viernes, 7 de septiembre de 2012

Ecuador: "No habrá revolución sin democracia y a cada medida de autoritarismo se debe responder con más y más democracia"

Intervención del analista político Decio Machado en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito en el foro debate "Análisis del Debido proceso en el caso Luluncoto".

Quito, 5 de septiembre de 2012

Buenas tardes noches a todos y a todas,

Hace unos días tenía el gusto de encontrarme con mi buen amigo Ramiro Ávila, compañero de fatigas en la lucha por las libertades y el respeto a los derechos humanos y profesor en esta prestigiosa universidad. Fue Ramiro quien me puso al corriente de este evento en solidaridad con los detenidos en Luluncoto, extendiéndome su invitación a participar en él.

De manera inmediata dije sí a esta invitación. Esta contestación afirmativa a mi querido amigo Ramiro tiene la siguiente motivación: tuve ocasión de visitar y entrevistar en el Centro de Detención Preventiva del Penal Eloy Alfaro a los muchachos allí encerrados apenas una semana o diez días después de su detención. Estas entrevistas respondían a una colaboración periodística que en su momento hice con la revista más importante del país en materia de periodismo investigativo, la Revista Vanguardia, cuyo editor, Iván Flores, también nos acompaña hoy aquí.

Decio Machado
Tras salir de aquellas instalaciones penitenciarias sentí una tremenda desolación. Durante los días posteriores me pregunté en innumerables ocasiones como es posible que un proceso que se define como revolucionario y de transformación social, por muchas contradicciones que tenga a lo interno, no tenga pudor en proceder con la detención, bajo acusación de terrorismo, de un grupo de militantes y activistas sociales sobre los cuales la mayor sospecha que recae, es poseer literatura revolucionaria y entre ella, libros del comandante Che Guevara. Entonces, hoy, los que cantan al Che Guevara meten presos a los que leen al Che Guevara.

Los 10 detenidos de Luluncoto forman parte de los más de 200 activistas sociales con acusaciones de sabotaje y terrorismo que en la actualidad existen en el país. Absurdo mecanismo de criminalización utilizado por el Estado, pues todos sabemos que en el Ecuador no existe el terrorismo ni grupos que lo practiquen.

No voy a entrar en los aspectos jurídicos de este caso, no soy un especialista en la materia, y hoy conmigo comparten ponencias gentes con amplio conocimiento y experiencia en materia jurídica. Mis palabras se limitarán a intentar interpretar como puede deteriorarse de tal manera un proceso político que se supone progresista, hasta llegar a cometer atropellos sobre las libertades políticas de estas características.

Haciendo algo de memoria, recuerdo haber visto en televisión, el pasado 21 de mayo, un extracto de la presentación que hizo el Vicepresidente de la República del Ecuador, el Sr. Lenin Moreno, sobre el Informe Nacional de Derechos Humanos que se realizó en Ginebra ante las NNUU.

En dicha alocución, el Sr. Moreno enumeró uno por uno los diversos “hitos” alcanzados por el Gobierno en materia de Derechos Humanos. En dicha exposición se afirmó que el respeto a los derechos humanos es la base de la Constitución de Ecuador.

Debo indicar que coincido con el Sr. Vicepresidente de la República en que uno de los pilares de la Constitución de Montecristi es el respeto a los Derechos Humanos, es por ello que levanto la ceja y me llena de preocupación oír al Sr. Presidente de la República que la Carta Magna ecuatoriana es demasiado garantista.

Dicha Constitución define al Ecuador como un Estado social de derechos y justicia; atribuyendo derechos no solo a personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, sino también a la naturaleza. En su Art. 11 la Constitución de Montecristi explicita “la directa e inmediata vigencia de los derechos humanos”, incluso ante la ausencia o desconocimiento de normativa jurídica. Y de igual manera, a través de su Art. 98, el cual contempla el derecho a la resistencia, se indica: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”

Sin embargo, y más allá del texto constitucional, asistimos a actuaciones institucionales que no pueden ser definidas de otra forma, más que como políticas represivas que buscan la criminalización de la protesta social. Aunque desconozco en absoluto que es lo que se discute en los órganos de decisión del Ministerio del Interior y de las fuerzas de orden público, este tipo de actuar no puede ser entendido más que bajo un objetivo: el desarrollo de mecanismos de control que tienen como finalidad intimidar y neutralizar las disidencias que se consideran peligrosas, y que cuestionan las políticas emanadas desde Carondelet. De manera especial, en los ámbitos que tienen que ver con el cuestionamiento a un modelo de desarrollo obsoleto que tiene más de doscientos años de antigüedad y que acentúa sus consecuencias negativas en los países del Sur debido a su matriz extractivista.

