Roberto Regalado
ALAI AMLATINA, 17/03/2014.-
«[…] Aureliano le explicó su método, y José Arcadio Buendía
lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso a
todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa
con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola.
[…] Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido,
se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran
las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad.
Entonces fue más explícito […]».
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.
La reacción del candidato derrotado
Pese al derroche de histrionismo con que el dos veces derrotado
candidato de la ultraderecha salvadoreña, Norman Quijano, manifiesta
supuesta indignación por el también supuesto fraude cometido contra él
en la segunda vuelta de los comicios presidenciales efectuada el 9 de
marzo de 2014, en realidad, lo que hace es seguir un guión melodramático
elaborado con mucha antelación, que, por demás, ni siquiera es
original, sino un remake del ya utilizado en Venezuela en la elección
presidencial de abril de 2013.
Norman Quijano acusó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cometer
fraude a favor del hoy presidente electo Salvador Sánchez Cerén,
candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN);
se negó a aceptar los resultados del conteo final de los votos;
solicitó la anulación de la elección, primero ante el TSE, y después
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y así
abrió una nueva fase de la cruzada de odio y miedo desarrollada durante
toda su campaña electoral.
En la segunda vuelta de los comicios, Sánchez Cerén ganó con el 50,11%
de los votos válidos y Quijano perdió con 49,89%, una diferencia mucho
más reducida que entre el 49,92% cosechado por el efemelenista en la
primera ronda y el 38,98% del arenero, acortamiento que, entre otras
razones, obedece al desplazamiento hacia este último de los votos de los
demás candidatos –todos de derecha– descartados en la primera vuelta, y
a la exacerbación de la ya mencionada cruzada de odio y miedo,
orquestada por Quijano en coordinación y en sincronía con la ofensiva
desestabilizadora de la derecha venezolana.
Repárese, además, en lo alto del umbral exigido por la ley electoral
salvadoreña, de 50% más uno, para el triunfo en primera vuelta, que
sirve al propósito de la alianza de «todos contra el candidato de
izquierda». Téngase en cuenta que el 2 de febrero de 2014 no solo se
competía por la primera magistratura en El Salvador, sino también en la
cercana Costa Rica, cuya ley electoral declara ganador con 40% de los
votos, país donde el 49,92% de Sánchez Cerén hubiese sido un súper
triunfo en la ronda inicial. En la también cercana Nicaragua, no solo se
puede vencer en la ronda inicial con 40%, sino incluso con 35%, si la
diferencia con el segundo lugar sea mayor de los 5 puntos, y así ocurrió
ya en una ocasión.
En cualquier caso, la diferencia a su favor, limpiamente obtenida por
Sánchez Cerén de 0,22%, sin duda alguna, despierta la envidia de un buen
número de exmandatarios y actuales mandatarios latinoamericanos de
derecha, quienes desde la elección presidencial mexicana de julio de
1988 hasta la actualidad, le han arrebatado triunfos electorales a la
izquierda mediante procedimientos fraudulentos, incluida la grosera
alteración de los resultados comiciales. A esos métodos no es ajeno
ARENA, que desde su fundación y hasta que ello fue descubierto, era la
«opción electoral» de innumerables ciudadanos salvadoreños fallecidos y
de también innumerables ciudadanos de países fronterizos, acarreados en
ómnibus los días de sufragio.
Uno de sus argumentos para solicitar la anulación de los comicios del 9
de marzo es que 182 delincuentes recluidos en centros penitenciarios
salieron «de pase» a votar por el candidato del FMLN. Si eso fuera
cierto, habría que preguntarle a ARENA cuánto dinero invirtió en esa
maniobra y a cuántos funcionarios venales, enquistados en la estructura
estatal durante sus dos décadas de gobierno (1989‑2009), sobornó.
La «conexión venezolana»
La actitud asumida por Quijano y la cúpula de su partido, con toda
razón, ha sido denunciada como una copia al carbón de la estrategia
desestabilizadora que, desde hace casi un año, lidera en Venezuela el
también dos veces derrotado candidato presidencial de la derecha de ese
país, Henrique Capriles, quien sucumbió frente Hugo Chávez en octubre de
2012 y frente a Nicolás Maduro en abril de 2013.
Capriles y Quijano, candidatos doblemente derrotados, el primero en un
lapso de seis meses y el segundo de un mes, vociferan y exigen como si
hubieran sido ganadores.
