miércoles, 4 de diciembre de 2013

Ciberactivismo, nueva forma de protesta social


Salvador Capote

ALAI AMLATINA, 03/12/2013.- El 15 de noviembre de 2013 el intruso informático (“hacker”) Jeremy Hammond, vinculado con Anonymous, fue sentenciado a 10 años de prisión más 3 años de libertad supervisada, por realizar ataques cibernéticos a varias agencias gubernamentales y corporaciones, en particular a “Strategic Forcasting Inc.”, más conocida por “Stratfor”, compañía privada de inteligencia global.

Hammond transfirió correos electrónicos de Stratfor al grupo anti-secretos WikiLeaks. Los documentos publicados hasta ahora se relacionan con clientes como Goldman Sachs y Coca-Cola. Su ciberactivismo fue motivado por la preocupación ante el creciente papel que desempeñan firmas privadas en la obtención de inteligencia tanto dentro de Estados Unidos como en el exterior. “Como resultado del ciberataque a Stratfor –declaró Hammond en la corte- se conocen ahora algunos de los peligros de la industria de inteligencia privada”.

Hammond, con el pseudónimo de “Anarchaos” sustrajo, en uno de sus ataques a Stratfor, 200 gigabytes de información confidencial y puso fuera de servicio a sus computadoras durante seis semanas. Sarah Kinster, abogada de Hammond, alegó que nada de lo hecho por éste tenía por objetivo ganancias personales y sus acciones no eran otra cosa que una nueva forma de protesta.

Estados Unidos es el país de los secretos de Estado. Cada año clasifica cantidades colosales de información. Cada documento secreto que se relaciona con un trabajo sucio realizado por la CIA, el FBI u otra agencia gubernamental, genera nuevos documentos secretos que se refieren a las acciones posteriores imprescindibles para ocultar la acción ilegal primaria, del mismo modo que una persona mentirosa está obligada a seguir mintiendo para evitar que descubran sus patrañas.

El hecho de que nunca antes la dirección política de Estados Unidos se comportó de manera tan alejada de la ética, tanto en la esfera nacional como en la internacional, y nunca, por tanto, se vio en mayor necesidad de ocultar tanta información a sus ciudadanos, da origen a una nueva forma de protesta social, la de poner en conocimiento de la población lo que se mantiene secreto no porque tenga valor alguno para la seguridad nacional sino porque, de conocerse, se pondrían al descubierto las manipulaciones y mentiras de la administración.

Esta forma de lucha comenzó a cobrar importancia en la década de 1970. En los años recientes, al invadir el ciberespacio, plantea nuevos problemas filosóficos y éticos no resueltos totalmente, al tiempo que se muestra como un campo de acción de inconmensurables posibilidades. El ciberactivismo, que posee entre sus armas el ciberataque (“hack”), aunque yo prefiero el término ciberinfiltración, puede ser una herramienta formidable en el contrapunteo entre el secreto y la transparencia, para inclinar la balanza hacia esta última. Tirios y troyanos, por supuesto, pueden utilizar a su favor el intrusismo electrónico, pero la vulnerabilidad está de parte del que más y peores secretos necesite ocultar, lo cual coloca al imperio en situación extremadamente desventajosa.

Pero examinemos brevemente la experiencia acumulada. El escándalo, en marzo de 1971, cuando los documentos ocupados en la sede del FBI en Media, Pennsylvania, fueron publicados, obligó a poner fin al siniestro programa COINTEL, utilizado para reprimir a todos los movimientos progresistas.

Entre los más de mil documentos que vieron la luz y demostraban que el FBI dedicaba gran parte de su tiempo, personal y recursos materiales no a la investigación de crímenes sino a la vigilancia de grupos que se oponían a la guerra o luchaban por sus derechos civiles, se publicó un memorando que instruía a todos los agentes en los procedimientos a utilizar, como chequeo y acoso constante, intercepción de comunicaciones telefónicas, medidas coercitivas para obligar a la delación, infiltración de agentes provocadores, etc., con el objetivo de sembrar la paranoia entre los grupos de la Nueva Izquierda (“New Left”) lo cual, obviamente, no es función de agencias oficiales en un país que se supone democrático.

En 1967 el Secretario de Defensa Robert McNamara ordenó un estudio sobre la guerra de Vietnam que se convirtió en un conjunto de 7,000 páginas de documentos “Top Secret” llamado “Pentagon Papers” (Papeles del Pentágono). El trabajo se terminó en los primeros meses de 1969.

