martes, 28 de abril de 2009

Colombia: La tragedia humanitaria del Pacífico colombiano


IWGIA, et al.
Resumen:
Las violaciones a los derechos fundamentales de la población negra, indígena y campesina del Pacífico colombiano, conceptuadas por todas las fuerzas armadas, regulares e irregulares, como “daños colaterales” de todo enfrentamiento armado, tienen objetivos propios e independientes del conflicto armado interno colombiano. El desarraigo territorial es un objetivo más, y no una consecuencia de la contienda. Esto se deduce de los maridajes entre acciones armadas, despojos de tierras comunitarias y legalizaciones amañadas de estas usurpaciones. La disgregación de sus territorios pone en peligro la pervivencia de estos pueblos. El Estado colombiano, después de importantes acciones afirmativas a favor de indígenas (constitución de resguardos) y afrocolombianos (reconocimiento de derechos y constitución de territorios colectivos), ha sido renuente a ejercer soberanía en la región, quedando la población a merced de la dictadura de grupos armados ilegales, que han cometido atrocidades y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, en muchos casos en connivencia con autoridades civiles y militares.


A partir de 1980 hace presencia en la región del Pacífico colombiano, una nueva clase empresarial para invertir recursos provenientes en gran parte del tráfico de drogas ilícitas. Gran parte de los territorios de indígenas y afrocolombianos que habían permanecido al margen de las dinámicas económicas, han venido siendo incluidos de forma acelerada en los portafolios de inversión de empresas y de agentes económicos nacionales, la mayoría de ellos vinculados a actividades extractivistas, agroindustriales, de producción de narcóticos o de grandes obras de infraestructura, que desestabilizaron las economías de los pueblos indígenas y afrocolombianos, no han generado desarrollo económico en la región, sino que han instaurado nuevas formas de pobreza (cultural, ambiental y espiritual), nuevas amenazas y nuevas vulnerabilidades para estos pueblos.

En 1995 comienzan a llegar de forma regular actores armados ilegales, interesados coincidentemente con estos empresarios, en modificar la estructura productiva de la región. Esta presencia, desmanteló las organizaciones sociales, asesinando a su liderazgo y derrumbando la poca y ya debilitada institucionalidad de la región. Las comunidades son utilizadas y movidas de acuerdo a la lógica política, militar o económica de estos actores. Esta situación se ha vuelto inaguantable para los habitantes, debido a la degradación del conflicto y a la alta cuota de sangre que vienen colocando los indígenas y los afrocolombianos por persistir en mantenerse al margen de un conflicto que cada vez les es más ajeno.

El gobierno ha dicho que su política de derechos humanos es la misma política de “seguridad democrática”, no obstante que con este concepto de seguridad se involucre a la población civil en el conflicto armado. Programas como la red de informantes o de soldados campesinos son parte fundamental de esta política[1].

Este conflicto armado tiene graves manifestaciones y consecuencias para los indígenas, afrocolombianos y campesinos del Pacífico:

a) Invasión de sus territorios por todos los grupos armados: guerrilla, paramilitares, cuerpos armados del Estado, narcotraficantes y delincuencia organizada.

b) Masacres, desapariciones forzadas y asesinato de líderes.

c) Imposición del poder armado desconociendo a las autoridades propias y la autonomía de las comunidades. Esto va acompañado de acciones y presiones violentas de narcotraficantes para despejar áreas de interés agrícola (plantaciones de palma, banano o plátano) o ganadero.

d) Reclutamiento forzado y utilización de la población nativa en múltiples labores, haciéndolos susceptibles de castigos y retaliaciones por los grupos opuestos.

e) Señalamientos de autoridades estatales a autoridades de las comunidades de ser auxiliadores de los grupos guerrilleros, o a la inversa, acusados de ser informantes de la armada nacional o de los grupos paramilitares.

f) Extorsión económica y restricciones para la entrada y salida de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad.

g) Combates entre los grupos en pugna por el control del territorio, la economía o la población.

h) Desplazamiento forzado, o confinamiento en determinadas zonas. Restricción de movilidad en sus territorios o por fuera de ellos.

Estas manifestaciones del conflicto armado han conducido a un debilitamiento de la cohesión interna, al abandono del ejercicio de la autoridad y justicia propias y por lo tanto a una crisis de gobernabilidad en casi todas las comunidades. En el pacífico son pocas las comunidades que están en condiciones organizativas y anímicas para mantenerse en una resistencia activa, como se presenta en la zona indígena nasa del Cauca andino, donde este pueblo se niega a abandonar sus territorios, exigiendo con movilizaciones masivas (“mingas de resistencia”) el respeto a sus vidas y territorios.

Más recientemente, a partir del año 2000, comenzó el Estado colombiano a hacer presencia en la región con las políticas de interdicción de cultivos de coca del Plan Colombia, desplazando estos cultivos desde el departamento del Putumayo hacia el Pacífico nariñense y desde allí hacia el norte del litoral, arrasando los cultivos de pancoger, que garantizaban la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas y afrocolombianas de las cuencas de casi todos los ríos del Pacífico de los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

La creciente demanda de pasta básica de cocaína y látex de amapola, como materia prima para la producción de sustancias sicoactivas, generada por el aumento de la demanda en Estados Unidos por el uso de drogas ilícitas, la apertura de nuevos mercados en Europa (occidental y oriental) y la crisis económica del sector agropecuario, llevan a que se expandan los cultivos de coca, convirtiendo a Colombia para mediados de los años noventa en el principal productor de hoja de coca. Para finales de los noventa ya habían aumentado tanto las presiones del gobierno de los Estados Unidos para que Colombia interrumpiera la oferta de sustancias ilícitas, que el país se ve obligado a aceptar el Plan Colombia para la erradicación de cultivos ilícitos.

Las aspersiones aéreas para destruir las plantaciones de coca, empleando cada vez más fuertes herbicidas químicos, no lograron los resultados esperados, y los cultivos continuaron desplazándose y creciendo por suelo amazónico a expensas de la frágil selva húmeda. Del Amazonas estos cultivos se trasladaron a las selvas del litoral Pacífico. No obstante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, persiste en la tesis de que el narcotráfico existe porque hay cultivadores de coca.

