martes, 1 de octubre de 2013

UNASUR: Una estrategia integral


Alí Rodríguez Araque

ALAI AMLATINA, 01/10/2013.- El tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas -UNASUR- establece un conjunto de principios que sirven de guía a la Unión, entre los que destacan la defensa de la vida, la preservación de la paz como uno de los mayores privilegios de la región, la democracia con participación social de manera que ésta materialice la acertada definición de Abraham Lincoln como “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” y la soberanía de los Estados y de los pueblos como derecho inalienable.

Cuando hablamos de la defensa de la vida, no se trata solamente de la vida humana, se trata también de la naturaleza, de la cual formamos parte inseparable y que es condición para la existencia humana. La paz, por su lado, es condición para la vida toda vez que la guerra, “ese monstruo de matanza”, es su opuesto. La paz, además, es condición para la estabilidad y el desarrollo económico, base material de la vida. Otro de los principios establecidos se refiere a la justicia social, base de la justicia en general y de la paz, por tanto, de la vida.

Ahora bien, esos principios que nadie pondrá en duda, sólo podrán plasmarse como realidad a través de la política y, en este caso, de una estrategia y su plan correspondiente.

Nuestros amplios territorios, son depositarios de grandes recursos naturales y humanos. Este hecho evidente, nos indica que allí radica, de lejos, la mayor fortaleza de nuestra región en relación con otras ventajas. Ello determina la necesidad de definir una política común, una estrategia y un plan que tenga como palanca de impulsión el aprovechamiento racional de esa fortaleza. Esto implica ya no solo la extracción, que además debe realizarse en beneficio del bienestar y los intereses de la nación y con el mínimo impacto ambiental posible, sino también, como parte indisoluble, la transformación interna de las materias primas, única forma de superar la paradoja de ser grandes exportadores de esas materias y exportadores netos de capital en el intercambio extra regional.

La extracción y transformación industrial implican desarrollo científico y tecnológico, formación de científicos, técnicos y profesionales, además de un fuerte impulso a la creación de instituciones financieras de la Unión, como el Banco del Sur, y una política de negociación conjunta cuando se requiera financiamiento extra regional.

A partir de estas premisas, durante la VI Reunión de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, realizada en noviembre del 2012 en Lima, Perú, presentamos un documento con el título de “Los recursos naturales como eje dinámico en la estrategia de integración y unidad de nuestros países” orientado a definir una estrategia y un plan, teniendo como factor clave, el impresionante acervo de recursos naturales que aloja en sus entrañas esta inmensa región de más de 17 millones de kilómetros cuadrados y una población de apenas 400 millones de habitantes de ellos, más de 100 millones viviendo en estado de pobreza.

De tal realidad se desprende una primera y muy dramática conclusión: el gran reto que se plantea de inmediato ante los doce países que integran la Unión, es el de imprimir un nuevo y más vigoroso impulso para terminar de superar tal pobreza y elevar la calidad de vida de la población a niveles que le permitan vivir dignamente o, de acuerdo a la visión de nuestros pueblos originarios, el “Buen Vivir”.

Es un verdadero absurdo que millones de seres humanos, deambulen con su pobreza sobre una riqueza tan grande como la que representa la variedad y cantidad de recursos naturales de nuestra región, como igualmente es un absurdo que pretendamos resolver nuestros problemas, cada quien por separado.

Como lo hemos expuesto en distintos escenarios, las corporaciones con las cuales se relacionan nuestros países para la explotación de tales recursos, tienen una dimensión planetaria, operan de acuerdo con una estrategia mundial única y obedecen a un mando único. Mientras tanto, nuestros países negocian por separado lo cual comporta, desde el inicio, una situación de clara desventaja.

A esta realidad se unen otros factores, como el hecho de que las corporaciones están movidas por la búsqueda de mayores ganancias. Para ello no sólo buscan elevar su productividad, sino el abatimiento de regalías, impuestos y otras contribuciones que constituyen la participación de nuestros Estados en los proventos generados por la explotación de los recursos naturales.