Daniel Ellsberg, que trabajó como asesor del Departamento de Defensa durante la escalada de la guerra en Vietnam y tenía acceso a documentos clasificados en su carácter de asesor de la Corporación Rand (1), supo al leer el documento todo lo que se había ocultado a la opinión pública norteamericana con el fin de escalar una guerra injusta, innecesaria e imposible de ganar y decidió sacar copias de los documentos, con ayuda de su colega en Rand, Anthony Russo, las cuales entregó a varios senadores y posteriormente al New York Times que comenzó a publicarlas en junio de 1971. Se supo entonces la historia de como Estados Unidos se había empantanado, a espaldas del Congreso, en una guerra no declarada que comenzó con la ayuda a los colonialistas franceses entre 1940 y 1950.

Los Papeles del Pentágono no contenían material alguno que pudiese ser útil al enemigo; sin embargo, la administración acusó a Ellsberg de conspiración para cometer espionaje y otros cargos. La motivación, en realidad, era política. Los Papeles del Pentágono constituían una prueba irrebatible de que tanto Lyndon Johnson como Richard Nixon habían mentido al pueblo norteamericano para que aceptase la guerra y su escalada.

Uno de los ejemplos históricos más ilustrativos de los abusos del gran jurado fue el acoso de los investigadores federales a Daniel Ellsberg, a sus familiares y a todas las personas relacionadas con él. Las “subpoenas” u órdenes de comparescencia obligatoria, fueron utilizadas como instrumento de represión y castigo, incluso contra el hijo de Ellsberg de 15 años de edad.

El 11 de mayo de 1973, la sólida defensa de los abogados de Ellsberg, por una parte, y la grosera actuación del gobierno con sus métodos coercitivos o ilegales para la obtención de evidencias, por otra, determinaron que el juez de distrito William Byrne desestimase todos los cargos contra Ellsberg y Russo.

La desesperación de la administración Nixon por impedir nuevas filtraciones y por obtener información que desacreditase a Ellsberg, condujo a la creación de los “plumbers” (plomeros) de la Casa Blanca y a muchos de los abusos que se conocieron posteriormente al producirse el escándalo de Watergate. Después de la exoneración de Ellsberg, el fiscal William Merrill reveló a éste que existió un complot para “incapacitarle totalmente” que en el lenguaje de la mafia significaba asesinarle. Esta acción sería ejecutada por el mismo personal del Watergate, incluyendo a un grupo de terroristas cubanoamericanos de Miami al servicio de la CIA. (2)

La etapa cibernética en la difusion de informaciones secretas la inicia el periodista australiano Julián Assange, fundador y editor de WikiLeaks, que adquiere notoriedad internacional a partir del año 2010. La difamación y la persecución no tardaron en llegar y Assange tuvo que refugiarse, desde el 19 de junio de 2012, en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar la extradición a Suecia y la subsiguiente extradición a Estados Unidos donde sería procesado por divulgar decenas de miles de documentos clasificados diplomáticos y militares.

Assange y el grupo musical puertorriqueño Calle 13 lanzaron el 13 de noviembre el tema “Multi_Viral” sobre la manipulación informática de los medios de comunicación. “Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan” reza la letra del rap.

Chelsea Elizabeth Manning (Bradley Edward anteriormente), soldado del Ejército de Estados Unidos, fue asignado como analista de inteligencia a una unidad militar destacada en Irak donde tuvo acceso a bases de datos clasificados. A comienzos de 2010 filtró a WikiLeaks un gran volume de material secreto que incluía videos del genocida ataque aéreo del 12 de Julio de 2007 sobre Bagdad, de la masacre de Granai del 4 de mayo de 2009 en Afganistán, 250,000 cables diplomáticos estadounidenses y 500,000 informes del Ejército que se conocen como “Iraq War log” y “Afgan War log”. Gran parte de este material fue publicado por WikiLeaks o sus medios afines.

En Julio de 2013, Manning fue condenado, por violación de la Ley de Espionaje y otros cargos, a 35 años de prisión con posibilidad de libertad condicional (“parole”) en ocho años. Manning cumplirá su sentencia en la instalación penitenciaria de máxima seguridad conocida com “U.S. Disciplinary Barracks” en Fort Leavenworth.

