Los trabajadores estadounidenses en pie de lucha, de Florida a California

DEMOCRACY NOW
Publicado el 12 de octubre de 2012

Amy Goodman

La gran recesión de 2008, que trajo aparejada la crisis económica mundial en la que estamos sumergidos, arrasó con los ahorros de toda la vida de muchas personas y para millones de individuos significa una amenaza inminente de desempleo crónico. Esto sucede mientras las arcas de los grandes bancos estadounidenses y también de las grandes empresas que no pertenecen al sector financiero gozan del nivel de efectivo disponible más alto de toda la historia. Si bien la tasa de desempleo continúa siendo elevada, y a pesar de la preocupación que genera luchar para llegar a fin de mes, muchos trabajadores en Estados Unidos están tomando las riendas del problema y exigen mejores condiciones laborales y aumentos salariales.

Se trata de los trabajadores que no son mencionados en los debates presidenciales, que no son invitados a los lujosos estudios de las grandes cadenas de televisión. Son los trabajadores de Wal-Mart, la mayor empresa privada de Estados Unidos; son los recolectores de tomate de Florida. A pesar de contar con escasos recursos, armados de valor y con la convicción de que merecen mejores condiciones laborales, los trabajadores se están organizando y están logrando resultados.

Esta semana, los trabajadores de Wal-Mart lanzaron la primera huelga contra la gigante de venta minorista en 50 años de historia de la empresa. Realizaron manifestaciones y piquetes en 28 tiendas en 12 estados. Muchos de estos trabajadores no sindicalizados afrontan represalias de la empresa, a pesar de estar protegidos por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. Los huelguistas están organizados en “OUR Walmart” (nuestro Wal-Mart), sigla en inglés que significa “organización unidos para exigir respeto en Wal-Mart”, que se creó con el apoyo del Sindicato de Trabajadores del Sector Alimentario y Comercial. Los miembros de OUR Walmart protestaron frente a la “Reunión para la Comunidad de Inversores 2012” en Bentonville, Arkansas, para exigir que la empresa detenga las represalias contra los empleados.

El grupo prometió tener una presencia importante en todas las tiendas de Wal-Mart a nivel nacional en el llamado 'Black Friday', el día siguiente al Día de Acción de Gracias, que es, a su vez, el día de mayor venta en las tiendas minoristas en todo el año. Los trabajadores han logrado un apoyo considerable de aliados que están prontos para unirse a su lucha, como la Organización Nacional para las Mujeres.

A lo largo de su historia, las prácticas empresariales de Wal-Mart se han caracterizado por tercerizar determinados servicios a otras empresas, como las tareas de depósito y entrega a domicilio. En Elwood, Illinois, los trabajadores del depósito empleados por la empresa subcontratada por Wal-Matr, RoadLink, se declararon en huelga inmediatamente después de que una huelga similar fuera iniciada por trabajadores en California. Según el grupo Warehouse Workers for Justice (WWJ), “los empleados de los depósitos trabajan a temperaturas extremas y levantan miles de cajas que pueden pesar hasta 110 kilos cada una. Los accidentes en el trabajo son frecuentes y los trabajadores rara vez alcanzan a ganar el salario mínimo o cuentan con las prestaciones sociales básicas”.

Según WWJ, luego de 21 días de huelga en Elwood, los trabajadores “lograron una victoria en su demanda principal de que se pusiera fin a las represalias ilegales contra los empleados que protestan contra las malas condiciones laborales. Regresarán a sus puestos de trabajo...y percibirán el 100% de su salario por el período que estuvieron en huelga”.
Hablé con uno de los huelguistas de Elwood, Mike Compton, que me contó en detalle acerca de una de las terribles condiciones que deben soportar en su trabajo mal remunerado:
“Tenemos un grave problema con el polvo. Todos los contenedores que descargamos vienen de China y están cubiertos de polvo negro. Es horrible tener que respirar eso todo el día.

Hemos llegado a tener que pedir hasta siete u ocho veces que nos den máscaras. Simplemente nos hacían ir a diferentes lugares, dirigirnos a otro gerente o acudir a otro departamento. Y la mitad de las veces nos íbamos con las manos vacías. Hubo casos de tráilers que tenían la leyenda ‘desinfectado en México’. No sabemos por qué. Muchos trabajadores han tenido dificultades para respirar dentro de los tráilers. Es decir, en mi opinión, algo sencillo y tan barato como una máscara para el polvo debería estar disponible a cualquiera, especialmente en una empresa que tiene tanto dinero como Wal-Mart”.

Compton estaba participando en las protestas realizadas frente a la sede de Wal-Mart en Bentonville, Arkansas, mientras se desarrollaba la reunión de inversores de la empresa.
Mientras tanto, varias generaciones de trabajadores inmigrantes del sector agrícola han trabajado durante años en la recolección de tomates en la localidad rural de Immokalee, Florida en condiciones terribles. En 1993, fundaron la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW, por sus siglas en inglés) para organizarse junto con los consumidores y exigir que las grandes cadenas de restaurantes compren los tomates a granjas que paguen un salario digno a sus trabajadores.

