Jorge Gonzalorena Döll
ALAI
AMLATINA, 06/07/2016.- El envío del proyecto de ley de Educación
Superior al
Parlamento ha terminado por sepultar las ilusiones de quienes se
forjaron injustificadas
expectativas en los supuestos afanes reformistas del actual
gobierno. Ha
terminado de quedar meridianamente claro que la llamada "Nueva
Mayoría"
jamás ha estado animada de un real interés por reformar el
sistema educativo y
que solo ha aspirado, mediante algunos ajustes menores al modelo
educativo
impuesto por la dictadura, a aminorar el descontento para restar
con ello vitalidad
a la lucha de los estudiantes.
Como
cualquier persona medianamente informada sabe, la dictadura,
apoyada en un
intenso despliegue de métodos terroristas y en exclusivo
provecho del gran
capital, arrasó con los derechos sociales antes conquistados por
los
trabajadores en los ámbitos laboral, previsional, educacional y
de la salud
pública, reduciendo los salarios, precarizando el empleo,
imponiendo un sistema
previsional de capitalización individual administrado a su
antojo por el gran
capital, privatizando de manera creciente el sistema escolar y
universitario y
también el sistema de salud.
Desde
luego, nada de esto fue hecho por casualidad o por razones de
eficacia o
eficiencia social, como falazmente argumentaron los apologistas
del modelo
neoliberal, sino para beneficiar a los sectores más ricos y
poderosos de la
población, alivianando sustantivamente la carga de impuestos con
la que debían
contribuir a financiar estos servicios en su calidad de bienes
públicos. Además,
al dejar de considerar un deber del Estado la provisión de estos
servicios, se
crearon nuevos nichos de negocios que, orientados a maximizar
sus utilidades,
solo pueden hacerlo a expensas de la calidad de las prestaciones
que brindan.
En
efecto, al tener el afán de lucro como objetivo supremo, en la
provisión de
estos servicios se generan numerosos incentivos perversos que
minan la calidad
y confiabilidad social de los mismos. Surgen así, por iniciativa
y con la
activa protección del Estado, nuevos mercados, centrados en
actividades
altamente seguras y rentables para los inversionistas, basados
en la existencia
de públicos segregados que pueden permanecer cautivos por largos
periodos de
tiempo, permitiéndoles a las empresas proyectar sus negocios con
una
tranquilidad inexistente en los mercados de carácter más
tradicional.
Tomemos
el ejemplo de una universidad. En este sistema mercantilizado,
su fuente de
ingresos son los aranceles que cobra a sus estudiantes, debiendo
esforzarse por
captar y luego retener al mayor número posible de “clientes”,
aun cuando para
ello deba minimizar permanentemente los niveles de rendimiento
académico exigidos.
Además, para ampliar sus márgenes de utilidad, debe contar con
una planta
académica lo más reducida posible, cubriendo la mayor parte de
sus cursos con
profesores laboralmente precarizados, contratados a honorarios y
por montos más
bien modestos. ¡Para qué hablar de la posibilidad de fomentar el
desarrollo de
nuevos conocimientos de real interés social!
Este ha
sido y continúa siendo el tema clave, que explica la tenaz
resistencia de los
ricos a que el sistema sea realmente reformado para que el
Estado vuelva a
asumir su deber de garantizar la provisión de educación y salud
como derechos
sociales de la población. Es evidente que la creciente
disminución de la
intervención del Estado en estos ámbitos y el continuo aumento
de la privatización
y mercantilización de los servicios correspondientes ha reducido
la magnitud de
los fondos requeridos para financiar el gasto público, pero ello
se ha hecho a
expensas de un enorme perjuicio social que en definitiva se
traduce en un
fuerte incremento de la desigualdad.
Lo
cierto es que hoy tenemos en Chile un sistema educativo que, en
comparación con
el de otros países, absorbe demasiados recursos, con un aporte
mínimo del
Estado, y que arroja pobrísimos resultados en el plano
estrictamente formativo,
encontrándose además fuertemente segregado. En suma, un desastre
por dónde se
le mire, que sólo invoca a su favor el aumento de la cobertura,
pero que si se
la compara con la de otros países de la región se puede
constatar de inmediato
que corresponde a una tendencia universal y con logros mucho
mayores en países
que cuentan con sistemas educativos fuertemente basados en el
gasto público,
como por ejemplo en Argentina, Venezuela o Cuba.
Si a
ello le agregamos los altísimos niveles de endeudamiento que
pesan sobre
numerosas familias de ingresos bajos y medios, el obsceno e
injustificado
traspaso de fondos públicos a la banca privada a través del
Crédito con Aval
del Estado (CAE), la falta de control con que operan impunemente
grandes
empresas transnacionales del negocio educativo, la precarización
de los empleos
que afecta a la mayor parte de los académicos y funcionarios de
las
universidades, tanto públicas como privadas, y la falta de
participación
democrática real de las comunidades universitarias en el
gobierno de las
instituciones de educación superior, se comprende la intensa
indignación que
todo ello suscita entre los estudiantes y sus familias.
