Argentina nacionaliza YPF y alborota España y a la UE

AFP-EFE | BUENOS AIRES

BUENOS AIRES. Un grafiti contra la española Repsol destaca en un edificio de la capital argentina. El gobierno argentino anunció ayer un proyecto de expropiación de esta compañía.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, ignoró ayer amenazas de España y la Unión Europea al enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51% de la petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), controlada por la española Repsol, con el argumento de la falta de inversiones.

“Declárese de interés público la empresa Repsol-YPF para lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos (...). A los efectos legales se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de la sociedad”, según el texto leído por la locutora oficial en un acto presidido por Fernández.

La iniciativa establece que “de las acciones sujetas a expropiación (51%), el 51% pertenecerá al Estado nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la organización de estados productores de hidrocarburos”.

El gobierno español de Mariano Rajoy condenó ayer la decisión “arbitraria” de las autoridades argentinas y anunció que adoptará medidas “claras y contundentes” en defensa de los intereses de Repsol y de empresas españolas en el exterior.

España consideró el proyecto como “una decisión hostil”, que “rompe el clima de cordialidad y amistad” entre ambos países, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.

La Comisión Europea (CE) también recordó a Argentina que la expropiación de YPF solo enviaría una señal “muy negativa” a los inversores y podría dañar seriamente el clima de negocio en el país.

El decreto entró en vigor ayer mismo y dispone “la intervención transitoria de YPF por un plazo de 30 días con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país”.

A la par, el gobierno argentino ordenó la expulsión inmediata de los españoles de la sede de la filial de Repsol.

Video de EFE

Con lista en mano, enviados del Ejecutivo conminaron a los directivos españoles a hacer sus cajas de forma inmediata y les obligaron a salir a la calle, publicó el diario El País.

El jefe del bloque oficialista de Diputados, Agustín Rossi, dijo que “las acciones sujetas a expropiación son las de Repsol (que posee 57,4%) hasta llegar al 51%”, y precisó que “no se afectarán las del grupo argentino Petersen (25,4%), ni las que están en la Bolsa (17,0%)”.

El gobierno había cuestionado la política de Repsol-YPF con el argumento de que bajaba año tras año su producción de gas y petróleo y Argentina se vio forzada a importar combustibles por unos $ 9.300 millones en el 2011, casi el doble que el anterior, según cifras oficiales.

La petrolera negó la falta de inversiones y dijo que concretará “las inversiones más importantes que esta compañía realizó en su historia”, con una “previsión de $ 3.400 millones para este año”.

El polémico anuncio ocurrió un día antes del inicio de la gira que llevará a Rajoy a Colombia y México.

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó ayer que “sigue los acontecimientos” tras la decisión del Gobierno argentino de expropiar las acciones de la petrolera YPF.

Cronología

1922
Fundada en ese año YPF fue una de las empresas pioneras en el mundo como petrolera estatal.

1999
La empresa cayó en la ola privatizadora del gobierno de Carlos Menem, y en enero de 1999 Repsol entró en YPF al comprar al Estado argentino el 14,9% de la petrolera.

2007
El grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, afín al entonces presidente Néstor Kirchner, esposo de la actual mandataria, compró el 14,9% de YPF a Repsol y en mayo del 2011 adquirió otro 10%.

Enero, 2012
El gobierno argentino denuncia a Repsol-YPF y otras cuatro petroleras por posición dominante. Se reclama a las petroleras reinvertir ganancias en el país para aumentar producción y bajar importaciones.

Febrero, 2012
Repsol defiende el monto de las inversiones, de 3.000 millones de dólares.

Marzo, 2012
La provincia de Chubut quita la concesión de áreas de explotación a YPF por falta de inversión. Se suman otras cinco provincias.

Abril 14, 2012
España advierte la “hostilidad contra intereses” de empresas españolas.

Abril 16, 2012
Fernández anuncia el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar YPF.