Edward Snowden, ex empleado de la CIA y de la NSA, entregó al Washington Post, a The Guardian y a otros medios, unos 200,000 documentos clasificados, los cuales pusieron al descubierto el programa de vigilancia masiva de la NSA y, en menor grado, de las agencias homólogas en Gran Bretaña (GCHQ), Israel (ISNU), Canadá (CSE) y Noruega (NIS). En mayo de 2013 salieron a la luz pública los programas de vigilancia en la Internet, como PRISM, XKeyscore y Tempora, y en las comunicaciones telefónicas. Acusado de espionaje y de robo de propiedad gubernamental, Snowden es considerado un fugitivo por las autoridades norteamericanas y vive actualmente en Rusia, en calidad de asilado temporal.

A pesar de la represión y de las cada vez más rigurosas medidas de control de los flujos de información, no será posible detener las filtraciones. Esto se debe a una contradicción insoluble del sistema. Si un gobierno actúa al margen de las normas de convivencia internacional tendrá necesariamente que guardar el secreto de sus actividades y, mientras mayor y más abarcadora sea la cantidad de información clasificada mayor número de personas tendrán que ser autorizadas para el acceso a ellas, pues de otro modo la maquinaria burocrática del Estado no podría funcionar y, por consiguiente, mayor será el número de personas que tendrán conocimiento de los malos manejos de la administración y que estarán dispuestas a denunciarlos.

Los ciberactivistas, incluyendo a sus guerreros clandestinos, los ciberinfiltrados, tienen la posibilidad y la ventaja de no actuar solos sin formando parte de redes mundiales que no están limitadas por distancias ni fronteras y en las que los participantes se comunican entre sí de manera instantánea. Estos cibergladiadores nutrirán seguramente las filas de los prisioneros políticos, principalmente en Estados Unidos, pero los vampiros de la política y de la guerra perecerán o tendrán que aprender a vivir a la luz del día.

Ellsberg como precursor, y más tarde Assange, Manning, Snowden, Hammond, y muchos otros, convirtieron en obsoletas las reglas de juego de los servicios de inteligencia y difuminaron el sueño imperial de una Internet global, la red única bajo Dios y el Tío Sam, pues ya todo el mundo sabe que Estados Unidos busca el control de la Internet para obtener el dominio total de la información, y es un axioma consagrado por el tiempo que quien tiene la información tiene el poder.

Notas:
(1) Rand (Research And Development) Corporation. Tanque de pensar que en sus orígenes tuvo como función principal ofrecer a las fuerzas armadas de Estados Unidos los resultados de sus investigaciones y análisis en política global.
(2) Democracy Now: Entrevista a John Dean y a Daniel Ellsberg, 27 de abril de 2006.

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Declaración de la delegación de JS/A de observación y acompañamiento al pueblo hondureño, en el marco de las elecciones de noviembre 2013

Integrantes  de la red Jubileo Sur América/s  provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Argentina, nos hicimos presentes en Honduras a fin de acompañar al pueblo  y sus organizaciones en esta coyuntura electoral y contribuir desde la solidaridad, en la defensa y promoción de sus derechos fundamentales a la soberanía y la autodeterminación. 
 
Llegamos con esperanza, pero también con preocupación, surgida del grave deterioro que vienen sufriendo todos los derechos de la población hondureña. Pese a la expectativa que suscitaba el partido LIBRE, se sabía además que las reglas de juego habían sido escritas por los mismos poderes que dieron el golpe de Estado en junio de 2009, sin intención alguna de abandonar fácilmente, lo conquistado a partir de entonces.
 
  Desde nuestro lugar de acompañantes y observadores internacionales, acreditados y acreditadas algunos ante el Tribunal Supremo Electoral y otros para monitorear la situación de los derechos humanos en relación a los comicios, sumamos nuestra denuncia de las muchas anomalías y violaciones registradas en el proceso de votación y conteo. Desde la constitución irregular de las Mesas Electorales Receptores, la inhabilitación arbitraria de votantes, la compra de votos, la intimidación , el proselitismo que llegó no sólo hasta las puertas sino también bien adentro de los centros de votación, el cierre anticipado de las mesas, hasta el fríamente preparado proceso de conteo, transmisión, escrutinio y presentación de las actas de cierre, manipulado para favorecer a los candidatos del Partido Nacional, no cabe duda del fraude perpetrado.
 
