“Buscamos generar una actividad minera comprometida, responsable y ética,
que sea justa con el Estado, con la economía, con la comunidad, y con el ambiente.
Estamos mirando al futuro, promoviendo una nueva cultura de la industria
minera, que priorice el desarrollo sustentable y el fomento de la participación
social, promoviendo una minería ecuatoriana ética, una minería bien hecha!”
Wilson Pástor Morris
Ministro de Recursos Naturales No Renovables
Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015
William Sacher
Alberto Acosta
Para responder a las múltiples y razonadas voces que la critican, la industria minera transnacional promueve intensamente los conceptos de “minería responsable” e incluso, sin rubor alguno, de “minería sustentable”. Según voceros de esta industria, la minería a gran escala sería capaz de satisfacer las demandas actuales en minerales sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras, es decir sin provocar graves trastornos ambientales y complejos impactos en las comunidades asentadas en zonas mineras y en la población en general.
Estos conceptos, fueron promovidos incansablemente por diversos gobiernos alrededor del mundo interesados en la explotación minera, desde finales de los años noventa. En esta época, grandes empresas transnacionales mineras, en el marco de la Iniciativa Minera Global (Global Mining Initiative), se asociaron para responder de esa manera a la preocupación creciente provocada por las grandes contaminaciones derivadas de la actividad minera en el mundo.
En la actualidad, el gobierno del presidente Rafael Correa retoma ese discurso. Sin ninguna capacidad para superar el modelo extractivista promueve estos conceptos, especialmente a través de su Plan Nacional de Desarrollo del
Sector Minero 2011-2015.
El primer mandatario Rafael Correa, en uno de sus enlaces ciudadanos, en febrero del año 2009, puso a Canadá como ejemplo de minería responsable, a pesar de las múltiples críticas que enfrentan las empresas de este país en el mismo territorio canadiense y alrededor del mundo. Calificó de “exitosa” a la explotación minera canadiense, incluso para los indígenas de ese país y afirmó además que ellos podrían explicar a los indígenas ecuatorianos, que la minería es posible sin daños al medio ambiente y en beneficio de las comunidades.
Esta apreciación presidencial se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015, publicado en agosto del 2011. Desde esta perspectiva oficial se promete generar “condiciones de desarrollo sustentable” en la actividad minera a gran escala. Se ofrece, solemnemente, una “minería bien hecha”, que se fundamenta en “una nueva cultura minera”, así como “una minería ética”, lo que se logrará empleando “prácticas metalúrgicas adecuadas y tecnologías ambientalmente amigables”. Todo esto sería posible, de conformidad con el gobierno ecuatoriano, gracias a una acción empresarial “basada en una gestión socio ambiental eficaz, que prevenga, controle y mitigue los impactos que se deriven de las labores mineras”.
Además, con el fin de demostrar preocupación por la participación del Estado en la renta minera, se habla de hacer “cumplir con el pago de tributos contemplados en la Ley, para que el Estado reinvierta en el desarrollo de los territorios”. Con todo este paquete de ofrecimientos se quiere convertir a la actividad minera en “uno de los pilares del desarrollo, económico, social y ambiental”, para que “con la distribución equitativa de sus beneficios, [esta actividad] genere nuevas zonas de desarrollo y contribuya al modelo del Buen Vivir.”
¿Es posible creer en la realización de tal proyecto? ¿Es viable una minería bien hecha que no ocasione severos impactos ambientales y sociales? ¿Realmente será el Estado el gran beneficiario de los ingresos provenientes de la explotación de minerales? ¿Será la minería metálica a gran escala que provoque el ansiado desarrollo y que se constituya en la senda para el Buen Vivir?
La realidad, la terca realidad, como veremos más adelante, contradice muchas de estas aspiraciones.
Un sinnúmero de desastres ambientales, sociales y económicos
El examen de la minería industrial de los últimos años alrededor del planeta evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la Naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de las potencialidades culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Los países cuyas exportaciones dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros son económicamente subdesarrollados.