Que triste para un gobierno que se llama revolucionario entender que sus mayores enemigos o la disidencia más peligrosa para él es la que emana de los movimientos sociales y organizaciones de la izquierda política...

Es precisamente esa lógica extractivista en los gobiernos autodenominados “socialistas” o de “izquierda”, el eslabón que les engancha con los gobiernos anteriores, es decir, con los gobiernos neoliberales predecesores. Más allá de que el neoextractivismo del siglo XXI, que no “socialismo”, pueda ejercer un margen mejor de negociación económica con las transnacionales extractivas, las consecuencias ambientales, sociales, políticas, culturales y económicas son las mismas. Y sus efectos en las lógicas autoritarias desarrolladas por los Estados, también son similares.

Los 10 detenidos de Luluncoto fueron apresados en un operativo policial que se dio el pasado 3 de marzo, precisamente cinco días antes de que arrancara la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que llegó a Quito el 22 de ese mismo mes entre multitudes. Los detenidos fueron vinculados a la Marcha, en la medida en la que se habló de que conformaban un comando que iba realizar operaciones terroristas en este contexto político. ¿Qué se buscó entonces? Pues es de suponer que la detención de los 10 de Luluncoto podría tener que ver con generar una atmósfera de tensión en la ciudadanía del país en torno a la intencionalidad de la Marcha por la Vida. Así se entiende el hecho de que una manifestación de descontento frente a las políticas gubernamentales se la definió como desestabilizadora e incluso golpista en su momento.

Si uno hace un análisis de los casos de criminalización de la protesta social en el país, llegará a la conclusión de que estos se dan básicamente en las siguientes áreas temáticas: resistencia ante la intervención minera a gran escala, rechazo a la expedición de la última ley minera (2009), disidencias respecto al proyecto oficial de Ley de Aguas (2010), denuncias por la contaminación provocada por la minería de áridos y la pequeña minería de metales, reclamos en defensa de derechos de los pueblos indígenas, defensa de los bosques de manglar, lucha por la no privatización de espacios públicos y ancestrales, así como críticas al desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos.

A estos habría que sumar también los abusos en materia laboral y los atentados contra la libertad de expresión.

En estos procesos se criminalizan indiferentemente individuos y organizaciones: desde líderes y dirigentes sociales, pasando por autoridades públicas locales, hasta llegar a organizaciones sociales que defienden el agua, la naturaleza o sus territorios. De la misma manera, han sido criminalizadas personas o familias que de alguna manera obstaculizan la ejecución de determinados megaproyectos estatales.

En el ámbito judicial (penal y civil), se han producido una treintena de casos de criminalización cifrándose en cerca de 200 las personas implicadas. Generalmente, las denuncias en el ámbito judicial y en el administrativo involucran a varias personas y una vez avanzado el proceso terminan siendo implicados también dirigentes y líderes sociales.
Toda esta situación anteriormente descrita, evidencia la inmensa contradicción existente en el actual régimen, a la par que la mediocridad intelectual de algunas de las notables plumas del pensamiento de la izquierda internacional que todavía siguen definiendo a este proceso político como modélico y ejemplar.

Personalmente me hago una pregunta: ¿cómo es posible que un gobierno que se considera progresista pretenda controlar la movilización social?

La movilización social es un proceso de organización social que se realiza a través de formas múltiples y mecanismos varios, que busca objetivos plurales, resignificando socialmente las instituciones, los sujetos y la democracia participativa. La movilización en la práctica es la única forma efectiva de participación para diversos sectores sociales, ciudadanía y sus representaciones sociales. Sin movilización estos sectores carecen de mecanismos efectivos para intervenir en aquellos asuntos de los cuales son excluidos.

Estimados oyentes, para un gobierno que se dice revolucionario y transformador, propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados de la sociedad, debería ser un objetivo institucional en la búsqueda de conformar mayores niveles de autonomía, organización y participación de la población en la toma de decisiones. ¿Cómo sino se puede entender una democracia participativa?

Me viene a la mente la cita de una ilustre revolucionaria llena de ternura de principios del pasado siglo, Rosa Luxemburg, quien decía: “La libertad solamente para seguidores del gobierno, solamente para miembros de un partido - por más numeroso que fuere - no es libertad. La libertad siempre es libertad de quienes piensan distinto”.

