Perú: CNDDHH cuestiona absolución de ex Jefe Político Militar de Ayacucho por el delito de tortura

Grupo de Trabajo contra la Tortura de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa su preocupación y cuestiona la absolución de ex Jefe Político Militar de Ayacucho en Caso Navarrete y Yaranga.

El Grupo de Trabajo contra la Tortura de la CNDDHH, conformado y organizado por instituciones que integran nuestro colectivo, cuyo objetivo es contribuir a la erradicación de la práctica de la tortura en el país, expresa su preocupación y rechazo a la sentencia absolutoria emitida por la Sala Penal Nacional a favor  del ex Jefe Político Militar  y jefe del destacamento de La Marina, el entonces Capitán de Corbeta AP Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco, por el delito de tortura en agravio José Navarrete y Celestino Yaranga, pobladores ayacuchanos que fueron detenidos y sometidos a torturas en el contexto de la violencia política que sufrió Ayacucho y todo el país.

Aprodeh, institución miembro de la CNNDDHH que patrocina a los agraviados, indicó que la sentencia presenta serias contradicciones, pues la Sala Penal reconoció como hechos probados que los agraviados fueron detenidos por miembros de la Marina, fueron trasladados al Estadio Municipal de Huanta, lugar donde se encontraba ubicada la base militar de la Marina de Guerra, y adicionalmente se probó la existencia de un aparato organizado de poder del que Silva Santisteban era responsable por lo que es autor mediato de los crímenes de tortura cometidos.  Sin embargo, pese a toda las pruebas señaladas el ex Jefe Político Militar fue absuelto porque no se probó que las secuelas de la tortura sufrida fueran de carácter permanente.

Los actos cometidos fueron probados a tal punto que la propia Sala Penal  ha reconocido que las torturas no fueron realizados como hechos aislados o excesos por parte de miembros de la Marina, sino que configuran una práctica sistemática, lo cual constituye un delito de lesa humanidad.

El Grupo de Trabajo, expresa su preocupación respecto de la posición contradictoria que ha tenido la Sala Penal Nacional, pues por un lado los hechos denunciados han sido probados, pero por otro lado, pese a que se ha probado la responsabilidad penal en calidad de autor mediato del ex Jefe Político Militar de Ayacucho, este ha sido absuelto porque las secuelas físicas o psíquicas de un delito cometido hace 30 años no fueron de carácter permanente.

Esta situación alarmante respecto de los casos de tortura, nos permite señalar  la cuestionable actuación de los operadores de justicia, que minimizan y normalizan estos actos, exigiendo no solo gravedad sino también que los daños físicos o psíquicos sean tales que en muchos casos importe una evidente discapacidad, dejando de lado e infravalorando el daño psíquico y moral sufrido por las víctimas.

Lima, 07 de marzo de 2013
Grupo de Trabajo  contra la Tortura

Rocío Silva Santisteban advierte en la CIDH: “Se está privatizando la Policía Nacional del Perú”

En el marco del 147° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo hoy lunes 11 de marzo la audiencia titulada “Derechos humanos y protesta social en Perú”. En la parte peticionaria estuvieron Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez, directora del área DESC de la CNDDHH, David Velazco, director de Fedepaz, Mirtha Vasquez, directora del área jurídica de Grufides, y Alejandra Vicente, de CEJIL.

De izquierda a derecha, Alejandra Vicente, Mirtha Vásquez, Rocío Silva Santisteban, David Velazco y Mar Pérez.

Recordando la cifra de 24 civiles muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en el marco de los conflictos sociales, incluyendo menores de edad, además de la cifra de 649 heridos (cifra de la Defensoría del Pueblo), Silva Santisteban explicó que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, que se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, “privatizando la Policía Nacional del Perú”. Silva Santisteban lamentó haber llegado a esta situación, producto de la defensa de las inversiones de empresas y corporaciones multinacionales en industrias extractivas, dado que se privilegia el modelo primario exportador como motor del desarrollo del Perú.

Mar Pérez denunció que se ha vulnerado el carácter excepcional de la declaratoria del estado de emergencia, figura usada en los conflictos de Conga y Espinar, recurso que ha servido como el “escenario de detenciones arbitrarias, torturas a defensores y periodistas, así como un sistemático uso abusivo de la fuerza”. Velazco, por su parte, advirtió de una serie de normas que favorecen en la práctica la criminalización de la protesta y la impunidad, como el DL 1095, que permite el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el marco de una protesta social en contra de civiles, creando un “escenario de guerra que hace que para juzgar supuestos delitos que se puedan haber cometido en esas circunstancias no se aplique el derecho internacional de derechos humanos sino el derecho internacional humanitario, pensado para la guerra”. Mirtha Vásquez hizo énfasis en las leyes que permiten alquilar los servicios de la PNP a empresas privadas, especialmente empresas mineras.