La generalización de estos pasivos económicos y socioambientales a lo largo y ancho del planeta muestra la existencia de un modus operandi altamente destructor del sector minero transnacional. Desde este punto de vista no existe ejemplo, en ninguna parte del planeta, de una minería “sustentable”. No es de sorprenderse, puesto que por definición la explotación de recursos no renovables no puede ser sustentable. Sostener lo contrario es practicar un discurso distorsionador.
Basta ver los daños provocados por las empresas originarias de Canadá y China, que controlan el futuro de la gran minería en el Ecuador. En su país, las empresas mineras chinas se destacan por sus numerosos daños ambientales y las condiciones peligrosas de trabajo de los obreros. Por su parte, las canadienses Kinross y Iamgold, dos transnacionales propietarias de dos proyectos “estratégicos” en el Ecuador (Fruta del Norte y Quimsacocha), han sido acusadas, respectivamente, de negligencias ambientales graves y de ganancias abusivas por medio de especulación, en sus explotaciones en África.
Esta realidad confirmaría, una vez más, la validez de la “paradoja de la abundancia” y la maldición que pesaría sobre los “mendigos sentados en un banco de oro”. La literatura especializada ha detectado una variada gama de mecanismos y efectos que mantienen en el subdesarrollo a los países que se concentran casi exclusivamente en la exportación de recursos primarios. Son innumerables las patologías que genera este esquema perverso de acumulación, que se retroalimenta y potencia sobre sí mismo en círculos viciosos cada vez más perniciosos. La historia de un país primario-exportador como el Ecuador está llena de experiencias de este tipo.
Canadá: un falso ejemplo de minería
En un país como Canadá, que supuestamente cuenta con la mejor tecnología minera, el saldo socio-ambiental de la minería es catastrófico.
En este país, existen alrededor de 10.000 minas abandonadas, heredadas de 150 años de laisser-faire en el ámbito minero. Estas minas representan una amenaza permanente de contaminación de las redes hidrográficas con metales pesados y por drenaje ácido de mina. La remediación de estas minas costaría al menos 6 mil millones de dólares a los contribuyentes canadienses.
Adicionalmente, las minas activas en Canadá producen más de 650 millones de toneladas anuales de desechos, es decir sesenta veces más que la basura recogida en todas las ciudades canadienses juntas. Es más, los proyectos mineros actuales amenazan directamente la supervivencia del Bosque Boreal.
Cabe mencionar aquí las consecuencias de la actividad minera industrial sobre los numerosos pueblos indígenas en el propio Canadá. La minería ha provocado históricamente la destrucción de sus ecosistemas y por ende de sus culturas sin nunca haber pedido el consentimiento de los pueblos para realizar actividades extractivas en sus territorios.[1] Parece que la minería canadiense reproduce esta conducta a nivel internacional, por lo que ha sido criticada por las Naciones Unidas por sus impactos negativos en “la tierra, la salud, el medio vital y la forma de vida” de los pueblos indígenas alrededor del mundo.[2] Igualmente, cabe recordar que Canadá no ha firmado hasta ahora la Convención 169 de la OIT, que garantiza a los pueblos indígenas el control de su territorio y su participación en la elaboración de planes de desarrollo.
En términos económicos el aporte de la minería es marginal. La extracción minera en Canadá contribuye con menos del 1% del PIB y las empresas mineras pagan muy pocos impuestos. De todos los sectores de la economía, la minería es el que menos contribuye en términos de impuesto a la renta, mientras que el empleo minero representa apenas el 3% del empleo total.[3]
Si esto sucede en el país líder de la industria minera y en donde dicen existe una sólida institucionalidad, ¿cómo logrará el Estado ecuatoriano imponer las condiciones necesarias para llevar a cabo su “minería bien hecha”?
Megacontaminación, efectos previsibles de la megaminería en el Ecuador
La explotación minera industrial moderna implica la extracción masiva -y en un tiempo muy corto-, de la mayor cantidad posible de recursos minerales; recursos que se han formado en procesos de muy larga duración, a escalas tectónicas. En la actualidad, los sitios de alta concentración mineral se van agotando, sin embargo, los elevados precios del mercado mundial permiten que la explotación minera sea rentable aún en los yacimientos en donde el mineral es escaso. Para hacer producir estos yacimientos, es necesario aplicar una minería industrial de gran escala, con uso masivo de químicos a veces sumamente tóxicos, el consumo abundante de agua y la acumulación de grandes cantidades de desechos.