Reacciones

Rajoy condena
El gobierno español de Mariano Rajoy, tras una reunión de urgencia, condenó la “decisión arbitraria” y anunció que adoptará medidas “contundentes”.

Críticas a Cristina
El partido Catalanistas en el Congreso ofreció su apoyo al gobierno español y comparó a Cristina Fernández con el “populismo” de su homólogo venezolano, Hugo Chávez.

CE advierte riesgos
La CE advirtió a Argentina de que la expropiación de YPF enviaría una señal “muy negativa” a los inversores y podría dañar seriamente el clima de negocio en el país.

Caen acciones en NY
La acción de la petrolera argentina YPF caía cerca del 12% en la bolsa de Nueva York, tras el anuncio de un proyecto de ley para la expropiación de Repsol.

Oposición dividida
La oposición política en Argentina reaccionó ayer dividida. La Unión Cívica Radical, segunda fuerza parlamentaria, rechazó la iniciativa oficial.

Ex guerrillero Taur Matan Ruak, elegido presidente de Timor

El ex guerrillero que luego fue jefe de las Fuerzas Armadas Taur Matan Ruak fue electo este martes presidente de Timor Oriental y afrontará la tarea de dirigir este pequeño país asiático devastado por décadas de conflictos.

José María Vasconcelos, su verdadero nombre, tendrá importantes desafíos que asumir: garantizar una paz duradera, pese a la partida de la fuerza de la ONU prevista a fines de este año, y sacar a sus compatriotas de una pobreza que sigue siendo endémica pese a los prometedores recursos de hidrocarburos.

Según resultados preliminares referidos a la totalidad de los sufragios, Taur Matan Ruak recabó 61,23% de votos en la segunda vuelta de la elección presidencial celebrada el lunes. Su rival, el ex presidente del Parlamento Francisco Guterres, conocido como "Lu Olo", obtuvo un 38,77%. La participación fue de un 73%, precisó, en base al conjunto del escrutinio.

Estos resultados están pendientes de validación por el Tribunal de Apelación, que deberá examinar eventuales recursos, y los resultados oficiales y definitivos no se anunciarán antes del fin de semana.

El general Taur Matan Ruak obtuvo el 26% de los votos en la primera vuelta, organizada el 17 de marzo, frente al 29% de "Lu Olo". El presidente saliente, el premio Nobel de la Paz José Ramos Horta, fue eliminado tras quedar tercero.

"TMR", como se le conoce en el país, tenía el apoyo del CNRT, la formación de centro-izquierda del actual primer ministro Xanana Gusmao.

Ruak pasó décadas en la jungla en la guerrilla que combatió a las tropas indonesias, que invadieron Timor tras la partida de la administración colonial portuguesa en 1975.

Después de 24 años de un conflicto que se llevó por delante a más de una cuarta parte de la población, Ruak asumió la dirección de las Fuerzas Armadas hasta 2011. Durante la campaña electoral, este general de 55 años prometió instaurar el servicio militar como solución al desempleo, uno de los problemas que padece el país.

"Haré todo lo posible para ayudar a la población a hacer de Timor Oriental un país fuerte, pacificado y rico", declaró el lunes tras depositar su voto en la urna.

Las funciones de presidente son fundamentalmente honoríficas. El color político del gobierno se decidirá en las elecciones legislativas previstas el 7 de julio.

No obstante, el jefe de Estado será fundamental para asegurar la paz tras la retirada de los cascos azules de la ONU a fines de año, después de 13 años de presencia. El país es independiente apenas desde 2002.

Además de garantizar una paz duradera, el presidente tendrá también la difícil tarea de sacar de una pobreza endémica a los 1,1 millones de timorenses. Casi la mitad de los habitantes vive con menos de un dólar al día, y alrededor del 20% carece de empleo.

El descubrimiento de un yacimiento de hidrocarburos ha alumbrado la esperanza de que el país se desarrolle económicamente, una perspectiva que está por concretarse. También inquieta la excesiva dependencia de esos hidrocarburos en un Estado que cubre más del 90% de sus gastos gracias al oro negro y el gas.

