martes, 1 de abril de 2014

BOLIVIA: La tormenta minera, por Raúl Prada Alcoreza


Raúl Prada Alcoreza
 
La Ley Minera aprobada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ha ocasionado desgarramientos en los sectores afines al gobierno. Los cooperativistas mineros se movilizaron, salieron a los caminos y bloquearon, en desacuerdo al texto aprobado; el mismo que habría revisado el 25% de los artículos consensuados entre mineros sindicalizados, mineros cooperativistas y ejecutivo. Según el gobierno, a través de su ministro del ramo, dice que se lo ha hecho para no vulnerar la Constitución, pues algunos artículos consensuados abrían las compuertas a las empresas trasnacionales. Por otra parte, se dice que no se puede eludir la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de los contratos y concesiones a las empresas cooperativas. Los cooperativistas mineros exigen que sea el gabinete y no la Asamblea Legislativa el que apruebe los contratos. Este pedido no sólo vulnera la Constitución vigente, aprobada por el pueblo boliviano, también, claro está, por los cooperativistas mineros, sino que viola todo constitucionalismo y toda Constitución posible. Este es un golpe al Estado-nación; no sólo al gobierno, al excluir a uno de sus órganos de poder. 
 
Empero, la discusión no termina ahí. Los voceros oficialistas alegan que lo hacen defendiendo la Constitución. ¿Dónde la defienden? La constitución establece que los recursos naturales no son mercantilizables y están destinados al vivir bien. La Constitución prohíbe la exportación de materias primas. El modelo de economía social y comunitaria, definida en el contexto de la economía plural, propone un paradigma económico y ecológico, el camino hacia la soberanía alimentaria, el fortalecimiento del mercado interno, no del mercado externo, la industrialización de las materias primas, con el objeto de satisfacer los requerimientos del mercado interno. Con la Ley Minera, aprobada en la Cámara de Diputados, incluyendo o excluyendo las revisiones, vulnera la normativa establecida por la Constitución. Gobierno, MAS, mineros sindicalizados, mineros cooperativistas, han optado por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, contraviniendo las definiciones y determinaciones constitucionales. Se olvidan todos que es el pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales, no el Estado.  Nadie le preguntó al pueblo boliviano sobre la Ley Minera, nadie le preguntó sobre las políticas mineras. Como todos los gobiernos anteriores, sencillamente ignoraron al pueblo boliviano.
 
La Constitución es clara al respecto, exige la construcción colectiva de la decisión política, la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la gestión pública. Para el gobierno y estos gremios la Constitución está bien para la propaganda, pero, en absoluto para cumplirla. 
 
¿Cómo se ha llegado a este desbocado in-constitucionalismo? El problema de fondo es que el gobierno se cree propietario de los recursos de los bolivianos, así mismo el sindicalismo minero, también el cooperativismo minero. Ellos, pocos, están decidiendo el destino de los recursos naturales de los bolivianos, por lo tanto, indirectamente, el destino de los bolivianos. Algo inaudito a la luz del texto constitucional. ¿Cómo se explica que ocurra esto? El gobierno progresista ha heredado las estructuras del poder del Estado-nación, estructuras de poder instituidas para despojar a la tierra de sus recursos en beneficio de la vorágine capitalista, para expoliar al pueblo boliviano, para explotar al proletariado minero, mayoritariamente nómada. Estructuras de poder para acallar al pueblo, para no consultarle nada. Estructuras de poder de la colonialidad imperial. 
 
Bajo estas condiciones históricas impuestas, ¿Cómo pueden sostener los voceros del gobierno y del legislativo que defienden la Constitución? ¿Suponen que basta el discurso, decir que se apoyan en la Constitución para hacer lo que hacen, para que eso “acontezca”, aunque sea imaginariamente? ¿Alguna vez comprendieron el contenido de la Constitución, su estructura descolonizadora, sus horizontes conceptuales, el alcance de las condicionantes pluralistas, comunitarias, interculturales, autonómicas?  Tal parece que no les preocupa todo esto. Lo que importa es defender sus intereses gremiales; no importa si atentan contra el horizonte abierto por la Constitución. 
 
La situación escabrosa se explica porque no se dieron las transformaciones institucionales y estructurales, en tanto condiciones de posibilidad histórica para la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Se preservó el Estado-nación, barnizado con el simbolismo folklórico de nombres y ceremonias, que pretenden sustituir, en la parafernalia, la materialidad social histórica de la transición plurinacional, comunitaria, intercultural y autonómica. Esta es la explicación de la coyuntura dramática donde el gobierno, el sindicalismo y el cooperativismo se disputan migajas, dejando que las empresas trasnacionales se lleven la torta. Esto no es otra cosa que sumisión a la hegemonía y dominación del capitalismo mundial. De esta constatación histórica no los salva su demagogia “antiimperialista”. 
 
¿Cómo inclinarse a elaborar una Ley Minera aislada, independiente de la matriz normativa de la Constitución? ¿Cómo llegar al extremo de elaborar una ley extractivista vulnerando los contenidos fundamentales de la Constitución? ¿Por qué mantuvieron la mirada fragmentaria del país, la misma mirada de las élites y oligarquías que gobernaron el país? ¿Por qué no pueden tener una mirada integral de las políticas y de las transiciones hacia las emancipaciones, descolonizaciones y liberaciones? Hay una razón fuerte, histórica también; simplemente ocuparon el lugar del otro. No destruyeron las estructuras de dominación, no destruyeron los diagramas coloniales. Entonces hacen lo mismo que el otro; el anterior amo. 
 