A modo de ejemplo tengamos presente que para obtener una tonelada de cobre, se genera un promedio de 300 toneladas de desechos tóxicos o contaminantes, demandando entre 30 y 500 mil litros de agua, dependiendo del yacimiento.[4] En el caso del oro, las proporciones son más aberrantes: para producir un anillo de 10 gramos, se produce un promedio de 20 toneladas de desechos y el tratamiento inicial de la roca consume un promedio de 7 a 8 mil litros de agua (!).[5]
En la cordillera del Cóndor, la explotación del yacimiento de cobre de Mirador, a cargo de la empresa china CCRC-Tongguan, generará al menos 326 millones de toneladas de desechos[6]: ¡el equivalente de 4 Panecillos! Esta cifra es comparable a la recolección de basura de la zona urbana de Guayaquil durante 405 años. La explotación del depósito de Fruta del Norte que contendría reservas por 11,8 millones de onzas de oro, provocaría un volumen de residuos igual de monumental, que llegaría a 384 millones de toneladas; se estima en 28 mil kilogramos de residuo por cada onza de oro, suponiendo apenas una concentración de un gramo de oro por tonelada. Una cifra comparable a la recolección de basura de la ciudad de Cuenca durante 5260 años.[7]
Este gigantismo no puede evitar la generación de impactos ambientales importantes. Los desechos mineros, al ser acumulados durante muchos años, pueden derramarse y contaminar el medio ambiente, particularmente con metales pesados o drenaje ácido de roca. Este último fenómeno ocurre cuando las aguas de lluvia, o aún el aire, entran en contacto con las rocas que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie y acumuladas en las escombreras, en el cráter o en los diques de desechos de la mina. Generalmente, existe un alto riesgo de que se produzca una oxidación de minerales sulfurados por la lluvia o el aire húmedo, que terminan por provocar una acidificación inusual de las aguas que corren sobre estas rocas. En el Ecuador, muchos yacimientos mineros estarían particularmente expuestos a este problema porque tienen rocas sulfurosas, conocidas por generar drenaje ácido.
Este tipo de contaminación es particularmente devastadora para el agua. Son muchos los casos alrededor del planeta en los que se ha afectado la vida acuática, provocando la desaparición de especies enteras de peces. En numerosas ocasiones, el agua termina por ser inutilizable para el consumo humano o para labores de agricultura La contaminación de las fuentes provoca además de un conjunto de impactos en términos de salud pública, como enfermedades degenerativas, de la piel, etc. Esta situación es particularmente alarmante en el caso del Ecuador, en dónde el 12.5% de las zonas de páramo -zonas de formación de las fuentes de agua- está concesionado.
Estas contaminaciones del agua son aún más graves en áreas geográficas caracterizadas por altas precipitaciones y normalmente ricas en biodiversidad, como es el caso de la Cordillera del Cóndor en donde se encuentran los mega-proyectos Mirador, Fruta del Norte, y Panantza San Carlos.
En Ecuador, en síntesis, los grandes proyectos mineros amenazan con contaminar regiones de alta biodiversidad, de las más densas en biodiversidad del planeta. La explotación minera podría acelerar la inquietante pérdida de biodiversidad observada a escala mundial: se registra una caída de la abundancia de especies de alrededor del 0% entre 1970 y 2000.
En el caso de Mirador, el yacimiento se encuentra en zonas con bosques primarios y con abundante agua, con pendientes muy fuertes. En estas condiciones no se puede pasar por alto el impacto de las lluvias torrenciales que se registran en la región, que podrían desbordar las instalaciones de acumulación de los desechos mineros. La historia mundial reciente de la industria minera registra un sinnúmero de accidentes, mortales en ciertos casos, por ruptura de diques de cola, siempre con consecuencias catastróficas para los ecosistemas y la salud pública. Por lo tanto no se trata de amenazas solamente potenciales. La experiencia recomienda tomar en serio estas situaciones, que de producirse, serían grandes catástrofes ambientales y humanas.