Con una marcha culminó la V Cumbre de los Pueblos

Luego de tres días de reunión en Cartagena, el grupo de movimientos sociales y políticos del continente emitieron una Declaración Final, en la que censuraron a Estados Unidos por insistir "en imponer la agenda internacional del hemisferio y se muestre como una nación que defiende los derechos humanos"

Con una marcha culmina la V Cumbre de los Pueblos | Cortesía

Con una gran movilización en la que participaron alrededor de 8.000 personas, culminó con éxito la V Cumbre de los Pueblos: La verdadera voz de las Américas, que se reunió por espacio de tres días en Cartagena de Indias.

Representantes de movimientos sociales y sectores políticos del continente debatieron sobre la realidad socioeconómica y política del hemisferio y acordaron solidificar la articulación de la lucha social con el propósito de reivindicar los derechos sociales y apostar por una verdadera integración hemisférica sustentada en la solidaridad.


La Declaración Final de la Cumbre de los Pueblos 2012, censura el hecho de que Estados Unidos insista en imponer la agenda internacional del hemisferio y se muestre como una nación que defiende los derechos humanos "cuando jugó papel protagónico en el golpe de Estado en Honduras contra el presidente constitucional Manuel Zelaya; sigue manteniendo un inicuo bloqueo económico y comercial a Cuba, le apuesta a la desestabilización de Haití; y no obstante a los anuncios, no ha desmantelado el campo de concentración de prisioneros en Guantánamo",

Critica también que el presidente Obama no cumplió su promesa hecha en la anterior Cumbre de las Américas, de construir una nueva relación con América Latina, al tiempo que persiste en su oposición a que Argentina ejerza su legítima soberanía territorial sobre las islas Malvinas.

La Cumbre de los Pueblos considera además que los tratados de libre comercio que impulsa el gobierno de Washington, constituyen un obstáculo grave para la integración regional.

De igual modo,llamó la atención sobre los daños socioambientales irreversibles que causan varias empresas transnacionales de origen canadiense que desarrollan actividades exploratorias en megaminería a gran escala, violando los derechos de los pueblos y sus territorios.

Otro de los aspectos enfáticos del encuentro continental de movimientos sociales, fue el que tiene que ver con el acaparamiento de tierras que atenta contra la seguridad alimentaria de los países del hemisferio y termina violando su soberanía.

En materia de avances, la declaración final de la Cumbre de los Pueblos resaltó los procesos de integración que se vienen dando como la consolidación de organismos como el ALBA, Unasur y la Celac que fundan las relaciones internacionales en la solidaridad y no en el libre comercio.

Al mismo tiempo, la Cumbre de los Pueblos exige la eliminación de las bases militares norteamericanas en la región, la cancelación de los ejercicios militares, el cierre de la Escuela de las Américas y la suspensión del Sistema Interamericano de Defensa.

Considera muy negativa para el desarrollo social, la promoción indiscriminada de la inversión extranjera y afirma que “los derechos de los inversionistas no pueden estar por encima de los pueblos y la naturaleza”. En ese sentido, condena los intereses de las transnacionales en el continente que son actores principales del modelo extractivista de recursos naturales.

Finalmente, saluda la nueva arquitectura financiera regional con la irrupción de mecanismos como el Banco el Sur, el Fondo de Reservas Latinoamericanas y enfatiza su exigencia de restablecer el derecho a Cuba a pertenecer al sistema multilateral, comenzando porque Estados Unidos termine su bloqueo económico que ya lleva más de medio siglo y que constituye una clara violación a los derechos humanos y a la autodeterminación de los pueblos.

La nacionalización de YPF (I): “Nuestras empresas” y la “seguridad jurídica”

«Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental [...] Esto es una política de Estado, que debe unirnos a todos los argentinos [...] YPF es de todos». Cristina Fernández, presidenta de Argentina, 16/04/12.