Asimismo rechazamos la proclamación prematura  realizada por el Tribunal Supremo Electoral  el día de los comicios,  así como los reconocimientos que la misma ha recibido internacionalmente -  y apoyamos firmemente el derecho y la necesidad del pueblo hondureño a defender su sufragio y a impugnar lo viciado.
 
Denunciamos además, y con especial ahínco, la violencia que observamos ejercida contra mujeres y niñas en todos los niveles del proceso electoral: la utilización de niñas y adolescentes como elementos de seducción, se podría decir casi de prostitución, en las campañas y los centros de votación; el mal trato y la prepotencia; la subestimación permanente.
 
 Es necesario  destacar que el proceso electoral se ha desarrollado en un contexto en donde la población  se encuentra amedrentada, vulnerabilizada ya de por sí en sus derechos y sus garantías como ciudadanos y ciudadanas de este país. El pueblo hondureño ejerció su voto en condiciones históricas de explotación y empobrecimiento, en un país militarizado y con los índices de violencia y asesinato más altos del hemisferio. Fueron a centros de votación llenas - y muchas veces rodeadas – de las mismas fuerzas represivas que desde el golpe de 2009 han visto su campo de actuación ampliado y su impunidad reforzada. Intentaron ejercer su derecho en condiciones en que lo militar está claramente presente como instrumento de sometimiento imperial y neocolonial, de intimidación y coerción, y también de criminalización.
 
 
Al respecto, denunciamos la irresponsabilidad e incluso tremendo cinismo de las declaraciones públicas de EE.UU., la UE, la OEA y otros, en el sentido de que las elecciones se desarrollaron con normalidad.  Lo que manifestaría que la dinámica social del país transcurre con total normalidad, lamentablemente lo que si esta ocurriendo es la profundización  de una dictadura cívico-militar en la que la población que defiende sus derechos a una vida digna, a sus territorios e identidad, a su soberanía, está siendo perseguida, criminalizada, violentada y asesinada a diario. Consolidándose un  modelo de explotación y enriquecimiento inaceptable e insostenible.
 
Un modelo que pretende perpetuar el  candidato de la derecha nacionalista Juan Orlando Hernàndez , quien mismo domingo, en sus primeras declaraciones públicas, apeló a la ayuda de nuevos créditos para poder hacer frente, no a las necesidades de la población, sino a la rapacidad del endeudamiento interno y externo que ha crecido aceleradamente desde el golpe de 2009 y seguramente, para continuar profundizando la entrega del territorio nacional y de los bienes comunes y naturales como los ríos, minas, bosques y mares, mediante la concesión a países, capitalistas y empresas transnacionales a través de negocios conjuntos con los grupos de poder locales.
 
Desde Jubileo Sur/Américas, llamamos a nuestras organizaciones y movimientos, a todas las fuerzas populares, gobiernos e instituciones de nuestra América, a poner atención en lo que está ocurriendo no sólo con este proceso post-electoral sino también en los siguientes momentos, en todo el proceso que va ocurriendo en este país.  El pueblo de Morazán seguirá construyendo su propio camino de liberación, pero necesita nuestra solidaridad y apoyo. Los poderes que enfrenta son los mismos poderes de dominación y de dependencia, de endeudamiento y saqueo, de militarización y patriarcado, que enfrentamos en cada uno de nuestros países. Y sabemos con certeza que sólo unidos y unidas, podremos tener la fuerza necesaria para convertir utopías de vida y dignidad, en realidades cotidianas.
 
 
Jubileo Sur / Américas
04 Diciembre 2013 

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América Latina: Comunicación para la Integración


Comunicación para la integración es el tema que aborda la edición 490-491 de la revista América Latina en Movimiento, con reflexiones y propuestas sobre los temas debatidos en
el Encuentro Democratizar la palabra en la integración de los pueblos, organizado por ALAI y ALER del 4 al 6 de noviembre en Quito.