En síntesis, en el Ecuador, todos estos riesgos de contaminación (ruptura de diques, contaminación por drenaje ácido de roca, por metales pesados, entre otros muchos más) son particularmente agudos por la elevada actividad sísmica y la frecuencia, intensidad y cantidad de lluvias. Por otra parte, estos procesos podrían ser más graves tomando en cuenta el cambio climático actual, cada vez más evidente. Todo esto debería ser motivo de enorme cuidado en el manejo de los desechos mineros a largo plazo.
Diagnosticar y prever algunos de los efectos y riesgos de la actividad minera es una tarea compleja. Para hacerlo se requiere de múltiples herramientas, por ejemplo, en el ámbito hidrometereológico y sísmico se necesitan largas series de datos.
En el Ecuador no se puede diagnosticar ni prever de manera adecuada las consecuencias de la actividad minera, particularmente en el agua, precisamente porque no existen series de datos pluviográficos o de caudales de ríos de períodos suficientemente largos en las zonas de los proyectos mineros. Esta carencia se observa claramente en el Estudio de Impacto Ambiental de Mirador, el proyecto minero más avanzado del país.
En estas condiciones, la apuesta por la minería a gran escala en el Ecuador es, por decir lo menos, una alternativa arriesgada, con consecuencias que sobrepasan probablemente los límites del territorio nacional. No nos olvidemos que en la tradicional región minera de Portovelo se extiende la contaminación hacia el sur, llegando incluso al Perú. La contaminación ambiental en esta región preocupa internacionalmente, pues afecta cada vez más a las regiones costaneras peruanas. Si esto sucede con actividades mineras que no son de gran magnitud, ¿qué podría suceder como consecuencia de la megaminería?
Amenazas sociales y económicas de la megaminería
Los mega proyectos mineros provocan una serie de macro impactos sociales y económicos, que no pueden pasarse por alto. Apuntar este tipo de actividad extractivista solo sumando cifras –muchas veces irreales- de los potenciales ingresos por exportaciones, es una de las mayores irresponsabilidades que comenten los gobiernos que alientan esta forma de extractivismo.
La implementación de la actividad minera a gran escala en regiones vírgenes implica modificaciones profundas en las sociedades, en los territorios y en las actividades económicas. Estas modificaciones no solo son causadas directamente por los proyectos mineros, sino también por las diversas mega infraestructuras energéticas y de transporte que éstos requieren. A más de la complicada transformación de la relación ser humano-Naturaleza, la megaminería destruye las bases materiales de pueblos indígenas y comunidades asentadas en las regiones donde se despliegan estos proyectos, proletarizándolos. La minería industrial trae nuevos imaginarios de consumo y modos de vida que entran en conflicto con los valores sociales de las comunidades, destruyendo fuerzas productivas auténticamente sustentables y prácticas construidas sobre las bases del Buen Vivir. Agravando la situación, en estas zonas y en las ciudades contiguas se registra un acelerado incremento del costo de la vida. Además, conlleva a una redistribución de poderes, que pasan a ser controlados en gran medida por las transnacionales, sus representantes y sus abogados, en particular.
La mega-minería provoca con frecuencia conflictos internos, y conduce por lo tanto a una redefinición irreversible de la estructura social de las comunidades existentes y sus alrededores. El problema no se produce solo durante la fase de extracción. A menudo, la presencia de empresas de exploración minera provoca estas consecuencias sociales incluso antes de que se extraiga el primer gramo de mineral. Basta ver lo que ha sucedido en la zona de Intag, en la provincia de Imbabura, a lo largo de los últimos 15 años.
