CHAU QUINOA.

Ena Von Baer es Hija de Erik Von Baer Dueño de las Semillas de Quinoa

La quinoa «trigo de los incas» es una planta nativa de la región Andina.
Es cultivada desde más de 3.000 años en los países andinos: Perú, Bolivia y Ecuador.
En Chile fue cultivada por aymarás, quechuas, atacameños y mapuches.

Esta semilla PROPIEDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE AMERICA, ahora resulta que NO. ERIK VON BAER padre de la vocera del gobierno de la Derecha es el DUEÑO LEGAL de la semilla de la Quinua (Quinoa).
Ya no son los Mapuche, ni los Aymaras, sus legítimos dueños, ni toda la humanidad que comparte esas semillas.

Ahora las semillas de la Quinoa Son PROPIEDAD PRIVADA.

ASí está registrado en el SAG de Chile . En el Servicio Agricola Ganadero aparece ERIK VON BAER regustrado como dueño de las semillas de Quinoa.

Aquí podemos ver el Ancestro Mapuche Aymara de la familia Von Baer que les da derecho a la propiedad de la Semilla de Quinoa, título que tiene Erik en su mano.


Bern Von Baer (Tío) Ena Von Baer Erik Von Baer (Padre)

Semilla Registro Propiedad Dueño
QUINOA (Chenopodium quinoa Willd.)

ONU: LA TASA DE DESEMPLEO MUNDIAL ALCANZA EL NIVEL MÁS ALTO DE LA HISTORIA

Actualmente en todo el mundo hay 205 millones de desempleados, la que se considera la cifra más alta de la historia de acuerdo con el Centro de Noticias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según el informe de Magdalena Sepúlveda Carmona, la experta independiente de Naciones Unidas sobre derechos humanos y extrema pobreza, presentado en la 17.^a sesión del Consejo sobre Derechos Humanos, celebrada en Ginebra, la crisis económica mundial favoreció aún más la desigualdad y la pobreza en el mundo.

Debido a la crisis, el número de personas hambrientas o malnutridas aumentó en el mundo al menos en 100 millones de personas y esta situación sigue empeorando debido al brusco aumento de precios de los alimentos. Así a finales del año 2010 cerca de 64 millones vivían en la extrema pobreza.

El informe señala que los efectos catastróficos de la crisis financiera se agravan por una serie de dificultades socio-económicas: los últimos años estallaron en el mundo de forma sucesiva la crisis petrolera y la crisis alimentaria.

La experta exhortó a los estados a considerar el proceso de recuperación como una oportunidad para el cambio, para la erradicación de la pobreza y el aislamiento social y la regeneración de la cohesión social para la creación de una sociedad estable. "A pesar de que la crisis afectó de diferentes modos a los países, los estados no deben olvidar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, advirtió.

Asimismo agregó que la reducción de financiación en servicios sociales, que afecta en primer lugar a los pobres, debe ser el último recurso y sólo puede aplicarse después de un minucioso examen de todas las alternativas, incluyendo la posible reducción de la financiación en otras esferas que no están relacionadas directamente con la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

La portavoz de la ONU recordó a todos los países que no pueden invocar la crisis para justificar tanto la inacción como las acciones que violan los derechos humanos. Según el Banco Mundial, como resultado de la crisis mundial en el año 2009 había 50 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza (con ingresos de 1,25 dólares al día), mientras que a finales de 2010 ya eran cerca de 64 millones de personas.

En febrero de este año, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló en su informe que para el año 2015 cerca de 900 millones de personas en el mundo vivrán en la pobreza extrema. El crecimiento de la población del planeta estará acompañado por un aumento de la demanda de alimentos. Asimismo el proceso de cambio climático tendrá graves consecuencias para millones de pobres por todo el mundo.

Brasil aprueba la construcción de la megapresa de Belo Monte

A pesar de la feroz oposición de pueblos indígenas, movimientos sociales y científicos, IBAMA concedió la licencia medioambiental el 1 de junio, lo que supone que el consorcio Norte Energia podrá comenzar los trabajos de construcción.

