Ecuador/ Créditos chinos: ¿A quién benefician?

El país sudamericano se encuentra casi fuera de los mercados internacionales y China lo financia a cambio de hipotecar sus reservas petroleras

En los últimos días se hizo pública la noticia de que Ecuador recibió un préstamo chino por 1.200 millones de dólares en concepto de preventas petroleras. Este desembolso es solo uno más en una larga lista de créditos otorgados a Ecuador como adelantos por la venta de crudo. El total de los mismos ya supera los 8.000 millones de dólares.

Pero para comprender mejor esta historia es necesario volver en el tiempo a agosto de 2010, fecha en la que el Ministerio de Finanzas del Ecuador, la empresa pública de Hidrocarburos EP Petroecuador, Petrochina International Company Limited y el Banco de Desarrollo Chino (CDB) firmaron el llamado “acuerdo de cuatro partes”, a través del cual el CDB se compromete a prestarle al Ministerio de Finanzas un monto de 1.000 millones de dólares a un plazo de 4 años y a una tasa del 6.5% anual. Petroecuador, por su parte, se comprometía a venderle a China no menos de 36.000 barriles de crudo diarios a precios altamente castigados.
El precio del crudo establecido para las operaciones, según se deriva de los propios contratos, se sitúa entre dos y tres dólares por debajo del precio de mercado.

Desde 2010 a la fecha Ecuador continuó firmando contratos bajo la misma modalidad con Petrochina y el CDB. Analistas estiman que hoy en día más de un 80% de las exportaciones totales de petróleo ecuatoriano se realizan con Petrochina. Esto significa que unos 252.000 barriles de petróleo diarios son vendidos a un precio inferior al del mercado, generando una pérdida que ronda los 230 millones de dólares al año.

Ecuador vende a China unos 252.000 barriles de diarios a un precio inferior al del mercado

Un informe de la Contraloría General del Estado del año 2012, el cual analiza solo dos de seis contratos ejecutados entre 2010 y 2011, concluye que Ecuador dejó de percibir más de 44 millones de dólares debido a una errónea negociación de precios. El perjuicio analizado en este informe podría llegar a los 100 millones de dólares si se proyecta hasta el fin de los contratos, y podría incrementarse aún más si se incorpora el análisis de los contratos posteriores. Sin embargo, al día de hoy, no se han abierto procesos legales contra los responsables de esta situación.

El mismo informe establece también que es difícil verificar si el petróleo vendido tiene como destino final refinerías chinas, o si el mismo es revendido a precios superiores en el mercado internacional. Sin embargo, diversos conocimientos de embarque muestran que en efecto, el petróleo vendido a Petrochina nunca llega dicho destino, si no que esta empresa, actuando en calidad de intermediario, revende dicho petróleo en destinos como Estados Unidos y Panamá a precios superiores.

Por otra parte, expertos en derecho financiero en Ecuador han remarcado que estos convenios poseen una cláusula que obliga al país a depositar los ingresos totales de la venta del petróleo a Petrochina como colateral por el pago de la deuda asumida por el Estado ecuatoriano, en una cuenta en el mismo CDB, a nombre de Petroecuador. El contrato de manejo de esta cuenta establece que el país renuncia a su inmunidad soberana y se somete al arbitraje de la Cámara de Comercio China para la resolución de cualquier disputa.

La débil economía ecuatoriana necesita una flujo creciente de dólares

Del mismo modo, Ecuador ha firmado una carta irrevocable a favor de Petrochina la cual establece que Ecuador acepta que ante cualquier incumplimiento en la entrega de petróleo, el comprador tiene el derecho de incautar cualquier petróleo ecuatoriano vendido a cualquier otra empresa, en cualquier parte del mundo.

Más grave aún, es que dentro de este contexto, Rafael Correa anunció que su gobierno comenzará a explotar las reservas petroleras del Yasuni-ITT. Estás reservas se encuentran situadas dentro de un espacio de diversidad ecológica considerado patrimonio de la humanidad. Correa justificó esta controvertida decisión diciendo que con esta iniciativa espera generar 18.000 millones de dólares los cuales utilizará para combatir la pobreza en la Amazonía.

Pero la realidad es otra. La deteriorada situación fiscal del Ecuador hace necesaria una continuo flujo creciente de dólares para sostener la dolarización. Como Ecuador se encuentra prácticamente fuera de los mercados internacionales su única fuente de financiamiento son los créditos chinos. Pero como ya hipotecó con ellos gran parte de sus reservas petroleras, Correa no tuvo más opción que anunciar la explotación de estos campos para poder continuar el endeudamiento. Pan para hoy, hambre para mañana.

Ezequiel Vázquez-Ger es consultor politico basado en Washington.
Twitter: @Ezequielvazquez | www.ezequielvazquez.com

Brasil: Movimiento anti-indígena

Tupinambá, blancos de ataques anti indígenas en Brasil

Posted By ada On septiembre 15, 2013 @ 12:49 In Brasil,Geografía,Reportajes,Reportajes Internacional 

Brasil. Escala la violencia contra los tupinambá de Olivença, indígenas que ocupan un territorio al sur del estado de Bahía, en el Nordeste de Brasil, reconocido oficialmente en 2009 después de un largo proceso legal que se arrastró por más de una década. Los ataques son la última etapa de un tenso conflicto por el cumplimiento de los derechos colectivos de los indígenas y parte de un contexto mayor definido por la ausencia de una efectiva reforma agraria en Brasil en el cual, tanto indígenas como campesinos no indígenas, ven desaparecer la posibilidad de vivir de manera digna al mantenerse intactos los latifundios y el poder de los grandes productores rurales.

El resultado del desinterés por los gobiernos democráticos para reorganizar la propiedad de la tierra, es el actual poder de facto de las élites rurales de Brasil, que mantienen una importante injerencia en los partidos políticos de todas las posiciones y una gran capacidad de presión a los gobiernos municipales, estatales y nacionales. Élites que mantienen, sin tregua, una permanente embestida contra los indígenas y sus derechos, más aún porque después de la constituyente de 1988, en el contexto de la democratización del país por el fin de la dictadura, el movimiento indígena nacional consiguió un triunfo legal y político que transformó a estas poblaciones, junto a otros pueblos llamados tradicionales, en los únicos sujetos colectivos a ser reconocidos, aunque acotado, en su derecho a un territorio y a la devolución de las tierras despojadas.

La exclusividad de este derecho constitucional transformó a los indígenas, desde entonces y hasta la fecha, en el blanco de todo tipo de ataques promovidos por los productores rurales, hacendados y el agro negocio, para evitar, a toda costa, perder el derecho de continuar integrando a sus propiedades las tierras ocupadas por indígenas y perder las que en diferentes momentos históricos les fueron despojadas a estas mismas poblacionales. El argumento de la élite rural es que la preproducción de estas grandes haciendas sería, y lo es, uno de los pilares de la economía nacional, siendo, en estos términos, más importantes para el desarrollo de país y la producción de empleos las tierras en sus manos, que el derecho de los indígenas a un territorio.

En esta conflictiva trayectoria, los tupinambá de Olivença iniciaron formalmente en 1997 el proceso para que se les reconocieran el territorio tradicionalmente ocupados por ellos, para así conseguir la delimitación y la devolución de la tierra que les había sido expropiada. Una lucha que si se busca en los archivos no comienza en esta fecha sino hace literalmente siglos, registrada en los repetidos documentos en los que las disputas entre indígenas y no indígenas fue siempre el del uso de la tierra.

Actualmente el conflicto en la región continua dividido en dos partes: de un lado, los tupinambá, provenientes de diversos pueblos indígenas que ocuparon antes y después de la colonia los alrededores de la entonces villa de Nossa Senhora da Escada, hoy la pequeña ciudad de Olivença. Un lugar que se trasformó a lo largo del tiempo en uno de los centros indígenas regionales después de que se les impidiera habitar fuera del llamado “aldeamento”. Sin embargo, pese a la prohibición, la ocupación tradicional de esta región por los tupinambá de Olivença no se reduce a esta localidad y se extiende a una gran cantidad de parajes en las selvas y sierras vecinas. Ellos se encuentran actualmente movilizados por la devolución del territorio de cual fueron expulsados en diversos momentos, proceso que transformó a la tierra de usufructo no privativo en propiedades privadas en manos de los no indígenas.

Del otro lado del conflicto, están los hacendados que se instalaron en la región, principalmente en búsqueda de las grandes ganancias del cacao, llamado “fruto de oro” por el precio que mantuvo durante el siglo XX. Una producción que atrajo a otra clase social no indígenas: inmigrantes de diverso estados del Nordeste brasileño que, huyendo de la pobreza y de la seca, se emplearon como peones en las haciendas y se adentraron paulatinamente en las tierras indígenas, instalándose en ellas. Actualmente estos dos grupos se articulan, por motivos diferentes, para evitar la demarcación de la tierra indígena, cuestionado, para ello, la veracidad de los tupinambá de Olivença como poblaciones tradicionales y originarias, alegando su mezcla con la población no indígena local para así argumentar que no tienen derecho a un territorio.

