lunes, 27 de febrero de 2012

Cuestionan objetivos de marcha opositora en Ecuador


Quito, 26 feb (PL) El secretario ejecutivo del ecuatoriano Movimiento PAIS, Galo Mora, cuestionó hoy los objetivos de una próxima marcha contra el gobierno, y criticó la autoproclamación de sus promotores como de izquierda radical.

En declaraciones a la televisión local, Mora consideró que nunca se debe perder la objetividad en términos de la historia.

Hay que "saber exactamente los límites hasta donde una equivocada dirección o una perversa intencionalidad, pueden llevar a un movimiento otrora inmensamente representativo en las luchas por las conquistas sociales", recalcó.

En alusión a dirigentes del movimiento indígena, aseguró que estos jamás entendieron que cuando hay un proceso como el actual en Ecuador ya no se puede seguir luchando contra lo que siempre llamaron el gobierno de turno, como representante del Estado neoliberal.

Criticó la visión de que si no están esos grupos dirigiendo los procesos estos pierden legitimidad, y cuestionó que "quienes han destruido la universidad y a lo largo de 40 años han usufructuado del magisterio, no pueden ser de izquierda radical".

Admitió que de "una extraña amalgama" opositora vendrán ya las confusiones y aseguró cada uno de esos grupos defiende intereses particulares, al expresar que quisiera debatir con ellos en el plano ideológico qué los une, aparte del odio al presidente Rafael Correa.

Algún día Ecuador y América, y esto no es una premonición ni una advertencia, dijo Mora, van a revelar los nombres de quienes representando perversas intenciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se escondieron tras movimientos sociales y ONGs para levantar y soliviantar a un pueblo". Estimó que sectores minoritarios pueden ser desorientados, pero aseguró que el pueblo ecuatoriano en su gran mayoría despertó el 15 de enero del 2007 y no va a volver a cerrar los ojos.

Estamos absolutamente convencidos de la necesidad de defender las conquistas de este proceso revolucionario y no vamos a buscar enfrentamientos, subrayó Mora, aunque reveló que todos los jueves grupos opositores van a provocar ante la sede del Movimiento PAIS.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o de Derechas Humanas más bien, se ha equivocado y hecho un llamado a unir la derecha de todos los países frente a Rafael Correa y este proyecto revolucionario, afirmó el dirigente ecuatoriano.

Es evidente, destacó, la colusión de intereses de sectores de la prensa que actúan a través de un sistema de espíritu de cuerpo, teledirigidos, y es lástima no poder observar quienes son los que de verdad dirigen y que los que se llaman de izquierda hayan caído en esa trampa.

nm/prl

Malvinas: una errónea visión alternativa


Por CUBADEBATE

Es bueno que en la Argentina haya irrumpido una discusión acerca de qué actitud tomar en relación a las Islas Malvinas. Desde hace mucho este país estaba atrapado entre las secuelas paralizantes de la ignominiosa derrota sufrida hace casi treinta años -producto de la incompetencia, fanfarronería y demagogia de la dictadura genocida- y la vía muerta de una estrategia diplomática que pese a su perseverancia no rindió frutos porque el mal llamado “orden mundial” es en realidad un cruento e injusto desorden en donde sólo por excepción deja de regir la ley del más fuerte.

Es de celebrar que en fechas recientes el gobierno nacional haya modificado algunos aspectos de esta estrategia buscando nuevos y valiosos aliados regionales para inclinar a su favor una correlación de fuerzas que en el uno a uno de la diplomacia convencional entre el Reino Unido y Argentina, nos conducía inexorablemente a un nuevo ciclo de decepciones. Gracias a las torpes provocaciones de David Cameron la causa de las Malvinas se latinoamericanizó y Londres acusó el impacto al ver que, en esta parte del mundo, su pertinaz colonialismo suscitaba creciente repudio a la vez que solidaridad con la Argentina y que Washington admitía, para desasosiego británico, que había un problema de soberanía que debía discutirse bilateralmente. Y es lógico que el tema se haya latinoamericanizado porque la controversia sobre la soberanía del archipiélago involucra al menos tres aspectos que hacen al interés común de América Latina: (a) la explotación de recursos naturales de nuestros espacios marítimos: recursos renovables (si no se los depreda), como la pesca, y no renovables, como el petróleo; (b) el acceso a la Antártida, fuente segura de enormes riquezas minerales e hidrocarburíferas cuyo tratado que deja “congelados” los reclamos de soberanía sobre ese territorio debería ser renovado en fechas próximas; y (c) el acceso al paso bioceánico a través del Estrecho de Magallanes, de extraordinaria importancia en la hipótesis de que por diversos motivos fuese inoperable el Canal de Panamá. Estas cuestiones, como es obvio, no pueden ser indiferentes para la región, y muy en especial para los países sudamericanos.