Frente
a ello la casta, a todas luces venal, que domina el escenario
político ha
levantado una serie de falacias para intentar deslegitimar la
lucha de los
estudiantes. Lo más escuchado en estos días de boca de numerosos
"expertos", incluido el actual Ministro de Hacienda, y repetido
acríticamente por conductores de los medios de comunicación, es
que no se puede
financiar la gratuidad universal de la educación a todos sus
niveles, incluido
el universitario, porque sencillamente los recursos del país no
alcanzan. Pero
el hecho es que países con mucho menos recursos que Chile, como
Cuba por
ejemplo, lo han hecho y con excelentes resultados educativos.
Como ya
dijimos, lo que ocurre es que en Chile tenemos un presupuesto
público que tras
el golpe se vio drásticamente reducido para permitir que los
grupos más
poderosos pudiesen apropiarse tranquilamente de una proporción
exorbitante de
la riqueza generada en el país sin tener que contribuir de
manera efectiva a
financiar los requerimientos de la sociedad. Más aún, el peso de
los impuestos
se dejó caer preferentemente sobre los hombros de los sectores
de ingresos bajos
y medios, liberando o alivianando por distintas vías la carga de
los de mayores
ingresos. Basta observar la magnitud de los privilegios
tributarios de que
actualmente goza la gran minería.
Es por
ello que hoy tenemos en Chile un sistema tributario
profundamente regresivo, es
decir, un sistema de impuestos que, en relación a sus ingresos,
grava proporcionalmente
más a los sectores más pobres o medios que a los sectores más
ricos de la
población. Junto a los bajos salarios, eso es lo que explica la
gran desigualdad
social actualmente existente en el país. Y ello sin considerar
la causa última
y decisiva, que es la extrema desigualdad en la distribución de la riqueza, creada y
recreada
permanentemente por una economía basada en la apropiación
privada de los medios
de producción y empujada y guiada en su funcionamiento por el
afán de lucro, es
decir, una economía capitalista.
Evidentemente
no sería decente que se intentara aumentar la ya pesada carga de
impuestos que
pesa sobre los más pobres. Por el contrario, esa carga debiese
aligerarse,
liberando de impuestos a los artículos de primera necesidad. Y
en esto se apoya
el discurso hipócrita de quienes sostienen que la gratuidad
universal no solo
no sería posible sino tampoco deseable porque sería socialmente
regresiva ya
que obligaría a que los más pobres pagasen la educación de los
más ricos. Y
claro, es evidente que no corresponde, ya que ello sería
profundamente inmoral,
que los más pobres pagasen la educación de los más ricos. Y por
eso la solución
no consiste en que la carga tributaria sea aumentada por la vía
de elevar la
tasa del IVA o ampliar la base del Impuesto a la Renta, medidas
que evidentemente
tornarían aun más regresivo el sistema tributario.
Pero lo
que todos estos "expertos" deliberadamente callan es que esa no
es la
única forma de hacerlo. La carga tributaria no solo se puede
sino que, por
elementales criterios de justicia, se debería aumentar
significativamente,
elevando la hoy muy ligera carga tributaria que grava los
ingresos de los
sectores más ricos. Es decir generando una manera efectivamente
solidaria de
aumentar y financiar el presupuesto público. Ello no solo
permitiría proveer
los recursos necesarios para que el Estado financie una oferta
pública universal
de educación de calidad sino también cubrir otras necesidades
urgentes como la
de proveer una oferta pública universal de salud tan
imperativamente necesaria hoy
en el país.
Y ello,
al revés de lo que dice el discurso hipócrita de la clase
dominante, permitiría
que los ricos no solo se limiten, como hoy lo hacen, a financiar
de manera
temporal la educación de sus propios hijos, sino que
contribuyesen a financiar
también, de manera sustantiva y permanente, la educación de los
hijos de las numerosas
familias que no tienen los medios necesarios para ello. Y si
luego en calidad
de profesionales todos aquellos jóvenes a los que la sociedad ha
financiado
solidariamente sus estudios logran acceder a altos niveles de
ingreso, por la
vía de un sistema tributario progresivo se verían obligados a
aportar también una
contribución proporcional a ellos para el financiamiento
permanente del gasto
público.
Esto es
lo mínimo que debiésemos esperar en una sociedad regida por
elementales criterios
de justicia. Pero para las voces del actual establishment
neoliberal y para el gobierno supuestamente "progresista" de la
"Nueva Mayoría" ¡ni qué hablar de modificar el actual sistema
tributario, recientemente maquillado con la ridícula reforma
obscenamente
"cocinada" en los oscuros conciliábulos del Senado!
- Jorge Gonzalorena Döll es
Sociólogo
e Historiador Económico chileno.
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