De acuerdo con los esquemas de distribución que se apliquen, nuestros pueblos pueden ser favorecidos o desfavorecidos en su objetivo de lograr el “Buen Vivir”. Al disminuir regalías e impuestos, las corporaciones obtienen súper ganancias, muy por encima de la media internacional, introduciendo, además, cláusulas que progresivamente han ido sustituyendo la soberanía jurisdiccional de los Estados por el arbitraje internacional. Todo este proceso contrasta con reiteradas declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas. Veamos:

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución N. 1803, de 1962, establece claramente:

“1. El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y el bienestar del pueblo del respectivo Estado.”

“2. La exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como la importación de capital extranjero para efectuarlos, deberán conformarse a las reglas y condiciones que esos pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas actividades.” (…)

“5. El ejercicio libre y provechoso de la soberanía de los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales debe fomentarse mediante el mutuo respeto entre Estados basado en su igualdad soberana”.

De ésta y otras resoluciones de Naciones Unidas con el mismo tenor, se puede concluir que el principio de la propiedad de los pueblos y naciones sobre sus recursos naturales, es de validez universal. En lo que a UNASUR corresponde, debemos decir que todas nuestras constituciones recogen ese principio, dándole plena vigencia jurídica en el ámbito de cada uno de nuestros países.

La relación capital-tierra

Ahora bien, las limitaciones tecnológicas y financieras, en muchos casos, plantean la necesidad de establecer relación con grandes corporaciones mineras, energéticas o de otra naturaleza. Se establece así lo que los economistas clásicos identificaron como la relación capital-tierra, es decir, relación entre los dueños del capital y los propietarios del recurso natural. En la realidad actual, los primeros representan no sólo su interés en la ganancia, sino también el de los grandes consumidores en el ámbito mundial interesados, tanto en el acceso a recursos naturales estratégicos que se encuentran fuera de sus territorios y que han definido como un asunto de “seguridad nacional”, como en los precios más bajos posibles.

En el mundo actual, la relación capital-tierra ha adquirido una dimensión planetaria, dando lugar a violentos y cada vez más frecuentes conflictos. De allí la vital importancia que tiene hoy, para Nuestra América y para el mundo, el avance de la UNASUR y de los distintos procesos integradores de América Latina y el Caribe, y el poder contar con políticas y planes consensuados que coloquen la soberanía de pueblos y naciones, como condición indispensable para la defensa de la vida, de la paz y de la democracia.

La Primera Conferencia de la Unión de Naciones Suramericanas sobre Recursos Naturales para el Desarrollo Integral de la Región, realizada en Caracas, del 27 al 30 de mayo pasado y a la cual asistieron un nutrido grupo de expertos y especialistas de la región y un número considerable de autoridades y representantes de las diferentes instancias de UNASUR, de los Estados miembros y de organismos regionales, colocó esta problemática en la mesa de discusión.

Las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia fueron sistematizadas y recogidas en una publicación que ya se encuentra disponible. Ciertamente, estos informes y documentos serán de gran utilidad para la elaboración de la estrategia y políticas antes planteadas. Al mismo tiempo, se abre toda una agenda de estudio e investigación que debe profundizarse y ampliarse. No debe extrañar que en un proceso como éste surjan diversas visiones y enfoques, pero la tarea consiste, precisamente, en encontrar los aspectos de mayor coincidencia que permitan avanzar en la construcción de una estrategia consensuada.

Hoy más que nunca es urgente la elaboración de una Estrategia continental consistente y un Plan General coherente para materializarla. Para avanzar en el diseño de dicha estrategia proponemos:

1. Creación del Instituto de Altos Estudios de UNASUR

Una de las necesidades que surgen como reflexión de todo lo expuesto anteriormente, es el desarrollo del conocimiento que nos permita dominar las especificidades de toda nuestra rica región. Esto requiere de un nutrido contingente humano sólidamente formado en la teoría y en la práctica para proveer información e ideas, así como para participar en el diseño y desarrollo de las políticas correspondientes;

2. Creación de una Comisión de Alto Nivel para Asuntos Estratégicos, adscrita al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;