La ausencia de prácticas adecuadas para llevar adelante la consulta previa a las comunidades afectadas ha sido otro motivo de permanente conflictividad. Sin embargo, este asunto no se resolverá solo con metodologías y prácticas adecuadas para realizar dicha consulta. Mientras no se respete el derecho de toda comunidad al consentimiento previo, libre e informado, como complemento fundamental de la consulta previa, no será factible construir el Buen Vivir.
Además de estos conflictos sociales, la minería a gran escala trae una serie de enfermedades provocadas por la contaminación del ambiente, a más de otros problemas sociales como el alcoholismo, el consumo de drogas, aumento en la tasa de suicidios, enfermedades sexualmente transmisibles, etc.
Alrededor del mundo, a más de la contaminación por residuos tóxicos, destrucción de ecosistemas y envenenamiento de poblaciones locales, un gran número de transnacionales mineras son acusadas de intimidación, complicidad en el asesinato de líderes opuestos a la actividad minera, financiamiento de guerras civiles, entre otras actividades ilícitas y abiertamente atentatorias contra los Derechos Humanos. Cabe recordar también que la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE u OECD por sus siglas en inglés) reconoce que la corrupción se vuelve práctica corriente en numerosos países en donde se instalan las mineras transnacionales.[8]
En cuanto a los empleos creados, una gran parte de ellos son efímeros y altamente peligrosos, y su estabilidad siempre dependerá de los caprichos de los mercados internacionales. Además, la megaminería, tal como sucede con el petróleo, no es una actividad generadora de masivos puestos de trabajo. Según el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, la minería a gran escala, en caso de que se desarrollen todos los proyectos previstos, generaría apenas 10.000 nuevas plazas de trabajo. La mayoría de los empleos creados será durante la fase de construcción de las minas, la cual tiene una duración limitada de 18 meses a 3 años. En la fase de explotación, los empleos son reducidos y especializados, lo que significa que, en su mayoría, no serán cubiertos por personas provenientes de las zonas aledañas. En consecuencia, la gran minería lleva a la marginalización socio-económica de poblaciones no preparadas, especialmente mujeres y campesinos, o tradicionalmente consideradas como menos capacitadas para el trabajo minero y las actividades económicas conexas que éste genera.
Otro punto a considerar tiene que ver con los impactos a nivel de los gobiernos locales. Casi siempre son muy graves las consecuencias de la gran minería en planes de desarrollo provinciales, cantonales y parroquiales. En la medida que no tienen conocimiento ni recursos para enfrentar el huracán social, cultural y ambiental que comúnmente trae la gran minería, el impacto en los gobiernos locales (en especial infraestructura, seguridad, educación, salud, suministro de agua potable, etc.) puede ser devastador.
Con el arranque de la minería metálica a gran escala, el gobierno estima que la contribución del sector a la economía del país crecerá de manera significativa, con una inversión de alrededor de 37.000 millones de dólares en los próximos veinte años. Sin embargo, las cifras de empleo y ganancias previstas hay que asumirlas con mucho cuidado, puesto que, tanto las empresas como el Estado tienen interés en inflarlas. Por otro lado, estas empresas transnacionales son especialistas en hacer cuentas alegres que a la postre terminan por perjudicar al país que les recibe, ya lo hemos vivido con frecuencia con las empresas petroleras.
Las empresas mineras, sean grandes o pequeñas, enfrentan con mucha frecuencia acusaciones de evasión fiscal u otras formas de criminalidad económica. No nos olvidemos que las empresas transnacionales, en este caso las mineras, acostumbran domiciliarse en paraísos fiscales o paraísos judiciales como Canadá, para evadir ilimitadamente sus obligaciones fiscales y sus responsabilidades frente a las múltiples externalidades en el ámbito socio-ambiental. Las empresas Salazar Resources, Ecometals Ltd., y Mariana Resources, grandes propietarias de concesiones en Ecuador, tienen su sede en Las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda y Guernesey respectivamente. Otras transnacionales activas en el Ecuador tienen subsidiarias con sede en Las Islas Caimán, Belice, Barbados, Aruba o Panamá. ¿En estas circunstancias, cómo logrará el gobierno ecuatoriano fiscalizar las transnacionales mineras activas en el territorio?