La causa subyacente de las bravatas del anodino premier británico son los graves problemas económicos (hasta ahora disimulados) y sociales (indisimulables) que atribulan al Reino Unido. Baste recordar que hace menos de un año multitudinarias protestas populares culminaron con saqueos e incendios en las principales ciudades británicas, las que impulsaron a Cameron a escalar el diferendo militarizando aún más al Atlántico Sur y violando los acuerdos regionales que velan por la desnuclearización de esta parte del mundo, incluyendo en su juego a la figura del príncipe Guillermo con toda la carga simbólica que esto implica y yéndose de boca con afirmaciones tales como que la Argentina era un país colonialista, lo que en cuestión de minutos convirtió al émulo de Margaret Thatcher en el hazmerreír universal toda vez que más de la mitad de los territorios aún sometidos al yugo colonial tienen como potencia dominante al Reino Unido, entre ellas nada menos que Gibraltar, en las puertas de Europa. Esto produjo la paradojal coincidencia de España con la Argentina en sus reclamos anticolonialistas, ante las cuales Londres respondió con su acostumbrado desprecio por la legalidad internacional.

Ante la complejidad que tiene la lucha por recuperar a las islas es importante que en la Argentina se debata el asunto con la seriedad que se merece, sin patrioterismo pero también sin desaprensivos cosmopolitismos, entre otras cosas porque de por medio están los seiscientos cuarenta y nueve jóvenes argentinos que fueron sacrificados en la guerra, los más de mil que regresaron heridos y mutilados, los muchos que se suicidaron después y la afrenta que representa para el honor de este país los reclamos de los miles de conscriptos que aún no obtienen del estado nacional el resarcimiento que se merecen por sus servicios prestados en la guerra.

Esta advertencia viene a cuento porque en los últimos días se ha desencadenado entre un grupo de intelectuales y publicistas críticos del gobierno una especie de torneo para ver quien adopta posturas más anglófilas y entreguistas, con argumentos que ofenden la inteligencia de los argentinos y la memoria de nuestros muertos al paso que llenan de regocijo al Foreign Office. Uno de los disparates más significativos es el que dice, en línea con los pretextos de Londres, que la Argentina debería consultar a los isleños si es que aceptan o no que Las Malvinas sean reincorporadas al patrimonio nacional. Se apela, erróneamente, a la doctrina de la “autodeterminación nacional” lo que le permitió al historiador Luis Alberto Romero (en una columna publicada en el diario La Nación) y a un grupo de 17 intelectuales y publicistas proponentes, según ellos, de una mirada alternativa sobre la cuestión de las Malvinas, renunciar alegremente y sin más miramientos al legítimo derecho que le asiste a la Argentina y dar por definitivamente perdida una batalla que este país viene librando desde hace 179 años.

Quienes postulan la doctrina de la “autodeterminación nacional” se olvidan que ésta sólo es aplicable a condición de que se cumpla con un requisito inescapable: que quienes se amparen en ese derecho sean los pobladores autóctonos de un territorio, lo que no ocurre en el caso de las Malvinas. La escasa población argentina que había en las islas fue desalojada por una fuerza expedicionaria británica que se apoderó violentamente del archipiélago y estableció, en su lugar, una pequeña colonia que al cabo de casi dos siglos no supera las tres mil almas. Esa viciosa modalidad de adquisición territorial se llama, en el derecho internacional, “conquista”, y de por sí invalida cualquier pretensión de legitimar la presencia post festum de los intrusos auscultando su voluntad o no de perpetuar los efectos de la conquista gracias a la cual se apoderaron de unas tierras que no eran suyas. La inconsistencia del argumento es más que evidente y no se necesita ser un eminente jurisconsulto para comprobarlo.