COIAB, una alianza que representa a muchas organizaciones indígenas de la Amazonia brasileña, ha dicho que “rechaza vehementemente y con profunda indignación la decisión de IBAMA”, y ha declarado que el Gobierno no acepta el diálogo con los pueblos indígenas y trata sus intereses con “un autoritarismo nunca antes visto en nuestra joven democracia… Lo que de verdad quiere con su modelo de desarrollo es destruir a las comunidades indígenas”.

Advierte de que “el movimiento indígena amazónico está preparado, nuestra fortaleza es el río Xingú”.

La determinación del Gobierno de seguir adelante le pese a quien le pese va en contra de la legislación nacional e internacional.

La fiscalía federal de Brasil presentó una demanda legal contra la presa y en mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades brasileñas que consultaran a todas las comunidades indígenas que se verán afectadas por la presa antes de comenzar la construcción, de acuerdo con la legislación brasileña e internacional.


La Comisión también instó a Brasil a adoptar “medidas exhaustivas” para proteger las vidas de los indígenas no contactados de la zona y para evitar que se propaguen enfermedades.

La Asociación Antropológica de Brasil ha expresado su consternación en un comunicado en el que asegura que la licencia recoge 75 condiciones, pero “no hay en ella mención de las poblaciones indígenas ni proyectos medioambientales dirigidos a dichas poblaciones”.

El Movimento Xingu Vivo para Sempre, una gran alianza de movimientos sociales y medioambientales en la región del río Xingú, ha declarado en un comunicado: “No cederemos ni un centímetro. Con cada error, con cada mentira, crecen nuestra indignación y nuestra fuerza para luchar”.

De construirse, Belo Monte sería la tercera presa más grande del mundo, y destruiría más de 1.500 kilómetros cuadrados de tierra, además de reducir la pesca y el agua dulce de las que depende la supervivencia de varios pueblos indígenas de la zona.

Movimiento Indígena del Ecuador fortalece agenda de propuestas

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Dirigentes indígenas de las provincias centrales del país se reunieron en la sede del MICC para fortalecer las propuestas que buscan un cambio de estructuras en base a temas como agua, tierra, soberanía alimentaria y defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas del país.Ayer, en horas de la mañana, dirigentes de los consejos de gobierno del Movimiento Indígena de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar se dieron cita en la sede del MIC Cotopaxi para analizar temas como agua y tierra, lo que permitirá elaborar una agenda de propuestas del sector indígena del país.

La reunión fue presidida por el presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, quien señaló que el movimiento indígena, en los últimos tiempos, ha sido objeto de continuos ataques por parte del Gobierno Nacional y dijo que dicho sector no tiene propuestas. En este marco, el dirigente indígena insistió en que sí cuentan con propuestas, las que han sido ratificadas en las asambleas plurinacionales desarrolladas en las provincias de la Sierra y la Costa ecuatoriana. Entre los temas está la tierra, agua y soberanía alimentaria, justicia indígena, derecho a la educación y salud.

Anotó que actualmente más de 200 dirigentes indígenas del país son objeto de persecución por parte del Gobierno Nacional, pues se les acusa de terroristas. A eso se suma el debilitamiento de las principales organizaciones indígenas del país mediante la realización de programas sociales en las organizaciones indígenas del Ecuador.

Tenesaca anotó que pese a las dificultades planteadas por el Gobierno Nacional no ha logrado dividir al sector indígena; al contrario, dichas acciones han permitido fortalecer a la organización.
Delfín Tenesaca explicó que en base a la agenda que se analiza en las provincias de la Sierra, buscan cambiar la estructura del país y construir un Estado plurinacional donde exista igualdad, justicia, transparencia y redistribución de la riqueza del país.

Explicó que el objetivo de la reunión de los dirigentes de los consejos de gobierno de las provincias centrales permitirá fortalecer la agenda de propuestas del sector indígena, tomando en cuenta aspectos como la tierra, agua, soberanía alimentaria y la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Dicho trabajo, dijo Tenesaca, permitirá hablar un solo discurso entre los dirigentes de los pueblos ancestrales y posibilitará llevar la bandera del sector encaminada a defender la naturaleza.