3. La Creación del Servicio Geológico Suramericano (SGSA) que permita llevar el registro de todo el acervo geológico y de la información geocientífica como fuente indispensable para la toma de decisiones, ya no solamente para el conjunto de UNASUR, sino para cada uno de los países miembros y para cualquier otro interesado;

4. La realización de cinco eventos temáticos, como continuación del mencionado evento realizado en Caracas en mayo de este mismo año, que profundizarán el análisis y el debate sobre temas cruciales para la región, como son:

a) Una reunión de representantes de los organismos que en cada país llevan el registro de los datos geológicos;
b) Reunión sobre Recursos Hídricos y Gestión Integral de Cuencas, a fin de reunir la data disponible y realizar las investigaciones conjuntas que se requieran para llenar los importantes vacíos que aún se aprecian en este orden, con el objetivo de diseñar políticas y establecer acuerdos dirigidos a la preservación de esta inmensa y vital fuente de vida;
c) Reunión para el intercambio de información sobre Biodiversidad y Bosques, temas que están íntimamente relacionados con el anterior;
d) Un evento sobre Ciencia, Tecnología e Industrialización;
e) Una Conferencia sobre Defensa y Recursos Naturales;

Como bien se sabe, una política correcta requiere contar con un sólido soporte en la comprensión de las realidades para las cuales fue diseñada, más aún cuando se trata de asuntos relacionados con la estrategia. Este es un aspecto de suma importancia. Ello comporta una primera definición, sin que la misma se convierta en verdad absoluta o inmutable. La propia experiencia, que contrasta las valoraciones que se hacen en el análisis político con las realidades vivas, va arrojando nuevos elementos al conocimiento humano, a la comprensión de las propias realidades y a su dinámica. Todo esto debe traducirse en los correspondientes ajustes de las políticas y de la estrategia.

La unidad de nuestros pueblos en una sola gran nación es un anhelo y un legado histórico desde el inicio mismo de la civilización americana, que cobra fuerza particular con los nuevos liderazgos y las luchas sociales a inicios del siglo XXI.

Realizar el vehemente deseo de San Martín, de O´Higgins, de Artigas, de Simón Bolívar y de los miles de patriotas que regaron su sangre y sus ideas en todas estas tierras, no solo para darle independencia del imperio español y proveerle de fuerza para preservarla, significa también alcanzar la justicia social y la libertad, que se encuentran entre los más nobles propósitos humanos.

- Alí Rodríguez Araque, abogado y diplomático venezolano, es Secretario General de UNASUR.

* Publicado en la revista América Latina en Movimiento No. 488 de septiembre de 2013, titulada "Recursos y desarrollo: Estrategias en la unión suramericana" http://www.alainet.org/publica/488.phtml

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R. Dominicana: Orgs de DDHH rechazan sentencia TC y llaman a solidaridad


Santo Domingo, 1 de octubre 2013. El conjunto de organizaciones abajo firmantes rechazamos la sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) que arrebata la nacionalidad a 4 generaciones de personas que durante 8 décadas fueron registrados como dominicanas, al amparo de la Constitución y leyes vigentes.

La sentencia, que viola al menos quince artículos de la Constitución dominicana y que apela a criterios raciales para despojar la nacionalidad, afectará a miles de dominicanos y dominicanas de los más diversos orígenes, especialmente a aquellos de ascendencia haitiana a quienes el Estado ya les está quitando sus documentos de identidad dominicanos desde el año 2007.

El caso por el que el TC falló trataba de determinar si la Junta Central Electoral (JCE) vulneró derechos constitucionalmente protegidos con su negativa de entregarle la Cédula de Identidad a Juliana Deguis. Pero el TC manipuló la interpretación de las normas para imponer, con efecto retroactivo, la mentira de que la figura de “Tránsito” se refiere a si el inmigrante está regularizado o no. Un desvarío para tratar de convencer a la opinión pública de que hijos e hijas tienen que ser condenados por hechos que no estaban previstos por la ley, supuestamente cometidos por sus padres, antes de ellos nacer.