Después de varios días de numerosos rumores sobre la posibilidad de que el gobierno de Argentina anunciara la nacionalización de YPF, finalmente se concretó la noticia: la presidenta Cristina Fernández comunicaba ayer la expropiación del 51% de las acciones de la filial argentina de la petrolera Repsol. Como este asunto va a marcar la agenda política y económica de las próximas semanas, vamos a tener tiempo de ir analizando las muchas y muy importantes decisiones que, tanto la empresa como los gobiernos español y argentino, irán tomando en estos días. Por lo pronto, ante la sucesión de declaraciones y reacciones que se han venido produciendo últimamente en España en torno al “caso Repsol”, pensamos que vale la pena detenernos en cinco cuestiones clave. Veamos.

I. “Nuestras empresas”

«El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera. Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el gobierno de España». José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, 12/04/12.

¿Son Repsol y otras corporaciones transnacionales como Telefónica, BBVA o Iberdrola “nuestras empresas”? En la última década, hemos visto cómo en muchas ocasiones los principales medios de comunicación y los gobernantes españoles se referían así a las grandes corporaciones cuya sede central se encuentra en el Estado español: «Nuestras empresas están en América Latina para quedarse, se trata de una apuesta de Estado que no tiene marcha atrás», decían desde el gobierno de Zapatero hace tres años. Y es que, según el discurso oficial, la internacionalización de “nuestras multinacionales” es una de las principales fuentes de riqueza para este país.

En base a ese argumento, habría que defenderlas por encima de todo y dar por sentada la máxima de que «lo que es bueno para ‘nuestras empresas’ es bueno para la población española». Pero estas empresas, que sí puede decirse que fueron “nuestras” hasta finales de los años noventa -no olvidemos que compañías como Repsol, Telefónica, Endesa y Gas Natural fueron de titularidad pública hasta hace apenas una década y media-, hoy sólo pertenecen a sus accionistas. Y, en realidad, ellos son los únicos beneficiarios, junto con los directivos y ejecutivos de estas compañías y todos esos políticos y empresarios que se han hecho de oro atravesando las “puertas giratorias” que conectan el sector público y el mundo empresarial, con la expansión global de los negocios de estas compañías. Por citar sólo un dato: Antonio Brufau, presidente de Repsol, recibió una retribución por el desempeño de su cargo de 7,08 millones de euros en 2011.

II. “Intereses españoles”

«Una decisión de este tipo sería muy negativa para los intereses españoles y la obligación del gobierno es defender con todos los instrumentos a su alcance los intereses españoles». Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y portavoz del gobierno, 13/04/12.

A pesar de que, si nos fijásemos en el accionariado de todas estas corporaciones transnacionales, no sería correcto técnicamente hablar de “empresas españolas”, ya que puede comprobarse que buena parte de su capital social pertenece a inversores extranjeros -en el caso de Repsol, por ejemplo, más de la mitad de sus acciones está en manos de personas y entidades radicadas fuera de España-, pensamos que sigue siendo útil caracterizarlas como “multinacionales españolas”. ¿Por qué? Pues porque sus principales dirigentes y beneficiarios se encuentran en este país, que es el lugar adonde se repatrían la mayoría de los beneficios obtenidos gracias a las operaciones en otros territorios. Y porque cuando tienen “problemas”, quien sale a defenderlas «con todos los instrumentos a su alcance» es el gobierno español. Ahora bien, una cosa es hablar de “empresas españolas” y otra, muy distinta, referirse a los “intereses españoles” para justificar la intervención gubernamental en favor de los intereses privados de una compañía transnacional.

