Marco A. Gandásegui, h.ALAI AMLATINA, 09/06/2011.- El Comando Sur de EEUU anunció que en agosto de 2011 realizará sus maniobras militares Panamax en torno al Canal de Panamá. Invitó a un total de 17 países de la región, incluyendo a Panamá, para que participen en el operativo de 15 días. Las maniobras, un triste remanente de la guerra fría, son parte de la novena versión de los ejercicios multinacionales Fuerzas Aliadas Panamax.
El año pasado, los norteamericanos realizaron una operación similar para enfrentar una supuesta insurrección popular panameña. Según un despacho de prensa fechado en aquella época, “el Comando Sur defendería el Canal de Panamá contra un levantamiento de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que pretenden desestabilizar al Estado panameño”. Para este año, el Comando Sur aún no ha anunciado quienes son los enemigos de los 2,000 efectivos participantes.
El gobierno del presidente Ricardo Martinelli tiene que demostrarle a su mentor norteamericano que el uniforme militar, los gorros y las medallas que presentan sus subalternos en las reuniones del “alto mando conjunto” son merecidos. Durante el último año, el Ministerio de Seguridad ha realizado operaciones tácticas a lo largo de la geografía panameña sacando a relucir su nuevo armamento y las flamantes bases aéreo navales.
Las llamadas bases aeronavales que construye EEUU en ambos litorales de Panamá ya están causando conflictos entre las tropas panameñas y los moradores –en su mayoría campesinos- de esos lugares. Además, está creando un elemento de soberbia entre los militares panameños que colaboran con EEUU desde las distintas instancias de la Policía Nacional. Estos elementos, comenzando por el propio ministro de Seguridad, parecieran creerse por encima de la ley y de los intereses del pueblo panameño.
En Jaqué, Daríen, cerca de la frontera de Colombia, la base militar financiada por EEUU y operada por efectivos panameños, ha construido retenes y controla los movimientos de la población. En la comarca Cuna-Yala ha generado reacciones de los pobladores que acusan a la fuerza fronteriza de “terrorismo”. En el norte de la provincia de Veraguas ha provocado un enfrentamiento entre la comunidad y las tropas navales.
En abril del presente año la Organización Revolucionaria de Resistencia Kuna (ORKUN) condenó “la violenta agresión cometida contra la comunidad kuna de Miria Ubigandup, por parte del Servicio Nacional de Frontera (SENAFRONT), causando heridas en los ojos de un argar (vocero y guía espiritual), producto del lanzamiento de bombas lacrimógenas”. Según ORKUN, esta “actitud terrorista del SENAFROT demuestra la intolerancia, la incapacidad y la brutalidad en el manejo de una situación de conflicto interno en una comunidad regida bajo sus propias normas jurídicas y culturales”.
Poco antes, el ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, arremetió contra la comunidad de Guázaro, sobre el litoral caribeño en el norte de la provincia de Veraguas. Los campesinos se quejan de los abusos de los militares panameños. Mulino le pidió incluso al Ministerio Público que investigara al representante de la comunidad por estar “brindando colaboración” a las fuerzas enemigas. Al mismo tiempo, el ministro ordenó que se reforzara la custodia y patrullaje de varias comunidades (entre ellas Belén y Calovébora).
Mulino parece tomar muy en serio las líneas de acción que emanan del Comando Sur y aseguró que sus fuerzas armadas “no se van” de la comunidad. Un diario de la capital panameña, dándole seguimiento a este lamentable espectáculo – en el peor estilo “macartista” - sentenció que “la denuncia de Mulino obedece a que el representante de la comunidad ha sostenido reuniones con la población para exigir la salida del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)”. El diario – por ignorancia o por complicidad - concluyó que “resulta inaudito que un representante abogue porque los uniformados que laboran en el área se retiren. Razón tiene el ministro en pedir que se haga una investigación al respecto”.
En la actualidad, la militarización de Panamá avanza rápidamente en algunas comunidades relativamente aisladas como las mencionadas más arriba. Pero cuando el país entero se encuentre nuevamente sometido a un régimen militar, sirviendo a los ineptos gobernantes, los abusos y los retenes serán generalizados. Tendremos en ese futuro, que no se ve tan lejano, un ministro de Seguridad que acuse a todos los panameños de “brindar colaboración” a los enemigos. Tampoco faltarán diarios –como en el pasado– que defenderán a los uniformados que abusan de su poder para defender los intereses de quienes se consideran dueños del país.
El ejercicio de Panamax que se inaugura el próximo mes, para la supuesta defensa contra una insurrección popular panameña, es un buen ejemplo de los planes militares que tiene nuestro Ministerio de Seguridad y los
actuales gobernantes.
Panamá, 9 de junio de 2011
- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e
investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA)
Justo Arosemena.
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