La Sentencia del TC se contradice. Por un lado ordena la entrega del Acta de Nacimiento a Juliana Deguis, mientras que por otro lado, ordena a la JCE que apodere a los tribunales ordinarios para que determinen la validez de las Actas de Nacimiento que les sean sometidas, cuando ya el mismo TC ha prejuzgado el asunto, declarando que dichas actas son ilegales y que las personas titulares son extranjeras.

Advertimos que la referida Sentencia se erigirá en el instrumento de segregación de la población nacional. A partir de ahora, seremos divididos entre dominicanos “puros” y dominicanos que, como por arte de magia, el TC ha convertido en “extranjeros” por el simple hecho de ser descendientes de inmigrantes.

Miles de dominicanos y dominicanas se verán impedidos de ejercer sus derechos fundamentales, enfrentarán cotidianamente el riesgo de deportaciones masivas, continuarán enfrentando dificultadas para estudiar, trabajar, pagar seguro médico, cotizar en el fondo de pensiones, contraer matrimonio civil, abrir cuentas bancarias, comprar, heredar; e inclusive, no podrán salir del país que ahora los rechaza, porque no podrán sacar o renovar pasaporte.

Miles de dominicanos y dominicanas continuarán transmitiendo a sus hijos e hijas el estatus de apatridia que les afecta, un completo contrasentido, en el marco de la obligación que tiene el Estado de proteger a la niñez de todas las formas de discriminación y de garantizar el reconocimiento de su personalidad jurídica.

Esta sentencia también agravará la situación de marginalización y exclusión de miles de personas, e incidirá negativamente en las posibilidades de promover la gobernabilidad democrática.

Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para que asuman con responsabilidad la búsqueda de una solución justa, racional, efectiva y definitiva a esta situación. Con esta Sentencia, el TC ha roto con el Constitucionalismo Americano, el Sistema Interamericano y el Sistema Internacional, y coloca al país en la mira de sanciones internacionales por incumplir con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todos sus habitantes.

Insistimos en llamar a la sociedad dominicana a solidarizarse con las personas afectadas por esta decisión, sumándose a las actividades de movilización que están previstas y levantando su voz en todos los escenarios donde se intente imponer la mentira que sustenta esta sentencia del TC. También reiteramos el llamado a los amigos de la prensa, para que promuevan un abordaje exhaustivo del tema, recordando que no hay seres humanos ilegales y que la población afectada por la sentencia no es inmigrante sino dominicana, reconocida por el Estado como tal.

Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado, estaremos intensificando de manera progresiva, sistemática y sostenida acciones de denuncia y movilización a nivel nacional e internacional, hasta que los derechos violados por esta sentencia sean restituidos.

Firman:

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL)
Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)
Fundación Étnica Integral (FEI)
Red Jacques Viau
Movimiento de Mujeres Dominico- Haitianas (MUDHA)
Centro Cultural Dominico- Haitiano (CCDH)
Centro Bonó
Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA)
Movimiento Reconocido
Visión Mundial República Dominicana
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA)
Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (MENAMIRD)
Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA)


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Apoyemos a comunidades movilizadas de ECUADOR, frente a ingreso militarizado de Codelco en su territorio!


Estimados y estimadas: 
 
Codelco está ingresando con militares a la zona de Intag, Ecuador, para imponer la megaminería en territorios donde hace dos décadas las comunidades campesinas e indígenas han luchado para preservar la categoría de cantón ecológico que tanto les costó lograr. 
 
Nuestros amigos de allá nos han informado que llegaron por la fuerza, lo que salió incluso publicado en la prensa local  http://www.eluniverso.com/noticias/2013/09/15/nota/1440071/militarizan-zona-tratar-iniciar-explotacion-minera,  y que además se han mantenido amenazantes en el territorio, de hecho nos mandaron un correo donde se lee: 
 
"Pues les comento que el día de ayer miércoles 25 de septiembre nuevamente más de 40 militares ingresaron a la zona de Intag. Hoy jueves, mientras manteníamos una reunión ordinaria de la asociación de caficultores, en nuestra oficina ubicada en la calle principal de Apuela, pasaron por delante de la puerta a lo largo de todo el día y cada vez miraban de una manera descarada hacia adentro. Pudimos contra más de 30 militares distintos haciendo este paseo amistoso. Finalmente a las 5 de la tarde pusimos una cámara filmadora en la puerta, dejaron de pasar. La militarización de Intag es una realidad y me apena que la gente esté a la espera de las fotos para reaccionar. Están aquí y es la realidad. Esperemos que esto no termine mal. Mis respetuosos saludos a todos y todas."
 