El apoyo gubernamental a la élite rural, violencia directa y estructural

Sin embargo, este conflicto que creció por el desdén de las autoridades para acelerar la demarcación de la tierra tupinambá; por la falta de interés de los órganos competentes de ofrecer alternativas dignas a los pequeños productores familiares y campesino sin tierra que serán reubicados; por la presión de los hacendados a los diversos poderes para mantener sus propiedades intactas; como también por las movilizaciones indígenas que, para ser escuchados, han retomado paulatinamente las propiedades despojadas por los hacendados; ha vivido un drástico cambio en los últimos meses, dando inicio una ola de violencia que se ha transformado en un movimiento anti indígena, el cual cuenta con el apoyo político y económico de las élites locales, configurando ya una campaña de odio contra cualquiera que sea, aparente ser o apoye a los tupinambá de Olivença.

Este proceso de violencia no se encuentra asilado a un contexto regional y parece contar con el amparo gubernamental de diversos niveles, no solo por la omisión en la impartición de justicia en crímenes cometidos contras los indígenas y en los delitos de discriminación y racismo, sino también porque, al contrario de un actitud política que busca contener la escala de violenta anti indígena, las autoridades se ha dedicado a agrandar el encono, incluso en los partidos de izquierda, como lo hace el gobernador de estado de Bahia, Jaques Wagner – del Partido de los Trabajadores (PT) – quien en público se manifestó contra la demarcación de la tierra de los Tupinambá de Olivença, posicionándose, además, a favor de una contra reforma que evite la demarcación de las Tierras Indígenas en todos el país, oponiéndose así a la histórica lucha por la autodeterminación que aún libran los indígenas de todo Brasil.

Del mismo modo, las posiciones políticas contra los derechos indígenas, y en particular contra la demarcación y devolución de sus tierras, es también parte de una postura del gobierno nacional fomentada, ni más ni menos que por Dima Rousseff y la ministra jefe de la casa civil, Gleisi Hoffmann – ambas del mismo partido que el gobernador de Bahía –, esta última política localizada al lado de las élites rurales opositoras a los derechos de los indígenas y la cual, desde los primeros días en el cargo, se dedicó a suspender diversos procesos abiertos de demarcación de Tierras Indígenas en los estados. Una postura que es acompañada, además, de otras propuestas que pretenden dificultaran la demarcación de nuevas Tierras Indígenas, como lo propone la presidenta de la república al admitir la participación nuevas figuras de gobierno al ya complicado proceso legal de entrega y demarcación de los territorios ocupados por las poblaciones tradicionalmente, incluyendo a figuras como el Ministerio de Justicia o el Congreso Nacional, ambas instancias de las cuales se sabe las élites rurales cuenta con un fuerte grupo parlamentar y jueces a favor de sus intereses.

Lo que hace un movimiento anti indígena

El encono en la región contra los indígenas tupinambá por parte de los grupos opositores a la demarcación de su territorio no es solo un conflicto entre el derecho liberal y los derechos colectivos, se trata del surgimiento de un movimiento anti indígena que tienen consecuencias directas y palpables sobre la vida diaria de los tupinambá. Un escenario en el que están emergiendo también nuevos propósitos que han dejado de ser exclusivamente un problema por la tierra y se han transformaron en iniciativas de odio contra la población indígena.

La modificación en los objetivos de un sector amplio de no indígenas puede verse en los diversos acontecimientos que comenzaron el pasado 14 de agosto, cuando, en la cercanías a la comunidad Serra do Padeiro, municipio de Buerarema, hombres armados dispararon contra el transporte de la Escuela Estatal Indígena alcanzando la cabina del conductor, sin que nadie saliera herido. Sin embargo, la agresión no se trataba de echo aislada y llevada a cabo por un pequeño grupo radicalizado, por el contrario, sucedió a solo dos días de una amplia manifestación contra la demarcación de tierras indígenas en el mismo municipio en la que bloquearon carreteras y quemaron carros oficiales, y a diez días de que, en una movilización similar, quemaran ocho casas de indígenas de la misma ciudad.

Esta campaña de odio tampoco ha sido silenciosa, acompañada con diversos letreros espectaculares repartidos en las carreteras de los alrededores en los que se amenaza explícitamente a los tupinambá y se les acusa ser falsos indios, un mensaje acompañado de hombres armados en posición de tiro. Una posiciones que ha tomado la población no indígena de la región y que pese al nivel explícito de violencia, en lo que se puede ya tipificar en ley de Brasil como crimen de discriminación y prejuicio, continua contando con el apoyo de autoridades y del partido en el gobierno como lo dejan ver las declaraciones del diputados Geraldo Simões quien alega: “se suspenda la demarcación (…) que se reintegre la posesión de las propiedades individuales y se inicie una negociación del gobierno, con los segmentos realmente indígenas”.

El respaldo de las autoridades ha permitido que se mantengan los actos de violencia anti indígena los cuales dejaron de ser reservados a los Tupinambá, extendiéndose a cualquiera que sea o aparente ser  indígena. Este fue el motivo de la agresión del pasado 5 de septiembre contra los profesores de la Licenciatura Intercultural Indígena del Instituto Federal de Bahía (IFBA), João Veridiano Franco Neto, Julia Rosa Castro de Britto y Edson Machado de Brito, este último coordinador del curso e indígena kayapó, los cuales aun sin ser actores involucrados en el confito, vivieron en carne propia el odio anti indígena que se ha instalado en la región de los tupinambá de Olivença, en particular de los alrededores del municipio de Buerarema.

Los profesores relatan que viajaban a la sede de su trabajo en Porto Seguro, a 300km de ahí y a su paso por una localidad cercana a Buerarema habrían encontraron la carretera bloqueada por otra movilización contra la demarcación de la tierra de los Tupinambá. El carro paró a 700 metros de la barricada y por transitar en un vehículo oficial fueron rápidamente abordados por cuatro hombres y una mujer que, como relata el profesos Kayapó, al percibir que había un indígena entre los pasajeros habrían dicho “hay un indígena en el carro”, ordenándoles a los profesores y el chófer bajar de vehículo, comenzado agresiones verbalmente principalmente al coordinador del curso por ser indígena.

Seguido de las agresiones, los manifestantes se habrían llevado el carro para quemarlo, forzándolos a entregar los celulares para evitar su comunicación. Frente a la situación, los profesores tomaron la decisión de que Edson Brito debería dejar el lugar por ser los ataques dirigidos contra él por ser indígena. Los subieron a un taxi en la dirección contraria a la manifestación para llevarlo a la ciudad más cercana y pedir ayuda.

Un poco después João Neto y Julia Britto se dirigieron a la policía para levantar la denuncia consiguiendo salir ilesos del abordaje. Sin embargo, para Edson las cosas fueron diferentes y en el camino, el taxi de fue alcanzado por un grupo de personas que, relata, lo habrían golpeado mientras mantenía con él el siguiente dialogo:

“Eres indio, ¿no?

-Soy kayapó, no soy de aquí de Bahía.

Pero, eres indígena ¿no?

-Sí, soy Kayapó, soy de la amazonia.

¿Qué estás haciendo aquí?

Soy profesor del Instituto Federal de Bahía en la Licenciatura Intercultural Indígena.

Eres amigo de ellos.

¿Estás preparado para morir?

(Se hizo un silencio y se escuchó el gatillo de un arma que no disparó)

Vete, no mires para trás.”

Como él mismo dice: “creí que iba a morir”, pero Edson solo fue golpeado y después soltado con un ojo hinchado, consiguiendo llegar a la ciudad de Itabuna, municipio vecino a Buerarema, donde continuó escondió los siguientes días ya que el traslado a su lugar de trabajo, a donde se dirigía, pasa obligadamente por la localidad donde fue agredido y amenazado.

Esta efervescencia de actos de odio entre los participantes de un movimiento abiertamente anti indígena llevó, incluso, a que a hace uno días algunos de sus miembros, al saber la noticia de que un hombre armado habría sido detenido en los alrededores de la comunidad indígena de Serra do Padeiro y traslado a las instalaciones de la municipio en la pequeña ciudad de Buerarema, se dirigieran al lugar donde estaba detenido, cercando la estación de policía y amenazas de sacarlo de lugar. Al saber que no se trataba de un indígena se retiraron sin más exigencias.

El conflicto que se configura en el territorio tupinambá está lejos de ser algo pasajero y parece tender a incrementarse por la posturas de las autoridades en las que el gobernador de Bahía, aun después de los hechos ya narrados, declaró que no intervendría hasta que el Ministerio de Justicia de la federación se manifieste sobre la creación de la tierra de los tupinambá de Olivença, un plazo que por leí esta expirado y en manos de la autoridad competente hace más de un año y medio. Posiciones que en los hechos solo respaldan al movimiento anti indígena dejando crecer el odio, sin que ningún político le parezca relevante la violencia que está anunciada, incluso en letreros y espectaculares de toda la región.