Este es el perfil de una de las contradicciones profundas del “proceso de cambio”. Ante este espectáculo de reparto de la carne, de la piel, de la sangre de la madre tierra, por parte de gremios, el gobierno y el legislativo, el pueblo no puede quedar con los brazos cruzados.  Si lo hace es cómplice del despojamiento y de la desposesión de la tierra, de los recursos y de la vida. Hay que entender que los que hacen lo que hacen, repartirse los bienes de los bolivianos, lo hacen no solo por su angurria, sino también por el silencio y la inmovilidad de los que contemplan azorados.
 
Es muy grave lo que establece dicha Ley Minera. En el ARTÍCULO 17. (FUNCIÓN ECONÓMICA SOCIAL), la Ley dice:
 
La función económica social se cumple con el desarrollo de las actividades mineras, precautelando su sustentabilidad, la generación de empleo respetando la dignidad y derechos laborales y sociales de los trabajadores mineros, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su titular, cuyo incumplimiento y régimen sancionatorio se rige por las normas específicas aplicables a cada materia.
 
La función económica y social se ha reducido a la labor extractivista. ¿Cómo puede ser esta una función económica y social? Esa parte de los bolivianos, los trabajadores mineros, están condenados de por vida, de generación en generación, a ser trabajadores extractivistas, en beneficio, al final de cuentas, del gran capital internacional. El resto de los bolivianos, la gran mayoría, está condenado a ver cómo se llevan sus riquezas, contentándose que lleguen a las arcas del Estado regalías, impuestos y tributos mineros, que son miserables en comparación con el plusproducto y la plusvalía que se llevan las empresas extractivistas trasnacionales. ¿A eso se llama función económica y social? Pare de contar lo que pasa con las empresas cooperativas mineras, donde, en la práctica, efectivamente, no nominalmente, unos son propietarios, son la burguesía cooperativa, y la gran mayoría de los trabajadores son explotados salvajemente, sin seguro, sin derechos, sin posibilidad de sindicalizarse.
 
En el ARTÍCULO 19. (PARTICIPACIÓN DE LAS NACIONES y PUEBLOS INDÍGENA, ORIGINARIO CAMPESINO), la ley dice:
 
Las naciones y pueblos indígena, originario campesino, gozan del derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos minerales en sus territorios, conforme al régimen regalitario minero, sin perjuicio de las medidas y compensaciones que correspondan de acuerdo con el régimen de consulta previa establecida en la presente Ley.
 
Este artículo es descarnadamente colonial; desconoce de plano los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución. Desconoce el artículo 2 de la Constitución, donde se establece la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios, su derecho a la libre determinación, al autogobierno, a la autonomía,  a territorio propio, a la gestión propia del territorio, a sus instituciones propias, de acuerdo a las normas y procedimientos propios. Este artículo, 19 de la Ley Minera, se traga a las comunidades subsumiéndolas a la vorágine extractivista. Más colonial no podía ser. De aditamento, desconoce la Consulta con Consentimiento, Libre, previa e Informada, establecida por la Constitución, ratificándolos convenios internacionales. El ministro del ramo ha tenido el desparpajo de decir que este artículo garantiza los derechos de los pueblos indígenas. ¿Dónde? Cuando lo que se hace es desconocer sus territorios. Estamos pues ante una nueva versión de la colonialidad, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad económica, expresadas destructivamente en el vaciamiento extractivista.
 
En lo que respecta a las empresas cooperativas mineras, está claro que el  ARTÍCULO 34 (COOPERATIVAS MINERAS), es un saludo a la bandera. El artículo dice:
 
Las cooperativas mineras son instituciones sociales y económicas autogestionarias de interés social sin fines de lucro. Su fundamento constitutivo y marco normativo es la Ley General de Cooperativas y sus estatutos.
 
Las empresas cooperativas no son ni autogestionarias, tampoco siguen ese propósito de la ley, sin fines de lucro. Todo lo contrario. La autogestión es un principio, además de una dinámica, de autodeterminación. En la matriz de la autogestión se encuentra lo común y la comunidad. Las concesiones a las cooperativas han dado forma a posesiones privadas, a arrendamiento y a explotaciones salvajes, aludiendo al capitalismo salvaje. Como dijimos antes, nadie defiende los derechos de los trabajadores cooperativistas, explotados por supuestos administradores, cuando, en realidad fungen de propietarios.
 
Hay artículos que expresan patentemente el régimen de propiedad heredado del Estado colonial. No ha cambiado nada, a pesar de la Constitución. Es cierto que la octava disposición transitoria dice lo siguiente:
 
I.                    En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos.
 
II.                 En el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano.
 
III.               Las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación de la presente Constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros.
 
IV.               El Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social.
 
V.                 Las concesiones de minerales radioactivos otorgadas con anterioridad a la promulgación de la Constitución quedan resueltas, y se revierten a favor del Estado.
 
 
En contraste, el ARTÍCULO 94, (DERECHOS ADQUIRIDOS Y PRE CONSTITUIDOS), dice:
 
I. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y respeta los derechos adquiridos de los titulares privados individuales o conjuntos, de las empresas privadas y mixtas y de otras formas de titularidad privada respecto de sus concesiones mineras, previa adecuación al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley.
 
II. El Estado reconoce y respeta los derechos mineros pre constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse los mismos al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley.
 
III. El Estado reconoce y respeta los derechos mineros adquiridos de las empresas estatales, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse o registrarse, con las salvedades previstas en la presente Ley.
 
¿Cuál entonces la diferencia? El numeral I de la octava disposición transitoria se refiere en general a las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos. Es una disposición general, no específica. En cambio el numeral I del artículo 94 se refiere específicamente a la minería. Cuando la Constitución se refiere a la minería establece, en el numeral II, que en el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano. Esta es la diferencia. Se ha usado una determinación general para algo específico, se ha obviado lo específico de la Constitución para conservar el mismo régimen extractivista de los periodos republicanos.
 
