ALAI AMLATINA, 09/04/2014.- [La Coalición por una Internet Justa y
Equitativa (Coalición Just Net) se constituyó en una reunión de sociedad
civil realizada en Nueva Delhi, India, en febrero de 2014. La integran
varias decenas de organizaciones e individuos de las diferentes regiones
del mundo, preocupadas por la gobernanza de Internet, los derechos
humanos y la justicia social, así como la relación entre ellos. Una de
sus primeras acciones fue presentar un documento con propuestas ante la
próxima reunión NetMundial (São Paulo, 23-24 de abril), convocada por la
presidenta Dilma Rousseff con un carácter multisectorial, para elaborar
principios universales (no vinculantes) de gobernanza de Internet. A
continuación presentamos este documento, que constituirá la base de la
plataforma de principios fundantes de la Coalición, en proceso de
elaboración].
Coalición Just Net
Internet se ha convertido en una infraestructura social de vital
importancia que tiene un profundo impacto en nuestras sociedades. Somos
todos ciudadanos y ciudadanas de un mundo mediado por Internet, ya
seamos la minoría que lo utiliza o la mayoría que no lo hace. Internet
debe contribuir al avance de los derechos humanos y la justicia social.
La gobernanza de Internet debe ser verdaderamente democrática.
Con Internet, se están reorganizando las instituciones públicas, en
particular las relacionadas con la gobernanza, el bienestar, la salud y
la educación, así como sectores clave como los medios de comunicación,
las comunicaciones, el transporte y las finanzas. Se ha transformado la
forma en que hacemos muchas cosas, mas los beneficios prometidos para
todo el mundo no se han realizado de manera adecuada. Por lo contrario:
somos testigos de la vigilancia masiva, del abuso de los datos
personales y su uso como medio de control social y político, de la
monopolización, mercantilización y monetización de la información y el
conocimiento; de flujos inequitativos de las finanzas entre países
pobres y ricos, y de la erosión de la diversidad cultural. Muchas
decisiones técnicas, supuestamente "neutrales", en la práctica han
fomentado la injusticia social, puesto que las arquitecturas
tecnológicas, desarrolladas a menudo para promover intereses creados,
determinan cada vez más las relaciones y los procesos sociales,
económicos, culturales y políticos.
Las oportunidades para que las mayorías puedan participar en los
beneficios reales de Internet y materializar plenamente su enorme
potencial, se frustran debido al creciente control de Internet por
quienes tienen poder: las grandes corporaciones y algunos gobiernos
nacionales. Ellos usan sus posiciones centrales de influencia para
consolidar el poder y establecer un nuevo régimen global de control y
explotación; y bajo el pretexto de favorecer la liberalización, en
realidad refuerzan el dominio y la rentabilidad de las grandes empresas
en detrimento del interés público, e imponen la posición predominante de
ciertos intereses nacionales en detrimento de los intereses y bienestar
globales.
El orden existente de gobernanza global de Internet es inadecuado.
Carece de democracia; se caracteriza por la ausencia de legitimidad, de
rendición de cuentas y transparencia; por una excesiva influencia de las
corporaciones que se traduce en subordinar las instancias regulatorias;
y da muy pocas oportunidades para la participación efectiva de las
personas, especialmente de los países en desarrollo. Esta situación sólo
puede remediarse a través de cambios fundamentales en los mecanismos
actuales de gobernanza.
La gobernanza de Internet debe partir del entendimiento de que la
interconectividad solo podrá estar al servicio de los derechos humanos y
la justicia social, en la medida en que favorezca y apoye el poder
distribuido, sobre todo hacia las bases, pero también atravesando las
distintas brechas digitales -sociales, económicas, políticas-. Por lo
tanto, para garantizar que Internet no conduzca, en la práctica, a una
mayor centralización del poder, se requiere de intervenciones apropiadas
en todos los niveles de gobernanza de Internet. La construcción de un
marco eficaz para lograr estos objetivos es el mayor reto hoy en día en
términos de la gobernanza global de Internet.
En este espíritu, planteamos los siguientes principios. Estos deben ser
la base del desarrollo de una Internet que contribuya al avance en todo
el mundo de los derechos humanos y la justicia social, y de la
reconfiguración de la gobernanza de Internet hacia un espacio
auténticamente democrático.
El Internet como Bien Común Global para los Derechos Humanos y la Justicia Social
1. Internet es un medio social clave y, en aspectos cruciales, un bien
común global: es un sitio para el intercambio de conocimiento e
información globales, un espacio para la libre expresión y asociación,
un medio para la deliberación y la participación democrática, un canal
para la entrega de servicios sociales y públicos esenciales, y un
andamio para nuevos modelos de actividad económica. Por lo tanto, todas
las personas del mundo, incluyendo las que no están conectadas
actualmente a Internet, deben tener la posibilidad de dar forma
colaborativamente a la evolución de Internet a través de procesos
apropiados de gobernanza que sean transparentes, democráticos y
participativos.
2. Internet debe ser utilizada sólo para fines pacíficos y esto debe ser
reconocido por los Estados en un instrumento vinculante y ejecutable.
3. La economía de Internet, al igual que otras áreas de la economía
global, debe ser objeto de una recaudación y distribución justa y
equitativa de los ingresos fiscales en todo el mundo, reconociendo que
la concentración del comercio electrónico internacional basado en el
Norte global es una amenaza para los ingresos fiscales del Sur global.
4. Internet debe mantenerse como un espacio público. Cuando surge una
divergencia entre la utilidad de Internet para fines de interés público y
los intereses particulares de servicios en Internet o de empresas de
tecnología, el interés público debe primar, y el servicio debe estar
sometido a la regulación como un servicio público.