Con la colaboración e información de João Veridiano Franco Neto, Julia Rosa Castro de Britto, Edson Kayapó Machado de Brito y Daniela Alaracon y de los participantes de la Campaña Tupinambá (http://campanhatupinamba.wordpress.com/)

 
Publicado el 16 de septiembre de 2013 por “Desinformémonos”

Cuba, futuro imperfecto

Cuba, futuro imperfecto

Leonardo Padura · · · · ·

Frente a una tienda habanera donde se expenden productos en divisas, varios vendedores informales ofrecen a los presuntos clientes productos deficitarios: pámpers (sic), pintura, baterías de automóviles, lo que sea que haya habido y ya no haya. En una zona bastante exclusiva de la playa de Varadero, el principal polo turístico cubano, una horda de vendedores de caracoles recorre la costa ofreciendo a los visitantes su mercancía. Frente a mi casa, cada mañana, pasa un hombre que anuncia vender tanques de agua. En una parada de ómnibus alguien practica un negocio que se ha ido generalizando en la ciudad: cambiar un peso por ochenta centavos en fracciones, pues de esta forma el que vende el peso puede pagar el pasaje de dos ómnibus y el que compra el peso gana 20 centavos… o sea, negocio redondo para ambos participantes… aunque para disgusto de los chóferes y cobradores que se quedaban con los 60 centavos que debían devolver. Como esos, muchos son los "oficios" alternativos o informales que han ido apareciendo por esta isla en los últimos años. La mayoría de quienes los ejercen son jóvenes que han encontrado en los rincones mal alumbrados de la sociedad formas más lucrativas de ganarse la vida que las ofrecidas por los sueldos del Estado, el mayor empleador del país. Con estos oficios o negocios (que llegan a los extremos éticos del ejercicio de la prostitución) una persona puede obtener las ganancias necesarias para arreglarse la supervivencia de un modo mucho más satisfactorio que con un simple trabajo formal. Los oficios informales existen en todo el mundo. Pero proliferan, sobre todo, donde existen problemas de pobreza y desempleo. En Cuba casi desaparecieron por décadas, en parte por razones económicas y en parte por compulsión social. El resurgimiento y auge de estos modos de ganarse la vida tiene como causa económica la desproporción entre salarios y costo de la vida, y como principales protagonistas a jóvenes. Son personas en muchos casos todavía en edad escolar (pre o universitaria) que han optado, o se han visto obligados a optar, por la calle en lugar de un pupitre. En cualquiera de los dos casos (la opción obligatoria o voluntaria) sobre ellos ha influido la pérdida de prestigio social y de capacidad económica que significa ser un trabajador o, incluso, un profesional. Ellos saben que entre los universitarios solo quienes logran trabajar cerca de una fuente de divisas de la cual puedan beneficiarse, transitan la vía para tener una vida desahogada. Pero, por una u otra de las opciones barajadas, han decidido no jugar esa ruleta rusa, sino resolverse el presente por la vía del menor esfuerzo. Hace unos meses me preguntaba en una crónica qué podía pensar de la vida el joven de 17, 18 años que cada mañana se plantaba en la acera de mi cuadra a vender ajos y aguacates. Me hubiera gustado saber, decía, qué expectativas de futuro tenía. O, mejor aún, si tenía idea de lo que era poseer expectativas de futuro. El hecho de ganar en un día 100 pesos sin robarle a nadie parecía satisfacer a ese joven que ganaba cinco veces más que un médico con consultas, guardias y responsabilidades profesionales. Por tal motivo el número de "informales" crece, y diría que lo hace por día. Afortunadamente, sus oficios dependen de la habilidad, la ineficiencia de ciertos mecanismos estatales, la corrupción, la escasez. Y digo afortunadamente, porque aún hoy muchos de ellos no transgreden ciertas fronteras tras las cuales existe un enorme peligro, para ellos y para el resto de la sociedad. Observando el paso de los vendedores de caracoles de Varadero, no pude dejar de preguntarme qué harán en cierto momento algunos de esos jóvenes desclasados si su actividad deja de ser posible o rentable. Esa escuadra que hoy recorre la playa, ¿en qué puede derivar en un futuro? Lo mejor sería que encontraran una forma decorosa y suficiente de ganarse la vida, lo cual significaría una revulsión profunda en el cuadro económico en el que nacieron y han vivido por más de dos décadas. ¿Y si no la encuentran? Pues entonces se convertirían en caldo de cultivo para las actividades que están detrás de esas fronteras peligrosas. Para evitar esa caída, por supuesto, no sería suficiente la represión legal y policial, pues apenas sería una solución momentánea. Se impone crear alternativas viables, porque no me imagino a muchos de esos jóvenes convertidos, digamos, en agricultores o en albañiles afiliados a una cooperativa en la cual las ganancias dependerán del trabajo puro y duro, muchas horas bajo el sol, la presión de sus colegas y la obligación de entregar al fisco algo así como la tercera parte de sus beneficios. Quizás para muchos de esos informales el tiempo de la superación ya ha pasado y, para siempre, están destinados a moverse en los fosos de la sociedad, haciendo los trabajos más sucios y peor pagados, o saltando directamente a la criminalidad en cualquiera de sus muchas formas existentes. Y esas posibilidades me dan pena por esos jóvenes y terror por el resto de los ciudadanos que en ese futuro posible conviviríamos con ellos. Leonardo Padura, escritor y periodista cubano, galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2012. Sus novelas han sido traducidas a más de 15 idiomas y su más reciente obra, “El hombre que amaba a los perros”, tiene como personajes centrales a León Trotski y a su asesino, Ramón Mercader.

CHILE: LOS 40 AÑOS Y TAMBIÉN LOS 132, LOS 203 Y LOS 11

En estos días se ha levantado con fuerza todas las atrocidades relacionadas al golpe de estado chileno, sin embargo, los actos de corrupción y saqueo no han sido tratados y los principales responsables de dicha intervención continúan en impunidad. Hasta el “Mamo” Contreras salió hablando, pero los conspiradores siguen en silencio. Pero,  más allá del golpe de estado de 1973 bueno es mirar también el contexto de  historias de genocidio, de ataques bélicos y de conspiraciones perpetuados desde el estado en su devenir en el marco de estos 203 años de “Chile”, los 132 años de invasión al Wallmapu y los 11 años de ataques orquestados a las movilizaciones Mapuche donde se vuelven a repetir los mismos conspiradores del golpe.

 http://mapuexpress.org/chile-los-40-anos-y-tambien-los-132-los-203-y-los-11/

 EL GOLPE DE 1973: LOS 40 AÑOS

 El “Mamo” Contreras, el que fue designado por Augusto Pinochet como jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cargo a través del cual dirigió una serie de actividades de represión política (incluyendo tortura, secuestro y asesinato) a los opositores del régimen y que por dichas violaciones a los derechos humanos, fue condenado a cadena perpetua, salió hablando en “exclusiva” en una entrevista realizada por el canal CNN – Chile momentos antes de cumplirse un nuevo aniversario del Golpe.

 Paradójico que esta calaña de sujetos tenga tribuna donde por supuesto, este ex oficial salió al paso con soberbia, tratando de esconder su cobardía y deshonra, no como oficial, sino como ser humano, sin ningún tipo de arrepentimiento ni acto que contribuya al respeto de quienes fueron víctimas de la dictadura. Una amiga lectora, Marisol, describió de mejor forma su postura “Sórdido, trucho, miserable, mal parido, deshumanizado, ignorante, sinvergüenza, cararaja, indecente, mentiroso......ASESINO…”

 Sin embargo, más allá del efecto mediático a estas miserias humanas así como lo tuvo tiempo atrás el “guatón Romo”, la cobardía también se esconde en las profundidades del capital. Mientras sectores políticos conservadores avanzan en reconocer las atrocidades e incluso pedir perdón, grupos conspiradores, responsables directos del golpe de estado en Chile para el correspondiente saqueo del País guardan absoluto mutismo, como es el caso del empresario Agustín Edwards dueño del diario el mercurio y su cadena de diarios del holding Emol. En efecto, la portada de su principal diario no tuvo alusión alguna al golpe este 11 de septiembre.

Agustín Edwards, según develan numerosas fuentes, junto a otros sectores empresariales, hiper ideologizados, conspiraron para que Richard Nixon, la CIA y todo el aparato represivo y de inteligencia de Estados Unidos de la época intervinieran en Chile: Lo hicieron y pusieron a la cabeza a Augusto Pinochet Ugarte, con todos los poderes y atribuciones.

 En este contexto, no es posible desprender el golpe de estado con los principales grupos económicos beneficiados por la dictadura militar en la industria energética, minera, forestal y bancaria, como tampoco la fortuna del dictador. Según el autor del Libro “Pinochet, el gran comisionista”, la riqueza del dictador superó los 29 millones de dólares, pero hay voces que dicen que esta suma es muchísimo mayor: departamentos en Valparaíso, Reñaca, Iquique, Santiago, propiedades en el Molocoton, Parcelas en Quintero, autos, entre otros. ¿Fortunas propias que se ganan en una carrera militar y de servicio a la “patria”?