El numeral IV de las disposiciones transitorias de la Constitución establece que el Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social. El numeral II del artículo 94 de la Ley Minera dice: El Estado reconoce y respeta los derechos mineros pre constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse los mismos al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley. Esto, de cualquiera de las modalidades vigentes, impide revisar las modalidades no cooperativistas practicadas a nombre del cooperativismo. Como se puede ver, estamos ante una ley que suelda el mismo régimen extractivista heredado del neoliberalismo.
 
Por si fuera poco, se refrenda la consolidación del régimen extractivista depredador con disposiciones legales represivas y de criminalización de la protesta. El ARTÍCULO 99. (DERECHO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN JURÍDICA), dice:
 
I.            El Estado Plurinacional garantiza la seguridad jurídica de los emprendimientos e inversiones mineras de los actores productivos mineros y establece que, entre otros derechos, gozan del derecho de exigir de las autoridades públicas competentes plena y efectiva protección frente a actos de personas individuales o colectivas que pretendan avasallar o avasallen, invadan o pretendan invadir sus Áreas Mineras, plantas o instalaciones.
 
II.          Ninguna persona natural, jurídica, comunitaria, colectiva u organización social podrá impedir o suspender mediante violencia, amenazas, engaño, o cualquier otro medio, la iniciación o continuidad de las actividades mineras ni perturbar en forma alguna las labores normales de los actores productivos mineros. En caso de violación a dicha prohibición y en el caso previsto en el parágrafo I anterior se determinarán y aplicarán las responsabilidades y sanciones civiles y penales de ley. Las autoridades competentes y de amparo remitirán de inmediato los antecedentes necesarios al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y juzgamiento pertinentes.
 
Estas disposiciones legales son dispositivos represivos de cualquier régimen burgués. ¿De qué socialismo comunitario hablan los oficialistas?  No solamente se trata de retórica, sino de una suplantación grotesca; el “socialismo” ha desaparecido para ser sustituido por distintas formas de propiedad privada, que recorren la historia del avasallamiento privado de lo común, la explotación y el despojamiento privado de los comun; ahora, como con sorna dolorosa, se lo hace a nombre del “socialismo comunitario”.
 
Se refuerza lo anterior con el artículo 100, donde se dice:
 
III.       Las personas responsables de los hechos, acciones y amenazas deberán hacer abandono inmediato de las áreas o lugares de actividad, instalaciones, dependencias, caminos, accesos, campamentos u otros, indebidamente ocupadas o afectadas y deberán abstenerse de proferir amenazas o ejercer directa o indirectamente acciones que perjudiquen el normal desarrollo de las actividades mineras.
 
Lo más grave se encuentra en el tratamiento que da la ley al uso del agua; la Ley Minera prácticamente privatiza el uso del agua. En el Capítulo Quinto, Recursos hídricos, el artículo 373, la Constitución establece:
 
I.                    El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.
 
II.                 Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.
 
En cambio La Ley Minera, contraviniendo estas disposiciones constitucionales, define el siguiente régimen de privatización del agua:
 
ARTÍCULO 111. (DERECHO DE USO DE AGUAS DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO).- I. Los titulares de derechos mineros tienen el derecho a utilizar aguas naturales que discurren en el área minera y aguas alumbradas de interior mina o en superficie, respetando las normas medio ambientales aplicables.
 
En el inciso a), dice:
 
Los operadores mineros que gozan de derechos legales de uso de aguas o de servicios de provisión de agua: i) en zonas concesibles, ii) bajo jurisdicción municipal, o iii b) Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales de aguas – ex concesiones mineras de aguas - continuarán ejerciendo sus derechos, debiendo sin embargo, sujetarse a las normas de adecuación a Contrato Administrativo Minero previstos en la presente Ley cuando se demuestre que la ex concesión minera de aguas está destinada al servicio de una ATE, que a su vez, se sujeta al régimen de adecuación. La adecuación se realizará simultáneamente en el mismo contrato.
 
III.               Para el uso de aguas de dominio privado o comunitario, el actor productivo minero deberá llegar a un acuerdo con el titular y a falta de ello, cumplir con los trámites de autorización administrativa establecida en el presente artículo, salvo por lo dispuesto en el parágrafo V siguiente, además de las normas medio ambientales aplicables.
 
IV.               En ningún caso corresponde el derecho de uso de aguas ni la autorización administrativa cuando se interrumpa o perjudique la provisión regular de agua potable para la población. Si se afectaren actividades agrícolas en explotación, el acuerdo previo con los afectados es requisito indispensable.
 
V.                 En caso de autorización para la variación de un curso de agua de dominio público, la provisión de agua potable para poblaciones no podrá quedar interrumpida o perjudicada.
 
 
VI.               Toda actividad minera integrada o aislada deberá ejecutar en sus trabajos la correcta gestión o manejo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos cumpliendo con las normas ambientales vigentes.
 
VII.            En la eventualidad de que no existiera acuerdo entre el titular de los derechos mineros y el o los titulares de derechos de agua del dominio privado para su uso por el titular minero, este último podrá presentar ante el Director Departamental o Regional competente, solicitud de autorización administrativa para el reconocimiento del derecho de uso.
 
Como se puede ver, desaparecen los derechos colectivos, los derechos comunitarios, los derechos de la madre tierra, los derechos de las poblaciones y pueblos. Estos dispositivos normativos están hechos para garantizar el funcionamiento de la minería extractivista, usando el agua común, dejando de lado los derechos colectivos, comunitarios, sociales y de la madre tierra, constitucionalizados. Con un lenguaje de pretendida dádiva dice que se debe llegar a un acuerdo previo. ¿Entre quienes? ¿Entre depredadores y comunarios? ¿Acaso están en las mismas condiciones éticas y morales para hacerlo? La Constitución defiende la vida, se propone armonizar los ciclos vitales con los de las sociedades humanas. En la Constitución no tienen jurisdicción los depredadores. Estamos ante una Ley que no sólo vulnera la Constitución sino hace sorna de la víctima, los pueblos, las poblaciones, las comunidades, el pueblo boliviano.
 