Propongo el siguiente experimento mental: imaginemos lo que habría ocurrido si la Argentina hubiera sido una gran potencia y a comienzos del siglo diecinueve hubiese ocupado militarmente una dependencia británica, próxima a sus costas, como por ejemplo la Isla de Man, expulsando al puñado de ingleses que la habitaban e instalado allí una pequeña comunidad de argentinos amparados por la permanente presencia de un destacamento armado. Los reclamos de la corona británica eran sistemáticamente desoídos y una medida desesperada para recuperar la isla por las armas -tomada cuando en Inglaterra el fantasma de Cromwell y los sentimientos antimonárquicos preanunciaban una crisis política de enormes proporciones- permitió su transitoria reintegración al dominio británico, sólo para que, poco después, sus tropas sufrieran una aplastante derrota a manos de la potencia colonizadora sudamericana. Luego de ello Londres prosiguió con sus infructuosos reclamos mientras una arrogante Buenos Aires ratificaba su absoluto rechazo a cualquier inicio de conversaciones sobre el tema so pretexto de que nada podía hacerse contra la voluntad de los isleños, descendientes de quienes la ocuparon por la fuerza esa isla dos siglos atrás.

Seguramente que, en este caso, los actuales cosmopolitas dispuestos a ceder definitivamente a las Malvinas a los ingleses se hubieran rasgado las vestiduras ante esta sucesión de atropellos al derecho de gentes, el desprecio por la negociación diplomática y el desacato a las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero ya no como un experimento mental sino como una palpable realidad esto es lo que Londres ha venido haciendo desde 1833, y es por ello que rehúsa a sentarse en una mesa de negociaciones, honrar las reiteradas recomendaciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y la Resolución 2065 de la Asamblea General que insta a las partes a buscar una solución pacífica al diferendo, cosa a la cual el Reino Unido se ha negado sistemáticamente. Y lo hace porque el Foreign Office es conciente de que toda la legislación internacional le juega en contra; que su acto de piratesca apropiación de unas islas que no eran suyas es insanablemente ilegal e ilegítimo -y lo mismo vale para el Peñón de Gibraltar- y ni siquiera mil años de ocupación podrán redimir a los invasores británicos de ese pecado de origen. Tal como lo recordara Fidel Castro pocos días atrás, una vez iniciada la negociación diplomática los ingleses no tendrán más remedio que irse porque sólo les asiste el hecho desnudo de la conquista y la fuerza.

Pero los críticos se olvidan de todos estos molestos detalles y adoptan, en algunos casos de modo sorprendente dada sus trayectorias político-intelectuales, el punto de vista del colonizador. La culpa, por supuesto, es de los colonizados, de las víctimas; la razón, en cambio, siempre está del lado de los colonizadores. La historia argentina y latinoamericana está repleta de casos como estos en los cuales la “colonialidad” de las elites culturales las convierte en voceros de las potencias coloniales.

Claro que para esto es preciso olvidar muchas cosas: (a) que el recalentamiento del tema Malvinas fue responsabilidad de Londres y no de Buenos Aires; (b) que hasta ahora el gobierno argentino ha dado muestras de una saludable prudencia, al no caer en las burdas provocaciones de Cameron y responder a su bravuconada reforzando la presencia militar en el Atlántico Sur; (c) y que el núcleo central de su argumentación, la “autodeterminación” de los isleños se desploma ante el peso de un componente central de la misma tradición jurídica anglosajona que los críticos se supone tienen en alta estima y que dice que might does not make right , o sea, la fuerza no crea derechos.