Hablé con Gerardo Reyes-Chávez, trabajador agrícola y dirigente de los trabajadores rurales de Immokalee. Se encontraba en Denver, donde está la sede de la empresa de comida rápida Chipotle. La Coalición ha trabajado en el tema de Chipotle durante diez años. Reyes-Chávez me dijo: “Hemos logrado crear un Programa de Comida Justa, que se ocupa de los abusos cometidos en la industria del tomate. Creamos todo un nuevo sistema para identificar dónde ocurren estos abusos y así poder erradicarlos del sistema. Esta es la oportunidad para que Chipotle haga lo correcto. Afirman que venden comida “con integridad” y que realmente les interesa la sustentabilidad…Lo que les decimos es que esta es la oportunidad para que lo hagan realidad”.

Al día siguiente de la entrevista a Reyes-Chávez, Chipotle firmó el Acuerdo de Comida Justa. Mientras los candidatos a la presidencia están ocupados intercambiando ataques acerca de sus planes para crear empleo en debates fuertemente controlados, los trabajadores de las bases, de Florida a California, se están organizando para lograr un cambio.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2012 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Recado a la SIP: Basta de engaños

Del 12 al 16 de octubre, en São Paulo, Brasil, tendrá lugar la 68 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).  Este cartel, conformado fundamentalmente por los dueños de los grandes medios de difusión corporativos, tiene previsto “examinar” la situación de la libertad de expresión en el continente, con el explícito propósito de sentar en el banco de los acusados a todos los gobiernos que han asumido la responsabilidad de abrir caminos en la perspectiva de avanzar hacia la democratización de la comunicación.

De hecho, en São Paulo se busca armar un nuevo episodio de la campaña emprendida por este cartel para señalar que su poder acumulado es intocable; esto es, que toda iniciativa que pretenda propiciar mayor diversidad y pluralidad en el mundo mediático debe ser condenada por “atentar a la libertad de expresión”, obviamente, una prerrogativa suya.

Con los vientos de cambio que soplan en nuestra región, sin embargo, lo que se torna cada vez más evidente es que padecemos de un sistema mediático en el que predominan grandes grupos familiares que concentran y monopolizan el sector, orgánicamente articulados al conjunto de poderes fácticos, imbuidos de un alto criterio patrimonialista y con una lógica eminentemente comercial, por señalar algunos rasgos.  Y desde esta posición de fuerza han venido pregonando que en materia de comunicación no debe establecerse ninguna regulación, bajo la premisa de que la mejor ley es la que no existe.  En suma: somos intocables y aquel que ose romper esta regla será condenado por atentar a la “libertad de expresión”.

Quienes suscribimos este comunicado tajantemente queremos rechazar la nueva impostura que la SIP pretende instrumentalizar y ratificar nuestro compromiso con la democratización de la comunicación, con el consecuente respaldo a las iniciativas de los gobiernos consecuentes con esta causa.

Primeras firmas:

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz (Argentina)

Ignacio Ramonet (Francia)

Altamiro Borges (Brasil)

Néstor Busso (Argentina)

Oscar Ugarteche (México/Perú)

Emir Sader (Brasil)

Mónica Bruckman (Brasil/Perú)

Raúl Zibechi (Uruguay)

Aram Aharonian (Uruguay/Argentina)

Osvaldo Léon (Ecuador)

Sally Burch (Ecuador)

Eduardo Tamayo (Ecuador)

Para enviar adhesiones escribir a: Adhesiones: contato@baraodeitarare.org.br

 

Argentina: “Ni un muerto más por el agronegocio”

 RECLAMO FRENTE AL CONGRESO POR EL CRIMEN DE UN MILITANTE DEL MOCASE EN SANTIAGO DEL ESTERO

Organizaciones sociales exigieron justicia por el asesinato de Miguel Galván, ocurrido el miércoles pasado. Denunciaron la persecución y amenazas a campesinos e indígenas y reclamaron la sanción de una ley que frene los desalojos.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) y organizaciones sociales y políticas se concentraron ayer por la tarde frente al Congreso de la Nación para exigir “juicio y castigo a los responsables materiales, ideológicos y políticos del asesinato del campesino Miguel Galván”, ocurrido el último miércoles y por el que acusan al empleado de un empresario agropecuario que habría actuado como sicario. “Nuestra lucha va a continuar, no queremos ni un muerto más por la violencia del agronegocio”, dijo a Página/12 Ricardo Cuellar, integrante del Mocase-VC y representante del pueblo Lule Vilela, etnia a la que también pertenecía la víctima.