José Cueva
 
Asociación Río Intag"

La gravedad de la situación amerita una reacción de nuestra parte, es por ello que como OLCA redactamos esta carta de apoyo que invitamos sea suscrita por la mayor cantidad de organizaciones que sientan convocadas a firmar. 

Recibiremos sus adhesiones hasta el jueves 3 de octubre. 
Abrazo a todas y todos. 

CARTA DE APOYO A LAS COMUNIDADES VIOLENTADAS POR CODELCO EN ECUADOR
 
Desde comienzos de septiembre, justo en momentos en que Chile se veía inundado por declaraciones de arrepentimiento y perdón frente a los atropellos de la dictadura para imponer el extractivismo, vemos con indignación que Codelco está ingresando con fuerzas militares ecuatorianas al cantón ecológico de Cotacachi, Intag, territorio que hace más de dos décadas viene luchando contra la megaminería química a cielo abierto por no obedecer a las apuestas de desarrollo que la comunidad ha acordado. 
 
Codelco y la empresa minera de Ecuador Enami, no solo han llegado acompañado de militares, sino que éstos se han mantenido en la zona todo este tiempo, amedrentando a las comunidades, imponiendo la fuerza de las armas y provocando a quienes se oponen legítimamente a la realización de estudios de aire, agua y suelo. 
 
Cabe señalar que Codelco ya fue expulsada de Intag en 1996, luego en 2011 y es por ello que ahora arremete de la mano de los militares. Nos parece impresentable que la empresa minera estatal de Chile atropelle de esta manera la soberanía y el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la provincia de Imbabura. Según las organizaciones locales “el contingente militar y policial hace prever que la situación de militarización en la zona se irá agudizando, como está sucediendo ya en otros lugares frente a la resistencia de la población. Con seguridad se levantará un gran dispositivo propagandístico para acusar a las comunidades locales de rebelión y de terrorismo, con el propósito de justificar la política extractivista y represiva del Gobierno.”
 
Somos parte de las comunidades que han padecido los embates del extractivismo; división, contaminación, muerte, depredación acelerada de los bienes comunes, y por lo tanto con fuerza y decisión apoyamos a los territorios que defienden el agua y la vida y que, como en Cotacachi, apuestan por una economía popular y solidaria, el turismo comunitario-ecológico y la soberanía alimentaria.
 
Fuerza Intag, no están solos, nos declaramos en estado de alerta frente al proceder de la empresa estatal Codelco en territorio ecuatoriano. 

Firman:
 
 
 
 

Perú: Feministas exigen protocolo para atención del aborto terapéutico

La Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano decidió declarar esta fecha para recordar a los gobiernos latinoamericanos que seis mil mujeres mueren al año debido a complicaciones por abortos inseguros y clandestinos.

Lima, setiembre (Especial de SEMlac).- “Anticonceptivos para no abortar; aborto legal para no morir; aborto legal ahora”, fueron algunos de los lemas que vocearon feministas y mujeres de diferentes sectores ante la sede del Ministerio de Salud, en esta capital, para exigir que el gobierno apruebe el protocolo nacional de atención del aborto terapéutico.

La movilización, convocada por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Demus, Kolectiva Rebeldías Lésbicas, Perú Afro, entre otros grupos que integran los colectivos Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos, y Campaña por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, se realizó en el marco de la conmemoración del Día internacional por la despenalización del aborto (28 de setiembre).

En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano decidió declarar esta fecha para recordar a los gobiernos latinoamericanos que seis mil mujeres mueren al año debido a complicaciones por abortos inseguros y clandestinos.