Estas diversas presencias y operaciones de paramilitares, grupos guerrilleros y fuerzas armadas del Estado confluyen para agravar la situación económica y social de estos pueblos, configurando un estado de desarraigo que pone en peligro su pervivencia como pueblos.

A estas políticas de desterritorialización se contrapone el profundo arraigo territorial de los pueblos indígenas y afrocolombianos que en los años 90 habían obtenido importantes reconocimientos constitucionales y legales que posibilitaron la constitución y consolidación de muchos territorios colectivos, dando inicio a una reorganización interna y a agendas políticas propias para construir nuevas formas de organización y solidaridad, encaminadas a escapar a la guerra y a revertir siglos de exclusión.

Aunque es obligación constitucional del Estado colombiano proteger los derechos de los grupos étnicos y apoyar estos esfuerzos organizativos de los pueblos, con más veras ahora que el panorama de los derechos humanos para negros e indígenas se ha deteriorado ostensiblemente, el Estado colombiano no ha mostrado voluntad para ejercer soberanía en el Pacífico. Por el contrario este drama que viven los pobladores indígenas, negros y campesinos, sucede bajo la mirada displicente del Estado y en algunos casos, con su complicidad, como en el caso de la masacre del Naya, donde el paramilitar Ever Veloza, alias “H.H.”, jefe del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, A.U.C, dirigió la masacre de por lo menos 50 indígenas y campesinos en abril de 2001 (datos de la Fiscalía General de la Nación). “H.H.” en versión libre ante un juez de Justicia y Paz reconoció que para esta acción recibió el apoyo del Ejército Nacional.

Aspectos sociales, económicos y políticos de la problemática del Pacífico que contribuyen al desarraigo territorial y a la tragedia humanitaria de sus habitantes

® Desconocimiento de los actuales estándares internacionales para la protección de los pueblos étnico-territoriales (indígenas y afrocolombianos), que otorgan particular atención a los derechos individuales y colectivos en relación con la propiedad, el uso y el control que ejercen los pueblos indígenas en sus territorios, así como la relación con los recursos naturales.

Estos estándares ponen un claro énfasis en la necesidad de que estos pueblos cuenten con mecanismos apropiados de control sobre los factores y procesos que afectan sus vidas, territorios y recursos, pues es así que pueden mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones, y promover un desarrollo propio, de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades.

El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), desconoció groseramente estos estándares internacionales, conduciendo a que los pueblos indígenas de Colombia, se retiraran de las mesas nacionales de concertación con el Estado, creadas por los decretos 1396 y 1397 de 1996.

El presidente Álvaro Uribe en sus 6 años de gobierno no solo ha impedido que se materialicen en Colombia estos estándares internacionales, sino que ha restringido los derechos de indígenas, afrocolombianos y campesinos, llevando a cabo desde la presidencia un ordenamiento económico y político del país. Pero también cambiando la estructura legal de Colombia con el fin de facilitar el acceso a los recursos de los territorios de propiedad colectiva de indígenas y afrocolombianos. Este ordenamiento se realiza en función de un orden global de desarrollo neoliberal, para el cual los territorios de propiedad colectiva y las economías comunitarias son un estorbo. De esta manera el gobierno de Álvaro Uribe Vélez borra la pluralidad y la diversidad como fundamentos del régimen democrático que se pensaba construir con la expedición de la Constitución de 1991.

El hecho de que Colombia fuera uno de los pocos países que se abstuvieron de firmar la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, confirma la animadversión del gobierno por los derechos colectivos de estos pueblos.

® La exclusión política y social ejercida contra estos pueblos, el desconocimiento que se ha hecho de sus derechos, el desprecio por sus prácticas económicas, la discriminación racial, el descrédito y negación de sus identidades y tantos ataques y afrentas que han sufrido sus instituciones, culturas y cosmovisiones, han tenido generalmente como finalidad, desvirtuar el derecho a sus territorios. Con los reconocimientos constitucionales pudieron estos pueblos hacerse visibles en el panorama nacional y se comenzaron a honrar sus conocimientos, comportamientos y espiritualidad, pues cada vez eran más evidentes sus contribuciones en la preservación de espacios de alta diversidad biológica como el Pacífico.

No obstante, estas lógicas culturales en el manejo de sus espacios de vida no han tenido el reconocimiento del gobierno, porque estos territorios tienen recursos que son estratégicos para un capital transnacional egoísta, cuya avidez crece con la posibilidad de la firma del Tratado de Libre Comercio, T.L.C. con los Estados Unidos de América.

® La disputa violenta por el control económico, político y territorial de la región. Muchas zonas del Pacífico son objeto de disputa entre sectores armados, pues tener el control de estos espacios y de su economía legal e ilegal es fundamental para mantenerse en la guerra. En pocos años el Pacífico, de remanso de paz se tornó en una de las regiones más violentas del país, debido a la pugna por el control de rentas asociadas a los cultivos de uso ilícito o a la explotación de recursos naturales, por la posesión de tierras fértiles o el dominio de territorios geopolíticamente estratégicos. Por estas zonas se realizan las exportaciones ilícitas y el contrabando de armas. Esta pugna ha costado la vida a cientos de jóvenes en calidad de “raspachines” (recolectores de la hoja de coca), aserradores de madera, mineros o milicianos que trabajan para uno u otro grupo.

® La fragmentación y desarraigo territorial de comunidades indígenas y negras. En la medida en que crecen los cultivos ilegales y se expanden las grandes plantaciones, la ganadería o las actividades extractivistas, la vida económica y social de las comunidades queda supeditada a la dinámica del flujo de recursos generados por estas actividades. En las comunidades afectadas por este tipo de economías, caen vertiginosamente los cultivos de pancoger y se incrementa la dependencia de alimentos importados. El abandono de la producción de alimentos es el primer paso para la desestructuración económica de las comunidades. Y el uso del suelo y de recursos del territorio con el fin de responder a demandas de mercados externos a la región, es la vía más expedita para el desarraigo territorial. En esto el Pacífico ofrece una amplia gama de ejemplos.

® Una nueva diáspora negra. A la par que se extinguen por sobreexplotación los recursos del bosque, de los ríos y de los manglares, y se expande la violencia paramilitar para apropiarse de los recursos forestales y para utilización de los suelos en plantaciones de palma aceitera, banano y coca, comienza el éxodo hacia las ciudades.

