Las cifras de mujeres asesinadas mantienen alarmadas a movimientos feministas, defensoras de los derechos humanos y también a autoridades nacionales. En 2010 fueron 89, el número de mujeres asesinadas, de las cuales, 9 apenas tenían entre 2 a 10 años. En lo que va del año 2011, el número de víctimas alcanzó las 45.
El asesinato de mujeres, una tragedia en ascenso, ha motivado la formulación e introducción de dos proyectos de ley ante la Asamblea Nacional, que persiguen imponer sanciones más severas contra los agresores de mujeres. Uno es impulsado por el Movimiento de mujeres “María Elena Cuadra” y el otro por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Ada Luz Ramos.
“Ellos (diputados) están tomando de las dos leyes lo que les parece mejor y tratando de conciliarlas”, dijo la magistrada Ramos, al comparecer en el programa televisivo “Esta Noche”, que se transmite por Canal 12.
Junto a la magistrada Ramos, presidenta del Poder Judicial, compareció Sandra Ramos, líder del Movimiento “María Elena Cuadra”, quien señaló que la organización de mujeres ve “con buenos ojos el anteproyecto que introdujo la Corte, porque es lo que nosotros desde afuera no podemos hacer. Revisar el sistema y el andamiaje jurídico, eso les corresponde a ellos, que son quienes saben cómo se mueve ese sistema”, dijo Sandra Ramos.
Ambas se mostraron satisfechas con los procesos de consultas impulsados por los legisladores, en los que están participando a través de equipos de asesores. Igualmente aplaudieron la inclusión de opiniones de otras organizaciones feministas como la Red de Mujeres Contra la Violencia, que anualmente realiza un monitoreo de los casos de asesinatos de mujeres.
La ley en proceso de aprobación tiene como objetivo principal la prevención, erradicación y sanciones a los abusadores de mujeres y entre las modalidades de violencia abarca la física, psíquica, sexual, patrimonial e institucional, esta última, la que cometen los funcionarios al obstaculizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de agresión.
Tanto la presidenta de la CSJ, como la dirigente del “María Elena Cuadra”, rechazaron las intenciones de reducir la ley a una simple reforma al Código de Procedimiento Penal y argumentaron que la ley debe aprobarse en su integralidad tal y como está, con una perspectiva de género, porque si únicamente se modifica la parte penal, “los jueces van a seguir interpretándola dentro de la dogmática jurídica tradicional, desde el punto de vista de la igualdad formal ante la ley, que es lo que nos ha matado hasta hoy”.
Las organizaciones de mujeres además promueven el involucramiento de la sociedad frente los delitos de violencia contra las mujeres para prevenirlos, y no dejar todo el peso a las instituciones del Estado y a las organizaciones de mujeres.
No hay mediación
Tanto la magistrada Ramos, como la titular del Movimiento María Elena Cuadra, coincidieron en que esta nueva ley no incluirá el trámite de mediación entre víctimas y agresores, porque “muchas mujeres van y piden eso, pero en realidad esa mujer que va y pide (la mediación) está atrapada en su círculo de violencia”.
Sin embargo, aclararon que la misma ley establecerá el resarcimiento económico, incluyendo la obligatoriedad del acusado de mantener la pensión de alimentos para sus hijos, aun cuando esté preso. La misma retribución económica será obligatoria por parte del Estado para la víctima y la familia en caso de retardación de justicia.
Principales puntos de la ley
La titular de la CSJ indicó que entre las nuevas disposiciones del anteproyecto de ley se plantean la celeridad para dictar las medidas de seguridad y protección a las víctimas de violencia. “Ahora esas medidas las puede aplicar la misma Policía o la Fiscalía, porque de aquí que llegue a donde el juez (sin tomar ninguna medida), ya esa mujer está muerta”, indicó.
Mientras tanto, Sandra Ramos resaltó la urgencia de reforzar la capacidad de las Comisarías de la Mujer, a través del manejo de sus propios recursos y la designación exclusiva de personal para atender las denuncias de maltrato y todos los tipos de violencia que enfrentan las mujeres.
La dirigente del “María Elena Cuadra” además dijo que esta ley mandata a las instituciones del Estado a coordinarse para atender a la mujer víctima de abusos, “mandata también la construcción de los albergues y del observatorio de la violencia, y en la parte educativa, que es la más importante para nosotras, tiene que ver con la educación a los jueces y la constitución de los juzgados especiales para atender la violencia contra las mujeres”, destacó.
Al mismo tiempo, recomendó a la magistrada Ramos, incluir entre los jueces especiales para la aplicación de esta norma jurídica a destacadas personalidades femeninas, que han luchado por los derechos de las mujeres nicaragüenses.
Resaltó que en los movimientos feministas hay “buenas abogadas que podrían asumir su papel de jueces, conscientes de los derechos con enfoque de género, porque de lo contrario sería bien difícil desconstruir todo un andamiaje patriacal (en el sistema de justicia)”, concluyó Ramos, del “María Elena Cuadra”.
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