega.

Representantes de la sociedad civil, académicas e investigadoras dieron cuenta de que en México persiste la simulación e impunidad de las autoridades en el combate a la violencia contra las mujeres, que derivó, entre otras cosas, en que el fenómeno del feminicidio –que se pensaba exclusivo de Ciudad Juárez, Chihuahua– se expandiera a todo el país.

Ayer en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte (Colef), en Chihuahua, se llevó también a cabo el foro "La CEDAW y los mecanismos institucionales de coordinación gubernamental”, en el que las participantes consideraron que el gobierno mexicano evade su responsabilidad ante la violencia contra las mujeres, ya que 20 años después de que se comenzó a registrar el feminicidio en Juárez las mujeres siguen desapareciendo y siendo asesinadas.

En el evento se destacó que de todas las recomendaciones de la CEDAW para México, el 45 por ciento corresponden a Ciudad Juárez.

Gloria Ramírez Hernández, presidenta de la Cátedra UNESCO –organización que promovió la visita de Murillo a México–, informó que de 2000 a 2012 el Comité de la CEDAW hizo mil 361 recomendaciones al Estado mexicano y que para Juárez fueron emitidas 101 recomendaciones.

La investigadora del Colef Julia Monárrez, enfatizó que el gobierno local y federal ha evadido las demandas de las madres de jóvenes asesinadas y desaparecidas en la urbe fronteriza, y reclamó que la sociedad no quiere "más evasivas y discursos ambiguos, pues la verdad y la justicia no pueden esperar”.

En su paso por Chihuahua, Soledad Murillo manifestó su molestia por la inexistencia de información precisa sobre la grave situación de violencia contra las mujeres que se vive en Juárez, y señaló que "el tema de violencia es obligatoriamente un trámite de urgencia”.

Con ello coincidió hoy la representante en México de ONU- Mujeres, Ana Güezmes, quien recordó que México está obligado a garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, toda vez que ratificó tanto la CEDAW, como su Protocolo facultativo.

Recalcó que en México se cuentan con herramientas constitucionales y presupuestales para combatir la discriminación y desigualdad de la que son víctimas las mujeres, ya que en 2011 se realizó una reforma constitucional en materia de Derechos Humanos y en los últimos años se ha asignado un monto considerable de recursos para combatir este flagelo.

Las académicas y representantes de organizaciones nacionales e internacionales realizaron también un esbozo de cómo las autoridades "maquillan” la realidad de violencia que viven las mexicanas.

Soledad Murillo criticó que el Estado mexicano presente ante la CEDAW "la mejor cara que tiene”, y sean los informes de las organizaciones civiles los que den a conocer lo que realmente le pasa a las mujeres y niñas del país.

Agregó que en sus más recientes reportes, México se limitó a informar sobre la cantidad de cursos de capacitación y formación que se llevaron a cabo –que ascienden a más de mil 200–, y a "presumir” la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), como uno de los mayores logros a favor de las mujeres, pero nunca explicó las acciones en las que la norma se tradujo.

Al mismo tiempo lamentó que no se tenga registro del número de detenidos y procesados por delitos relacionados con la violencia de género.

Murillo puntualizó que el gobierno mexicano creó diversas comisiones para atender la violencia de género, pero éstas derivan en una disminución de la responsabilidad del Estado, pues tienden a retardar los procesos de acceso a la justicia, y a la vez "la dilación de tiempo convierte a los Estados en cómplices de los delitos”.

La antropóloga y feminista Marcela Lagarde llamó a la sociedad civil a retomar los informes "sombra” (alternos) de la CEDAW como una herramienta para avanzar en el logro de la igualdad sustancial entre mujeres y hombres, ya que estos además proponen soluciones específicas contra la violencia de género.

Recordó que la desigualdad es lo que causa la violencia brutal contra las mujeres, y apuntó que la LGAMVLV no tiene como objetivo castigar, si no crear una "política integral de Estado” para el combate de la violencia contra las mujeres.

Finalmente, Gloria Ramírez dio a conocer los informes "sombra” que contradicen lo expresado por el gobierno mexicano, pues estos sí definen las realidades adversas que padecen las mujeres y niñas.



África, el único continente en el que el hambre aumenta: FAO

Internacional - Jueves, 13 de Junio de 2013 16:36

africa mujer bloom 13062013



Notimex

Roma.- En los últimos dos decenios, África fue la única región donde el número de personas hambrientas aumentó, pues pasó de 175 millones en el periodo 1990-1992 a 239 millones en 2010-2012, de acuerdo con un reporte de la FAO.

En su más reciente informe sobre "El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo", publicado en octubre de 2012, la FAO señaló que en los últimos cuatro años casi 20 millones de personas se sumaron al ejército de desnutridos en el continente africano.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) precisó que en esa región la prevalencia del hambre ha aumentado ligeramente en los últimos tres años, al pasar de 22.6 a 22.9%, casi una cuarta parte de la población.

Indicó que en África subsahariana, los modestos avances logrados en los últimos años hasta 2007 se anularon, con un aumento del hambre del 2.0% anual desde entonces.

El reporte subrayó que en todo el mundo cerca de 870 millones de personas, una octava parte de la población, padecían subnutrición crónica en el período 2010-2012.