De acuerdo a los informes de la Comisón de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), la cifra de víctimas directas de violaciones de los Derechos Humanos en Chile, ascendería, al menos, a unas 35 000 personas, de los cuales unos 28 000 fueron torturados, 2279 de ellos ejecutados y unos 1248 continúan como Detenidos desaparecidos. Además unas 200 000 personas habrían sufrido el exilio y un número no determinado (cientos de miles) habría pasado por centros clandestinos e ilegales de detención.

 LA INVASIÓN BÉLICA DEL ESTADO CHILENO A WALLMAPU: LOS 132 AÑOS

En términos generales la invasión bélica se perpetúa en el año 1881 y previo a esto una serie de “intelectualidad” influyente en el estado chileno conspiraba para animar el asalto al territorio al sur del Bio Bio que era parte del Wallmapu (País Mapuche) y que en el lado oeste de su territorio se denomina “Ngulumapu” donde existía autónomamente toda una organización social, política, cultural, espiritual, filosófica propia.

 Uno de los que llamaban a invadir era el Mercurio de Valparaíso quien ya señalaba en el año 1859 “Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del género humano; y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o como los araucanos, no es más que una horda de fieras, que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización"(...) “raza soberbia y sanguinaria, cuya sola presencia en esas campañas es una amenaza palpitante, una angustia para las riquezas de las ricas provincias del sur".

En el año 1868, Benjamin Vicuña Mackenna, intelectual chileno y post candidato a la presidencia en un primer discurso sobre la pacificación de la Araucanía, indicaba:  "El indio, no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización porque sólo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida salvaje…”

 La llamada ocupación de la Araucanía o Pacificación de la Araucanía, zona ubicada entre los ríos Biobío, por el norte, y Toltén, por el sur— fue una invasión bélica y usurpación de los territorios del Pueblo Nación Mapuche que se concretó en términos generales en 1881, cuya acción de planificación se inició  durante la presidencia de José Joaquín Pérez Mascayano, y que se prolongó bajo el gobierno de Domingo Santa María González, concretizando una acción genocida cuyo proceso fue encabezado bajo el mando del coronel Cornelio Saavedra.

 Al respecto existen múltiples registros históricos, principalmente de religiosos de la época,  sobre las atrocidades cometidas, verdaderas masacres perpetuadas en contra de diversas poblaciones Mapuche territoriales que venían desgastadas a causa de la resistencia por siglos a los intentos invasivos  de la corona española sumándose a esto la incorporación de modernos armamentos al ejército chileno, causando una confrontación desigual.

 La mayoría de estos terrenos saqueados por el Estado, fueron entregados a colonos europeos; militares chilenos; fundación de fuertes, poblados y parques nacionales en medio del inicio de un largo avasallador proceso de “sometimiento”, generando reduccionismo, empobrecimiento y éxodo progresivo de la población rural.

Gran parte de estas tierras, incluso de aquellas que formaban parte de la reducción de las comunidades, hoy están en manos de grandes empresas transnacionales y grupos económicos. Es así, como el Estado chileno, desde el año 1975 en plena dictadura militar, permitió la expansión de monocultivos forestales de empresas madereras en los territorios reivindicados por el Pueblo Mapuche. Asimismo, se amplía la enajenación de recursos naturales y la multiplicación de diversos proyectos industriales de tipo energético y de monocultivos.

LA OPERACIÓN PACIENCIA: LOS 11 AÑOS

 Si bien, las acciones de violencia desde el estado y sectores privados a las movilizaciones Mapuche han estado presentes en todo el devenir histórico luego del acto de genocidio o masacre estatal de la llamada pacificación de la Araucanía, hace 11 años se orquestó una acción conjunta de sectores privados e instancias represivas y de inteligencia del aparato público tendiente a una “abierta cacería” de líderes, luchadores y activistas Mapuche en procesos reivindicativos de derechos, principalmente territoriales. En esta “operación” que luego trascendió que tenía como nombre “Paciencia”, nuevamente aparece el nombre del conspirador y golpista, Agustín Edwards en el rol que le compete a sus medios informativos y a la fundación paz ciudadana.

 Siguiendo la línea de la escuela de las américas donde penetraron  acciones de grupos mercenarios como los de seguridad de empresas forestales que  incluye como cabecillas a ex integrantes de la CNI como Alfredo Rodríguez y la ex empresa “Ossepar” durante los 90 e inicios de los dos mil, es a partir del asesinato del joven Mapuche Alex Lemun en Noviembre del 2002 donde comienza a gestarse el plan de operación “Paciencia”.

 Dicho plan, según reconoció agentes estatales en el periodo de Bachelet, articuló a diversos servicios de inteligencia en Chile, de las policías, del Gobierno y con seguridad el de los sectores empresariales, destinada a desarticular a Comunidades Mapuches en proceso de reclamaciones de Tierras ancestrales a través de la represión y/o coaptación y/o cizañas, como asimismo, de hostigamiento, persecución, violencia, criminalización-judicialización en contra de integrantes de la organización Coordinadora Arauco Malleco. 

 En este contexto, para nadie es un misterio que Agustín Edwards, con su origen golpista  y acostumbrado a las conspiraciones y promover las violaciones a los Derechos Humanos y de esconderse y no dar la cara, ha sido parte activa en fomentar la criminalización a quienes luchan por sus derechos, calificándolos de “terroristas” y violentistas”. Edwards encabeza la Fundación Paz Ciudadana, instancia que aglutina a los principales grupos económicos de Chile como los Matte, Angelini, Luksic en materias de “seguridad nacional”, donde se definen políticas de seguridad del País y además, donde los Gobiernos han ido a definir  políticas en ese sentido. 

 Desde el impulso del plan de operación paciencia, además de Lemún, han sido asesinados: Jorge Antonio Suárez Marihuan (2002), Julio Alberto Huentecura Llancaleo (2004), Xenón Alfonso Díaz Necul (2005), Juan Lorenzo Collihuin Catril (2006), Matías Valentín Catrileo Quezada (2008), Jhonny Cariqueo Yañez (2008), Jaime Facundo Mendoza Collio (2009), Rodrigo Melinao (2013). 

 Cabe mencionar que los medios informativos del Diario El Mercurio han sido letales y determinantes en promover el horizonte cognitivo de la opinión pública, donde para muchos aún, sus noticias, aparecen para el ciudadano como una verdad absoluta.

 En este sentido, como en otras ocasiones se ha señalado, el tratamiento que el pueblo Mapuche recibe, resulta una de las mayores barreras que evitan su convivencia armoniosa con la sociedad chilena y en el caso puntual de estos medios escritos han servido además como instrumento constante para formular la cara política e ideológica de una dominación en sus distintas fases de expansión. Las permanentes noticias sobre la “violencia y terrorismo Mapuche”, que aunque luego resulte que los Mapuches no han sido los responsables o impulsores directos de los hechos relacionados, su relación, convertida ya en uso, acaba provocando una asociación terminológica Mapuche ­ terrorista, dañando enormemente, bajo el silencio y complicidad de diversos sectores políticos en Chile. Sobre esto, hay diversos registros que incluso, han sido extendidos a organismos internacionales de Derechos Humanos.

Ojalá el hijo de Agustín, Cristian Edwards, quien también está en la prensa y dice que “es más social”, no siga el mismo camino de miserias, conspiraciones, abusos y violaciones dejado por su padre.

LA LLAMADA INDEPENDENCIA DE CHILE: 203 AÑOS

 La celebración que desde el poder se promueve por los 203 años es para festejar a un estado patriarcal, genocida, explotador, colonialista, unicentrista, etnocentrista, capitalista mercantil, antidemocrático, oligárquico, policial, bélico-militar lo que para nada es el reflejo verdadero de los Pueblos que conviven en este País llamado Chile, quienes en su gran mayoría han tenido que soportar el fomento de las desigualdades sociales, exclusión, avasallamiento, discriminación y racismo.

 Pero más allá de esa realidad, Fiestas Patria es sinónimo de empanadas, vino tinto, juegos típicos y cueca, donde una mayoría celebra y se siente más cercana con la simbología sin rebuscar mayormente sobre los cimientos y verdaderos significados. Es un sentimiento – emoción que aflora más que conocimiento y momentos que se entremezclan.

 Según todas las fuentes, el Chile del siglo 19 tenía como gran e inmensa mayoría de población la vida rural campesina, la que ha venido progresivamente desapareciendo hasta el día de hoy. Allí en el seno del campo principalmente, tenía varias instituciones sociales, culturales, populares como la “chingana” y lo que queda de alguna manera de eso, es lo que se conoce en el presente como ramadas.