® Desestructuración de los gobiernos municipales. La evasión fiscal, el contrabando, la posesión ilegal de la tierra, el robo y apropiación privada de los bienes y recursos públicos, el caciquismo, las elecciones fraudulentas, la compra de votos, el secuestro y por último el narcotráfico, con todas sus secuelas de corrupción y violencia, han terminado por desestabilizar los gobiernos locales y desinstitucionalizar[2] la región.

® Una problemática social que es tratada en términos de guerra. El Plan Colombia surgió en el marco de la política antidrogas del gobierno de Estados Unidos. Al convertirse el negocio de las drogas en principal fuente del empoderamiento económico y militar de las FARC y de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, A,U.C. y al entrar estas organizaciones (después del 11 de septiembre) a hacer parte de la lista de los grupos terroristas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pasa la lucha antidrogas a ser definida como guerra antiterrorista. Al establecerse esta relación de causalidad entre terrorismo y droga, la problemática social de las regiones cultivadoras de coca entra a constituirse en un fenómeno que debe ser tratado en términos militares. Las propuestas de desarrollo económico concebidas para estas zonas deben pasar primero por una “solución militar” .

Con el crecimiento de los cultivos de uso ilícito, el Pacífico entró a ser parte de las llamadas Gray Zone, catalogadas como de fácil acceso para los actores armados. Los pobladores de estas zonas grises serían parte de la estrategia de financiación y/o potenciales auxiliadores de acciones terroristas. Se borra de un tajo la propuesta de “pensar pacíficamente el Pacífico” (lema del Proyecto Biopacífico[3]) que venía reafirmando las estrategias de convivencia y supervivencia de negros e indígenas que habitan las selvas neotropicales del Pacífico como la clave de cualquier esfuerzo a favor de su singular diversidad biológica y cultural. Es en este contexto de la guerra contra las drogas que se crean escenarios de alta confrontación militar, sin tener en cuenta a la población indígena, afrocolombiana y campesina.

La guerra como conductora de desarrollo regional es, como dice el investigador Ricardo Vargas “una pésima consejera”. Esta guerra desvirtúa las formas de producción solidarias que han conservado las selvas del Pacífico durante siglos y viola derechos constitucionales y normativos de protección de territorios colectivos. El resultado final es que se imposibilita más cualquier acción tendiente a empoderar a las comunidades para el ejercicio de sus funciones y a generar procesos de desarrollo autónomo y autosostenible.

El impacto de las medidas de control de la intervención armada es muy fuerte para la región y sus pobladores: retención de combustibles, víveres, medicamentos; restricciones a la libre circulación por caminos y carreteras; obstáculos para ir a sus sementeras, para recolectar frutos o acceder a sitios de pesca y cacería; dificultades para adquirir y vender productos. Se generan crisis económicas locales: escalada de precios para artículos indispensables de afuera de la región y caída de precios para los producidos en la región. La economía de la región colapsa. Y ante la incapacidad de los gobiernos locales para sortear estas dificultades, se produce el abandono de la región. Como dice el refrán popular, “el remedio resulta siendo más caro que la enfermedad”.

Este modelo de intervención militar (no sólo de actores armados legales. También de paramilitares y grupos guerrilleros) y las consecuencias antes descritas se han repetido tantas veces, que nos lleva a concluir que detrás de estas acciones armadas se encuentra una política deliberada de desalojo de la población, para “limpiar” determinadas áreas ambicionadas por poderosos intereses económicos, donde están comprometidos capitales internacionales y dineros generados por el tráfico de drogas. Y es que en el Bajo Atrato (departamento del Chocó) se iniciaron los grandes cultivos de palma aceitera, después de haber sido desalojadas violentamente las comunidades de la zona.

En otras zonas, como en el Alto río San Jorge, el desalojo de la población indígena Embera Katío de su resguardo tuvo lugar para sembrar cultivos de uso ilícito. De forma general el objetivo del desalojo ha sido la explotación a gran escala de los recursos ambientales, especialmente madereros y mineros, para ampliar los latifundios ganaderos o las plantaciones de banano, plátano, palma aceitera y coca. Esta situación, descrita en el segundo informe de IWGIA sobre los derechos humanos de pueblos indígenas, configura un genocidio premeditado[4].

® Crecimiento de las desigualdades económicas y sociales. El modelo económico neoliberal, iniciado en los años 90, no sólo no ha resuelto los problemas estructurales, sino que ha acentuado las desigualdades, extendido la pobreza y acelerado el deterioro del ambiente. A pesar de las acciones afirmativas del Estado que llevaron a la titulación de más de 5 millones de hectáreas a la población negra, esta no ha logrado el disfrute de sus territorios colectivos y hoy sigue siendo el sector social más excluido de la Nación colombiana. Tampoco existen políticas económicas tendientes a cerrar la brecha entre las regiones, y el Pacífico, el territorio ancestral de los negros, continúa siendo la región más pobre, explotada y desconectada del país.

® Exacerbación de las diferencias culturales y de la discriminación racial. Aunque la pluriculturalidad fue consagrada en la nueva Constitución Política de Colombia de 1991, el Estado no se ha identificado con ella. Las estadísticas y los hechos nos muestran que a pesar de que la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada para dirimir los conflictos de los colombianos, fue a partir de allí que se agudizaron los conflictos socioculturales. La razón es que el Estado colombiano no pensó nunca en crear espacios para la interculturalidad, buscando así cerrar el abismo que separa a las diferentes culturas.

De la mano de la desigualdad económica crece y se aceleran entonces las diferencias culturales. La desigualdad y la diferencia se agravan aún más, cuando en la región se expande la economía basada en cultivos de uso ilícito. Aunque la esclavitud se abolió hace 150 años, con esta economía del narcotráfico se reviven pautas semejantes de explotación de la mano de obra y de violación de los derechos humanos.

En el Pacífico se hace más evidente lo que a juicio de Daniel Pécaut es la violencia en Colombia: una situación generalizada y difusa, donde los diferentes fenómenos y formas de expresión como se presenta (violencia política, violencia oficial, conflicto armado, asesinatos, desplazamientos, extorsiones, desapariciones, secuestros, violencia común, violencia racista) interactúan y se retroalimentan, creando un círculo vicioso ascendente y cumulativo.

