La minga -antigua práctica del trabajo comunitario- fue la herramienta utilizada por la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) para elaborar en dos años el proyecto de Ley de Tierras y Territorios.
El 1 diciembre de 2011 la Copisa entregó el cuerpo legal al Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap). Nunca hubo una respuesta y el trámite no se realizó. En esa cartera de Estado la norma aún está en análisis.
Y es que la Ley de Soberanía Alimentaria ordena que sea la Copisa la que entregue el proyecto al Magap, aunque deja abierta la posibilidad de realizar una iniciativa ciudadana.
Ese fue el camino que escogió la Red Agraria. Este organismo, integrado por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC), Corporación de Montubios del Litoral, y Confederación de Pueblos y Organizaciones Campesinas, retomó la propuesta e inició el proceso de socialización del proyecto.
Hecho este procedimiento, se fijó el 21 de marzo como fecha de entrega del documento, con el objetivo de coincidir con el año nuevo indígena. Sin embargo la entrega se adelantó al 20 de marzo debido a la marcha de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y el MPD. Estas agrupaciones protestaron en Quito el 22 de marzo y una de sus exigencias era la aprobación de la olvidada ley.
El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) ya ha admitido el proyecto y lo remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la revisión de las 41.780 firmas de respaldo que se adjuntaron al documento.
El CNE debe remitir su informe al CAL, el cual tiene que calificar el cuerpo legal y enviarlo a una de las comisiones legislativas.
Cómo se organizó el proceso
Ese es un resumen de la situación actual, pero este ha sido un largo proceso. El 5 de mayo de 2009, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó 8 conferencistas encargados de elaborar el proyecto. Al inicio participaron los dirigentes de la Feine, Fenocin y Conaie. “Ellos estaban dispuestos a avanzar, inclusive se firmó un acuerdo en la Universidad Andina en octubre de 2009 y otro similar el 27 de enero de 2010”, recordó Patricio Santi, vicepresidente de Copisa. “El Ejecutivo decía que la Copisa responde a las organizaciones sociales, pero la Ecuarunari y la Conaie nos decían gobiernistas”, recordó.
En la construcción del documento participaron las bases de las organizaciones como curacas, presidentes y vocales de las comunidades. “Esto molestó a la Conaie porque ellos dicen que nunca trabajaron con nosotros. Se podría decir que no logramos concluir en buenos términos el acuerdo, pero los pueblos Paltas y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) son quienes presentan varias observaciones progresistas”, aclaró.
Santi indicó que no será necesario realizar una consulta prelegislativa para aprobar esta ley. “Creo que se ha desarrollado un proceso de consulta amplia. No habrá otro documento que se pudiera discutir a ese nivel, con una amplia participación de todos los sectores”, destacó.
El 12 de octubre de 2011, a propósito del “Día de la Interculturalidad”, el titular del Legislativo, Fernando Cordero, logró un acuerdo con representantes indígenas, afros, montubios, Ecuarunari, Mesa Agraria; Confederación del Seguro Campesino, y Coordinadora de Movimientos Sociales, entre otros, para tramitar diversas leyes como la de Tierras y Territorios; Derechos de los afroecuatorianos; y Ley sobre la integración de los Consejos de Igualdad. Ese día arrancó la recolección de firmas en todo el país.
José Chalá, secretario Ejecutivo del Consejo de Desarrollo de los Pueblos Afroecuatorianos, destacó la apertura del Gobierno y del Legislativo. “Hemos pasado desde el Estado unilineal de la visión de historia a uno con muchas visiones, muchos saberes y mucha sabiduría, que es la garantía de los pueblos que estamos aquí”, aseveró.
Ambiente favorable en la Asamblea
Las bancadas oficialista y de oposición coincidieron en debatir y aprobar la Ley de Tierras. Lourdes Tibán, de Pachakutik, anticipó que la iniciativa será bienvenida en el Legislativo. “Quisiéramos que la ley fuera a la Comisión de Derechos Colectivos que yo presido, pero aunque esto no suceda estaremos presentes en el debate que se avecina”, advirtió.