Lejos de esta visión, el régimen se ha caracterizado por el intento de controlar y domesticar a las organizaciones sociales, tratando de anular su capacidad de movilización, y entendiendo dicha movilización como un elemento de desestabilización política.

En estos momentos, el resurgimiento de la movilización social aparece como un elemento de presión política a la izquierda del gobierno, lo cual se debería entender como positivo incluso desde los sectores más progresistas que se mantienen en el actual gobierno, si es que alguno queda todavía.

La construcción de contrapoder desde las organizaciones sociales es fundamental para impedir las consecuencias históricas que para el Ecuador ha constituido el uso y abuso del poder. El objetivo central del proyecto político de la mal llamada revolución ciudadana fue el monopolio de la vida política, lo cual le llevó a pasar de la utilización instrumental de lo popular al desprecio e intento de control sobre todo tipo de articulación social.

Algunos de los grises teóricos del oficialismo tienen la indecencia de citar a Gramsci en sus argumentos en defensa del régimen, sin embargo para la Gramsci, la hegemonía es una composición de dominación y dirección, lo cual significa presencia ideológica en la sociedad y el Estado, así como el control sobre la dirección económica (control de los medios de producción). El correísmo confundió hegemonía con el monopolio de la vida política, si en algún momento se logró lo segundo, está lejos de construir una nueva hegemonía. El hecho que evidencia esto es que los grupos de capital históricos existentes en el país han ganado el 50% más de beneficios durante estos 6 años de gobierno correísta que en los 6 años neoliberales anteriores.

En la medida en que Alianza PAIS se fue constituyendo en una máquina electoral y agencia de colocación para sus afiliados en las estructuras del Estado, dicha organización dejó de ser un espacio de elaboración de un proyecto político en el seno de la sociedad, careciendo de espacios de debate y generación de participación política. Hoy en lugar de generar debates importantes en la sociedad, los intentan obstruir.

Seamos claros, sin procesos de movilización social como los que se viven en diferentes partes del planeta –la primavera árabe, los indignados españoles o el Occupy Wall Street-, no habrá profundización y radicalización en los procesos de cambio. Esto se demuestra claramente en la falta de transformaciones estructurales en el modelo de acumulación: en la actualidad, los grupos económicos poderosos nunca estuvieron mejor, y en todo caso, si queremos ver el lado positivo, los sectores más excluidos nunca estuvieron menos mal.

Los detenidos de Luluncoto son la demostración práctica del deterioro político de este régimen. No habrá revolución sin democracia y a cada medida de autoritarismo debemos responder con más y más democracia. Citando al Che Guevara: “La revolución no es, como pretenden algunos, una estandarizadora de la voluntad colectiva y la iniciativa colectiva, sino todo lo contrario, es una liberadora de la capacidad individual del hombre”.

Se criminaliza a la disidencia, se criminaliza al que resiste porque piensa diferente.

El gobierno se convirtió en algo que es igual a la Patria y el Ejecutivo pasó a estar, por dogma, libre de cometer errores: siempre tiene y tendrá razón. Sin embargo, es curioso que ya en 1870 el decreto de infalibilidad papal del Concilio Vaticano I contemplaba que hasta el Papa puede equivocarse. El Papa sí, pero el Gobierno del presidente Correa no.
Pensar diferente hoy en el Ecuador significa además cuestionar al inmenso aparato de propaganda construido desde el Estado al servicio del gobierno. Y es que ese aparato de propaganda expresa lo que ya advertía el ilustre dramaturgo irlandés Oscar Wilde en el siglo XIX: “cuanto más conservadores son las ideas más revolucionarios son los discursos”.
La propaganda oficial se ha convertido en lo que ya nos indicaban años atrás pensadores antifascistas como Max Horkheimer y Theodor Adorno, los cuales indicaban que: “la propaganda hace de la lengua un instrumento, una máquina (...).La propaganda manipula a los hombres; al gritar libertad se contradice a sí misma. La falsedad es inseparable de la propaganda. Los jefes y los hombres gregarios se reencuentran en la comunidad de la mentira a través de la propaganda, aun cuando los contenidos sean justos”.

La propaganda oficialista convirtió incluso a la verdad en una herramienta cuyo valor se mide por su capacidad de captar más adeptos y mantenerse en el poder.

Compañeros y compañeras, los detenidos de Luluncoto son un efecto colateral de las movilizaciones sociales que se emprendieron en defensa del agua, contra la mega minería y por la dignidad de los pueblos. Es responsabilidad de los movimientos sociales asumir su libertad como un objetivo político fundamental.