Es preciso recordar que normalmente las empresas destacan los “enormes” montos de reservas mineras existentes, transformados a valores monetarios. Con estas cifras, en general altamente exageradas, se quiere sensibilizar a la opinión pública a favor de la minería. Sin embargo, esta mirada resulta incompleta. A pesar de lo limitado que es este ejercicio, por la imposibilidad de cuantificar el valor de los bienes naturales o las riquezas culturales, se podría hacer un intento de “evaluación seria de los costos y beneficios de la minería. Este balance entre lo que se gasta y los beneficios, [debería] cumplir algunas condiciones mínimas, tales como incluir todos los costos y tener una mirada nacional antes que atada a la rentabilidad empresarial. Entre los costos debemos contabilizar las pérdidas de ingreso de actividades desplazadas, especialmente la agropecuaria, y las renuncias fiscales que pueda otorgar el gobierno a las empresas mineras (exoneraciones tributarias, por ejemplo). La experiencia […] enseña que también se deben sumar los llamados costos ocultos, incorporando por ejemplo el valor económico de la contaminación. Son pérdidas económicas que no aparecen en los proyectos de las empresas ya que son transferidas a la sociedad, y usualmente las deben asumir los gobiernos municipal o nacional. También son costos los denominados “subsidios perversos”, donde los casos más comunes en América Latina se expresan en otorgar energía a precios menores, agua casi sin costo, y en infraestructura de transporte.”[9]
¿Se han presentado estas evaluaciones? Definitivamente, no, probablemente porque el asumir estos costos disminuiría notablemente la rentabilidad de las empresas y se pondría en evidencia los magros beneficios para el gobierno. Antes de abrir las puertas a este tipo de explotación, el gobierno debería “realizar un análisis costo beneficio a escala nacional, bajo amplias escalas de tiempo (de 50 a 100 años para la minería), y con una contabilidad en serio, incorporando los costos ocultos y todos los subsidios y transferencias sociales.”
Como hemos visto, aun con la mejor voluntad, se vuelve imposible practicar una minería responsable, sustentable o bien hecha. A su realización se oponen múltiples obstáculos que tienen que ver con el contexto internacional y con la realidad nacional. El tipo de actores transnacionales mineros presentes en el país, como lo demuestra la historia minera industrial reciente, no es motivo de tranquilidad, todo lo contrario. La minería “sustentable” aparece aquí como el “nuevo terno” del imperio de la industria minera; “todavía tiene las mismas viejas y crudas ambiciones”.[10]
Cabe señalar que la industria minera mundial no está sujeta a ningún marco legal internacional. A lo sumo ésta se compromete -siempre de manera voluntaria- a regular sus actividades a través de la firma de numerosos convenios: el Council for Responsible Mining in Ecuador (CONMIN), el ISO 26000, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los Principios de Ecuador, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Global Reporting Initiative, la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE), el Código del Cianuro, entre otros. Sin embargo, el alcance de estos instrumentos es sumamente limitado. Nunca hay garantías reales para que las empresas respeten sus compromisos, en la medida que estos instrumentos no cuentan con herramientas para aplicarlos en caso de incumplimiento.
Consecuentemente, al entrar en una fase de explotación intensiva de sus recursos minerales, más que caminar hacia un desarrollo sostenido y sustentable, el Ecuador corre el riesgo de enfrentar una serie de consecuencias nefastas tanto para su economía y estabilidad política, cuanto para la protección y conservación de un medio ambiente sano, viendo amenazadas su soberanía alimentaria y energética, su salud pública y la riqueza cultural de sus diversas naciones.
La megaminería en la senda de la maldición de la abundancia
Es necesario señalar la falta de experiencia del sector minero ecuatoriano en la minería industrial. Siendo una actividad que requiere gran nivel de especialización, existe el riesgo de que el Ecuador siga actuando como país primario-exportador, al vender el mineral en bruto a los países occidentales o emergentes, sin recibir la plusvalía resultante de su transformación.
