Santo Domingo, 1 de octubre 2013. El conjunto de organizaciones abajo firmantes rechazamos la sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) que arrebata la nacionalidad a 4 generaciones de personas que durante 8 décadas fueron registrados como dominicanas, al amparo de la Constitución y leyes vigentes.
La sentencia, que viola al menos quince artículos de la Constitución dominicana y que apela a criterios raciales para despojar la nacionalidad, afectará a miles de dominicanos y dominicanas de los más diversos orígenes, especialmente a aquellos de ascendencia haitiana a quienes el Estado ya les está quitando sus documentos de identidad dominicanos desde el año 2007.
El caso por el que el TC falló trataba de determinar si la Junta Central Electoral (JCE) vulneró derechos constitucionalmente protegidos con su negativa de entregarle la Cédula de Identidad a Juliana Deguis. Pero el TC manipuló la interpretación de las normas para imponer, con efecto retroactivo, la mentira de que la figura de “Tránsito” se refiere a si el inmigrante está regularizado o no. Un desvarío para tratar de convencer a la opinión pública de que hijos e hijas tienen que ser condenados por hechos que no estaban previstos por la ley, supuestamente cometidos por sus padres, antes de ellos nacer.
La Sentencia del TC se contradice. Por un lado ordena la entrega del Acta de Nacimiento a Juliana Deguis, mientras que por otro lado, ordena a la JCE que apodere a los tribunales ordinarios para que determinen la validez de las Actas de Nacimiento que les sean sometidas, cuando ya el mismo TC ha prejuzgado el asunto, declarando que dichas actas son ilegales y que las personas titulares son extranjeras.
Advertimos que la referida Sentencia se erigirá en el instrumento de segregación de la población nacional. A partir de ahora, seremos divididos entre dominicanos “puros” y dominicanos que, como por arte de magia, el TC ha convertido en “extranjeros” por el simple hecho de ser descendientes de inmigrantes.
Miles de dominicanos y dominicanas se verán impedidos de ejercer sus derechos fundamentales, enfrentarán cotidianamente el riesgo de deportaciones masivas, continuarán enfrentando dificultadas para estudiar, trabajar, pagar seguro médico, cotizar en el fondo de pensiones, contraer matrimonio civil, abrir cuentas bancarias, comprar, heredar; e inclusive, no podrán salir del país que ahora los rechaza, porque no podrán sacar o renovar pasaporte.
Miles de dominicanos y dominicanas continuarán transmitiendo a sus hijos e hijas el estatus de apatridia que les afecta, un completo contrasentido, en el marco de la obligación que tiene el Estado de proteger a la niñez de todas las formas de discriminación y de garantizar el reconocimiento de su personalidad jurídica.
Esta sentencia también agravará la situación de marginalización y exclusión de miles de personas, e incidirá negativamente en las posibilidades de promover la gobernabilidad democrática.
Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para que asuman con responsabilidad la búsqueda de una solución justa, racional, efectiva y definitiva a esta situación. Con esta Sentencia, el TC ha roto con el Constitucionalismo Americano, el Sistema Interamericano y el Sistema Internacional, y coloca al país en la mira de sanciones internacionales por incumplir con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todos sus habitantes.
Insistimos en llamar a la sociedad dominicana a solidarizarse con las personas afectadas por esta decisión, sumándose a las actividades de movilización que están previstas y levantando su voz en todos los escenarios donde se intente imponer la mentira que sustenta esta sentencia del TC. También reiteramos el llamado a los amigos de la prensa, para que promuevan un abordaje exhaustivo del tema, recordando que no hay seres humanos ilegales y que la población afectada por la sentencia no es inmigrante sino dominicana, reconocida por el Estado como tal.
Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado, estaremos intensificando de manera progresiva, sistemática y sostenida acciones de denuncia y movilización a nivel nacional e internacional, hasta que los derechos violados por esta sentencia sean restituidos.
Firman:
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL)
Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)
Fundación Étnica Integral (FEI)
Red Jacques Viau
Movimiento de Mujeres Dominico- Haitianas (MUDHA)
Centro Cultural Dominico- Haitiano (CCDH)
Centro Bonó
Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA)
Movimiento Reconocido
Visión Mundial República Dominicana
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA)
Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (MENAMIRD)
Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA)
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