Por si fuera poco, el ARTICULO 112. (VARIACIÓN DE CURSOS DE AGUA), dice:
 
I.            En caso de que un titular de derechos mineros tuviere necesidad justificada de variar cursos de agua, presentará solicitud al Director Departamental o Regional competente, acompañando un estudio justificativo, incluyendo su propuesta de modificación a la Licencia Ambiental, copia de la cual se entregara a la autoridad ambiental competente.
 
Desviar el curso del agua, que es un delito constitucional, termina reducido a un procedimiento administrativo. Esta es la Ley que el gobierno, la Asamblea Legislativa, los voceros oficiales llaman constitucional. Más estrambótico espectáculo no podía darse.
 
 
Raúl Prada Alcoreza
Comuna

Celular:(591) - 71989419
La Paz-Bolivia

Racismo y poder en el Perú de hoy


Por Roger Merino*

30 de marzo, 2014.- No hay peor racista que aquel que niega el racismo o lo minimiza, pues con ello no solo agrava la situación de discriminación constante que se sufre en el país, sino que además la normaliza. Argumentos tales como el racismo inverso o que los “prejuicios contra los blancos son igualmente nocivos” (Pasquel, 2014; Santillana, 2013) no solo muestran un total desconocimiento del grave problema del racismo en el Perú, sino que además reafirman el profundo racismo de muchas élites intelectuales y profesionales.

El racismo no es un simple problema de prejuicios o resentimiento que afectaría a todos por igual, como se pretende hacer creer. El racismo como discurso e instrumento de dominación nace en la colonia mediante el establecimiento de una jerarquía de poder que organiza la sociedad en términos sociales, políticos y económicos. La explotación y exterminio del indígena en las minas de la serranía y las haciendas durante la colonización y buena parte de la república, el exterminio y esclavitud a que fueron sometidos los indígenas amazónicos durante la fiebre del caucho (1879 – 1912) y muchos otros ejemplos históricos, se enmarcan en un sistema fundamentado en el racismo como base de la colonialidad del poder, tal como señala Aníbal Quijano.

El racismo justificó la negación de la humanidad y la inferioridad del indígena y del afroperuano. Esta jerarquía de poder es tan arraigada que los diferentes matices del color de piel siguen jerarquizando a los individuos incluso dentro de los grupos marginados. Como señala Marisol de la Cadena, no se trata solo de blancos, mestizos, indios y negros. Los mestizos más blancos son jerarquizados como superiores a los mestizos más indios, los indios que esconden su lengua materna y su indigenidad son jerarquizados como superiores a los indios que persisten en sus normas culturales. Esta situación se mantiene hasta hoy en la vida cotidiana, en donde los insultos racistas entre mestizos, indígenas y negros se enmarcan en esa jerarquía que tiene en su cúspide a las élites sociales.

Esa jerarquía de poder no es solo un problema de estereotipos en los programas de televisión o discriminación en el consumo. Es un problema que se enmarca en la lógica más profunda del poder público, tan normalizada que su ejercicio es simplemente ignorado. Por ejemplo, cuando Fernando Belaúnde escribió La conquista del Perú por los peruanos (1959) o Alan García escribió El perro del hortelano (2007), ambos observaron a la Amazonía como un espacio libre a explotar pasando por encima de sus habitantes. Estos discursos implícita o explícitamente retratan a los indígenas amazónicos como obstáculos al desarrollo y por ello lo instrumentalizan o lo hacen dispensables en el proyecto modernizador.

Y es que el racismo es tan grave que está en la base de muchas políticas públicas en el país hasta el día de hoy. El racismo se convierte en una violencia institucional que justifica el hecho de que, por ejemplo, la mayor parte de los territorios indígenas se encuentren concesionados sin ningún tipo de consulta ni respeto a sus habitantes. Ese racismo permite esencializar al indígena como “anti-minero”, “anti-desarrollo” o simplemente mediocre, sin que nadie se inmute.

En dicho contexto, banalizar el problema señalando que los blancos también son “víctimas” de prejuicios y que los indígenas son racistas al ser “resentidos”, es un argumento deleznable y profundamente racista pues pretende ignorar la jerarquía de poder instaurada en la consciencia colectiva, estructura institucional, procesos económicos y discursos sociales por más de 500 años en América.

Reconocer el problema del racismo y desmantelar su jerarquía de poder en términos políticos, jurídicos, económicos y sociales es fundamental en nuestro país. Para ello, un primer paso es desmantelar la fachada “multicultural” y “tolerante” de ciertas élites verdaderamente racistas.

Referencias
Belaunde, F., 1959. La Conquista del Perú por los peruanos. Lima: Tawantinsuyu.
De la Cadena, M., 1998. Silent Racism and Intellectual Superiority in Peru. Bulletin of Latin American Research, 17 (2), pp. 143-164.
García, A., 2007. El síndrome del perro del hortelano. El Comercio, 28 October, Lima.
Pasquel, E., 2014. China Jacinta, Paisana Tudela. El Comercio, martes 25 de Marzo. http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/china-jacinta-paisana-tudela-enrique-pasquel-noticia-1718090
Quijano, A., 2000. Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America. Nepantla: Views from South, 1 (3), pp. 533-580.
Santillana, M., 2013. El racismo es de doble vía. Semana Económica, 20 de agosto del 2013. http://semanaeconomica.com/oso-decirlo/2013/08/20/el-racismo-es-de-doble-via/

*Roger Merino es Ph.D. (c) en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Bath del Reino Unido, donde obtuvo el grado de Máster en Políticas Públicas Internacionales y Globalización. Es abogado por la UNMSM, con maestría en Derecho Comparado y Economía por la Universidad Internacional de Turín.