5. La neutralidad de la Red, y otra formas similares de ‘neutralidad de
plataformas' en las capas superiores de Internet, deben garantizarse con
el fin de preservar la diversidad en línea y para evitar los
monopolios, ya sea en el contenido o en la prestación de servicios
públicos esenciales, en las arquitecturas tanto móviles, como de redes
fijas.
6. Para una Internet abierta y descentralizada se requiere la aplicación
estricta de estándares abiertos y públicos. Los estándares abiertos
permiten la implementación en forma totalmente interoperable por
cualquier persona en cualquier tipo de software, incluyendo el Software
Libre y de Código Abierto (SLCA). La tendencia a la privatización de los
estándares digitales debe frenarse y se deben introducir medidas para
garantizar que las normas sean de propiedad pública, y de libre acceso y
aplicación.
7. La arquitectura de la computación en la nube debe mejorar la
funcionalidad y la eficiencia digital, sin reducir el control y opciones
del usuario. También debería permitir a los usuarios tener protecciones
legales adecuadas, ya sea a través de las jurisdicciones nacionales o
acuerdos internacionales efectivos.
8. Las funcionalidades y servicios básicos o esenciales de Internet,
como el correo electrónico, servicios de búsqueda en la web y las
plataformas de redes sociales, deben estar a disposición de todas las
personas como bienes públicos.
9. Las personas deben ser capaces de disfrutar todos sus derechos y
prerrogativas como ciudadanos/as, incluso si eligen no acceder a
Internet. El acceso y uso de Internet no debería convertirse en un
requisito para el acceso a los servicios públicos.
10. Se debe alentar y fomentar la propiedad comunitaria y sin fines de
lucro de la infraestructura, las aplicaciones, los servicios y los
contenidos, incluyendo mediante el acceso al financiamiento público y
otros medios.
11. El derecho de acceso y de contribuir al desarrollo de Internet,
incluyendo su contenido, en particular por parte de los sectores
marginados y/o minoritarios, es esencial para el mantenimiento de la
diversidad cultural y lingüística y debe ser garantizado mediante la
discriminación positiva y la acción afirmativa.
12. Los datos personales y sociales deben pertenecer al individuo o al
grupo social respectivo. Se deben establecer marcos de políticas
públicas para hacer efectivo ese control y propiedad de los datos
digitales.
Un marco de derechos para la gobernanza verdaderamente democrática de Internet
13. Internet debe ser gobernada bajo el reconocimiento de que, en
aspectos cruciales, constituye un bien común global. Por consiguiente,
todas las capas de la arquitectura de Internet deben estar diseñadas
para prevenir la concentración de poder y el control centralizado.
14. Todas las personas tienen el derecho a la libertad de expresión en
línea. Cualquier restricción, por motivo de preocupaciones de seguridad o
de otro tipo, debe ser para fines estrictamente definidos y de acuerdo
con los principios aceptados mundialmente de necesidad, proporcionalidad
y supervisión judicial.
15. Todas las personas deben tener el derecho de usar Internet libres de
vigilancia masiva. Cualquier vigilancia, por motivo de preocupaciones
de seguridad o de otro tipo, debe ser para fines estrictamente definidos
y de acuerdo con los principios aceptados mundialmente de necesidad,
proporcionalidad y supervisión judicial.
16. A nivel mundial, existe un grave déficit democrático en la
gobernanza de Internet. Es urgente establecer plataformas y mecanismos
adecuados para la gobernanza global de Internet, que sean democráticos y
participativos. Éstos deben estar anclados al sistema de las Naciones
Unidas, e incluir disposiciones explícitas para diseñar y habilitar
métodos innovadores para la participación continua y profunda de los
actores no gubernamentales en los procesos de formulación de políticas.
Los actores no gubernamentales participantes deben, a su vez, estar
sujetos a requisitos adecuados de transparencia, en particular respecto a
sus fuentes de financiamiento, su membresía y sus procesos de toma de
decisiones.
17. El derecho a elaborar políticas públicas relacionadas con Internet
debe estar únicamente en manos de quienes representan legítimamente y
directamente a los pueblos. Si bien existe una necesidad urgente de
profundizar la democracia a través de métodos innovadores de democracia
participativa, éstos no deben incluir -en nombre de modelo de “múltiples
interesados” (multi-stakeholder)- nuevos tipos de poder político formal
de los intereses corporativos o particulares.
18. Los sistemas de gobernanza deben basarse en el reconocimiento de que
Internet tiene un impacto en la sociedad que la comunidad técnica de
Internet, con su singular enfoque en las cuestiones técnicas, no tiene
la suficiente legitimidad para determinar.
19. Las leyes de un país o un grupo de países no pueden controlar ni
constituir estructuras internacionales de gobernanza técnica ni de
política pública. La gestión de los recursos fundamentales de Internet
debe ser internacionalizada. Por lo mismo, el control actual por los
EE.UU. de la DNS / zona raíz debe ser reemplazado por una nueva
institución transparente, responsable y representativa
internacionalmente, a cargo de la supervisión de las funciones
fundamentales de administración de los recursos de Internet.
20. Cada país debe tener el derecho a conectarse a Internet. Ningún país
puede tener la capacidad unilateral de desconectar a otro país o región
de Internet.
21. Los derechos de los individuos y los Estados deben ser articulados y
protegidos en lo que concierne a Internet, entre otros mediante la
creación de mecanismos de aplicación adecuados. Tales mecanismos son
necesarios, tanto a nivel nacional como internacional, y deben incluir
mecanismos de resolución de conflictos.
Marzo de 2014.
- Coalición Just Net: Coalición por una Internet justa y equitativa
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