 Más allá de celebraciones por este 18, hace recordar los orígenes y desenlaces estatales con situaciones de fondo como las sistemáticas violaciones a los DDHH que se han venido cometiendo en todo el devenir histórico del estado chileno, desde su origen, como la traición y asesinato del rebelde Manuel Rodríguez (1818) en los inicios de la llamada “independencia”; O Desde la invasión al territorio y masacres al Pueblo Mapuche a finales del siglo 19 y parte del siglo 20; La facilitación estatal para el genocidio de pueblos indígenas australes (Kawaskar y Selknam); La matanza de la Escuela Santa María de Iquique con el asesinato de trabajadores de las salitreras y sus familias (1907); La masacre de Ranquil (1934); La masacre del seguro obrero (1938); el mismo golpe de 1973 arrojando una serie de detenidos, desaparecidos, ejecutados, violentados por poderes fácticos, siendo varias las situaciones que se han proyectado más allá de la Dictadura militar y que se han venido reproduciendo en los gobiernos civiles de la concertación y en el de ahora de la Alianza.

 Una seguidilla de historias estatales de sangre, masacres, abusos, conspiraciones e intervenciones, impulsadas en su totalidad por oligarquías que en la mayoría del tiempo de “independencia” han venido controlando el estado para sus haberes.

 Comúnmente, en estas fechas de celebraciones, la historiografía define este período como aquel comprendido por el establecimiento de la Primera Junta Nacional de Gobierno (el 18 de septiembre de 1810) y la abdicación de Bernardo O'Higgins al cargo de Director Supremo (el 28 de enero de 1823). Este periodo es además subdividido en tres etapas que se denomina: la llamada Patria Vieja (1810 a 1814), la Reconquista o Restauración Monárquica (entre 1814 y 1817) y la Patria Nueva (de 1817 a 1823).

 A propósito, cabe recordar que en septiembre del 2010 salió a la luz una carta que estuvo todo ese tiempo oculta, donde O”Higgins, el Director Supremo, con investidura oficial, a través de una carta, hizo un reconocimiento de la Independencia de la Nación Mapuche y la menciona como diferente. “Araucanos, cunchos, huilliches y todas las tribus indígenas australes: ya no os habla un Presidente que siendo sólo un siervo del rey de España afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada; os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está a punto a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne, firmando al mismo tiempo la gran Carta de nuestra alianza para presentarla al mundo como el muro inexpugnable de la libertad de nuestros Estados”. La carta tiene como fecha sábado 13 de Marzo de 1819.

 Por Alfredo Seguel

 FUENTES INFORMATIVAS RELACIONADAS

 Presentan primera querella criminal contra Agustín Edwards / http://mapuexpress.org/presentan-primera-querella-criminal-contra-agustin-edwards/

 ESPECIAL: 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN CHILE – MAPUEXPRESS INFORMATIVO DESDE WALLMAPU / http://mapuexpress.org/especial-40-anos-del-golpe-de-estado-en-chile-mapuexpress-informativo-desde-wallmapu/

 Crímenes de Lesa Humanidad: La querella por el golpe militar de 1973 – Chile / http://mapuexpress.org/crimenes-de-lesa-humanidad-la-querella-por-el-golpe-militar-de-1973-chile/

 Agustín Edwards Eastman, el Golpe de estado en Chile y las Violaciones a los Derechos Humanos – Selección informativa / http://mapuexpress.org/agustin-edwards-eastman-el-golpe-de-estado-en-chile-y-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-seleccion-informativa/

Chile: El asesinato de Matías Catrileo: Plan de Operaciones encubiertos de un estado siniestro / http://servindi.org/actualidad/opinion/21054

 Los golpes del GOPE en pseuda democracia / http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=5688

 CHILE y el 18: Entre Independencia Oligárquica y la Chingana Popular / http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php?id=7483

 IDIOSINCRASIA ESTATAL CHILENA EN EL DEVENIR HISTÓRICO FRENTE A LA EXISTENCIA MAPUCHE / http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php?id=5152

 WALLMAPU: ENTRE LA AUTONOMIA Y EL COLONIALISMO / http://www.mapuexpress.net/content/publications/print.php?id=2900

Vazamento de informação expões espionagem da Vale

Por Marina Amaral

Emails, planilhas, fotos e denúncias de ex-gerente de segurança, que representa contra a companhia no MPF, mostram que a Vale espiona os movimentos sociais e grampeia funcionários - e até jornalistas - para defender seus interesses

“Tem que deixar o buraco do rato, não pode encurralar, isso eu aprendi no Exército”. A frase crua expressa a revolta de André Luis Costa de Almeida, 40 anos, ao explicar por que decidiu revelar o que sabe sobre a área de vigilância e inteligência da Vale S.A, onde trabalhou durante oito anos – nos dois primeiros como terceirizado e depois como funcionário do Departamento de Segurança Empresarial. Ele era responsável pelo serviço de inteligência e gestor de contratos da Vale com empresas terceirizadas da área, quando foi demitido, em março de 2012.

“Eu tentei conversar, mandei e-mails, nada: eles prometeram que não iam me demitir por justa causa, voltaram atrás, depois disseram que manteriam sigilo sobre o assunto mas chamaram meu novo chefe para dizer que minha presença dificultaria a relação comercial dele com a Vale. Tive que sair, não podia prejudicar o cara. Agora eu não me importo com mais nada: só quero que a verdade apareça”, disse logo no primeiro encontro com a Pública, em meados de maio.

Um ano depois de sua demissão – em 18 de março deste ano – André Almeida entrou com umarepresentação no Ministério Público Federal afirmando que “participava de reuniões, recebia relatórios e era informado formal e informalmente de diversas situações que considero antiéticas, contra as normas internas e/ou ilegais”, admitindo que “por pressão sobre o meu emprego, me sujeitei a executá-las”, e anexando demonstrativos de notas fiscais que descrevem entre os serviços contratados pela Vale à empresa de inteligência Network, do Rio de Janeiro: ainfiltração de agentes em movimentos sociais (no Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Maranhão); o pagamento de propinas a funcionários públicos (para obter informações de apoio às “investigações internas”, na Polícia Federal e em órgãos da Justiça em São Paulo); quebra de sigilo bancário e da Receita (de funcionários, até mesmo diretores), “grampos telefônicos” (entre eles o da jornalista Vera Durão, quando ela trabalhava no jornal Valor Econômico), “dossiês de políticos” (com informações públicas e “outras conseguidas por meios não públicos” sobre políticos e representantes de movimentos sociais).

Recusando o café e a água oferecidos em um bar no aeroporto do Santos Dumont, e atropelando as frases, André contou a história que o levou à Vale depois de 8 anos de exército, convidado por um colega de CPOR, Ricardo Gruba, depois diretor do departamento de Segurança Empresarial: a central de espionagem da Vale, que emprega cerca de 200 funcionários e utiliza quase 4 mil terceirizados (os números foram fornecidos por André, a Vale não disponibiliza a informação). Responsabilizou-se pessoalmente pela instalação de grampos nos telefones de dois funcionários, um deles o gerente-geral de imprensa, Fernando Thompson, e revelou a existência de uma série de dossiês contra lideranças sociais como o advogado Danilo Chammas e o padre Dario, da ONG Justiça dos Trilhos, de Açailândia, Maranhão; o premiado jornalista Lúcio Flávio Pinto, crítico aguerrido da atuação da empresa no Pará; Raimundo Gomes Cruz Neto, sociólogo e agrônomo do Cepasp – Centro de Educação, Pesquisa, Assessoria Sindical e Popular – em Marabá (PA); Charles Trocate, líder do MST, e até da presidente Dilma Roussef, quando ela era ministra das Minas e Energia. “Algumas informações como essas sobre a Dilma eram obtidas através de dados públicos, notícias de jornais, redes sociais, mas outras eram levantadas através de espionagem mesmo, incluindo a dos infiltrados”, diz André Almeida.

Sobre os demonstrativos de nota fiscal entregues ao MPF, explicou que eles lhe eram passados pela Network para conferência dos serviços a serem pagos, e não apareciam discriminados nas notas fiscais emitidas pelo Departamento de Suprimentos, que ignorava a natureza exata dos serviços prestados. “Era minha função receber esses dados e conferir junto aos solicitantes [da Vale], pois, além dos itens fixos, outros eram pedidos diretamente pelos integrantes do Departamento de Segurança Empresarial sem passar pelo meu crivo”, explicou. Os dados da Network eram comparados aos das planilhas confeccionadas pelos funcionários da Vale que solicitavam os serviços, orientação reforçada por um e-mail de outubro de 2011 do diretor de Segurança Empresarial, Gilberto Ramalho (que substituiu Gruba em 2011), “visando melhor controle sobre a apropriação dos serviços prestados pela Network”, que dava as instruções para o preenchimento das planilhas.

“Um exemplo de pedido direto (à Network) foi a infiltração de um agente no movimento Justiça nos Trilhos pelo Gerente Geral de Segurança Norte, Roberto Monteiro”, diz, mostrando um demonstrativo de junho de 2011, com o pagamento total de R$247.807,74 a Network.  Ali, na prestação de contas do Escritório Norte (Pará e Maranhão), no item “Rede Açailândia”, consta a despesa de R$ 1.635,00 referente ao “recrutamento de colaborador de nível superior, em fase experimental, para atuar junto à Justiça nos Trilhos e outras atividades dos MS (Movimentos Sociais) em Açailândia/Maranhão”.