Encabezado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y su expresión santiagueña, el Mocase-VC, cerca de las 14 arrancó el acto central en un escenario improvisado sobre la avenida Rivadavia, frente al Congreso. “Esta movilización la hacemos para repudiar la violencia que venimos sufriendo y que cada vez se lleva consigo más vidas”, expresó Cuellar. “Estamos conmovidos y hoy (por ayer) vinimos hasta Buenos Aires para buscar apoyo a nivel nacional, porque en nuestra provincia estamos olvidados por la política que lleva adelante el gobernador Gerardo Zamora, quien parece que se ha dejado dominar por todos los empresarios sojeros que vienen a quedarse con nuestra tierra y a destruirla”, añadió.

“Denunciamos hace años que se venían instalando en nuestras tierras empresarios que tienen bandas armadas que nos vienen a provocar día tras día. De estos hechos, los funcionarios de Santiago del Estero están enterados, ya que ellos mismos crearon un Comité de Crisis (para gestionar el conflicto de tierras) y constataron la gravedad de los episodios que las familias campesinas venían denunciando por parte de empresarios y grupos armados que responden a ellos. Vemos que la policía y los jueces no actúan y tenemos que lamentar otra víctima en nuestras tierras”, agregó Cuellar. “No queremos contaminación, por eso exigimos a los gobiernos que nos respeten y nos entreguen lo nuestro”, añadió.

Por su parte, Marcelo Palmar, miembro del Mocase-VC, dijo que “el gobierno santiagueño pareciera que está más interesado en defender a los empresarios agropecuarios y a sus bandas armadas, que en escuchar nuestro reclamo y defender la vida”. “Ya no está quedando territorio en el norte de la provincia, porque los empresarios sojeros están avanzando indiscriminadamente alambrando el territorio de las comunidades indígenas apoyados, claramente, por los funcionarios locales que los avalan”, agregó.

Del acto también participaron las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle. “Basta de tapar a la gente que reclama sus tierras. Hoy pedimos que se cumpla el convenio 169 –que implica el reconocimiento de mayores derechos a los pueblos indígenas– y las leyes para la devolución de las tierras, para que se frenen los desalojos a los campesinos y a los pueblos indígenas”, dijo Cortiñas. “Esos desa-lojos llevan al malestar y luego a la muerte. Hay que luchar hasta vencer, para que los responsables devuelvan las tierras, para que no persigan y no maten”, añadió.

Además, Cortiñas sostuvo que Madres de Plaza de Mayo-LF “repudia esta muerte y la persecución en las muertes que ocurrieron en la colonia qom La Primavera, en Formosa, y las amenazas que sufre Félix Díaz”. Mirta Baravalle expresó que “las Madres lamentan que otro inocente muera por querer defender su territorio”. “Lamentablemente, los funcionarios ya sabían que podía haber otro crimen, dejando al desamparo emocional a toda su comunidad por la pérdida de un ser querido, y no hicieron nada por impedirlo.”

Julián Roqué, dirigente del Mocase-VC, señaló que “hay responsabilidades muy grandes y muy graves desde lo político por hechos que hoy tenemos que lamentar con muertes”. “Le decimos al gobernador Zamora que se tiene que hacer cargo políticamente del conflicto de tierras y hace vista al costado. Pedimos que cumpla con el deber de funcionario público, porque está para velar por los derechos humanos y por la vida de los campesinos”, añadió. Por su parte, Raimundo Laudero, integrante del MNCI de Mendoza, comentó que “hay otro compañero asesinado, víctima del avance del agronegocio y el capital sobre las familias campesinas”. “Mostramos nuestro repudio y exigimos el urgente tratamiento de la ‘ley para frenar los desalojos de comunidades campesinas’ (ver aparte), que se llama Cristian Ferreyra, en honor a nuestro compañero que también fue asesinado hace casi un año por un empresario sojero en Santiago del Estero”, agregó.

Participaron del encuentro agrupaciones políticas sociales como Movimiento Evita, Los Pibes, Partido Obrero, Proyecto Sur, entre otros, que junto a las organizaciones campesinas corearon “Ni un muerto más, la tierra es nuestra”. También adhirieron al pedido de justicia por Galván varios diputados nacionales. Los reclamos continuarán hoy desde las 8.30, cuando el Mocase-VC y diversas organizaciones sociales y políticas se concentren en el Parque Aguirre, en la capital santiagueña.

El asesinato de Galván ocurrió el último miércoles por la tarde y en la puerta de su casa, cuando un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño llegó a la casa de la víctima y lo mató de una puñalada en la yugular. La familia Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte y golpizas por parte del supuesto sicario y allegados a él. La Policía Regional Nº 5 de Monte Quemado “confirmó que se realizó la autopsia correspondiente a la víctima para determinar las causas del deceso, y que en los próximos días se darán a conocer los resultados”. Sin embargo, la policía local no brindó datos precisos sobre el supuesto autor material del crimen.
I
nforme: Sabrina Améndola.