Y es eso precisamente lo que está sucediendo en el Pacífico. Se da una situación generalizada de violencia, pero donde el narcotráfico y sus bandas delincuenciales ejercen un poder intimidatorio por medio del terror. Estos grupos se convierten en agentes reguladores que garantizan el orden y el cumplimiento de las normas que ellos mismos establecen. Ejercen su propia justicia y deciden sobre la vida de las personas.

El desplazamiento forzado en el Pacífico es uno de los más altos en el país. Lo más lúgubre de la vida de los desplazados de los ríos cercanos a Buenaventura, es que llegan a refugiarse a este puerto (el más importante de Colombia, por donde se mueve el 80 % de las mercaderías que entran y salen del país y desde donde se mueven cuantiosos recursos financieros provenientes del narcotráfico). Estos desplazados son acogidos en los barrios más pobres, llamados de “bajamar”. Con el fin de acondicionar este puerto para responder a los retos del T.L.C., estos refugiados son de nuevo desplazados. Esta siniestra tarea la realizan grupos paramilitares, que en un lapso de 5 años han asesinado[5] y desparecido a más de 1.000 personas, más de la mitad de ellas jóvenes sin trabajo.

Lo que ahora los habitantes de Buenaventura se preguntan es cuantos de estos jóvenes hacen parte de los “falsos positivos”: personas que fueron enganchadas bajo promesas de trabajo y que posteriormente aparecieron vilmente asesinadas por miembros de las fuerzas armadas del Estado y presentadas como “bajas guerrilleras”, para recibir recompensas (3 millones de pesos por persona, algo así como 1.500 US dólares). Y todo esto ocurre bajo la mirada indiferente de las altas esferas del gobierno.

Buenaventura, julio 2008

Epílogo: Flota en el aire de América un halo de esperanza para los pueblos indígenas y negros, ahora que la Nación más poderosa de la tierra ha elegido un presidente con ascendencia africana, cuya historia personal encarna la interculturalidad. Esto los inflama de entusiasmo. Y les trae también a la memoria, ahora que suenan las fanfarrias para la celebración del Bicentenario de la independencia de las Repúblicas bolivarianas, las ideas libertarias de sus fundadores, cuando decidieron hacer uso del “recurso supremo de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Y de nuevo quieren abrir el camino para llamar a la vida alternativas diferentes de institucionalidad, que sean diametralmente opuestas a concepciones centralistas y autoritarias del poder. Alternativas que le cierren definitivamente las puertas a la opresión, la humillación y la ofensa que han sufrido. Alternativas que reconozcan la extraordinaria riqueza de múltiples expresiones de culturas indígenas y negras y de proposiciones espirituales e ideológicas que se han venido originando en nuestro país, a partir de un “mestizaje fecundo” que ha vivido el pueblo colombiano. En fin, alternativas que sean una barrera eficaz a la intolerancia.

Noviembre 2008
Trabajo elaborado por Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA: Proceso de Comunidades Negras, PCN; Colectivo de Trabajo Jenzera.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] De esta forma la política de seguridad democrática traslada a la ciudadanía la obligación de garantizar la seguridad, y la utiliza como un instrumento para ganar la guerra. Los lineamientos de esta política plantean, por ejemplo, que la ciudadanía “será parte fundamental en el tema de la recolección de información para la inteligencia militar” .
[2] Esta desinstitucionalización radica en que el Estado, sus instituciones y sus recursos, han adquirido la condición de botín de guerra de los grupos armados y de sus afines mentores políticos.
[3] Esta experiencia de trabajo interdisciplinario y pluralista fue apoyada por el Fondo Mundial del Medio Ambiente y el gobierno de Suiza, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y el ministerio del Medio Ambiente. Biopacífico representa 5 años de negociaciones, decisiones, proyectos y ensayos durante los cuales se concentraron esfuerzos de más de 400 personas, organizaciones indígenas y negras, fundaciones, universidades, ONG y entidades territoriales.
[4] Pacífico colombiano. El caso del Naya, Informe IWGIA 2, Bogotá 2008.
[5] La mayoría de las víctimas presentan señales de tortura, lo que evidencia que en estos actos delictivos existe también una buena dosis de racismo e intolerancia social.



http://alainet.org/active/27810&lang=es

Colombia: Criterios para el desarrollo socioeconómico afrocolombiano


Por José Eulicer Mosquera Rentería

Nuestros abuelos y abuelas africanos/as y sus descendientes directos al lograr la anhelada libertad y entrar a la República no tenían metida en sus cabezas la lógica del nuevo sistema socioeconómico que se imponía desde las metrópolis colonialistas europeas, el capitalismo, y organizaron un tipo de vida comunal basada en economías familiares de subsistencia, viéndose obligados en muchos casos, a retroceder en la historia de la evolución humana.

A lo anterior se suma el hecho que los diferentes gobiernos republicanos mantuvieron a nuestro país bajo la orientación eurocéntrica heredada de la colonia, en su dinámica de funcionamiento y desarrollo, excluyendo a las comunidades indígenas y afrocolombianas de los planes de desarrollo y manteniéndolas como suministradoras de mano de obra superbarata. Todo lo cual explica el estado actual de marginalidad social y de pobreza extrema de estas comunidades.

Hoy cuando se presentan importantes oportunidades de fomentar proyectos productivos e iniciativas empresariales que beneficien a nuestras comunidades, es necesario soportarse en criterios claros que nos contextualicen con las realidades locales, nacionales, regionales y mundiales, a objeto de utilizar adecuada y exitosamente los recursos logrados, y que no se vaya a convertir en una frustración más para nuestras comunidades, ni en un pretexto más para que quienes han ostentado el poder pretendan ratificar sus concepciones racistas-discriminatorias, y continúen negándonos las oportunidades a que tenemos derecho por mandatos constitucionales y legales, y porque junto a los otros segmentos poblacionales de nuestro país hemos sido constructores materiales, culturales y espirituales del mismo.

En este sentido, desde nuestro centro de estudios, CEISAFROCOL, hemos considerado los siguientes criterios:

1) Partir de diagnósticos y de estudios de factibilidad serios y actualizados.