Um parêntesis necessário: o planejamento da Vale é dividido em Sistema Norte – que engloba as minas de Carajás de onde são extraídas 90 milhões de toneladas de minério de ferro de alta qualidade, exportado para a Ásia pelo complexo ferro-portuário Estrada de Ferro Carajás – que vai das minas ao terminal de exportação da Vale próximo São Luís do Maranhão; e Sistema Sul – que tem como coração a extração de minério em Minas Gerais, mais da metade da produção total da Vale, levado pela Estrada de Ferro Minas – Vitória até o porto de Tubarão, no Espírito Santo.

Do ponto de vista da segurança, o escritório Norte é o mais problemático por envolver uma grande extensão de território – entre a ferrovia e o porto são quase 900 quilômetros, cortando áreas indígenas, quilombolas e de outras populações tradicionais. Por isso, foi ali que o atual diretor de Segurança Empresarial da Vale, o cadete-aviador Gilberto Ramalho, começou a montar o modelo de vigilância da empresa na ditadura militar, quando ainda era gerente e o pólo exportador na Amazônia passou a operar, em 1985.

Na época, devido à presença intensa de garimpeiros, madeireiros, grileiros e pistoleiros e a violência permanente, alguns “homens de visão”, como Tolentino Marçal, começaram a “profissionalizar” essas milícias através de empresas de segurança – a dele era a Sacramenta e trabalhou para a Vale até alguns anos atrás, quando o enorme passivo trabalhista da empresa (mais de 5 milhões de reais) e episódios com vigilantes armados e de suspeita de desvio de armas levaram a sua substituição pela Network. Alguns “informantes” avulsos desta e de outras empresas terceirizadas, porém, em Marabá, Barcarena, Parauapebas e Belo Horizonte, continuam a prestar serviços para a Vale através da Network, com seus pagamentos registrados no demonstrativo – como a rede ABC, de Barcarena/PA (R$4.563,00), “um colaborador e agente” na rede Marabá (R$3.381,68)  e na rede Carajás/Parauapebas (R$ 7.754,11).

“São heranças que a Network se viu obrigada a assumir, pois os ‘toucas ninja’ estavam nessa situação complicada há vários anos em outras empresas terceirizadas de vigilância. A tão falada reorganização da Segurança Empresarial feita pela atual gestão, simplesmente trocou o diretor ( Gruba por Ramalho), todos os demais integrantes, próprios ou terceirizados, permaneceram fazendo o que sempre fizeram”, diz ele.

Ramalho é um dos funcionários mais antigos da Vale e continua influente na região. De acordo com André Almeida, embora estivesse atuando como gerente em Minas Gerais quando ocorreu o Massacre de Carajás, em 1996, teria sido ele o negociador da operação policial que resultou no assassinato de 19 sem terra – nos autos do processo do massacre, a Vale aparece como financiadora da operação, destinada a liberar a passagem dos caminhões da empresa (as minas ficam a cerca de 90 quilômetros do local do crime), obstruída pelos manifestantes atacados pela polícia.

O MST ainda é o principal alvo da segurança da Vale, ao lado da rede Justiça nos Trilhos, sediada em Açailândia, no Maranhão, que reúne diversas entidades de direitos humanos em defesa da população atingida pelas atividades do pólo exportador. Há mais de 2 anos, a rede trava uma batalha judicial com a Vale contra as obras de ampliação da ferrovia – feitas sem licenciamento ambiental – para escoar a produção em expansão das minas de Carajás, impactando ainda mais a vida das comunidades que vivem no entorno dos trilhos por onde circulam gigantescas composições ferroviárias, de 9 a 12 vezes por dia, cortando reservas ambientais e território indígena e quilombola.

Os acidentes ferroviários estão entre os motivos recorrentes de protesto, mas os trilhos não tem proteção nem passarelas na maior parte dos casos, como se vê nas fotos. O mesmo demonstrativo inclui R$1.360,00 para “despesas com o envio e manutenção de agente, oriundo de Belém para Marabá, para a Op. Trilho em Marabá nos dias 12, 13, 14 e 15 de maio”, dias em que os protestos pelo atropelamento de um idoso interromperam a Estrada de Ferro Carajás, da qual a Vale é concessionária.

A rede Justiça nos Trilhos também é uma das articuladoras do movimento Atingidos pela Vale, do qual participam sindicalistas e lideranças comunitárias de diversos Estados e de outros países onde a multinacional atua – são mais de 30 -, comandada pela sede no Rio de Janeiro. Essa articulação promoveu uma votação mundial pela Internet que deu à Vale o troféu de “Pior Empresa do Mundo” de 2012, entregue pessoalmente ao presidente da Vale, Murilo Ferreira.

O CORONEL MEDALHADO DA VALE/NETWORK

No escritório Sul – centralizado em Belo Horizonte – quem orientava os serviços de inteligência da Network era o coronel da reserva, Roger Antonio Souza Matta, um ex-gerente de segurança da Vale que deixou a empresa em 2009, durante uma crise econômica. “Ele não precisava do emprego e se ofereceu para sair, evitando que outros fossem demitidos, passando a trabalhar junto à Network”, explica André. “Era como um pai para nós”, diz.

Premiado com a Medalha do Pacificador do Exército em 2010, e figura influente em Minas Gerais, o coronel Roger dá aulas de especialização em inteligência na Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais e ocupa o cargo de chefe da Assessoria de Integração das Inteligências do Sistema de Defesa Social da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS). Depois de dizer por telefone que não conhecia o departamento nem o coronel, a SEDS confirmou o cargo e o nome do coronel através de um e-mail de sua assessoria de imprensa, mas não deu o contato do coronel, já procurado insistentemente pela Pública por seu e-mail pessoal e telefones que constam da lista telefônica de Minas Gerais.

Indagado sobre o assunto, Marcelo Ricardo Roza, diretor da Network e filho do militar, já falecido, que fundou a empresa, disse que “nem conhecia o coronel” e que ele “não prestava qualquer tipo de serviço à empresa”, embora ele seja citado em mais de um e-mail trocado com o departamento de segurança da Vale como o responsável da Network pelo monitoramento dos movimentos sociais, principalmente em Minas Gerais.

Em um e-mail enviado em 9 de janeiro de 2011 aos funcionários da segurança, Orlando Sá, então gerente geral de segurança empresarial do Sistema Sul, orienta: “Aproveito a oportunidade para reiterar a recomendação outrora realizada de que nenhum de nossos integrantes (próprios e/ou terceiros) poderá ser utilizado no “levantamento de informações de campo”, que deverá ser realizada pela equipe do Cel Roger (Net Work)”.

Entre os membros dessa equipe, estava o capitão de mar e guerra Mauro Paranhos, que em e-mail, enviado em 16 de agosto de 2010 alertava Ricardo Gruba, então diretor de Segurança Empresarial da Vale: “No Rio de Janeiro, em reunião sobre o Plebiscito Popular pelo Limite de Propriedade, a ser realizado durante o Grito dos Excluídos de 2010, foi divulgado que nos dias 18, 19 e 20 de agosto, o MST fará agitação e propaganda da Reforma Agrária e contra o Agronegócio. O Plebiscito Popular será abordado entre os temas a serem tratados”.

No mesmo sentido, outro e-mail do analista da Vale, Nilo Manoel de Oliveira Filho, esse sobre atividades do MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens – em Itueta, na Estrada de Ferro Vitória Minas, cita o coronel: “André, estarei inserindo os dados no Omega (o sistema de informática utilizado pela segurança). Solicito apoio do Cel Roger no acompanhamento das ações de movimentos sociais, que representem ameaças aos sites da Vale em MG, em especial BH”.

Os demonstrativos de nota fiscal da Network mostram ainda que a empresa pagava uma dupla de agentes contratados em Belo Horizonte por cerca de 15 mil reais: “valor mensal, incluindo salário, plano de saúde, vale transporte, vale alimentação, todos os direitos trabalhistas, aluguel de veículo de acordo com padrões Vale (os carros da empresa, alugados, tem logotipo e códigos que identificam que rotas estão autorizados a utilizar dentro das plantas da companhia), cota e controle de combustível (em BH/MG)”. Os dois agentes, segundo a denúncia de André Almeida no MPF, um deles chamado Rubinho, “executavam ações fora do escopo do seu contrato de trabalho”.