«Es una decisión contra España y los españoles», afirmaba ayer el ministro Soria confundiendo unos intereses meramente empresariales con el interés general de la población. Y es que para la patronal la consigna está muy clara: hay que ampliar la cartera de negocios de las compañías multinacionales para así poder seguir aumentando los beneficios año tras año. Y el gobierno, aplicando los principios de la doctrina neoliberal, defiende que con todo ello crecerá el PIB y mejorarán los indicadores socioeconómicos. Si hay que mirar para otro lado con los hechos que vayan desmintiendo este silogismo -por ejemplo, con el caso de Telefónica, que, a pesar de haber obtenido unas ganancias que suponen el récord en la historia de las empresas españolas, anunció en 2011 que va a despedir a uno de cada cinco de sus trabajadores en España-, pues se hace y listo. Así, se “globaliza” el beneficio empresarial, pero se “localizan” las políticas laborales en derechos, salarios y empleos. Dicho de otro modo: estas empresas se internacionalizan y obtienen la mayor parte de sus beneficios en el exterior, especialmente en América Latina, sin que ello contribuya en absoluto a la “recuperación” de la economía española.

III. “Política de Estado”

«Sabe que puede contar con nosotros [el gobierno español] y confiamos en que finalmente esto se pueda arreglar y dar marcha atrás a una decisión muy perjudicial». Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, 13/04/12.

Estamos acostumbrados a que los dos grandes partidos mayoritarios alcancen un consenso en todo lo que tiene que ver con potenciar la “marca España”. Y es que tanto el actual gobierno español como el anterior siempre han concebido el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas como una “política de Estado”. En eso no hay ni ha habido diferencias: la “diplomacia corporativa” y la “cooperación empresarial” se han convertido en la bandera de la acción exterior de los sucesivos gobiernos españoles. Esta simbiosis entre la política y el mundo empresarial se nos ha hecho tan cotidiana que nos resulta familiar, incluso, que el presidente del gobierno, sea del partido que sea, realice muchos viajes al exterior acompañado por los máximos mandatarios de las transnacionales españolas. Se constata así lo que parece obvio: que la finalidad no es defender un mundo más justo, equitativo y en paz, sino “hacer negocios”. Recordemos, por ejemplo, los viajes que el año pasado hizo el presidente Zapatero a Qatar, Emiratos Árabes y China, o cómo José Bono, encabezando la delegación parlamentaria que en 2011 viajó a Guinea Ecuatorial, le dijo a Obiang que «es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa». En ese mismo sentido, Mariano Rajoy acaba de dar inicio a una gira por México y Colombia con idéntico objetivo: «Allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses», decía ayer el presidente en un acto organizado por el Instituto de Empresa Familiar.

IV. “Seguridad jurídica”

«El Gobierno de Buenos Aires está dispuesto a pasar por encima de contratos, concesiones y cualquier idea de seguridad jurídica que pueda atraer en el futuro a la inversión extranjera». “Por el mal camino”, editorial del diario El País , 3/04/12.

Hace dos años, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado aprobó -con el voto favorable de todos los grupos excepto el de la Entesa Catalana de Progrés- el informe final de la ponencia sobre el papel de las empresas españolas en América Latina. En él se recogía una clasificación de los países de la región en base al “grado de seguridad jurídica”: los más seguros, México, Perú y Colombia; los más inseguros, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Al mismo tiempo, el informe también agrupaba a los países según el grado de oportunidades de negocio y las facilidades a la inversión extranjera directa que ofrecían, dando como resultado una curiosa coincidencia: los países con mayor “seguridad jurídica” eran los que, precisamente, brindaban las mejores perspectivas para las actividades de las grandes empresas. Colombia, el país del mundo más peligroso para el ejercicio del sindicalismo, y México, donde han sido asesinados varios dirigentes sociales en los últimos años, aparecían así como ejemplos en materia de “seguridad jurídica”.

Pero ese razonamiento sólo puede hacerse si se anteponen los intereses comerciales al cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Y es que esta utilización del concepto de “seguridad jurídica” únicamente se concibe en el marco de la nueva lex mercatoria -concretada en una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde instancias como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el FMI-, con lo que su único fundamento es la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las compañías multinacionales. Sin embargo, no por reiterada resulta menos cuestionable esta interpretación de lo que debe significar la “seguridad jurídica”; se trata de un principio internacional no vinculado únicamente a valoraciones económicas: la verdadera “seguridad jurídica” es la que sitúa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por encima del Derecho Corporativo Global. Es decir, a los intereses de las mayorías sociales frente a los de las minorías que controlan el poder económico. La medida que ha tomado el gobierno argentino sirve para ilustrar que el Estado se encuentra facultado para modificar las leyes y contratos con las empresas transnacionales si éstos establecen un trato que vulnera la soberanía nacional y los derechos fundamentales de la mayoría de la población, ya que las normas imperativas sobre derechos humanos y ambientales prevalecen sobre las normas comerciales y de inversiones.