Europa, recortes y pobreza: los ajustes de Rajoy han afectado a los hogares más pobres



Está bien que la Comisión describa los efectos negativos de las políticas que ellos mismos, desde Bruselas, prescriben. Y España no es el único país que nota los efectos colaterales propios de estas medidas económicas. También en Reino Unido son los hogares con niveles más bajos los que han experimentado las mayores reducciones de ingresos a raíz de los ajustes en el periodo 2012-2013.

En contraste, en Grecia y Portugal, las nuevas reformas de los sistemas tributario y de prestaciones sociales efectuadas en 2012-2013 hicieron bajar los ingresos de todos o casi todos los hogares, según el estudio de Bruselas. Es decir, la mayor pobreza se repartió más equitativamente que en España.

En Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía, el impacto global de las reformas de los dos últimos años en los ingresos de los hogares fue positivo, ya que aquellos con ingresos más bajos se beneficiaron, en términos relativos, de los cambios. Y en Italia sólo el grupo de los más ricos vio reducidos sus ingresos.

Si se tiene en cuenta el conjunto de los recortes realizados desde que estalló la crisis en 2008 hasta 2013, la carga del ajuste en España ha recaído más sobre los sectores más pobres y sobre los más ricos de la sociedad que sobre las clases medias, según el estudio de Bruselas. La misma evolución se observa de nuevo en el caso de Reino Unido.

El impacto de los ajustes en los ingresos de los hogares desde el principio de la crisis ha sido especialmente importante en Irlanda, Grecia, Portugal, España y Lituania, mucho menos pronunciado en Estonia, Italia, Francia, Letonia y Reino Unido y positivo en Alemania y Reino Unido.

En el caso de España, el estudio señala el importante aumento del IRPF y del IVA, que ha aumentado 5 puntos, del 16% al 21%. De hecho, el impacto de la subida del IVA en los ingresos de los hogares españoles es similar al total del resto de ajustes. Los recortes han afectado más a los hogares con personas mayores por los ajustes en pensiones, según el informe.

AUMENTARÁ LA POBREZA

El informe concluye que la reciente recuperación económica en la UE aún no se ha traducido en un aumento destacado del empleo y que la situación social en la UE muestra pocos signos de mejora por el momento, hasta el punto de que los niveles de pobreza seguirán aumentando.

"La economía de la UE ha vuelto a crecer lentamente. Sin embargo, la situación de muchos hogares y de muchas personas aún no mejora, y cada vez son más los casos de gente con dificultades financieras. Las desigualdades han aumentado, y existe el riesgo de que la frágil recuperación actual no mejore la situación de muchos grupos con ingresos bajos. La UE está aún lejos de haber logrado una recuperación inclusiva y generadora de empleo", ha avisado el comisario de Empleo, László Andor, en un comunicado.

El empleo mostró los primeros signos de estabilización en 2013, con un crecimiento del 0,1 % en el segundo semestre. El crecimiento fue positivo en el sector de los servicios, mientras que la pérdida de empleos en la construcción y los sectores industriales se redujo. No obstante, las cifras del tercer y cuarto trimestres de 2013 muestran que en un número cada vez mayor de Estados miembros de la UE el crecimiento de la economía no ha ido acompañado de la creación de empleo.

En 2013, la renta familiar disponible bruta real de los hogares continuó disminuyendo respecto al año anterior en la zona del euro, aunque a un ritmo más lento. Otra tendencia preocupante es el continuo aumento de las dificultades financieras desde 2010, con un sector creciente de la población que afirma tener que recurrir a sus ahorros y, en los últimos tiempos, incluso endeudarse, para cubrir los gastos cotidianos. Los hogares con rentas más bajas son los más perjudicados. El 10% de los adultos que viven en hogares de renta baja se ven obligados a endeudarse y otro 15 % ha de gastar los ahorros para cubrir los gastos corrientes (frente al 5 % y el 12 % correspondientes a la población total).

El desempleo observado en enero de 2014 alcanza aún niveles de récord, con unos veintiséis millones de personas (10,8 % de la población activa) en busca de empleo en la UE. En varios Estados miembros, el desempleo se mantiene cercano a los máximos históricos observados por primera vez en la crisis actual. El estudio señala también un uso creciente del trabajo temporal y a tiempo parcial.

La pobreza y la exclusión social siguieron aumentando en 2011 y 2012 y, según los últimos datos disponibles, podrían crecer también en 2013 en los países donde la situación económica y el mercado de trabajo han seguido deteriorándose.