Como en el caso del petróleo, muchos países que conocieron el advenimiento de la gran minería están sujetos a la llamada “maldición de los recursos” o “la paradoja de la abundancia”. Es decir, la abundancia de recursos naturales tiende a “distorsionar la estructura y la asignación de los recursos económicos del país, redistribuye regresivamente el ingreso nacional y concentra la riqueza en pocas manos, mientras se generaliza la pobreza. Esta realidad da paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que consolida mentalidades “rentistas”, [y] profundiza la débil y escasa institucionalidad”.[11]
Para concluir esta rápida reflexión sobre los posibles impactos de la megaminería en Ecuador, recordemos que todas las evidencias históricas apuntan en la misma dirección: a la larga, la exportación de materias primas no renovables tiende a “desarrollar el subdesarrollo”, es decir, a profundizarlo en nuestros países. El problema radica casi exclusivamente en nuestros gobiernos y en nuestras élites, sumisos a los capitales transnacionales. Gobiernos, como el actual, son incapaces de superar la maldición del extractivismo, para dar paso a propuestas concretas que promuevan la transición de nuestra economía hacia la autodependencia, la integración nacional y la ampliación del mercado interno. Lo que demanda un uso sustentable y racional de los recursos naturales disponibles sobre la base de alianzas y consensos que conduzcan a la construcción del Buen Vivir, que definitivamente está en la dirección contraria al extractivismo minero o petrolero.-
[1] « Aboriginal Peoples and Mining in Canada: Consultation, Participation and Prospects for Change », North-South Institute, Working Discussion Paper, enero de 2002, y Royal Commission on Aboriginal People, Restructuring the Relationship (Volume 2), 1996.
[2] Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales, Canadá, Naciones Unidas, CERD/C/CAN/CO/18, 25 de mayo del 2007.
[3] Handal, L., “Le soutien à l'industrie minières: Quels bénéfices pour les contribuables?”, Institut de Recherche et d'information Socio-Économique (IRIS), Montréal, Québec, Canada, abril 2010.
[4] Mudd, G., 2008, « Sustainability Reporting and Water Resources: a Preliminary Assessment of Embodied Water and Sustainable Mining », Mine Water Environ, 27:136-144.
[5] Mudd, G., 2007, « Global trends in gold mining: Towards quantifying environmental and resource sustainability? », Resources Policy, 32:42-56.
[6] Ecuacorriente S.A. – Terrambiente Co. Ltda., « Alcance al Estudio de Impacto Ambiental Ampliatorio Proyecto Mirador ».
[7] Foro Recursos Hídricos, “Agua, minería y conflictos socio-ambientales”, Camaren-CARE, Quito, 2008.
[8] Report on the application of the convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions and the 2009 revised recommendation on combating bribery in international business transactions, OCDE, 18 de marzo de 2011. Cabe destacar que este informe analiza el estado de situación de la corrupción por parte de intereses canadienses en el extranjero. En particular, la OCDE deplora la debilidad de las leyes canadienses para controlar estas prácticas e insta al Canadá a reforzar de manera urgente la lucha contra la corrupción de funcionarios extranjeros.
[9] Gudynas, E., « ¿Hicieron las cuentas? Los costos de la minería a cielo abierto”, 12 de agosto del 2011.
[10] Whitmore, A., 2006, “The emperors new clothes: Sustainable mining?”, Journal of Cleaner Production, 14, 309-314.
[11] Acosta, A., « La Maldición de la Abundancia », Abya-Yala, Quito, 2009.
Nota sobre los autores:
William Sacher: PhD en ciencias atmosféricas y oceánicas. Investigador del colectivo de autores académicos Recursos de África, Montreal, Canadá.
Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO-Ecuador. Profesor honorario de la universidad Ricardo Palma, Lima Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente.
Coordinación de la serie Los perversos versos de la minería: Carlos Zorrilla, William Sacher, Alberto Acosta.
Responsabilidad de los textos: cada autor o autora.
La cantante jamaicana ha ofrecido una rueda de prensa en el festival Rototom Sunsplash que se celebra en Benicàssim, donde mañana actuará a junto a sus hijos Ziggy y Ky-Mani.