De ese total, 239 millones de personas vivían en África, que dos décadas antes, en el periodo 1990-1992 tenía 175 millones de subnutridos.

Es decir, en el periodo en cuestión el número de hambrientos en ese continente aumentó en 64 millones de personas o 36.8%.

Sin embargo, África no es el continente con mayor número de hambrientos en términos absolutos, pues según los datos de la FAO ese lugar pertenece a Asia, donde en el periodo 2010-2012 había 563 millones de subnutridos.

La diferencia radica en el hecho de que el continente asiático redujo en 23.9% en dos décadas el número de hambrientos, pues en el periodo 1990-1992 tenía 739 millones de personas en esa condición.

Ese resultado, según la FAO, obedeció al impresionante desarrollo económico de algunos países de la región, en primer lugar China, que en un plazo histórico muy breve ha logrado sacar de la pobreza a millones de personas, en un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad.

De cualquier manera, África se mantiene como el continente con menor avance en el combate al hambre, aunque la situación varía de país a país.

Las naciones más hambrientas

En números absolutos, Etiopía es la nación que concentra el mayor número de subnutridos, con un total de 34 millones de personas, equivalentes al 40.2% de la población.

Ese número se ha mantenido invariable respecto al periodo 1990-1992, pero en esos años equivalía al 68 por ciento del total de habitantes.

En segundo lugar, por número de hambrientos, están Tanzania y Sudán, cada uno con 18 millones de subnutridos que representan el 38.8% de la población del primero y el 39.4% del segundo.

En Tanzania, sin embargo, el incremento de subnutridos fue de 131.1% en 20 años, pues en el periodo 1990-1990 sumaban ocho millones de personas, equivalentes al 29.4% de su población de entonces.

En Sudán los hambrientos eran 11 millones de personas hace dos décadas, equivalentes al 42% de su población, pero ya entonces el país africano enfrentaba una sanguinaria guerra civil que en 2004 llevó a que la comunidad internacional lo definiera como "la más grave situación humanitaria existente".

En tercer lugar por número de desnutridos se encuentra Nigeria, con 14 millones de personas, equivalentes al 8.5% de su población; seguida por Kenya, con 13 millones (el 30.4% de sus habitantes) y Uganda, con 12 millones (que representan el 34.6% de su población).

Sin embargo, en términos porcentuales es Burundi la nación que tiene el primer lugar de subnutridos, pues aunque son seis millones de personas, equivalen al 73.4% de su población.

Más atrás están Eritrea, con 4 millones de hambrientros, que representan el 65.4% del total de sus habitantes y Zambia, con seis millones equivalentes al 47.4% de su población.

El reporte "El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo", no cita, sin embargo, datos de Somalia, que ha enfrentado una de las crisis humanitarias más graves desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Ello obedece a que, según el Programa Alimentario Mundial (PAM), otro organismo de la ONU, en ese país no existen desde hace tiempo las condiciones para operar con seguridad.

En otro informe difundido a inicios de este mes en Mogadiscio, la FAO informó que en el periodo 2010-2012 en Somalia hubo 260,000 víctimas de la hambruna, entre ellas 155 mil niños menores de cinco años de edad.

Para los expertos, las razones del hambre y el atraso en África son múltiples y van desde su historia de colonialismo y explotación, hasta el hecho de que en los últimos 15 años ha sido el continente con mayor número de conflictos bélicos, además de que sufre el impacto del cambio climático, con el aumento de la desertificación.

C.Europa: Prohibir en Rusia la propaganda gay viola los derechos humanos

Estrasburgo (Francia), 13 jun (EFE).- El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, advirtió hoy a la cámara alta del Parlamento ruso contra la aprobación de la ley que prohíbe la propaganda homosexual entre menores de edad por atentar contra los derechos humanos.

"La cámara alta del Parlamento ruso no debería aprobar el proyecto de ley que prohíbe la 'propaganda de relaciones sexuales no tradicionales' entre los menores", dijo Jagland, quien dijo que el texto "afecta claramente a algunos de los principios más importantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Entre estos Jagland citó el del derecho a la libertad de expresión y de reunión.
"Ya expresé mi preocupación anteriormente con relación a esta legislación en una carta al presidente de la Duma (cámara baja, que lo aprobó el pasado martes). La mayoría no tiene derecho a aprobar legislación que claramente discrimina a las minorías", declaró.
"Por el contrario, la mayoría tiene el deber de proteger el derecho de las minorías", agregó Jagland en un comunicado.

"La opinión pública puede que lo apoye, pero eso no justifica una ley que legalizará el prejuicio", avisó el secretario general del Consejo de Europa.

"Lamentablemente, esta iniciativa se incluye en una tendencia más amplia en Europa, donde los grupos vulnerables y las minorías son atacadas, y esto alimenta el extremismo y la violencia", concluyó.

La Duma o Cámara de diputados de Rusia aprobó el martes la ley que prohíbe la propaganda homosexual entre los menores de edad, iniciativa que las minorías sexuales en ese país consideran una flagrante violación de su libertad de expresión.

La ley, que estipula multas en metálico para los que la infrinjan, recibió en su tercera lectura el apoyo de 436 diputados, mientras uno se abstuvo y nadie votó en contra. EFE