V. “Desarrollo”

«YPF es una empresa muy importante en Argentina que ha contribuido muchísimo al desarrollo del país y que contribuye al fisco y que hasta hace muy poco ha sido una empresa casi modelo en Argentina». Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, 13/04/12.

En América Latina, las poblaciones afectadas y numerosas organizaciones sociales responsabilizan a las compañías multinacionales del saqueo de los recursos naturales, la privatización de los servicios públicos, la desregulación del mercado laboral, el desplazamiento de comunidades indígenas y el deterioro de los ecosistemas de la región. En ese sentido, en los últimos años se han venido denunciando múltiples casos de violaciones de los derechos humanos e impactos sobre los pueblos indígenas, las condiciones laborales y el medio ambiente por parte de las corporaciones multinacionales en diferentes países latinoamericanos. En el caso de las transnacionales españolas, las operaciones de empresas como Repsol, Endesa, Unión Fenosa, BBVA y Santander, entre otras, han sido objeto de múltiples estudios e investigaciones que permiten concluir, como decía la sentencia de la última sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en Madrid en mayo de 2010, que estos casos no son sino «la expresión (a través de un espectro muy amplio de violaciones, de responsabilidades, de imputabilidades) de una situación caracterizada por la sistematicidad de las prácticas que prueban el papel tanto de las transnacionales europeas como de la Unión Europea y de los Estados de América Latina».

Por su parte, Repsol ha sido acusada de operar en 17 resguardos indígenas en Bolivia, contaminar el territorio mapuche en Argentina y el Parque Nacional Yasuni en Ecuador, violar los derechos humanos en Colombia y, en el caso de Argentina, la compañía ha causado importantes y persistentes impactos sobre el ambiente, la vida y la cultura de sus habitantes, en especial de las comunidades indígenas en cuyos territorios opera. Además, con el apoyo de los organismos internacionales, Repsol obtuvo una posición de absoluto control de la energía que ha aprovechado para implementar una infraestructura que ha favorecido el uso irracional de los recursos; la empresa elevó las tarifas del mercado argentino a los precios internacionales, olvidando sus costos y dejando a grandes sectores de la población sin posibilidad de acceder a la energía. ¿Puede hablarse así de “desarrollo”?

Pedro Ramiro
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad

Perú: ¡Conga No Va! el día mundial del agua

• Conga NO VA
  Día Mundial del Agua – 22 Marzo 2012. Laguna Azul - Laguna Perol (Región de Cajamarca, Perú)
• Tal vez, uno de los últimos días en los que estos parajes se respire la paz, la tranquilidad, la armonía entre el hombre y la naturaleza. Ese día, el 22 de Marzo de 2012, las gentes de la región afectada por el Proyecto Conga, se reunieron para celebrar el día del líquido elemento, para reclamar la importancia del agua. Agua para beber, agua para regar, agua para alimentar…. agua para vivir, al fin.

  
  

  La amenaza del fin de la vida en estas tierras altas se antoja muy cercano: la jalca, las praderas infinitas por las que tranquilamente las gentes que muchos años llevan viviendo allí, pueden dar lugar a la materialización del ”progreso” tan ansiado por algunos.

  
  

  Sin agua no hay vida, y muy bien saben eso los caminantes tranquilos de la zona…demasiado bien lo saben, a tenor de las palabras que resonaron por los valles verdes, una y otra vez.

  
  

  Estas son algunas fotos de ese gran día.
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da CELENDINLIBRE