2) Es prioridad de nuestras comunidades rurales y urbanas, elevar su productividad laboral a través de la introducción de nuevos métodos, técnicas y tecnologías, sostenibles y de una actividad empresarial rentable que le garantice altos niveles de vida y capitalización, partiendo de nuestra cultura, tradiciones y costumbres, y de las potencialidades del medio.

3) El tipo de empresa a implementar debe ser el asociativo y solidario, ya que en esta primera fase se trata de reivindicar a comunidades y a todo un pueblo desde los aspectos socioeconómicos, de satisfacer tantas necesidades básicas acumuladas.

4) La actividad empresarial debe tener una orientación integracionista, ya que estamos en una época de grandes bloques económicos y de “globalización forzada”, donde pequeñas unidades productivas aisladas tienen pocas posibilidades de sobrevivir frente a la gran competencia capitalista-neoliberal. De tal manera que debemos constituir organismos de integración local, regional y nacional, e inclusive internacional, entre nosotros y en lo posible con otros grupos afines; organismos que deben garantizar: canalización y suministro de recursos financieros, transferencia de tecnologías adecuadas tanto para la productividad como para la conservación del equilibrio ecosistémico, mercadeo y comercialización, cualificación permanente del recurso humano, y fortalecimiento organizativo-empresarial.

En algunas comunidades afrocolombianas del pacifico, el Chocó, Antioquia, Magdalena Medio, Valle del Cauca, entre otras, desde hace varias décadas atrás se vienen dando iniciativas empresariales de este tipo, pero funcionan bien por unos meses o años y luego entran en crisis insostenible, ya que no resisten la competencia con las grandes empresas nacionales y trasnacionales que han invadido nuestros mercados.

Pero estos fracasos se han debido también, a que los gobiernos no han tenido verdadero interés en promover la reivindicación socioeconómica de nuestras comunidades, y en la mayoría de los casos por salir del paso y quedar bien con la Cooperación Internacional, han ofrecido apoyos deficientes a pequeños proyectos, sin ceñirse a un plan de fomento coherente y sostenible, de largo alcance.

Pero las organizaciones afrocolombianas, sus líderes y lideresas, deben procurar se corrija este comportamiento u orientación, en aras de lograr la conducción de nuestras comunidades hacia su verdadera reivindicación socioeconómica. Que bueno realizar un encuentro nacional para hablar de todo esto.


Fuente: Barómetro Internacional
http://www.barometro-internacional.org/

http://alainet.org/active/27485&lang=es

Uruguay: se agranda la brecha entre blancos y negros


Por Cristina Canoura

Durante décadas, Uruguay alimentó el mito de ser un país antirracista e igualitario. La escuela pública permitía sentarse en los mismos bancos a niños blancos y negros; en los barrios siempre había un vecino de raza negra que compartía la dinámica de una sociedad que ya no es la misma.

La convivencia educativa interracial se detuvo prácticamente en la enseñanza primaria. Cada vez son menos los menores negros que llegan a la secundaria y su matrícula es inexpresiva en la universidad, al tiempo que resultan escasos los afrodescendientes que culminan su ciclo terciario.

Recién en el presente quinquenio ingresó a la Cámara de Diputados, por primera vez en la historia, un diputado negro en representación de la fuerza de izquierda Frente Amplio.

El diagnóstico

La población negra de Uruguay es descendiente de los esclavos procedentes de África y Brasil, que arribaron a las costas del Río de la Plata entre 1786 y 1812, aunque ya había en el país presencia negra desde inicios del 1600. En 1791, Montevideo fue designado como único puerto de introducción de esclavos para el Río de la Plata, Chile y Perú.

En la capital uruguaya, los esclavos, hombres y mujeres de todas las edades, eran puestos en cuarentena para luego enviarlos a los destinos mencionados.
Actualmente, el núcleo de afrodescendientes desperdigados por todo el territorio nacional representa el 10,2 por ciento de la población uruguaya que ronda en los tres millones de habitantes. Este porcentaje de afroamericanos varía según la franja de edades, que entre los cero y 19 años llega al 15 por ciento.

Según cifras de la organización no gubernamental "Mundo Afro", el ingreso de negros y negras a las diferentes esferas de la vida pública es 20 por ciento inferior al de los blancos. En el ámbito laboral, 40 por ciento de las mujeres negras se desempeñan como domésticas y las oportunidades de trabajo se restringen, sobre todo, a labores manuales no calificadas.

En el colectivo negro, el mayor porcentaje de personas sólo alcanzó la educación primaria de seis años y, en el caso de las mujeres, 50 por ciento ni siquiera ingresó a la secundaria y 40 por ciento de ellas son víctimas de violencia doméstica.La mitad de las mujeres negras no accedió a la secundaria y 16 por ciento de las jóvenes negras han comenzado a trabajar antes de los 15 años.

Un estudio al que accedió SEMlac, divulgado el 3 de diciembre último, en ocasión del "Día nacional del candombe (baile típico introducido al Uruguay por los descendientes de africanos), la cultura afrouruguaya y la equidad racial", confirma que en los últimos 10 años la brecha interracial se profundizó aún más, en especial entre los niños y adolescentes.

Con el título "Población afrodescendiente y desigualdades étnico-raciales en Uruguay", 13 investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas abordan esta problemática.

En el capítulo dedicado a analizar el panorama de la infancia y la adolescencia entre la población afrouruguaya, Wanda Cabella, antropóloga social y doctora en Demografía, concluye que 57 por ciento de los menores de edad viven bajo el límite de la pobreza.

Entre los niños blancos de las mismas edades, la situación de pobreza afecta al 28,5 por ciento. Una década antes, en el período 1996-1997, estaban en situación de pobreza extrema 42,8 por ciento de los niños y niñas negros de cero a 19 años y 22 por ciento de los blancos.

Fuente: Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y Caribe
www.redsemlac.net
www.redsemlac-cuba.net

Un mal viejo y añejo: ¿Aun existe el racismo?


Por Rodrigo Menitto

Pasado más de 100 años del final de la esclavitud, muchos indicios hacen notar que los negros y los mulatos aún son discriminados. El Estado, los medios y el mercado laboral en la mira.

En los años 40 y 50 del siglo pasado se constituyó la idea que en Brasil existía una “democracia racial”, un concepto que pretendía hacer creer en una coexistencia pacífica y harmoniosa entre razas con oportunidades iguales para todos.