Quiero cerrar esta intervención haciendo público, fundamentalmente tras haber conocido personalmente la entereza de las y los compas detenidos en Luluncoto, mi compromiso con la causa por la libertad de estos jóvenes.

Don Quijote de la Mancha le decía a su escudero en un bello párrafo del más famoso libro de Cervantes: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”.

Gracias por la invitación para estar aquí y mi más solidario abrazo al conjunto de familiares de los detenidos.


Bolivia: Lo grotesco político la ley padre tierra

Raúl Prada Alcoreza

Se ha aprobado la Ley Marco de la Madre Tierra y desarrollo sostenible, dejando de lado, con el mayor descaro, el Proyecto de la Ley Marco de la Madre Tierra consensuada con el Pacto de Unidad, puesta en agenda de la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Este proyecto de ley se basa en el Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra elaborada por el Pacto de Unidad durante un año. La ley aprobada por el Congreso no tiene nada que ver con la madre tierra, es una ley dedicada a garantizar el desarrollo sostenible, la economía y las inversiones. Todo esto en la perspectiva del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.

Si se introducen temas como la soberanía alimentaria y se dejan artículos descriptivos relativos a la biodiversidad, agua, aire, bosques, suelos, energía, hidrocarburos y minería, se lo hace en tanto se le ha quitado todo el alcance ecologista y todo el contenido de las cosmovisiones indígenas. Es decir, se trata de artículos que ya no tienen la connotación que tenían en el Proyecto de ley consensuado y en el Anteproyecto de ley elaborado por el Pacto de Unidad.

En la ley gubernamental se introduce una definición estrambótica de la madre tierra, donde se la reduce a cenicienta del desarrollo sostenible. Es más se introduce el concepto de aprovechamiento de los recursos naturales, que había desaparecido de los textos del anteproyecto de ley del proyecto de ley consensuado, pues se llegó a la convicción en las organizaciones indígenas y campesinas de que no se puede hablar de recursos naturales cuando se habla de la madre tierra. Los recursos naturales es un concepto capitalista de explotación y dominio sobre la madre tierra.

Este tipo de distorsiones y perversiones introducidas por la ley gubernamental, que no solamente alteran el proyecto de ley consensuado, sino la cambian sustancialmente, muestran una construcción grotesca de la ley y una intervención bochornosa del Estado, del ejecutivo y de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué mezclaron el tratamiento de la madre tierra con desarrollo sostenible? Porque no les interesa la madre tierra, lo que les interesa es los que entienden por desarrollo sostenible. Tampoco en este caso son honestos pues el desarrollo sostenible es un nombre para encubrir el proyecto efectivo optado por el gobierno, el extractivismo minero, hidrocarburífero, de los evaporíticos, del agua, de la energía.

El proyecto de ley consensuada chocaba con este proyecto efectivo, chocaba con el Código Minero y la Ley de Hidrocarburos, dispositivos legales extractivistas. Por lo tanto, las autoridades gubernamentales y los representantes que avalan el modelo extractivista no iban a permitir nunca una ley de la madre tierra, que exija la defensa y el cumplimiento de los derechos de los seres de la madre tierra, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos a un ambiente sano y a la biodiversidad del pueblo boliviano. La razón de fondo de la aprobación de una ley estrambótica de la madre tierra y desarrollo sostenible es esta política económica extractivista, que es el programa práctico del gobierno.

Los artículos que tienen que ver con los temas institucionales, como el relativo al Ministerio de la Madre Tierra y el Consejo de la Madre Tierra, terminan como dispositivos legales insulsos, cuando precisamente los alcances de la gestión integral de la madre tierra han sido abolidos. Se trata de instituciones que llevan el nombre de la madre tierra, pero que en la práctica van a servir para legitimar la destrucción de la madre tierra, al amparar el avance del proyecto extractivista y la ampliación de la frontera agrícola. Así como ocurre con el Vice-ministerio de Descolonización y Despatriarcalización, que lleva el nombre de descolonización y despatriarcalización, empero sirve para justificar las políticas de continuidad colonial del Estado-nación restaurado y para cubrir la continuidad de la dominación masculina y el Estado patriarcal.