Também faziam parte dos serviços da Network os relatórios semanais de inteligência sobre os movimentos sociais, as análises de LDB (levantamento de dados básicos) sobre funcionários em contratação – segundo André, com dados sobre antecedentes criminais obtidos ilegalmente no Infoseg – levantamento de empresas que trabalham com a Vale, relatórios sobre movimentos sociais com fotos de cartazes, reuniões (com círculos nos rostos das lideranças a ser identificadas), protestos de rua, e “atualização de atores selecionados” (os dossiês), alguns realizados com ajuda dos infiltrados que, de acordo com a denúncia ao MPF incluíam, além dos casos citados, um indivíduo que fornece informações antecipadas e fotos de reuniões” no Assentamento Palmares II (do MST, em Parauapebas/PA); “um indivíduo de nome Braz, ex-integrante do Ministério da Marinha no MST/RJ; “um informante com boas relações” na Prefeitura de Parauapebas (que concentra a maior parte do CFEM, a taxa de mineração, por ser a sede das minas da Floresta de Carajás) e “uma funcionária ou vereadora” na Câmara de Vereadores de Anchieta/ES, onde a Vale enfrentava problemas para a liberação de licenças ambientais do projeto siderúrgico Ubu, por fim conseguidas no ano seguinte. O demonstrativo daNF de abril de 2010 também cita o pagamento de um “informante quilombola” por R$ 1.000,00, o levantamento “da atual diretoria do Comitê Carajás e abertura de prontuário de seus nove membros”, “o levantamento nominal de 16 integrantes do Movimento Mineiro dos Atingidos pela Vale”.

A infiltração mais grave do ponto de vista legal teria sido realizada “em diversos órgãos do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, de delegacias policiais do Estado de São Paulo e da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo para verificar a autenticidade de um documento de autuação, por trabalho escravo, da ALL Malha Paulista” de acordo com o mesmo demonstrativo de junho de 2011 da Network, que cobrou R$7.750,00 pelo serviço de espionagem nos órgãos públicos sobre a empresa ferroviária, ligada a interesses comerciais da Vale no setor.

Outra do mesmo gênero, que consta do anexo 2 enviado ao MPF, refere-se a um relatório de 13 de setembro de 2010, custou R$10.240,00 e está descrita como “Operação de inteligência em São José dos Campos/SP e infiltração no setor Regional do DPF local para o levantamento dos dados que instruíram o processo (já arquivado pelo Ministério Público) de estelionato contra um empresário parceiro da Vale, cujo comportamento está sendo questionado. Contatos e levantamentos junto à Obra Social Magnificat, vítima do estelionato do citado empresário”. (Veja a íntegra  abaixo)

Esse documento serviu de base para a única denúncia em investigação até agora pelo MPF – a de suborno de agentes federais, sobre a qual André foi ouvido a pedido do MPF de São Paulo (onde teria ocorrido o ilícito) há um mês. As demais acusações foram remetidas pelo MPF-RJ ao MPE-RJ, para verificar se há indícios de crimes estaduais, que por sua vez foi enviada em 12 junho passado para a 5a Delegacia do Rio de Janeiro para investigação.

O “PRODUTO” MPSI – MOVIMENTOS POLÍTICOS, SOCIAIS E INDÍGENAS 

A Pública teve acesso a fotos e relatórios feitos a partir de infiltração em outros movimentos sociais como o Movimento pelas Serras e Águas de Minas Gerais, os ambientalistas do Pó Preto, do Espírito Santo, os movimentos sociais de moradores e pescadores da baía da Sepetiba, no Rio de Janeiro, onde fica a TKCSA – Companhia Siderúrgica do Atlântico –  uma sociedade da Vale com a alemã Thyssen-Krupp, que pôs sua parte à venda sem atrair compradores – a poluição causada pelo empreendimento foi alvo de protestos até na Assembléia dos Acionistas, na Alemanha, pela chuva ácida e presença de resíduos tóxicos no ar que vem trazendo graves prejuízos à saúde da população como constatou uma pesquisa de Fiocruz/Manguinhos.

Esse trabalho, realizado pelo departamento de Segurança em parceria com as terceirizadas, era apresentado ao restante da companhia como “um produto” – assim como “combate a fraude” – batizado de MPSI (monitoramento de Movimentos Políticos, Sociais e Indigenas) com relatórios realizados semanalmente pela Network e, nos casos de destaque, com a apresentação de mosaicos (como eram chamados os “cases” que mereciam apuração) ao diretor do departamento e mesmo em reuniões mais gerais. “Tanto o Gruba como o Gilberto mostravam esses mosaicos em reuniões da diretoria, para aparecer, justificar as PRs (Participação nos Rendimentos, oferecidas aos que cumprem as metas). Mas eu nunca vi, só ouvia os relatos e recebia os parabéns”, diz.

A Pública obteve alguns desses mosaicos, entre eles o da Caravana de Minas no I Encontro dos Atingidos pela Vale, realizado em abril de 2010, onde é identificada a presença de lideranças sindicais, além de dezenas de fotos de reuniões fechadas – em que o fotógrafo aparentemente é percebido como alguém do movimento, e nas ruas – algumas delas posadas diretamente para a câmara, como as que documentam o movimento dos Atingidos pela Vale em frente à casa do ex-presidente da Vale, Roger Agnelli, corroborando as informações de alguns dos personagens retratados – de que o agente da Network havia se apresentado como jornalista.

Também fica evidente a proximidade da companhia com os aparatos públicos de segurança e o exagero das reações diante das manifestações populares, como acontece no caso apresentado como “Missão Outdoor”, quando manifestantes do movimento “Pó Preto”, do Espírito Santo, que protestam contra a já comprovada emissão de poluentes pelo complexo siderúrgico de Tubarão, picharam em 2012 os outdoors da Vale relacionados à festa da Penha em Vitória, uma das maiores festas religiosas do país, realizada na semana santa. Os funcionários da companhia moveram uma investigação e mobilizaram os órgãos policiais para tentar encontrar “os culpados”.

Um e-mail enviado a Eugênio Fonseca, do departamento de Pelotização no Espírito Santo, pelo então secretário do meio-ambiente de Vila Velha, alertando para uma manifestação de protesto dos moradores da Praia das Gaivotas contra operações de dragagem da empresa que estavam enlameando as praias do município, deixa claro o relacionamento privilegiado da companhia com a prefeitura. Prevenidos, os diligentes funcionários da segurança acompanharam e fotografaram a manifestação com pouco mais de 30 pessoas, e confeccionaram o mosaico para apresentar à diretoria.

ANTIÉTICO OU ILEGAL?

A hostilidade da Vale em relação aos movimentos sociais e sindicais não é novidade e não pode ser atribuída apenas a gestões anteriores – embora algumas ilegalidades tenham sido extintas, como o uso de policiais na ativa na segurança do presidente da companhia, como ocorria na gestão Roger Agnelli. Em 2011 e 2012, a companhia foi denunciada na OIT pelo Sindiquímica do Paraná por práticas anti-sindicais (portanto na atual gestão, de Murilo Ferreira). De acordo com Gerson Castellano, presidente do sindicato, isso se deveu a intimidações feitas pelo responsável por Relações Trabalhistas da empresa em reuniões do Sindquímica do Paraná (onde era dona da Ultrafértil, depois comprada pela Petrobrás), seguidas de um tiroteio nas vidraças do prédio da entidade por autores não identificados, em agosto de 2012, após a reeleição da chapa que se opunha contra a companhia.

Além disso, os contratados da Network “continuam a fazer o que sempre fizeram”, diz André, assim como a segurança da Vale, o que inclui espionagem aos movimentos sociais, interceptações telefônicas e revistas em gavetas e computadores dos funcionários (segundo a denúncia ao MPF, “hackeados pela segurança”, entre outras coisas para fornecer subsídios para demissões por justa causa, vista como “recuperação de ativos” por poupar verbas com indenizações, o que foi confirmado por outros ex-funcionários que não quiseram se identificar. A Vale é uma das maiores litigantes da Justiça do Trabalho e, em fevereiro passado, foi condenada por assédio processual (uso abusivo de recursos legais para defender seus interesses) pelo juiz Hudson Teixeira Pinto, titular da 2a vara de Trabalho de Governador Valadares.

De acordo com diversos especialistas consultados pela Pública, porém, a infiltração e o monitoramento de movimentos sociais não é tipificada como crime no Brasil, daí o fato de o MPF do Rio de Janeiro ter decidido investigar por enquanto apenas a denúncia de suborno relacionada à Polícia Federal. Teria que apurar também as denúncias de interceptação telefônica, uso ilegal do Infoseg e de dados da Receita Federal. Segundo o procurador Ubiratan Cazetta, do Ministério Público Federal do Pará, porém, as denúncias envolvendo crimes federais tipificados não necessitam de provas legais para que sejam investigadas, bastando apenas que a denúncia seja feita por alguém que tem elementos para fazê-la (proximidade dos fatos, por exemplo) e contexto coerente.

O que parece ser o caso do whistleblower tupiniquim, que chegou inclusive a fazer as denúncias pelo canal reservado para esse fim no site da Vale. No dia 27 de agosto passado, André se ofereceu para depor como testemunha em audiência trabalhista do engenheiro João Rabelo, demitido por justa causa junto com a mulher, a advogada, Karina Rabelo (ela sem justa causa) em 2008. Sua intenção era confirmar o uso de dados da Receita na investigação do “case”, da qual participou pessoalmente, e que rendeu prestígio (e Participação nos Resultados) para equipe que supostamente teria detectado um superfaturamento de R$ 3,4 milhões em obras do complexo Brucutu, em Minas Gerais, do qual ele Rabelo era gerente geral.