Cecilia Olea, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, dijo a SEMLAC que el plantón forma parte de las acciones de lucha que las mujeres impulsan en el país y en la región en demanda del respeto a su derecho a decidir con autonomía sobre su sexualidad y reproducción.

“Con esta acción buscamos que el Ministerio de Salud promulgue el protocolo de aborto terapéutico a nivel nacional. No entendemos por qué el gobierno se demora en promulgarlo. Hay recomendaciones de organismos de Naciones Unidas, como la Convención para combatir toda forma de violencia hacia la mujer, sin embargo, el Estado peruano hasta ahora no lo promulga”, señaló.

Indicó que las organizaciones feministas demandan que, en respeto a las normas vigentes, a las obligaciones asumidas por el Estado peruano ante la comunidad internacional, y en cumplimiento con una sentencia del Poder Judicial, el ministerio de Salud debe cumplir con la aprobación del protocolo.
La sentencia, hecha por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima en agosto pasado, exige al Ministerio de Salud que responda las solicitudes presentadas por Demus y otras organizaciones feministas y sociales que demandan la aprobación del protocolo de aborto terapéutico, según dispone una resolución del Comité de Derechos Humanos.

Victoria Villanueva, asociada del Movimiento Manuela Ramos, señaló que las mujeres no abortan porque les gusta, lo hacen por necesidad “y cuando una lo hace quiere hacerlo sin riesgo, que se realice con toda la garantía del caso”.

Para Villanueva, la adopción de un protocolo podría asegurar a las mujeres una atención de calidad y el personal sanitario podría actuar sin temores a posibles sanciones penales por intervenir en este procedimiento quirúrgico.

Verónica Ferrari, del Movimiento Homosexual de Lima (Mhol), al ser consultada por SEMLAC, afirmó que su participación en el plantón responde a que el reclamo es justo e importante para las mujeres, “somos las mujeres las que parimos y somos las que debemos decidir, este es un estado asesino que permite la práctica del aborto clandestino”.

Por su parte, María Ysabel Cedano, de Demus, señaló que las mujeres “en todo el mundo estamos resistiendo una contra ofensiva patriarcal y capitalista que pretende desconocer sus derechos, quieren penalizar todo tipo de aborto, inclusive el aborto terapéutico que es legal en nuestro país desde 1924″.
“Nosotras estamos exigiendo el protocolo de aborto terapéutico frente a las intenciones conservadoras, patriarcales, fundamentalistas y le corresponde a la ministra Midori de Habich promulgarlo para asegurar que las mujeres con embarazos en riesgo accedan al servicio de aborto legal efectivo, oportuno y de calidad, de esa manera se protegerá su salud física y mental y su propia vida”, explicó.

Según la investigación “El Aborto Clandestino en el Perú, de Delicia Ferrando, en el Perú se producen anualmente 370,000 abortos clandestinos, lo que significa que por cada 100 gestantes 5 mujeres abortan. La mayoría de mujeres que interrumpe su embarazo acude a personas no calificadas (44%), el 39% a una obstetra y el 17% a un/a profesional médico/a.



Comienzan secuelas de cierre del gobierno en EEUU

AP FILADELFIA

Un empleado federal pone barricadas al Parque Nacional Histórico debido al cierre parcial del

    Quienes solicitaban por teléfono algún tipo de asistencia al gobierno sólo escucharon el mensaje de una contestadora automática en tanto que los empleados federales desconocen cuándo regresarán a sus trabajos.

    El primer cierre parcial del gobierno en 17 años entró en vigencia el martes y las secuelas fueron de pequeña y gran magnitud.

    Unos 800.000 empleados federales fueron enviados a sus casas, cifra que excede a las fuerzas laborales conjuntas de Target, General Motors, Exxon y Google en Estados Unidos.

    "Después de la semana entrante, si no estamos trabajando, tendré que encontrar un empleo", dijo Robert Turner, quien da mantenimiento en el museo Smithsonian de Historia de Estados Unidos en la capital del país.

    Turner acudió a trabajar y se le encomendó que sacara basura, cancelara tuberías de agua, así como que cerrara el lugar.