Estamos ante la reiteración de lo grotesco político como expresiones de las astucias, los montajes, las manipulaciones y las violencias simbólicas del campo burocrático, de los funcionarios y de los representantes, que consideran que están ahí, donde están, para cumplir órdenes como soldados, que es la figura que usan para referirse a sí mismos. Los soldados no son autónomos, obedecen, forman parte de la disciplina más acabada de la maquinaria bélica, no son pues revolucionarios, que tienen que ser autónomos y sujetos emancipados, y requieren pensar con cabeza propia, haciendo uso crítico de la razón.

Como se puede ver, tampoco los artículos relativos a las garantías de los derechos y a las penalidades de los delitos contra la madre tierra adquieren el alcance que tenían en el proyecto consensuado, pues en el bodrio de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Sostenible ha desaparecido la madre tierra y se ha consolidado la gestión desarrollista, economicista y de inversiones. Esta forma de elaborar la ley no es solamente un atentado contra la madre tierra sino la muestra patética de la confusión estatal, al juntar madre tierra, desarrollo sostenible, economía e inversiones.

Llama la atención que ante semejante hazaña gubernamental y asambleísta los voceros de la aprobación de la ley y seguramente de la promulgación no se ruboricen, pues hace tiempo que han perdido el sentido del pudor. La ley se la hace como conviene, no importa si se contradice abiertamente y lógicamente. Lo que importa es contar con dispositivos que viabilicen el “progreso” y el “desarrollo”, es decir, la economía basada en el extractivismo y administrada por el Estado rentista. El empleo de la fuerza de la mayoría y de la fuerza de los órganos del Estado monopolizados y controlados les basta para imponer y seguir caminando en la ruta escogida. Lo demás, que la ley sea coherente, sea legitima, desde la perspectiva de los contenidos, no importa. Esta falencia de coherencia, de lógica, de legitimidad, por ser una ley grotesca y arbitraria, será llenada por la propaganda y la publicidad.

No es pues una ley de la madre tierra, es una ley del padre tierra, una ley del Estado patriarcal, de la dominación masculina, de la explotación capitalista y de la opresión colonial. Es una ley que lleva el gesto de la prepotencia de los machos, de los grupos de poder, de los entornos cupulares, que aprecian el “progreso” y el “desarrollo” como lo hacían todas las elites criollas que gobernaron el país, composiciones de poder que desprecian a la madre tierra, que la consideran un obstáculo para el “progreso” y “desarrollo”. La ley misma es una muestra elocuente de los que son, expresa patentemente una psicología gubernamental y de los representantes, la mezcla dicotómica de distintas concepciones fragmentadas y mal elaboradas, la confusión patética de proyecciones inacabadas, que empero se reúnen en un texto y en los comportamientos, sobre todo en el habitus del campo burocrático, para servir eficientemente en la ruta restauradora, entreguista, depredadora y contaminante escogida. Estamos ante una forma política, la del populismo nacionalista revivido, en su fase tardía, que administra la transferencia de los recursos naturales a los centros del sistema-mundo capitalista, sirviendo eficientemente a la acumulación ampliada de capital.

Es imposible discutir con gente que se inviste del ropaje de héroes y luchas pasadas, sin repetir sus actos heroicos, sino más bien emularlos en la comedia grotesca de las apariencias, es imposible discutir con gente que se siente segura pues tiene a la mano el recurso de la violencia física y simbólica del Estado, sumando su control inaudito del órgano judicial supeditado y del tribunal electoral sometido. Es imposible discutir con la propaganda y publicidad que no razona ni escucha, sino que repite machacadoramente la rutina de la desinformación y de la retorica hueca. Es imposible discutir con gente que ha suplantado al proceso, hasta anularlo, que ha suplantado a los movimientos sociales, cooptando a sus organizaciones, que ha usurpado a los movientos indígenas, folclorizando al máximo los alcances de la descolonización.

La ley aprobada es una más de las leyes inconstitucionales, es una muestra más de las expresiones de lo grotesco político. Se trata de la marcha aplastante del poder, de las estructuras y relaciones del poder, totalmente vigentes. Lo que han cambiado son los actores, pero los guiones y los papeles siguen, aunque hayan cambiado los discursos. Lo dramático de todo esto es que los verdugos ahora hablan el leguaje de sus víctimas, los seres de la madre tierra, las naciones y pueblos indígenas originarios y el pueblo boliviano.