Em janeiro de 2013, Rabelo foi inocentado dessa acusação pelo Ministério da Justiça de Minas Gerais, que requereu o arquivamento do inquérito policial, aberto pelas denúncias da Vale. Na audiência, André nem precisou depor: o preposto da Vale, o diretor Luiz Carlos Rodrigues, afirmou que a empresa havia detectado “enriquecimento ilícito” do engenheiro em seu Imposto de Renda – obtido sem o conhecimento do funcionário.

O caso envolvendo a segunda maior mineradora do mundo, que responde sozinha por 10% das exportações brasileiras, teve uma aparição relâmpago no noticiário, logo após a denúncia, através de uma nota passada por André à coluna Radar, da Revista Veja. Logo após a nota no Radar, no dia 25 de abril, o presidente da Vale, Murilo Ferreira, convocou a imprensa para uma conference call . Questionado sobre o assunto pelo repórter Rafael Rosas, do Valor Econômico, que teve a colega grampeada em uma investigação interna sobre o vazamento de informações à imprensa, Murilo disse: “Com relação a isso, consoante o meu despacho com o presidente do conselho, Dan Conrado, nós passamos para que fosse feita toda avaliação para auditoria da empresa.(…) Uma coisa que eu queria salientar: essa área foi reestruturada, inclusive a área da qual fazia parte o sr. André Almeida não existe mais. Ele foi demitido, é preciso também fazer essa colocação. Eu não faço essa colocação no sentido de desqualificá-lo, pelo contrário, acho que todas as denúncias têm que ser apuradas, mas é a realidade dos fatos. O sr. André Almeida foi demitido por justa causa por largo e intensivo uso do cartão corporativo em despesas pessoais”, disse, embora a Justiça do Trabalho exija sigilo sobre os motivos de demissões por justa causa, como destaca o advogado Ricardo Régis Ribeiro, que move as ações trabalhistas de André – uma pela reversão da justa causa e outra por danos morais.

Segundo André, seu chefe estava ciente de que teria ocorrido “um equívoco” no uso do cartão e estava sendo descontado em folha pela dívida quando foi demitido. A notícia de que ele teria gasto 6 mil reais em uma conhecida casa de prostituição no Rio de Janeiro – em uma única ocasião – também “vazou” para imprensa. Segundo uma fonte ouvida pela Pública André costumava frequentar a casa com conhecimento da chefia para levar “convidados” da Vale – basicamente sindicalistas mineiros a quem a companhia queria “agradar”.

Ao ser indagada mais de quatro meses depois (10/09) se queria comentar o assunto e qual tinha sido o resultado da auditoria, a assessoria de imprensa da Vale respondeu apenas: “O resultado da auditoria, como já explicamos em outras oportunidades, quando concluído será ou foi entregue (grifo meu) ao Conselho de Administração, a quem a área se reporta”.

Quanto à empresa Network, que segundo o denuncianteera responsável pela investigação de funcionários e dos “inimigos” da Vale em geral, utilizando os expedientes citados na denúncia, o diretor Marcelo Ricardo Roza disse, em junho deste ano,quando a Pública já apurava o caso, que a empresa não poderia detalhar os serviços prestados à Vale “por cláusulas de confidencialidade do contrato”,que lhe rende entre 180 e 400 mil reais por mês, de acordo com os demonstrativos das notas fiscais. Avisado no dia 9 de setembro de que a reportagem da Pública dispunha de novos documentos, Ricardo, em viagem, chegou a confirmar uma entrevista a ser feita nos dias 10 ou 11 de setembro por skype, que acabou não se concretizando

Na entrevista concedida em junho, o dono da Network confirmou que André Almeida era o gestor o do contrato da Vale mas se preocupou em negar peremptoriamente as interceptações telefônicas, a quebra de sigilo bancário e o acesso a dados protegidos do governo federal no Infoseg – que centraliza as informações criminais dos órgãos de segurança do país e só pode ser acessado por eles – e da Receita Federal, todos esses crimes federais pela legislação brasileira. Mas, embora não tenha confirmado a investigação dos movimentos sociais, disse que esse tipo de trabalho não constava das proibições éticas de sua empresa porque não era delito penal.

Para minha surpresa, ele tinha razão.

ESPIONADOS BUSCAM INVESTIGAÇÃO FEDERAL

Charles Trocate, da coordenação nacional do MST no Pará, é uma pedra no sapato da Vale em Parauapebas, município que sedia as minas mais promissoras da companhia, na Floresta de Carajás. Ele é um dos articuladores do assentamento Palmares II, que ocupa áreas próximas aos trilhos da Estrada de Ferro Carajás. “Nesses últimos anos, Parauapebas é um campo de disputa da luta pela terra e da luta da mineração”, define Trocate.

Por isso ele não se supreendeu com as notícias de que tem sido espionada pela Vale, fato que já conhecia por experiência própria, diz, lembrando, por exemplo, um episódio ocorrido no final de 2007, quando depois de uma duradoura interrupção da ferrovia por cerca de 300 integrantes do movimento, cerca de 60 agentes da Vale se misturaram aos manifestantes se fazendo passar por funcionários da prefeitura de Parauapebas, por jornalistas e até por membros do movimento. “Não houve inquérito da Polícia Federal em campo. Os informantes da Vale no Pará juntaram todas as peças que eles tinham e entregaram à Polícia Federal dizendo quem é quem na organização, na direção do MST com fotografias, filmes e imagens”, afirma o ativista.

Também a rede Justiça nos Trilhos desconfiava da espionagem da Vale, embora tenham, sim, se surpreendido com a infiltração de agentes no movimento: na rede e entre os quilombolas, segundo os documentos no MPF-RJ. “Ficamos muito tristes com essa atitude da Vale”, diz o padre Dario que como Danilo Chammas era um dos “atores políticos” monitorados pela empresa via Network.

Diante das revelações do ex-gerente de segurança ao MPF, o MST e o movimento Justiça nos Trilhos foram a Brasília no dia 28 de maio para levar aos órgãos governamentais um dossiê contendo as denúncias de espionagem contra a Vale. Uma comissão formada pelos dois movimentos e entidades internacionais entregou o documento à Presidência da República, ao Ministério da Justiça, à Secretaria Especial de Direitos Humanos, à Procuradoria Geral da República, à Procuradoria Geral do Trabalho, à direção geral da Abin, às presidências da Câmara e do Senado e à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado.

“Os interesses da empresa significam o controle da própria sociedade. Parece que esse tipo de atuação é parte da estratégia empresarial”, afirma o deputado federal Chico Alencar, do PSOL-RJ, que montou uma Comissão de Direitos Humanos e Minorias – “paralela e informal” – na Câmara dos Deputados depois de se desentender com o presidente da comissão oficial: o pastor Marco Feliciano (PSC-SP). Foi pra ele que os movimentos entregaram o dossiê na Câmara. “A Vale não tem nenhuma autorização judicial para fazer isso e não é um ente público de fiscalização e controle. Fere o direito democrático das pessoas se reunirem, se manifestarem e estabelece um controle social completamente ilícito, ilegal”, afirma.

A senadora Ana Rita (PT-ES), presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, diz que encaminhou a denúncia dos movimentos ao Ministério da Justiça: “Eles trouxeram um documento farto, com muitas informações e aí solicitamos ao Ministério da Justiça que atuasse no sentido de verificar isso”. Ana Rita também revelou que a comissão realizará uma audiência pública sobre o assunto, que deve acontecer no final deste mês ou na primeira quinzena de outubro, sendo que o Ministério da Justiça e a PF serão convidados a participar. “Nenhuma instituição, nem pública, nem privada pode fazer isso, a não ser a Polícia Federal. Isso deixa os trabalhadores muito intranquilos, porque eles deixam de saber se as pessoas com quem eles estão se relacionando são realmente confiáveis ou não, então fere, inclusive o relacionamento profissional. Na minha opinião, o principal direito humano atingido é o direito de organização das pessoas”, resume.

Em contato com a Pública, a assessoria de imprensa da Procuradoria Geral do Trabalho informou que entrou em contato com o coordenador de Liberdade Sindical (o órgão se divide em oito coordenadorias temáticas) e que ele não tinha conhecimento sobre o assunto. A assessoria informou ainda que iria apurar nas outras sete coordenadorias, mas não o fez a tempo do fechamento da reportagem. A Secretaria Especial de Direitos Humanos, ligada ao gabinete da Presidência da República, informou que recebeu o dossiê com as denúncias de espionagem e o encaminhou ao Ministério Público Federal para investigação. No entanto, a assessoria não informou para qual procurador o documento foi enviado, nem o teor da denúncia feita ao MPF.

Já a Procuradoria Geral da República afirmou que não encontrou nenhuma denúncia ou informação relacionada ao dossiê na ouvidoria do órgão. Até o fechamento da reportagem, o Ministério da Justiça não informou à Pública se recebeu o dossiê com as denúncias de espionagem da Vale.