Brasil: 200 indigenas ocupan Belo-Monstruo

TODO APOIO À OCUPAÇÃO INDIGENA NOS CANTEIROS DE BELO MONTE
Companheiras e companheiros de luta em defesa da vida, dos rios, da floresta e dos animais da Pan-Amazônia.
Estamos em um momento muito importante da luta contra o projeto do governo brasileiro para a Amazônia, proposta desenvolvimentista atrasada e autoritária que exaure as riquezas naturais da região e destrói o planeta, tendo a usina de Belo Monte e as demais barragens como carro chefe deste processo.
Aproximadamente 200 indígenas de 08 etnias, Juruna, Kayapó, Xipaya, Kuruaya, Asurini, Parakanã, Arara, Munduruku, estão neste exato momento ocupando o canteiro principal de Belo Monte, resistindo a pressão e ao cerco da Força Nacional, Polícia Federal, ROTAM e tropa de choque da Polícia Militar do Pará.
A pauta apresentada por estes indígenas pode ser resumida em três pontos: exigem que seja regulamentada a legislação que trata da consulta prévia, livre, bem informada e com poder de decisão sobre a construção de empreendimentos em suas terras, rios e florestas; demandam que, enquanto não houver regulamentação e consulta, sejam suspensas as obras e estudos de novas barragens em suas áreas; e que sejam canceladas as operações policiais e militares que o governo federal está realizando em suas terras.
A carta que escreveram ao governo brasileiro no dia 02 de maio de 2013 é clara em relação as suas intenções, ela diz: “Nós queremos dialogar, mas vocês não estão deixando a gente falar. Por isso nós ocupamos o seu canteiro de obras. Vocês precisam parar tudo e simplesmente nos ouvir”.
Quem está “dialogando” com os indígenas, em nome do governo federal, é a Força Nacional, que depois de um mandado judicial retirou os jornalistas que estavam cobrindo a ocupação, não está permitindo que os advogados tenham acesso ao canteiro, e tem afirmado que os governantes já disseram que não vão negociar com os indígenas enquanto eles estiverem lá, desta forma, eles deveriam sair antes que sejam retirados a força.
Esta postura provocativa e beligerante se reforça ainda mais com decretos como o de nº 7957/2013, assinado pela presidente Dilma Rousseff no dia 12 de março, que dá poderes ao próprio governo federal, através de seus ministros de estado, para convocar a Força Nacional em qualquer situação que avaliarem necessário.
Agravando essa situação, a Secretaria Geral da Presidência da República emitiu nota oficial em seu sítio, no dia 06.05.13, com conteúdo extremamente agressivo e divulgando versões falsas sobre recentes acontecimentos, como as operações militares no Teles Pires e Tapajós, e as reuniões manipuladas pelo governo federal, guardadas por forte aparato militar repressor.
Este é o diálogo que o governo federal apresenta aos povos indígenas da Amazônia, o diálogo da truculência, da calunia, da difamação e da militarização. Grande contradição, pois um governo que tem como presidente uma pessoa que foi perseguida pela ditadura militar, de forma nenhuma deveria perseguir indígenas e movimentos sociais, muito menos de maneira tão reacionária, autoritária, mesquinha e antidemocrática. Ação sistemática do atual governo.
É por isso que os povos indígenas que ocupam o canteiro precisam de todo nosso apoio e solidariedade. Eles representam a nossa convicção, a nossa luta, o nosso desejo de construir um mundo justo para todos, onde os benefícios não sejam para políticos e empresários mentirosos, gananciosos e corruptos.
Esta solidariedade precisa se manifestar de todas as formas, através de nosso apoio político; com a divulgação do que está ocorrendo na região, em especial depois da retirada dos jornalistas; e inclusive com nosso apoio financeiro para a manutenção daqueles que, neste momento, estão sitiados pelas forças militares em Belo Monte.
Belo Monte NÃO é um fato consumado, o “Monstro” ainda pode ser derrotado, mas para isso acreditamos ser necessário lançar mão de todas as nossas forças em um movimento de unidade e de solidariedade aos povos da Amazônia, ecoando a sua pauta ao Brasil e ao mundo.
Os guerreiros e guerreiras do Xingu, Tapajós, Teles Pires, da Amazônia, precisam saber que não estão sozinhos nesta árdua e desigual batalha. A luta deles é a nossa luta. A vitória deles será também a nossa vitória.
Pela regulamentação da lei de consulta prévia, livre, bem informada e com poder de decisão. Pelo fim da militarização em terras indígenas.
Pare o projeto das hidrelétricas do Tapajós!
Pare a construção de Belo Monte!
Pan-Amazônia livre!
Belém, 07 de maio de 2013
Assinam esta nota:
- Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins (APA-TO)
- Associação Brasileira dos Ogãs (ABO)
- Associação das Organizações das Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas (AOMT-BAM)
- Associação de Artesãos do Estado do Amapá (AART – AP)
- Associação de Divisão Comunitária e Popular (ADCP)
- Associação de Gays, Lésbicas e Transgêneros de Santana (AGLTS)
- Associação de Hortifrutigranjeiros, Pescadores e Ribeirinhos de Marabá (AHPRIM)
- Associação de Moradores Quilombolas da Comunidade de São Tomé do Aporema (AMQCSTA)
- Associação de Mulheres do Abacate da Pedreira (AMAP)
- Associação de Mulheres Mãe Venina do Quilombo do Curiaú (AMVQC)
- Associação de Proteção ao Riacho Estrela e Meio Ambiente (APREMA)
- Associação dos Moradores do Bengui (AMOB)
- Associação Educacional Mariá (AEM)
- Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (ASSEMA)
- Associação Grupo Beneficente Novo Mundo (GBNM)
- Associação Sociocultural de Umbanda e Mina Nagô (ACUMNAGRA)
- Encanto - Casa Oito de Março - Organização Feminista do Tocantins
- Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN)
- Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (CEDENPA)
- Centro de Treinamento e Tecnologia Alternativa Tipiti (CENTRO TIPITI)
- Centro Pedagógico e Cultural da Vila Nova (CPCVN)
- Centro Popular pelo Direito a Cidade (CPDC)
- Coletivo Jovem de meio Ambiente do Pará (CJ-PA)
- Comunidade de saúde, desenvolvimento e educação (COMSAÚDE)
- Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM)
- Cooperativa de Mulheres Trabalhadoras da Bacia do Bacanga (COMTRABB)
- Cooperativa de Trabalho, Assistência Técnica, Prestação de Serviço e Extensão Rural (COOPTER)
- Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém (FAMCOS)
- Federação das Entidades Comunitárias do Estado do Amapá (FECAP)
- Federação de Cultos Afro-religiosos de Umbanda e Mina Nagô (FECARUMINA)
- Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE – Programa Amazônia)
- Fórum Carajás
- Fórum de Participação Popular em Defesa dos Lagos Bolonha e Água Preta e da APA/Belém - Fórum dos Lagos
- Fórum dos Movimentos Sociais da BR-163/PA (FMS BR-163)
- Fórum dos Movimentos Sociais de Belterra (FMSB)
- Fundação Tocaia (FunTocaia)
- Grupo das Homossexuais Thildes do Amapá (GHATA)
- Grupo Identidade LGBT
- Grupo Ipê Amarelo pela Livre Orientação Sexual (GIAMA)
- Instituto de Desenvolvimento Social e Apoio aos Direitos Humanos Caratateua (ISAHC)
- Instituto de Divulgação da Amazônia (IDA)
- Instituto de Mulheres Negras do Amapá (IMENA)
- Instituto EcoVida
- Instituto Saber Ser Amazônia Ribeirinha (ISSAR)
- Instituto Trabalho Vivo (ITV)
- Irmãs de Notre Dame de Namur (SNDdeN)
- Marcha Mundial das Mulheres (MMM – AP)
- Movimento dos Trabalhadores Sem Teto Urbano (MSTU)
- Movimento Afrodescendete do Pará (MOCAMBO)
- Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém (MMIB)
- Movimento de Mulheres Empreendedoras da Amazônia (Moema)
- Movimento de Promoção da Mulher (Moprom)
- Movimento República de Emaús (MRE)
- Mulheres de Axé
- Rede de Educação Cidadã (RECID)
- Sindicato das Empregadas Domésticas do Estado do Amapá (SINDOMESTICA)
- Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém (STTR/STM)
- Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR-MA)
- Sociedade de Defesa dos Direitos Sexuais na Amazônia (SODIREITOS)
- União Folclórica de Campina Grande (UFCG)
- União Municipal das Associações de Moradores de Laranjal do Jarí (UMAMLAJ)
- Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes (APACC)
- Associação dos Concursados do Pará (ASCONPA)
- Associação Sindical Unidos Pra Lutar
- Comissão Pastora da Terra (CPT/PA)
- Conselho Indigenista Missionário Regional Norte II (CIMI)
- Comitê Dorothy
- Central Sindical e Popular CONLUTAS
- Diretório Central dos Estudantes/UFPA
- Diretório Central dos Estudantes/UNAMA
- Diretório Central dos Estudantes/UEPA
- Diretório Central dos Estudantes/UFRA
- Fórum da Amazônia Oriental (FAOR)
- Fórum Social Pan-Amazônico (FSPA)
- Fundo Dema/FASE
- Instituto Amazônia Solidária e Sustentável (IAMAS)
- Instituto Universidade Popular (UNIPOP)
- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
- Movimento Luta de Classes (MLC)
- Movimento Estudantil Vamos à Luta
- Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
- Partido Comunista Brasileiro (PCB)
- Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU)
- Partido Comunista Revolucionário (PCR)
- Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH)
- Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Pará (SINTSEP/PA)
- Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Belém e Ananindeua
- Vegetarianos em Movimento (VEM)
- Associação Indígena Tembé de Santa Maria do Pará (AITESAMPA)
- Associação dos Empregados do Banco da Amazônia (AEBA)
- Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense (FMAP)
- Grupo de Mulheres Brasileiras (GMB)
- Instituto Amazônico de Planejamento, Gestão Urbana e Ambiental (IAGUA)
- Mana-Maní Círculo Aberto de Comunicação, Educação e Cultura
- Rede de Juventude e Meio Ambiente (REJUMA)
- Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN)
- Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Gestão Ambiental do Estado do Pará (SINDIAMBIENTAL)
- JUNTOS! Coletivo de Juventude
- Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior no Estado do Pará (SINDTIFES)
- Tô Coletivo
- Assembléia Nacional dos Estudantes – Livre (ANEL)
- Grêmio da Escola Estadual “Ulysses Guimarães”
- Contraponto
- Associação dos Funcionários do BANPARÁ (AFBEPA)