Colombia: Manifiesto del Movimiento Indígena, artistas y sociedad civil por la paz

Es la hora de parar la guerra
Es la hora de la paz

Después de más de 50 años de conflicto armado en el país se vislumbra una nueva posibilidad de terminar con la violencia armada y la guerra. El gobierno y las FARCEP han anunciado su decisión conjunta de avanzar en un proceso de diálogo y negociación que ponga punto final al derramamiento de sangre. El ELN ha manifestado la disposición a integrarse en este proceso. Saludamos con esperanza y alegría estas decisiones.

¿Cómo lograr que esta paz sea duradera y estable? Desde las organizaciones sociales de mujeres, de afrocolombianos, de indígenas, de campesinos, de niños y niñas, de artistas, de obreros, de estudiantes, de víctimas, de intelectuales, de trabajadores, de desempleados, de campesinos, de periodistas, de empresarios, de ciudadanos y gobernantes que hemos venido trabajando por la paz durante décadas enteras, creemos que la construcción de la paz sólo es posible si se garantiza la más amplia participación de todas las voces de la sociedad, para superar las distintas formas de violencia, la discriminación y la exclusión en la vida cotidiana. La paz no sólo es un acuerdo entre actores armados: es una participación entusiasta, una conquista social de un derecho fundamental.

Es duradera la paz construida con transformaciones que hagan realidad el Estado Social de Derecho y le den vida a los principios de respeto a la dignidad humana, la vigencia de la solidaridad, del reconocimiento a la diversidad, del carácter pluriétnico y multicultural y el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad de género. La construcción de la paz integral y sostenible sólo es posible si la sociedad se compromete a un desarrollo desde la equidad y en relación armónica y respetuosa con la naturaleza. La agenda pactada y los compromisos que de ella se deriven tendrán que darle cabida a las agendas y pactos de la sociedad entera, construidos desde los movimientos y las organizaciones que reclaman ser refrendados en los escenarios de la democracia. Permitir que las aspiraciones de la sociedad se manifiesten en el marco de las negociaciones, es otorgarle una verdadera legitimidad al proceso y sienta las bases para una paz sostenible.

Este Manifiesto por la Paz se ha gestado al unísono con el levantamiento y la resistencia civil de los pueblos indígenas del Cauca que exigen el retiro de la guerra de sus territorios, el respeto a sus derechos territoriales y culturales, de autonomía, consulta, identidad, dignidad y respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario; estas demandas también se escuchan desde el Pacifico, el Caribe, Arauca, el Catatumbo y Colombia entera.

Hemos insistido y volvemos a insistir: este proceso de Paz debe tener un capítulo de diálogos regionales que nos permitan participar con autonomía y voz propia en este nuevo escenario de Paz; no sólo Noruega y Cuba, sino nuestros territorios en el Cauca y en general los territorios ancestrales son escenarios para la paz; los seguimos ofreciendo con este propósito.

Llamamos a los gobiernos latinoamericanos, a los movimientos sociales en todo el continente a rodear y cuidar entre todos este proceso, a exigir que esta vez la Paz sea una realidad, pues la guerra también los afecta.

Es hora de la movilización, de la acción colectiva en calles, plazas, caminos, tribunas, foros y puntos de encuentro. Es el momento de crear los espacios para la participación y concertación. Que se cumpla la palabra; que se llegue pronto al cese de hostilidades, que se acabe con el paramilitarismo y el narcotráfico, que se silencien las armas destructoras; que se le dé oportunidad a la verdad histórica, a las memorias y a los derechos de las víctimas, que la democracia y la vida florezcan en Colombia y América como lo han soñado todos los precursores y luchadores por la independencia y la libertad.

Llamamos a todos los colombianos y colombianas a disponerse a aportar a esta posibilidad de paz; la llave de la paz nos pertenece, las puertas de la paz están abiertas, la responsabilidad de la paz es de todos, de todos el esfuerzo. Que nadie se quede en silencio.

*************************************
Minga Informativa de Movimientos Sociales
http://movimientos.org/

Suscripciones: http://listas.movimientos.org/listas/subscribe/pasavoz
Desuscripciones: mailto:sympa@listas.movimientos.org?subject=uns%20pasavoz

Problemas con subscripciones a la lista: <pasalavoz@movimientos.org>



México: Convocatoria Encuentro: Nación Ikojts en Resistencia ante megaproyecto eólico

CONVOCATORIA

ENCUENTRO NACIONAL

LA NACION IKOJTS EN RESISTENCIA ANTE EL MEGAPROYECTO EOLICO

14 Y 15 DE SEPTIEMBRE

SAN DIONISIO DEL MAR, OAXACA

Desde noviembre de 2011, el pueblo indígena Ikojts de San Dionisio del Mar ha estado bajo la presión de empresas transnacionales y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes pretenden imponer el megaproyecto eólico más grande de América Latina arrebatando la principal fuente de alimentación y sobrevivencia de los pueblos huaves y zapotecos, la pesca; destruyendo masivamente su flora y su fauna, profanando centros ceremoniales ancestrales y contaminando visual y auditivamente los territorios de las comunidades indígenas que allí habitan.