Anunció que en los próximos días se dará una reunión similar con los dirigentes de las organizaciones de segundo grado. Luego habrá una reunión regional y finalizará con un gran encuentro nacional que se será en octubre. La fecha y lugar de la cita será definida en las próximas reuniones.

Ecuador: Movimiento indígena consolida oposición al gobierno

Provincias donde ganó el No en referendo demandan respeto a su decisión.

Pese al triunfo de la propuesta gubernamental en la consulta llevada a cabo el pasado 7 de mayo, el movimiento indígena ecuatoriano, que promovió el No a la consulta, consolidó su fuerza electoral al vencer en 11 provincias donde tiene mayor presencia de sus nacionalidades, demostrando así que aún es la principal fuerza social del país.

Si bien la aprobación de las 10 preguntas planteadas en el referendo y consulta popular, que en definitiva se convirtieron en una forma de aprobación o rechazo a la gestión presidencial, dieron el triunfo al gobierno nacional, obteniendo un 47.2% de los votos frente a un 41% de rechazo, este triunfo deja varias lecciones al gobierno, pues no esperaba una derrota en la mitad de las provincias ecuatorianas, en la Sierra y la Amazonia, y, como en el caso de las provincias amazónicas, que fuese con un margen de hasta 30 puntos porcentuales.

Los más de 11 millones de electores debieron pronunciarse sobre cinco preguntas referentes a enmiendas constitucionales y cinco consultas solicitadas por el presidente Rafael Correa, incluyendo reforma de la función judicial y alcances de la prisión preventiva, regulación de los medios de comunicación, prohibición de los juegos de azar y de sacrificar animales en espectáculos públicos, penalización de la no afiliación de trabajadores a la seguridad social y tipificación del enriquecimiento privado no justificado como delito.

De la euforia, provocada por una mala aplicación de una encuesta a boca de urna, Correa pasó a una angustiosa espera de resultados antes de proclamarse triunfador, más aún cuando las provincias pequeñas terminaban el conteo de los votos y daban el triunfo al No. Finalmente, las dos provincias más grandes de la Costa, Guayas y Manabí, le dieron un holgado triunfo, en tanto que en las dos provincias más grandes de la Sierra, Pichincha y Azuay, el margen del triunfo se mostraba muy por debajo de las aspiraciones gubernamentales, pero que alcanzaron para darle el triunfo nacional al Sí.

El movimiento indígena, representado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), reivindicó el triunfo en las provincias con población indígena como una victoria de sus bases, pese a la intención gubernamental de fraccionar el movimiento captando a las comunidades con la implementación de programas agrícolas y obsequios de ganado.

Decisión soberana
César Umajinga, prefecto del Gobierno Provincial de Cotopaxi, donde el No triunfó con un margen de 17 puntos porcentuales, instó al gobierno a respetar la decisión y abstenerse de implementar los cambios en la justicia y el control de los medios de comunicación en la provincia bajo su dirección.

Correa reaccionó al afirmar que el triunfo es nacional y las reformas planteadas se aplicarán en todo el país. Umajinga, por su parte, manifestó que su provincia haría uso del derecho a la resistencia, considerando el amplio margen con el que se derrotó a la propuesta presidencial.

Aunque en las provincias de la Sierra —con excepción de Pichincha, Imbabura y Azuay— el No ganó con mucha comodidad, lo que constituyó un gran revés para Correa, en la Amazonia el triunfo del No es aún más significativo. En cinco de las seis provincias amazónicas el No ganó con porcentajes que van del 56% al 62%, en especial de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, amenazadas ahora con la implementación de programas de minería a gran escala.

Salvador Quishpe, prefecto del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, reivindicó el triunfo del No en su provincia como un rechazo a los programas mineros.

“Aquí la gente ha dicho no a la minería y vamos a hacer respetar esa decisión”, dijo en un comunicado desde la Prefectura a su cargo.