Comunicación para la Integración
Nos. 490-491, noviembre - diciembre 2013

Foro de Comunicación para la Integración, en proceso
Osvaldo León

La
reinvención de América Latina
Luis
Hernández Navarro

Momento actual y perspectivas:
Integración y desafíos de la democratización de la comunicación
Adalid Contreras Baspineiro

UNASUR y la participación ciudadana
Alfredo Rada

TeleSUR: integración desde la comunicación
Abraham Istillarte

Nuevas formas de comunicación en América Latina y el Caribe
Pedro Brieger

Observatorios, auditoría social de los medios
Aram Aharonian

Superar la dinámica del periodismo tradicional
Orlando Pérez

ALBA Movimientos: comunicar para tejer la integración
Tamara Roselló

Avances y desafíos desde la revolución democrática y cultural en Bolivia: Comunicación y plurinacionalidad
Dolores Arce

Argentina: Una nueva ley, nuevos desafíos
Mariela Pugliese Lacorte

Entrevista a Hernán Reyes, miembro del CORDICOM de Ecuador:
Cambios estructurales en el campo de la comunicación
ALAI

Un reto para la democracia:
Medios y sostenibilidad
Sally Burch

Declaración: Una comunicación democratizada para la Integración

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Perú: Conflictos sociales. ¿Por qué peleamos?

CEPES-Comunicaciones <comunicaciones@cepes.org.pe> escribió:

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Artículo publicado en La Revista Agraria Nº 157. (Carla Pimentel y Jaime Escobedo )

En el Perú, en términos formales, las principales causas de conflictos sociales tienen relación con el sector agrario y el de industrias extractivas. Dependiendo de la fuente de información, esta clase de conflictos representa, en promedio, un 70% u 80% del total. Sin embargo, todavía es necesaria una discusión más profunda sobre la situación de la conflictividad existente en el Perú, tanto en términos del número real de conflictos, como en cuanto a sus causas, escenarios, protagonistas e intereses en disputa. En este artículo pretendemos aportar a dicho debate a partir del análisis de los reportes de conflictos sociales publicados por la Defensoría del Pueblo (DP) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Las limitaciones del concepto «conflicto socio-ambiental»

Desde 2004, la DP publica un reporte mensual de conflictos sociales que destaca por la predominancia de los denominados «conflictos socio-ambientales »(1). Con el paso de los años, la tipología de conflictos sociales utilizada por la DP, en particular el tipo «conflicto socio-ambiental», no aporta a identificar el origen real de las disputas existentes y tampoco permite conocer los verdaderos rostros e intereses que están en juego tras la mayoría de ellas.

La definición de conflicto socio-ambiental utilizada por la DP(2) se diluye en medio de un discurso ambientalista que es utilizado por actores privados para encaminar sus demandas «de fondo», pero que por eso mismo no debería ser reproducido por el Estado sin mayor reflexión.

Así, casos como el de los proyectos mineros Conga o Tía María son presentados a la opinión pública como «conflictos socioambientales», cuando en la raíz del conflicto hay mucho más que un problema ambiental, pues también está implicado el acceso y control territorial de la tierra y el agua existentes en la zona. Por esa razón, la elaboración o aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) de los proyectos mineros mencionados no han sido determinantes para la solución de los conflictos.

Al igual que esos casos, ¿cuántos más del total de conflictos registrados por la DP como «conflictos socio-ambientales» tendrán en juego el acceso y control político, económico, social y/o cultural de la tierra y el agua? Para este artículo, ahondamos en los seis últimos reportes defensoriales y encontramos que, al menos, un 50% del total de conflictos socio-ambientales registrados (activos y latentes) tienen relación con el control territorial de la tierra y/o el agua (ver cuadro 1). No descartamos que en el 50% restante también existan disputas por el acceso y/o el control de ambos recursos, pero la etiqueta «socio-ambiental» del conflicto no ayuda a advertir sus verdaderas causas e intereses en juego.

La PCM y «la desaparición» de varios conflictos

Esperábamos que con el funcionamiento de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, el monitoreo de los conflictos sociales en el Perú se perfeccionase. Sin embargo, muchas de las limitaciones anotadas en el caso de la DP se repiten en el caso de la PCM.

Hasta la fecha, son doce los reportes de conflictos sociales emitidos por la PCM con el título Willaqniki («El que avisa»), reportes que resaltan por el número menor de conflictos registrados en comparación con los reportes defensoriales. En promedio, los últimos seis meses, el reporte de la PCM registra 62 conflictos, cuando en el mismo periodo la DP reconoce aproximadamente 174. ¿Por qué hay tanta disparidad en las cifras? Existen diferencias conceptuales y metodológicas en la forma de recojo y reporte de los conflictos por parte de la DP y la PCM. Para empezar, la PCM ha excluido de su tipología de conflictos el término genérico «socioambiental» y, en su lugar, organiza los conflictos según tengan relación con el sector extractivo, agrario y laboral, principalmente.