El proyecto comprende:

1. La instalación de 132 aerogeneradores(102 turbinas en San Dionisio, 30 turbinasen Santa María).

2. La construcción de tres subestaciones: Virgen del Carmen en Santa María, Tilemeen San Dionisio que se conectará a través de la instalación de un cable submarino(menos de 1 km de largo) y, en una subestación de Santa Teresa.

3. La construcción de 52 kilómetros delínea de transmisión desde la subestación de Santa Teresa a la subestación enIxtepec para ser conectado a la red eléctrica nacional.

4. La instalación de seis estaciones de conexión para facilitar el acceso marítimoy

5. La construcción de nuevas vías de acceso.

La voluntad de los pueblos no ha sido respetada y esta invasión a su territorio ha significado graves conflictos, división y despojo. Las corporaciones transnacionales ofrecen 100 pesos mexicanos de pago anual por hectárea de tierra para reservarla hasta iniciar la generación de energía.

Los extranjeros han comprado a las malas autoridades. El gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno estatal han violado el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas que ordena el Convenio 169 de la OIT.

El gobierno estatal amenaza con encarcelar a decenas de comuneros. Los grupos caciquiles han recibido de las empresas extranjeras grandes cantidades de dinero, para agredir o comprar a nuestra gente.

Es urgente que juntos frenemos este atentado en contra de nuestro territorio y de nuestra cultura. Por ello, desde la Nación Ikjots, hacemos un urgente llamado para que participen en el

ENCUENTRO NACIONAL

LA NACIÓN IKOJTS EN RESISTENCIA ANTE EL MEGAPROYECTO EÓLICO

Lugar: San Dionisio del Mar, Oaxaca, México

Fechas: 14 y 15 de Septiembre del 2012

Convocan:

Asamblea General de Comuneros de San Dionisio del Mar

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio

Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)

Frente de Pueblos Indígenas del bajo Mixe-Choapam-Oaxaca

Grupo Solidario La Venta

Radio Huave. San Francisco del Mar 94.1 FM

Radio Las Voces de los Pueblos 102.1 FM

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)

Movimiento Agrario Indigena Zapatista (MAÍZ-Oaxaca)

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativa (Comcausa)

Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Tlaxcala, Puebla y Morelos

Lunas del Sur AC

Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Veracruz (MAIZ-Veracruz)

Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica

Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)

Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (SPEChF -INAH)




Audio de la Convocatoria al Encuentro Nacional la Nación Ikjots en resistencia contra el megaproyecto eólico, que se llevará a cabo el 14 y 15 de Septiembre en San Dionisio del mar, Oaxaca, México.
Cápsula sobre la situación en las comunidades ikjots y su lucha contra el megaproyecto eólico.

España: 15M, ELA y LAB llaman a la huelga general en Navarra y País Vasco el día 26

PAMPLONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El movimiento 15M Navarra y los sindicatos ELA y LAB han hecho este viernes un llamamiento conjunto a secundar la huelga general del próximo 26 de septiembre en País Vasco y Navarra ante una situación que consideran de "emergencia social".

La huelga ha sido registrada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, Stee-Eilas, EHNE, Hiru, CGT y CNT y contará como movilización previa con una manifestación el 14 de septiembre en Pamplona, una marcha que partirá a las 19 horas desde la estación de autobuses.

La huelga ha recabado los apoyos del movimiento 15M Navarra, AHT Gelditu, Asamblea Libertaria, Asamblea UPNA, Bilgune Feminista, Ekologistak Martxan, Mugarik Gabe, Ikasle Abertzaleak o Sortzen Ikasbatuaz, entre otros colectivos.

El representante del 15M Josu Denia ha señalado en una rueda de prensa, acompañado de responsables de ELA y LAB y miembros de distintos colectivos, que la participación en la huelga es "importante por las graves agresiones que estamos sufriendo y por las que se nos vienen encima".

Denia ha explicado que los movimientos sociales entienden que la huelga general tiene que ser "totalmente unitaria" y por ese motivo han enviado un escrito a los sindicatos que no han convocado el paro con el fin de que se sumen a él. "Las agresiones que están recibiendo la ciudadanía y los sectores más precarios requieren de una protesta contundente", ha defendido.