El triunfo del No en las provincias amazónicas constituye un respaldo a las autoridades locales, hostigadas frecuentemente por el gobierno, el cual las tilda de enemigas de la llamada “Revolución Ciudadana” de Correa, por oponerse a la explotación de recursos naturales en desmedro de los derechos de la naturaleza.

“Este triunfo es un apoyo a Guadalupe Llori, en Orellana, a quien el gobierno mantuvo presa por casi un año; es un apoyo a Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, enjuiciado ahora por oponerse a la minería, y a todos los alcaldes locales que luchan por mantener el ambiente sano”, afirmó a Noticias Aliadas Mónica Chuji, ex asambleísta constituyente.

Llori, ex gobernadora de la provincia de Orellana, fue detenida tras las protestas sociales en diciembre del 2007 en las que la población demandaba la contratación por parte de las empresas petroleras de un mayor número de trabajadores de la zona. Como resultado, el gobierno decretó estado de urgencia y arrestó a la gobernadora bajo acusaciones de terrorismo, sabotaje y fraude. Llori permaneció encarcelada hasta setiembre del 2008.

Gobierno no entiende el mensaje
Es evidente que el nicho electoral de Correa y su movimiento Alianza País han sufrido un notable deterioro, pues del 81.7% de aprobación que obtuvo al consultar sobre la realización o no de una Asamblea Constituyente en el 2007, pasó al 47.22% en este referendo, un porcentaje que da cuenta de la pérdida de la confianza popular y, sobre todo, de la serie de movimientos sociales que han abandonado el proyecto de la Revolución Ciudadana, que cada vez más parece concentrarse en el electorado populista que caracterizaba a la derecha.

“El resultado de esta votación hay que analizarla desde una perspectiva de clase, pues es evidente que la votación de Correa se ha trasladado hacia el populismo de las grandes ciudades costeras, en especial Guayaquil, en donde existe una base populista ampliada, ubicada en los quintiles más bajos de la población urbano-marginal”, dijo el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, a Noticias Aliadas.

Gutiérrez enfatiza el giro que ha dado la votación de Correa, que en las cinco últimas elecciones le habían sido favorables basándose en el electorado de la Sierra y la Amazonia.

“La votación de la Sierra y la Amazonia históricamente ha sido una votación ideológica anclada en la izquierda, por ello apoyó el proyecto inicial de Correa, pero al debilitarse esta posición ideológica al interior del gobierno y ser reemplazada por posiciones de la derecha económica, la votación de Correa se redujo en la Sierra y la Amazonia, y ha girado hacia los nichos populistas de la derecha, concentrados en la costa”, dice Gutiérrez.

Para Correa y el buró político de Alianza País, es necesario retomar la confianza de las provincias en donde perdieron, y planean hacerlo con mayor inversión social, de acuerdo a la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz.

“Es necesario concentrar mayores recursos en las provincias donde se perdió para que vuelva la confianza hacia el presidente”, aseguró Soliz a la prensa.

Sin embargo, la inversión no ha sido sinónimo de votos, tal como se demostró en la provincia de Cotopaxi, en donde la inversión social del gobierno ha sido muy fuerte, pero a la hora de votar han prevalecido las tesis indígenas.

“Hemos dicho a nuestra gente que si el gobierno trae borregos, que cojan los borregos; que si trae palas, que cojan las palas. Pero a la hora de votar, que no se dejen engañar por los regalos”, afirmó a la prensa la asambleísta indígena Lourdes Tibán, para explicar la votación en su provincia, Cotopaxi.

El gobierno nacional, al no aceptar que su derrota en las provincias indígenas constituye un llamado de atención, está poniendo en riesgo la continuidad de un proyecto político que inició con la participación de los principales movimientos sociales de izquierda y los indígenas.

“Es necesario reelaborar los contenidos de la izquierda al interior del gobierno cómo única posibilidad de dar continuidad a la revolución ciudadana”, afirmó Gutiérrez. —Noticias Aliadas.