En segundo lugar, los reportes de la PCM ponen la mirada sobre los conflictos sociales entre privados, e implícitamente exceptúan los conflictos donde interviene activamente el Gobierno (central, regional y local), con lo cual un buen número de conflictos que en la actualidad existen —y registrados por la DP en sus reportes— desaparecen (3).

Por último, el sentido preventivo que la PCM busca dar a su intervención en materia de conflictos sociales, claramente declarado desde el título de sus reportes («El que avisa»), puede ocasionar que varios de los casos catalogados por esta institución como «en prevención» sean, en realidad, conflictos activos que el Gobierno atiende.

De todos modos, incluso con esas diferencias metodológicas y conceptuales, los reportes de la DP y la PCM coinciden en un punto: proporcionalmente, el número de conflictos relacionados con el sector agrario y el de industrias extractivas (ver cuadros 2 y 3) forman parte del grueso de conflictos sociales existentes en la actualidad; entre el 70 y 80% del total.

Hay que insistir en que esta evidencia cuente con un mejor tratamiento y que los reportes que emiten las instituciones del Estado nos permitan, al fin, conocer las causas de fondo, los escenarios, los protagonistas y los intereses frecuentes asociados con la conflictividad social en el Perú. Por lo pronto, nuestra breve revisión de casos nos ha dado una pista de que buena parte de ellos tienen relación con el acceso y el control territorial de la tierra y el agua.

Notas

1 En casi una década, su número siempre ha estado por encima del 50% del total de conflictos.
2 Que incluye a todos los conflictos cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos.
3 Buena parte de estos conflictos donde el Gobierno es protagonista, tienen relación con la implementación o modificación de normas, el cumplimiento y ejecución de acuerdos, actas, etc.
 
 
 

Perú/Cajamarca: Cobarde agresion a ronderas por parte del Crl Briones candidato a la alcaldia



A horas 14h30, un grupo de aproximadamente 8 falsos ronderos con Leopoldo Quispe a la cabeza difundían desde Radio El Eden  infundios contra las compañeras ronderas del barrio El Porvenir acusandolas de "vendidas, por cada denuncia que sientan, cobran".
 
Al oir esto, un grupo de 6 ronderas se dirigió a la radio con el propósito de esperar el fin del programa radial para sentar su descargo  de pedir explicaciones.

En esos momentos, llegó la policía y el serenazgo formó un cordón para que los falsos ronderos salieran de la radio.

El proprietario de la radio El Eden, el coronel Miguel Briones, también se encontraba dentro del recinto. Recordamos que el crl Briones es candidato a la alcaldía de Celendin por la agrupación "Celendin Renace" y conocido militar implicado en el caso Tia Maria.

En esos momentos comienza un forcejeo, falsos ronderos, Briones y Quispe lanzan improperios a las ronderas, una compañera rondera de 82 años de edad es forcejeada, se le menta la madre y casi la botan al suelo. Briones saca en esos momentos su correa y golpea a la Presidenta de las Rondas femeninas, la compañera Loida, que también fue forcejeada.
 
Finalmente, la policia protege a Leopoldo Quispe, al crl Briones y demás para que abandonen la radio.

Las compañeras ronderas acuden a la casa del Rondero con el fin de sentar denuncia por tal cobarde agresión;

Y ese coronel quiere ser alcalde de Celendin!!!!!
 
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Foto: compañeras ronderas agredidas, la presidenta con su chaleco, la mayor tiene 82 años
 
 
 
 

Ecuador: CONAIE frente a la disolución de la Fundación Pachamama

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador CONAIE, se solidariza con los miembros de la Fundacion Pachamama, organización que hoy día ha sido disuelta por disposición del gobierno nacional de una manera unilateral, sin permitir la posibiidad de defenderse bajo un debido proceso, como todas las organizaciones y ciudadanos tenemos derecho.
La Fundación Pachamama ha trabajo por la iniciativa Yasuni ITT y con proyectos de desarrollo con algunas nacionalidades de la Amazonia. Estas acciones nunca están en contra de la Constitución o de las leyes ecuatorianas. La disolución de la Fundación Pachamama es una  clara persecución política contra la libre asociación, por lo tanto rechazamos esta acción unilateral de Gobierno.
Las nacionalidades de la amazonia continuaran con su lucha por defender los territorios y sus derechos, como el derecho a la consulta previa  consagrado en la Constitución de la República.

Humberto Cholango
Presidente de la CONAIE