En todo caso, ha pedido a los sindicatos que no convocan huelga para esa fecha que den libertad a sus afiliados para que participen en la huelga, "si no de una manera activa en la huelga de producción, sí en la huelga de consumo, que es de vital importancia".

Por su parte, el responsable de ELA en Navarra, Mitxel Lakuntza, ha indicado que "estamos en una situación de emergencia social, en un contexto en el que está aumentado la pobreza y el desempleo, éstas son nuestras preocupaciones, mientras que las de otros puedan ser la prima de riesgo".

El dirigente sindical ha afirmado que "el grueso de los partidos que gobiernan están al servicio del mundo financiero" y ha reivindicado "la importancia que tiene la movilización en la huelga general, porque es lo único que nos queda a los sindicatos, es la única respuesta que nos dejan, no hay ningún otro ámbito de participación social que permita cambiar las cosas".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de LAB en Navarra, Igor Arroyo, quien ha señalado que la situación en la Comunidad foral es de "emergencia social" y ha afirmado que "la gestión de UPN ha llevado a Navarra a la bancarrota".

A juicio del portavoz de LAB, "el problema no es que no exista riqueza en Navarra, el problema es que esa riqueza ha sido dilapida por UPN y también por el PSN en los momentos que gobernaba, en macroproyectos como el Canal de Navarra, el circuito de Los Arcos, el pabellón Arena o autovías innecesarias". "El 26 de septiembre se va a expresar el rechazo a la política de UPN, todas estas movilizaciones sí son efectivas", ha destacado.


Personas con discapacidad, indígenas y transgéneros, sin derecho a salud sexual: especialistas

Conmemoran en la UNAM el Día Mundial de Salud Sexual. “En un mundo diverso, salud sexual para todas-os”, es el lema de este año.

México, DF.- Población transgénero, personas con discapacidad e indígenas son víctimas de una exclusión que les impide ejercer su derecho a una sexualidad sana, coincidieron especialistas durante la conmemoración del Día de la Salud Sexual, la cual tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Antón Castellanos Usigli, co presidente del Comité de Iniciativa Juvenil de la World Association for Sexual Health (WAS), señaló que a pesar de los avances en México y del reconocimiento a las diversidades sexuales y sociales, todavía existen grupos en situación de marginación, a los que diariamente se les vulneran sus derechos humanos.

En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, conmemorado el pasado martes, el activista subrayó que, en términos jurídicos, sociales y en las prácticas médicas, las comunidades transgénero, discapacitados e indígenas aún viven en la marginación, debido a que no existen normas que regulen y protejan su derecho a la salud.

Por su parte, el sexólogo Oscar Chávez Lanz, puntualizó que durante años el “binarismo” hombre y mujer no admitió más diferencias, lo que dio lugar a prejuicios que se reprodujeron en muchos campos que todavía reconocen únicamente lo femenino y lo masculino, como sucede en el actual sistema penitenciario de México, donde es inexistente la intersexualidad.

Chávez Lanz precisó que esto ha provocado graves violaciones a los derechos humanos de la población transgénero, por lo que exhortó a los estudiantes de Derecho a que tomen en cuenta lo anterior como un pendiente para incluir en la legislación mexicana.

Mencionó que otra de las situaciones que debe contemplar la legislación mexicana es un cambio en el registro de los recién nacidos, para que puedan tener una tercera vía y no sólo el género masculino y femenino.

“En Australia existe una ley que contempla este tercer género, con la finalidad de proteger jurídicamente a las personas hermafroditas, quienes por lo general son tratadas como si fueran monstruos”, dijo el sexólogo.

Al respecto, Irene Torices Rodarte, del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad AC, señaló que tener un impedimento físico, sea cual sea su magnitud, no significa estar incapacitado sexualmente.

La especialista aseguró que esta actitud de negarse a la sexualidad a partir de una limitación física la adopta, tanto la persona con discapacidad como sus familiares. “El ejercicio de la sexualidad es un derecho humano, por lo que existen alternativas para dar solución a las dificultades que la discapacidad les impone”.

Finalmente, Miguel Ángel Vázquez Robles, secretario general de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, dijo que los abogados y abogadas deben pugnar porque el derecho a la salud sexual contemple a la diversidad, en especial a los que actualmente son excluidos o desfavorecidos por los actuales ordenamientos vigentes.