Recién en los años 60 y 70 los movimientos negros comenzaron a luchar contra esta idea y a colocar en evidencia no sólo el racismo en Brasil, sino a revalorizar el ser negro. En 1971 fue instituido por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) el Año Internacional para Acciones de Combate al Racismo y la Discriminación Racial, dentro de este marco con manifestaciones se propuso el 20 de noviembre como el Día Nacional de la Conciencia Negra.

La fecha es en homenaje a la muerte del mayor líder negro del país: Zumbi dos Palmares. Al norte del país, en el estado de Pernambuco, esclavos escapados de las haciendas conformaron y defendieron durante 100 años una tierra libre que llamaron Quilombo dos Palmares. Zumbi fue su máximo jefe militar y político que combatió a los portugueses entre 1672 y 1695.

En ese marco, el primer problema que enfrentan las personas que sufren el racismo es cuando ellas mismas deben auto definir su color de piel.

En 1995, en una encuesta realizada por la empresa Datafolha (perteneciente al diario paulista Folha de Sao Paulo) los entrevistados respondieron que se consideraban en un 50 por ciento blancos. Actualmente, realizada la misma pregunta, el 54 por ciento se considera negro o mulato. Hay principalmente dos factores que mudaron radicalmente dicho porcentaje.

La tasa de hijos de mujeres negras y mulatas siempre fue superior a la tasa de las mujeres blancas, pero principalmente las conquistas de los sectores negros hacen que se revindiquen con orgullo su color de piel.

Para el sociólogo José Luiz Perucelli, del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), contribuyó para el proceso de revaloración de identidad. "Lo que antes no entraba en los padrones de belleza o prestigio y era desvalorizado, hoy cambió” dice en referencia a las acciones que beneficiaron el ingreso de negros y mulatos a la universidad.

La historiadora de la USP (Universidad de San Pablo) Lilia Moritz Schwarcz no duda en afirmar que "todo brasileño se siente como una isla de democracia racial, rodeado de racistas por todos lados". Para el 91 por ciento de los entrevistados, los blancos tiene prejuicios contra los negros, sin embargo sólo un 3 por ciento (excluyendo a los negros y mulatos) admiten tal hecho.

Como aspecto positivo, desde 1995 bajó de un 22 para un 16 por ciento las personas que se sintieron discriminadas por su color de piel.

"Las cosas cambiaron, pero no mucho. Las personas reaccionan más a las frases prejuiciosas, como se estuvieran vacunadas. Es positivo ver que existe una mayoría consciente, pero es preocupante constatar que la ambivalencia se mantiene. Parece que los brasileños tiran cada vez más el prejuicio para el otro. `Ellos son, pero yo no`", afirma la historiadora.

En un mismo sentido la socióloga Fernanda Carvalho del IBASE (Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicas) confirma la tesis afirmando que "no dejamos de ser un país con fuerte racismo, pero evolucionamos. No se discutía tanto la cuestión del negro. Hoy, las personas están comprendiendo mejor el tema y tienen más consciencia de que el prejuicio es un valor negativo".

El acceso de la población a la educación ha cambiado bastante esta visión negativa. Era y sigue siendo común escuchar por las calles brasileñas que los negros son buenos únicamente para el futbol y la música. Pero sólo un 5 por ciento con estudios superiores creen en ello, para los que no concluyeron la primaria el porcentaje sube al 31 por ciento.

En estudios desarrollados por la ONU, el Índice de Desarrollo Humano, hace comparaciones sobre las diferencias de los ingresos de negros y blancos. En 1987 una mujer negra recibía, promedio, un 38 por ciento de un sueldo de un hombre blanco. Vente a años después el porcentaje llega a un 56 por ciento.

Pero cuando se compara entre hombres los avances fueron menos significativos. En 1987 un hombre negro ganaba 58 por ciento de lo que ganaba un hombre blanco. En 2007 el porcentaje pasó a un 62 por ciento.

Ahora, si los números los trasladamos para el 10 por ciento de la población más pobre, los negros y mulatos conforman el 68 por ciento del total.

El racismo brasileño está embebido de una fuerte asociación entre el color de la piel y una condición social esperada o deseada. Una correlación que actúa en los diversos momentos de la vida social, económica e institucional.

En sus 20 años como médico, Eudes Freire, vivió innumerables situaciones que refleja su condición profesional como excepción. Nunca falta el paciente que lo para por el pasillo del hospital llamándolo de enfermero para saber si el médico ya está atendiendo. Como una vez que un chico de siete años, acompañado por el padre, al verlo exclamó: “¡Pá, el médico es negro!”.

Freire es parte de una minoría de 9,7 por ciento de negros que ejerce la medicina. Y no es para menos, en la encuesta de Datafolha el 51 por ciento de los entrevistados dijeron no conocer ni siquiera un profesor negro.

Este fue el principal problema apuntado por los sectores negros en Brasil: las grandes dificultades en conseguir trabajo. El IBGE constató que dentro del 92 por ciento de las profesiones, los blancos ganan más que los profesionales negros. En 2007, un abogado que se declaró blanco ganó en promedio mensual de 2.911 reales; un mulato 2.304; un negro 2.243.

En lo que se respecta al desempleo, en 2006, hombres blancos tienen una tasa de 5,6 por ciento, mientras que en los negros es de un 7,1 por ciento. Para las mujeres la diferencia aumenta en el sector del trabajo informal (no registrado) donde las blancas tuvieron 47,4 por ciento, las trabajadoras negras tuvieron un 62,7 por ciento.

Otros datos de IBGE muestran que la renta promedio de los trabajadores blancos es de 977 reales, casi el doble de los negros y mulatos que llega a 506 reales. Estos números no son necesariamente resultado de una discriminación racial y si de las posibilidades de instrucción de este sector.

En el mundo empresarial es algo todavía más notorio, donde las dificultades enfrentadas por los negros y mulatos son notorias. Carlos Eduardo Santos, 53 años, es dueño de una universidad en el estado sureño de Paraná. Su visión explica como se transformó el racismo brasileño que "no está disminuyendo, sólo está disimulado; y el racismo disimulado es el peor”.