En consecuencia, en el caso de las Malvinas, como en cualquier otro en donde un un estado arrebata el territorio de otro país por la vía de la conquista, la doctrina que se aplica no puede ser la de la “autodeterminación nacional”, por las razones arriba expuestas, sino la de la “integridad territorial” que establece que ningún estado tiene derecho a apropiarse de un territorio que pertenece o se halla bajo la jurisdicción de otro. Según esta doctrina la “consulta a los deseos de los isleños” es irrelevante a la hora de resolver la cuestión de la soberanía, aunque va de suyo que si las Malvinas llegaran a retornar algún día a la Argentina (en un futuro que sin dudas está muy lejano aún cuando Londres decida dejar de violar la legalidad internacional y obedezca el mandato de la ONU) el modo de vida de los isleños, su lengua y sus tradiciones deberían ser incondicionalmente respetadas y la Argentina debería aceptar, como lo han hecho Bolivia y Ecuador, el desafío de construir una comunidad política binacional, bilinguística y multicultural.

Pero esto nada tiene que ver con la cuestión de la soberanía: quienes apelan a la “autodeterminación” de los isleños cometen un grave error jurídico y político, al paso que sus confusas elucubraciones desnudan los peligros que el rechazo visceral a una gobernante, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, puede tener sobre mentes que, bajo otras circunstancias, dieron en algunos casos muestras de notable lucidez y clarividencia.



Ecuador: Afinan los detalles de la marcha

LA HORA / Lunes, 27 de Febrero de 2012

Hasta el viernes, las organizaciones indígenas terminarán de planificar la logística de la movilización nacional del 8 de marzo, que partirá de Zamora, pero también de otras provincias en rechazo a la política gubernamental.

El objetivo, según los dirigentes, no es que todos los actores inicien el mismo día, sino que se concentren el 22 en la capital.

Según el vicepresidente de la Ecuarunari, Luis Contento, cada uno de los participantes asumirá los costos económicos. Los movimientos locales están almacenando alimentos y agua para los recorridos que serán por las principales carreteras del país, como la Panamericana Norte y la Troncal Amazónica, y las calles principales de las ciudades.

Recorrido

Contento explicó que la logística de Loja, Zamora, Azuay y Cañar se organizó durante Carnaval, mientras que hoy se armará la del centro del país, especialmente Tungurahua y Bolívar. Mañana se reunirán para fortalecer la parte del Austro y el viernes se finiquitará el norte: Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Pichincha.

El resto de movilizaciones serán simultáneas o se incorporarán dependiendo de donde se encuentre la marcha o la distancia que exista hasta Quito.

Abastecimiento

“Hemos nacido en la lucha. Estamos acostumbrados a salir con el quicuyo, el tostado, la máchica y con eso podemos estar semanas si es necesario”, aseveró Contento.

Esto frente a una crítica del asambleísta Pedro de la Cruz (PAIS), quien señaló que no es posible que una movilización pueda abastecerse con la colaboración de las comunidades por más de una semana.

Por su parte, José Acacho, vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), aseveró que “como no vamos a estar concentrados muchos días en un lugar, no necesitamos mayor abastecimiento, sino lo que nos provean en cada ciudad donde pasemos”, agregó, quien explicó que existen mingas para reunir papas, mote, arroz, carne y agua.

Los dirigentes señalaron que no van a cerrar carreteras, para así evitar represalias del Gobierno.

El presidente Rafael Correa, por su parte, el sábado se dedicó a leer correos electrónicos que convocan a la marcha y dijo que es una medida “de la oligarquía desesperada" y que buscan desestabilizar el orden democrático. Advirtió a los indígenas que PAIS también organizará sus concentraciones para “defender la democracia”.

Objetivo de la marcha

La movilización plantea defender la Constitución “que está siendo violentada por Rafael Correa”, señaló el presidente de la Conaie, Humberto Cholango.

Fue organizada entre la Conaie y movimientos sociales para protestar por la explotación petrolera y minera, la criminalización de la lucha social, las renuncias obligatorias, la ley de educación superior y ley de educación intercultural, los atropellos a los campesinos. También se solicitará la aprobación de la ley de aguas y de tierras.

EL DATO

Indígenas advierten sobre la infiltración de gente del gobierno en la movilización.