A pesar de la feroz oposición de pueblos indígenas, movimientos sociales y científicos, IBAMA concedió la licencia medioambiental el 1 de junio, lo que supone que el consorcio Norte Energia podrá comenzar los trabajos de construcción.
COIAB, una alianza que representa a muchas organizaciones indígenas de la Amazonia brasileña, ha dicho que “rechaza vehementemente y con profunda indignación la decisión de IBAMA”, y ha declarado que el Gobierno no acepta el diálogo con los pueblos indígenas y trata sus intereses con “un autoritarismo nunca antes visto en nuestra joven democracia… Lo que de verdad quiere con su modelo de desarrollo es destruir a las comunidades indígenas”.
Advierte de que “el movimiento indígena amazónico está preparado, nuestra fortaleza es el río Xingú”.
La determinación del Gobierno de seguir adelante le pese a quien le pese va en contra de la legislación nacional e internacional.
La fiscalía federal de Brasil presentó una demanda legal contra la presa y en mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades brasileñas que consultaran a todas las comunidades indígenas que se verán afectadas por la presa antes de comenzar la construcción, de acuerdo con la legislación brasileña e internacional.
La Comisión también instó a Brasil a adoptar “medidas exhaustivas” para proteger las vidas de los indígenas no contactados de la zona y para evitar que se propaguen enfermedades.
La Asociación Antropológica de Brasil ha expresado su consternación en un comunicado en el que asegura que la licencia recoge 75 condiciones, pero “no hay en ella mención de las poblaciones indígenas ni proyectos medioambientales dirigidos a dichas poblaciones”.
El Movimento Xingu Vivo para Sempre, una gran alianza de movimientos sociales y medioambientales en la región del río Xingú, ha declarado en un comunicado: “No cederemos ni un centímetro. Con cada error, con cada mentira, crecen nuestra indignación y nuestra fuerza para luchar”.
De construirse, Belo Monte sería la tercera presa más grande del mundo, y destruiría más de 1.500 kilómetros cuadrados de tierra, además de reducir la pesca y el agua dulce de las que depende la supervivencia de varios pueblos indígenas de la zona.
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