Por otro lado, el ingeniero Nelson Narciso Filho, 53 años, director de la ANP (Agencia Nacional de Petróleo) cuenta: "nunca encontré un negro en un puesto de director en las empresas en la que trabajé (...) Acá la cosa es peor que en los Estados Unidos".

"En Brasil, no existe un negro en la presidencia de una empresa como la Amercian Express ni un vice-presidente en la IBM. En el mundo corporativo, Brasil es el más racista que el propio Estados Unidos", explica José Vicente, 48 años, rector de la Unipalmares (Universidad Palmares).

Brasil, como muchos países de América Latina, produce un gran número de telenovelas, donde negros y mulatos asumen personajes muchas veces negativos. En este aspecto las opiniones se dividen en partes muy iguales.

Mientras que el 31 por ciento dicen que los negros aparecen como realmente viven, el 27 por ciento creen que son retratados de forma más positiva de lo que realmente viven y el restante 33 por ciento de forma negativa.

Bajo este aspecto, los cambios en la política estatal comenzaron a darse tímidamente en los años 90 con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Así lo afirma el sociólogo Carlos Hasenbalg, profesor jubilado del IUPERJ (Instituto Universitario de Pesquisas del Río de Janeiro):

"Un punto de ruptura fue 1995, cuando por primera vez se admite, desde la Presidencia de la República, la existencia de racismo en Brasil. Y se comienza la implementación de una serie de programas para promover la igualdad racial".

Durante el gobierno de Cardoso se sancionó la ley que reconoció a Zumbi dos Palmares como héroe nacional (no en la práctica como feriado nacional como a los demás héroes brasileños), y se crearon grupos ministeriales para desarrollar políticas a favor de los negros y mulatos.

Por su lado, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en visita oficial a la isla Gorée, en Senegal, pidió perdón por el tráfico de esclavos, creó la Secretaria Especial de Promoción de la Igualdad Racial, e indicó a Joaquim Barbosa como juez la Suprema Corte Federal (primer negro en asumir dicho cargo).

Además, durante su gestión se sancionó la ley que incluye en los planes de estudio de las escuelas de forma obligatoria la materia Historia y Cultura Afrobrasileña.

La representación política en las Cámaras también es un reflejo de lo mucho que falta por hacerse respecto al tema. De los 513 diputados electos en 2006, apenas 46 son de origen negro o mulato y de los 81 senadores sólo 4 se autodefinen como negro o mulato. Lo mismo ocurre en el poder judiciario donde de los 68 jueces de la suprema magistratura apenas dos son negros.

Por otro lado, cabe recordar que desde 1888 con la proclamación de la Ley Áurea que puso fin formalmente a la esclavitud. Sin embargo, recién en los últimos 20 años se llevaron a cabo -tímidamente- acciones concretas para revertir las desigualdades raciales en Brasil.

Pese a esto, lo que antes era negado a los esclavos porque no eran considerados seres humanos, de alguna manera, en la actualidad se les es negado la condición de ciudadanos. Si antes eran las pesadas cadenas, hoy son obligados a aceptar una pobreza extrema que les restringe la educación, la salud y el trabajo digno. Entre otras cosas…



Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

http://www.prensamercosur.com.ar

Afrodescendientes y la V Cumbre de las Américas

Por Jesús Chucho García


Jamás ninguna Cumbre de las Américas realizada en los últimos cien años se había plasmado en un contexto llenó de complejidades como la que se inicia hoy 17 de abril en Trinidad y Tobago. Estados Unidos siempre imponía la agenda sin chistar a “su patio trasero” como la doctrina Monroe había definido a América Latina y el Caribe, sustentado ideológicamente en el famoso “Destino Manifiesto”, “América para los Americanos” (del norte), para lo cual Bolívar comenzando el siglo diez y nueve lanzó su profecía de que los Estado Unidos parecieran estar destinado por la providencia a plagar de hambre y miseria a las Américas a nombre de la "libertad”.

Hoy las realidades son otras. Muchos fueron los ensayos provocados por Estados Unidos entre los cuales podemos mencionar sus modelos económicos, desde la explotación intensiva de nuestros recursos naturales hasta los ajustes estructurales en la década de los noventa del siglo pasado, el desastroso consenso de Washington, sin dejar de mencionar el Area Libre de Comercio (retomado hoy por Hilari Clinton) , hasta su modelo de “Democracia representativa, y que cuando esta representatividad no funcionaba recurrían a la intervención de la fuerza militar como invasiones que hicieron a Haití, Guatemala, Cuba,Grenada, NIcargaua, El Salvador, Panamá o en intervenciones persuasivas como en el golpe de Estado en Venezuela el 11 de abril del 2002.

Hoy los procesos de soberanía y autonomía en las Américas y el Caribe han transformado la sumisión ante las agendas que se imponían desde el Pentágono.
Hoy la historia es otra, hoy se esta construyendo alternativas desde el punto de vista económico como el ALBA y políticamente las practicas de modelos políticos de protagonismo social del pueblo como las Democracias participativas que adelantan Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, como luces esperanzadoras del siglo XXI.

Esta V Cumbre convocada bajo el lema Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental ”servirá de termómetro para precisar convicciones de los actuales gobiernos “progresistas”, “centro izquierda” y de “izquierda” ante las tentaciones ofrecidas por el norte veremos lo que se la aprobara del proyecto de Declaración de Trinidad este domingo 19 de abril.
Afrodescendientes los más pobres entre los pobres y discriminados

La crisis que actualmente vive el planeta como dijera Lula fue provocada por “hombres blancos y de ojos azules”, no fue provocada ni por los afrodescendientes ni los indígenas, segmentos poblacionales que han sufrido los rigores de la esclavitud, la discriminación y la pobreza extrema. En el anteproyecto de al Declaración de Trinidad se habla de pobreza, exclusión y discriminación y en el punto 26 se menciona a la inclusión social de los afrodescendientes y el estimulo al dialogo intercultural y la reafirmación de la diversidad cultural, planteamiento que realiza la Red Afrovenezolana desde el año 2000.. De los seis millones de pobres que se sumaran a la crisis este año 2009, las mayoría son afrodescendientes es decir que de 150 millones de afrodescendientes que existen en las Américas aumentaran en su pobreza a casi 80 por ciento. Sera necesario definitivamente aprobar la CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO QUE PROPUSIMOS los movimientos sociales afrodescendientes en al OEA el 10 de marzo del año 2002, cuando denunciamos el caracter racsita de los medios privados de comunicación de Venenzuela ante el avance del proceso bolivariano.