Assinaturas individuais:
- Tânia Pacheco - Blog Combate Racismo Ambiental
- Rodrigo de Medeiros - RENAP-CE

Un dólar por la libertad es la campaña que arrancó el domingo. La vaquita recaudará $140 mil para Correa

La colecta de $1 promovida por el movimiento indígena se iniciará oficialmente el 7. Nueve días tiene el Gobierno para responder a la CIDH sobre las medidas cautelares.

El domingo, en Tundayme (Zamora Chinchipe), se inició la campaña “Un dólar por la libertad”. Liderada por el movimiento indígena, la consigna es recolectar $140 mil para pagar la multa impuesta a Cléver Jiménez, asambleísta de Pachakútik (PK), de su asesor Fernando Villavicencio y del exdirigente gremial de la Asociación de Médicos Carlos Figueroa.

Jiménez y Villavicencio también fueron sentenciados a 18 meses de prisión por injurias contra el presidente Rafael Correa.

“Es una campaña por la dignidad, por los derechos humanos, porque en Ecuador la justicia no es autónoma -dijo Fanny Campos-. Nosotros llamamos a la dignidad y al respeto por la democracia”. Ella es coordinadora nacional de Pachakútik.

Para aplicar la medida tomada en la rendición de cuentas de Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, se utilizará una vaquita similar a la empleada en 2012 durante la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos. El monigote, en forma de vaca con su cría, fue uno de los símbolos más representativos de esa movilización.

En esta ocasión, también lo será, pero no se descarta utilizar las imágenes de los animales de cada provincia. La iniciativa no es nueva. En 2012, César Umajinga, exprefecto de Cotopaxi y actual asambleísta de PK, colocó un ánfora en esa dependencia para recolectar dinero y pagar la multa de $876 impuesta por incumplir una ordenanza municipal.

Al finalizar la rendición de cuentas de Quishpe, la vaquita recibía las colaboraciones de los presentes. Otra llegó desde Orellana, en donde la iniciativa fue liderada por la prefecta electa, Guadalupe Llori. Ese día se recolectaron $571,87.