Marco Murillo (Amauta Yuyai) anotó que “la Revolución Agraria es una de las deudas históricas de los gobiernos con los pueblos campesinos”. En tanto que María Molina (MPD) y Gerónimo Yantalema (PK) coincidieron en respaldar la propuesta al expresar su satisfacción ya que el proyecto cumpliría además “una función social y ambiental”.
El asambleísta Pedro de la Cruz (PAIS) explicó que el proyecto de ley ingresó a la Asamblea por “Iniciativa Popular” porque el Ejecutivo no entregó la versión final de la propuesta en el tiempo establecido por la ley. “El 1 de marzo debió ser remitido desde el Magap, el texto de Copisa, pero no llegó. Por tal motivo, las organizaciones se unieron para pedir su aprobación”, enfatizó.
Contenidos
Esa es la historia, pero ¿cuál es el contenido del proyecto? Allí se plantea la creación del Ministerio de Soberanía Alimentaria que será el ente rector de la política pública en materia de propiedad y tenencia de tierra y demás políticas públicas conexas a la Soberanía Alimentaria.
Esta nueva cartera de Estado sería la responsable de ejecutar las disposiciones de la ley, así como de coordinar con la Copisa, la elaboración, implementación y evaluación de normas y políticas en materia de tierras y territorios.
Después de la aprobación de la Ley se debe garantizar una institucionalidad rectora de la Soberanía Alimentaria. “Han creado un ministerio coordinador del Talento Humano, por qué no crear uno de la Soberanía Alimentaria”, dice Santi.
El cuerpo legal propone que en la Costa y Amazonía el límite máximo de tenencia de la tierra sea de 500 hectáreas, en la Sierra de 200 y que los extranjeros solo puedan tener hasta 100 hectáreas. Toda propiedad que supere esa extensión será considerada latifundio.
Faculta además la expropiación luego de que el Estado declare un predio de interés social cuando haya elevados niveles de pobreza, migración o se registren altas tasas de densidad demográfica.
El texto también habla de regularización. De aproximadamente un millón de hectáreas existentes en el país, solo 300.000 han sido legalizadas, por lo que la propuesta pretende llegar a la totalidad.
La ley busca garantizar la producción y consumo de alimentos sanos, más nutritivos y diversos para toda la población. Aumentar la productividad agrícola de forma sostenible y permanente. Y fortalecer la economía campesina para un buen vivir y mitigar los efectos del cambio climático sobre la agricultura y la producción de alimentos.
Conaie dice que no participó
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, asegura que su organización “nunca participó” con la Copisa en la elaboración de la ley. “Hemos elaborado una propuesta propia que está entregada en la Asamblea, pero eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de las iniciativas de otras organizaciones”, aseveró.
“Pero si a mí me preguntan si apoyo a la propuesta de la Fenocin, seré el primero en alzar la mano y decir que vamos a apoyarla”, recalcó.
Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, reconoció que ellos participaron en algunos encuentros y talleres. “Pero todavía no nos hemos sentado para debatir los temas que han desarrollado en Copisa”, dijo.
El representante de Manabí, Juvenil Quijije, califica a la ley como “fundamental para el desarrollo agropecuario, al igual que las leyes de Aguas, Semillas y Comunas”. Mientras que Manuel Tayunpanda, líder indígena del Puyo, sostuvo que “lo mejor es haberlo socializado con nosotros y no como se lo hacía antes entre cuatro paredes”.
Comenta que la propuesta en Pastaza fue fijar como límite de propiedad de la tierra entre 150 y 250 hectáreas. El cuerpo legal, insisten sus promotores, pretende cambiar el modelo agrario de Ecuador, garantizar y aumentar la productividad agrícola de forma sostenible y permanente.