Compartimos la posición del gobierno venezolano al criticar la predeclaración de Trinidad de esta cumbre, elaborada a puerta cerrada que reivindica la "Carta Democrática Intermericana", donde se mantiene el concepto de Democracia Representativa, y este continente de indios, afrodescendientes y "mestizos" ha avanzado hacia una DEMOCRACIA PARTICIPATIVA de sujeto y de derecho. En esa declaración de Trinidad tampoco se condena férreamente el racismo, pues Estados Unidos con el presidente Obama a la Cabeza, junto a Canadá, están saboteando la Cumbre Contra el Racismo que comenzará el próximo domingo en Ginebra

Jesús Chucho García
es integrante de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas.jesuschuchogarcia@hotmail.com

La Red Afrovenezolana ante la Cumbre contra el Racismo

Colectivo Red Afrovenezolana

Ginebra del 20 al 24 de abril.

En septiembre del año 2001, se realizó la tercera conferencia Universal contra el Racismo convocada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta polémica Cumbre fue precedida de dos Cumbres anteriores contra el racismo que dieron enromes contribuciones, tanto para el proceso de liberación de los pueblos africanos y la lucha contra el Apartheid en Sudáfrica. La III Cumbre realizada en la ciudad de Durban, colocó en la agenda mundial, la prosecución del racismo en el siglo XXI y sus metamorfosis, contemporáneas y sus nuevas formas de difusión masiva a través de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.

Pero también quienes participamos, activamente en esa cumbre, develamos el racismo como limpieza étnica, sobre todo, practicas desgarradora encabezado por el gobierno de Israel frente al problema palestino. Alertamos sobre el surgimiento de movimientos fascista-racista en ciudades europeas. Desde de esta Cumbre, y sumado a ello los sucesos del 11 de septiembre del 2001, lejos de disminuir el racismo, la xenofobia, la intolerancia y sus formas conexas, más bien aumentaron abrumadoramente este tipo de prácticas. La declaración y el plan de Acción de Durban ha sido saboteado durante estos ocho años por la mayoría de los Estados más poderosos que conforman el sistema de Naciones Unidas.

Estos países han creado nuevas formas de agresiones racistas como La Directiva del Retorno y la aplicación de las pruebas del ADN a los migrantes africanos a países como Francia. Si eso sucede en Europa en América Latina, países como Brasil, que a pesar de los esfuerzos del gobierno en crear el Ministerio de la Secretaría para la igualdad racial, aun el racismo permanece intacto, casi inamovible. En Colombia primer país en crear una Ley que beneficiaría a las comunidades Afrocolombianas, en el año 1993, hoy en los años del gobierno del presidente Uribe se ha retrocedidos en los logros anteriores y es lo que algunos llaman la CONTRA REFORMA AFROCOLOMBIANA DE URIBE.

En Ecuador se avanzó con el impulso de políticas públicas y reconocimientos jurídicos constitucionales, pero aún la elite social burguesa ecuatoriana sigue agrediendo a los indígenas y afroecuatorianos a través de los medios de comunicación. Nicaragua con el proceso Sandinista reafirma el carácter garifunas (afroindigena) de la Costa Atlántica. Cuba reconoce el racismo como una aberración social que aún persiste en la sociedad cubana, a medio siglo de revolución y abre camino para una discusión pública sobre este tema. El Estado venezolano, aun no logra internalizar que con una sociedad racista y sin la creación de espacio y reconocimiento jurídico hacia las y los afrodescendientes no se podrá avanzar hacia un proceso revolucionario como planteamos desde la Red de Organizaciones Afrovenezolanas.

En Estados Unidos, la situación es una tragedia de mayor alcance ya que con la llegada del presidente Afrodescendiente Barak Obama, el racismo en dicho país ha aumentado, por un lado, mientras que por otro asumió una posición de no apoyar y sabotear la Cumbre Contra el racismo, mejor conocida como Durban II, resultando un impacto negativo para la comunidad afrodescendiente general y frustrante de las aspiraciones afronorteamercianas que exigian reparacion desde los tiempos de la esclavitud hasta los crímenes recientes de la tragedia de Katrina.

El plan de Acción de Durban hoy sigue teniendo una vigencia imperativa en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación racial. Consciente estamos que con la crisis financiera, ambiental y alimenticia que vive el planeta, la cual fue creada por la elite racista que gobierna el mundo, el racismo seguirá en una espiral indetenible con consecuencias hasta de vidas humanas como está ocurriendo en Europa y Estados Unidos.

Hace falta reafirma las políticas e iniciativas de Durban I. Hará falta seguir realfabetizando a los gobiernos progresistas de las Américas y el Caribe que en los últimos tiempos han desestimado este flagelo antihumano y también en el desinterés en el apoyo a la realización de Durban II, al no apoyar en el envío de delegaciones especializadas en el tema y no articular con los movimientos sociales dolientes de las agresiones raciales. Esta actitud evidencia un retroceso ante el avance del racismo. Será necesario denunciar ante las instancias nacionales e internacionales a aquellos países que practiquen el racismo violando así tanto la Declaración de los Derechos Humanos como la Convención contra la Discriminación Racial y convenciones conexas. Una campaña mundial, con mucha creatividad e innovación debemos iniciar al culminar Durban II. Reafirmamos el Plan de Acción de Durban aprobado en septiembre del 2001 en la Tercera Cumbre Universal contra el Racismo.

La Red Afrovenezolana hace un llamado a los movimientos sociales antiracistas a que apoyemos a las organizaciones sociales de la diáspora africana en Europa para luchar contra la Directiva del retorno y las pruebas del ADN y al reconocimiento de sus ciudadanías en los países europeos donde residen. Condenamos la actitud racista y arrogante del gobierno de Israel, Estados Unidos, Italia, Holanda, Australia y Canadá al querer sabotear Durban II. Instamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe a aprobar la Convención Interamericana contra la Discriminación Racial que reposa desde hace siete años en la Organización de Estado Americano (OEA).



http://alainet.org/active/30003&lang=es