Este jueves, los representantes del Consejo Ejecutivo y del Consejo Nacional de Pachakútik finiquitarán los detalles de la recolección, que oficialmente arrancará el 7 de abril.

Las organizaciones que participarán son la Conaie, Ecuarunari, Conaice, Confenaie organizaciones de la Costa, la Sierra y la Amazonía. También solicitarán el apoyo de las filiales de EEUU, España y Galápagos.

“La vaquita es un símbolo de la solidaridad del pueblo con los demás -dijo Campos-. Apelamos al Randi randi, que significa ‘Hoy me das y, si tu mañana necesitas, yo te voy apoyar’”.

Mientras tanto, el 9 de abril concluirá el plazo que dio la CIDH para que el Gobierno se pronuncie sobre las medidas cautelares otorgadas a los tres implicados. Julio César Sarango, abogado, señaló que se necesita un pronunciamiento no político, sino fundamentado en derecho. (NJ y Red. HOY)

 El regreso de Villavicencio satisface a indígenas

Según el asambleísta de Pachakútik César Umajinga, la bancada del movimiento indígena se encuentra conforme con el retorno de Fernando Villavicencio.

"Los tres (Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa) tenían que estar aquí en el país afrontando -dijo Umajinga-. En eso hay que ser claros". El activista salió de Ecuador el 11 de enero para dirigirse a EEUU, en donde solicitaría medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, el fin de semana regresó. Villavicencio está internado ahora en la Amazonía. A través de un video para Ecuadorenvivo, dijo: "Aquí estoy. Dejé atrás un seguro asilo político, visa gringa y más oportunidades. Mis ideales y convicciones están aquí". Ramiro García Falconí, abogado de Villavicencio, analiza nuevas posibilidades jurídicas.



Los afectados por crisis humanitarias se duplica en diez años, según la ONU

El número de afectados por crisis humanitarias prácticamente se dobló en la última década, mientras se triplicaba el coste de la ayuda internacional necesaria para darles respuesta, según un informe publicado hoy por Naciones Unidas

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) asegura en su estudio que entre 1980 y 2012, los desastres y conflictos costaron a la economía mundial 38 billones de dólares, "equivalente a la mitad de la economía mundial en 2013".

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La oficina de la ONU recomienda, por ello, concentrar más recursos en la prevención de catástrofes y no sólo reaccionar cuando ya se han producido los problemas.

"Debemos responder a las raíces de las crisis, no sólo a los síntomas", indicó en un comunicado la coordinadora adjunta de Ayuda de Emergencia de la ONU, Kyung-wha Kang.

En ese sentido, la OCHA asegura que, incluso desde el punto de vista económico, resulta mucho más efectivo prevenir que curar y pone como ejemplo investigaciones llevadas a cabo en Kenia y Etiopía.

Según esos datos, las actividades de preparación contra las sequías costaron tres veces menos que las respuestas de emergencia y existe potencial para lograr ahorros mucho mayores.
La OCHA subraya la necesidad de dar mayor importancia a los análisis de riesgos a la hora de distribuir las ayudas.

En ese sentido, asegura que dos de las grandes catástrofes del último año, las provocadas por el tifón Haiyán en Filipinas y por la violencia en Bangui, la capital centroafricana, podían haberse anticipado y haber suavizado su impacto.

La agencia de la ONU subraya también que problemas como el cambio climático, el aumento de población, la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía y la escasez de agua están "aumentando los riesgos para las personas vulnerables", por lo que se espera que las necesidades humanitarias continúen creciendo.

Según el informe, se espera que en 2015 hasta 52 millones de personas en todo el mundo reciban ayuda humanitaria, cuando hace una década la cifra rondaba los 30 millones.

Las necesidades de financiación, mientras, se sitúan en más de 10.000 millones de dólares al año, tres veces más que hace diez años.

España: ELA pide a sindicatos de Kutxabanak oponerse a la privatización

PNV y PSE se muestran favorables a permitir la entrada de capital privado, mientras que Bildu se ha posicionado en contra; así, entre partidos, existe una mayoría de 7 a 5 contra la privatización.



ELA ha emplazado hoy a los otros sindicatos con representación en el consejo de administración de Kutxabank, el banco surgido de la fusión de las cajas vascas BBK, Kutxa y Vital, a oponerse al proceso de privatización de la entidad financiera.

La nueva Ley de Cajas establece, entre otras cuestiones, que los bancos surgidos de la fusión de estas deben posibilitar la entrada de capital privado, lo que supone en la práctica en su privatización.

En un comunicado, el sindicato nacionalista pide que las centrales CCOO y Pixkanaka (que representa a los trabajadores de Kutxa), que tienen un representante cada una en el consejo de administración actual de Kutxabank, se opongan al proceso e impidan que el voto de calidad del presidente, Mario Fernández, sea decisivo en esta materia en caso de empate en una votación de los miembros de dicho consejo.

ELA recuerda que el actual consejo de administración de Kutxabank está compuesto por 14 miembros repartidos de la siguiente manera: PNV, 3 puestos; PSE, 2; Bildu, 7; CCOO, 1, y Pixkanaka, 1.

Según señala la central nacionalista, tanto el PNV como el PSE se muestran favorables a permitir la entrada de capital privado en Kutxabank, mientras que Bildu se ha posicionado en contra, con lo que, en lo referido a lo partidos, existe una mayoría de 7 a 5 contraria a la privatización.

"Las matemáticas no engañan, si CCOO y Pixkanaka votan en contra, no cabe el voto de calidad del presidente. PNV y PSE simplemente no cuentan con la mayoría suficiente y la dirección de Kutxabank estaría obligada a buscar otras alternativas", argumenta ELA por último.