Capriles y Quijano exigen un recuento voto por voto, a sabiendas de que
no hay razón alguna para ello, y de que tal exigencia no se corresponde
con las leyes electorales de sus respectivos países. ¿Para qué? Para
abrirse un infinito horizonte de posibilidades fabricar reclamaciones
puntuales sin base alguna (como los presos «de pase»), con las cuales
prolongar al máximo el recuento. De esa manera buscan generar
incertidumbre, fomentar la percepción de ilegalidad del proceso
electoral y de ilegitimidad del presidente electo, y así crear las
condiciones para la campaña de desestabilización que la derecha
venezolana desarrolla desde hace unos diez meses, y que la derecha
salvadoreña recién ha iniciado.
Recordemos que el recuento voto por voto que exigen Capriles y Quijano
les fue negado a los candidatos de izquierda en México en 1988, 2006 y
2012, y también le fue negado a la candidata de izquierda en Honduras en
2013, no obstante a que las denuncias de fraude en esos comicios –por
solo citar los más conocidos–, sí tenían sólidas bases de sustentación.
También vale la pena traer a colación el despojo de que fue objeto el
demócrata Al Gore por parte del republicano George W. Bush en la
elección presencial estadounidense de 2000.
No es casual que el estratega electoral de Capriles y de Quijano sea el
prófugo de la justicia venezolana JJ Rendón, ni que el inicio de la
actual ofensiva de violencia desestabilizadora contra la Revolución
Bolivariana haya sido convenientemente sincronizado con la celebración
de los comicios presidenciales salvadoreños. Tampoco es casual que la
violencia en Venezuela haya alcanzado su máxima expresión durante el mes
de campaña que separó a la primera de la segunda vuelta de la elección
presidencial salvadoreña, de modo que ARENA, las catorce familias dueñas
de la economía de esa nación, y los medios de comunicación propiedad de
ellas, pudieran manipularla. Por lo ocurrido en Venezuela, podemos
anticipar lo que ARENA intentará hacer en El Salvador en los meses
posteriores a la elección, pero «guerra avisada no mata soldado».
La repetición en El Salvador del esquema utilizado en Venezuela no es
casual porque la derecha de ambos países, y sus figuras visibles, como
Henrique Capriles, Leopoldo López y María Corina Marchado en Venezuela, y
como Norman Quijano, René Portillo, Jorge Velado y Roberto D’Aubuisson
(hijo) en El Salvador, son simples ejecutores de una variante de la
doctrina de la dominación de espectro completo dada a conocer en 2008
por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que se nutre de
las experiencias contrainsurgentes y contrarrevolucionarias acumuladas
por el imperialismo en su enfrentamiento a las luchas anticolonialistas y
revolucionarias en Asia, África y América Latina desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial.
La proclamación de la doctrina de la dominación de espectro completo es
uno de los «ajustes» que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que
hacer a su política exterior, luego que fracasara el «nuevo orden
mundial», decretado en 1989 por el presidente George Herbert Bush. En
América Latina, estos «ajustes» son una reacción frente al auge de las
luchas populares contra la reestructuración neoliberal y a los espacios
institucionales ocupados por fuerzas progresistas y de izquierda que,
por primera vez en la historia, han sido electas y reelectas para ocupar
el gobierno en un significativo número de países.
Los golpes de Estado clásicos, característicos de la historia
latinoamericana de los siglos XIX y XX, ya están demasiado
desprestigiados. Por ello, el imperialismo actualiza los medios y
métodos de desestabilización, que parten de la misma matriz utilizada
para derrocar a Arbenz en Guatemala (1954) y a Allende en Chile (1973),
pero hoy aprovechan sus incomparablemente superiores medios de
comunicación, y minimizan la exposición pública del rol de los militares
reaccionarios, quienes ceden el protagonismo a personajes civiles como
Pedro Carmona («Pedro El Breve», Venezuela, 2002), Roberto Micheletti
(Honduras, 2009) y Federico Franco (Paraguay, 2011).
Es importante notar que en Honduras y Paraguay se utilizó la modalidad
de golpe de Estado «legislativo», y que en El Salvador, durante la
presidencia de Mauricio Funes (2009‑2014), se ha intentado llenar un
expediente «legitimador» para un eventual golpe de Estado «judicial» con
la cobertura de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia. Por ello, no es de extrañar que la cúpula de ARENA presente en
esa sala una solicitud de anular los comicios del 9 de marzo, aunque
sabe perfectamente que ella no tiene competencia en materia electoral.
Texto completo en:
http://alainet.org/active/72157
- Roberto Regalado es Politólogo y Doctor en Ciencias Filosóficas. Es
profesor del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de
la Universidad de La Habana (CEHSEU) y coordinador de varias colecciones
de Ocean Sur.
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