    La paralización del gobierno ha tenido distintas consecuencias, desde una reducción de las actividades en las oficinas de los fiscales federales y el FBI, hasta la revocación de permisos para la realización de bodas en sitios históricos en Washington.

    Los excursionistas que se encuentren en bosques nacionales recibieron un plazo de dos días para que recojan sus cosas y se marchen, y algunos bosques fueron cerrados totalmente al tránsito.

    En Filadelfia, Paul Skilling, de Irlanda del Norte, quería conocer de cerca la Campana de la Libertad pero tuvo que conformarse con ver a través de un vidrio ese símbolo de la democracia.

    Skilling no se sentía optimista de poder visitar algún lugar importante en Washington, la siguiente escala de su visita de una semana en Estados Unidos.

    "La política es fantástica, ¿verdad?", dijo el norirlandés en tono de frustración.

    En Nueva York, los turistas que pretendían visitar la Estatua de la Libertad recibieron la propuesta de un recorrido de una hora en un crucero por el muelle.

    "Debe haber mejores maneras de dirigir un gobierno que tener una parálisis como ésta", dijo Cheryl Strahl, una visitante desilusionada, procedente de Atascadero, California. "¿Por qué desquitarse con los parques nacionales?"

    El cierre del gobierno no detuvo el martes el inicio del periodo de inscripción en los mercados de seguros en línea establecidos de acuerdo con la ley de salud del presidente Barack Obama, que es el meollo de la disputa con los republicanos, con quienes no hubo un acuerdo presupuestario, lo que derivó en esta parálisis.

    Los dos empleados federales en órbita alrededor de la Tierra, los astronautas de la NASA, Karen Nyberg y Michael Hopkins, continuaron sus actividades habituales a bordo de la Estación Espacial Internacional, igual que los empleados esenciales en el Control de la Misión en Houston, que apoya el funcionamiento de ese laboratorio orbital, en el que se encuentran seis inquilinos.

    Sin embargo, no hubo actualizaciones de la información por televisión o internet debido a que la mayoría de los empleados de la NASA se encontraba en licencia sin goce de sueldo.

    Numerosos pescadores que se dirigían con sus cañas a la cadena de islas conocidas como Outer Banks en Carolina del Norte no pudieron llegar en sus vehículos a la costa en la Playa Nacional Cabo Hateras.

    Decenas de cabras no fueron sacadas para que comieran hiedra en Fort Hancock, una zona recreativa en Sandy Hook, Nueva Jersey. Fue cancelada una reunión del KKK cuya realización estaba prevista para este fin de semana en el campo de batalla de Gettysburg en Pensilvania.

    En la capital del país, las fuentes dejaron de funcionar en el complejo de monumentos del National Mall en tanto que fue cerrado el Zoológico Nacional. La cámara que vigila a un panda fue apagada en este zoológico.

    Sin embargo, miembros del Congreso cortaron cinta policial de acordonamiento para permitir el paso por las barreras a cientos de ex soldados procedentes de Iowa y Misisipí al Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial.

    El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) suspendió las auditorías durante el cierre del gobierno y los centros telefónicos quedaron sin personal. En Saint Paul, Minnesota, la contestadora del IRS indicaba a quienes llamaban que "debían presentar sus declaraciones y pagar sus impuestos como siempre".

    Los 12 millones de personas que recibieron extensiones fiscales de seis meses deben presentar sus declaraciones para el 15 de octubre. Sin embargo, la agencia no emitirá devolución de impuestos hasta que se reanuden las actividades normales del gobierno.

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Para hacer esta noticia participaron los periodistas de The Associated Press: Thomas J. Sheeran, en Valley View, Ohio; Mitch Weiss, en Charlotte, Carolina del Norte; Jill Zeman Bleed, en Little Rock, Arkansas; Brian Bakst, en St. Paul, Minnesota; Brett Zongker, Stephen Ohlemacher y Jessica Gresko, en Washington; Marcia Dunn, en Cabo Cañaveral, Florida; y Joseph B. Frederick, en Nueva York, contribuyeron a este despacho.