CAOI : Consentimiento previo, libre e informado

                                                                            

                                                                                                                                                                                        Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú

CAOI Publica Informe regional sobre Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado.

El informe regional sobre “Derecho a la Consulta y al Consentimiento Previo, Libre e Informado: avances, limitaciones y retos” elaborado por el Observatorio Jurídico de la CAOI presenta una evaluación del desarrollo del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado en los países andinos y tiene como finalidad fortalecer los argumentos de los líderes indígenas para consolidar una posición regional respecto al derecho de consulta y su implementación.

El derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado es un tema central en la agenda política de los Pueblos Indígenas del Abya Yala. Actualmente Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú han ratificado el Convenio 169 de la OIT. Para los pueblos indígenas de la Región Andina, el marco legal internacional del derecho a la consulta está dado no solo por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (la misma que reconoce expresamente el derecho a la libre determinación). Es también de vital importancia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es un derecho fundamental y de cumplimiento obligatorio para los Estados el derecho a la libre determinación. Sobre esa base, el derecho a la consulta debe también tomar en cuenta las normas propias de los pueblos indígenas, sus formas de organización social, política, económica y cultural, y sus sistemas de autoridades. Es decir, el derecho propio.

El Informe pretende ser una contribución para el análisis, la reflexión y el debate al interior de las propias organizaciones indígenas y para continuar desarrollando estrategias que permitan consolidar la defensa a la libre determinación que tenemos los pueblos indígenas sobre su territorio.

Descargue el Informe aquí: 

http://www.coordinadoracaoi.org/portal/?q=content/informe-regional-sobre-consulta-y-consentimiento-previo-libre-en-informado#.UUDqYRwXs6E

Li Keqiang toma los mandos del Gobierno en la segunda economía mundial

Pekín, 15 mar (EFE).- La Asamblea Nacional Popular (ANP), el Legislativo chino, nombró hoy formalmente como nuevo primer ministro a Li Keqiang, de 57 años, quien hereda la tarea de enderezar la segunda economía del mundo.

Li Keqiang (i), posa junto al presidente Xi Jinping durante la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, el Legislativo chino), en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín (China), en donde Li Keqiang fue nombrado como primer ministro, en sustitución de Wen Jiabao. EFE

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Li, que desde 2008 era el viceprimer ministro encargado de asuntos financieros, fue elegido por los casi 3.000 delegados en una votación cuyo resultado se conocía ya con meses de antelación -desde que en noviembre pasara a ser "número dos" del Partido Comunista- por 2.940 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.

Tras completarse el trámite, en una ceremonia celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, Li, llamado a encabezar el Gabinete nacional durante 10 años, saludó a los delegados con una reverencia, y entre aplausos estrechó la mano de quien desde ayer, jueves, es presidente de China, Xi Jinping.

A continuación saludó efusivamente y fue felicitado por su antecesor, un muy sonriente y relajado Wen Jiabao, quien se retira tras una década en la que el país pasó del sexto al segundo lugar en el ránking de economías mundiales.

Li, uno de los líderes comunistas surgidos de la Liga de Juventudes Comunistas (los llamados "tuanpai"), asume la complicada responsabilidad de que bajo su mando China ascienda un último escalón y se encarame hasta el primer puesto económico, algo que según algunos analistas podría ocurrir antes del fin de esta década.

Nacido en la provincia oriental de Anhui, una zona eminentemente agrícola y de emigrantes a las grandes ciudades, y formado en la Universidad de Pekín, Li también tendrá que lidiar con la sombra de la popularidad de su antecesor, quien en la última década ha sido uno de los líderes más carismáticos entre la ciudadanía.

El primer acto público de Li como jefe de Gobierno será la rueda de prensa que cada año este cargo ofrece al término de la sesión anual del Legislativo (en esta ocasión, el domingo 17), en la que se espera la asistencia de cientos de periodistas chinos y extranjeros.

En los países de habla hispana, en todo caso, se le conoce ya por su visita a España en enero de 2011, que generó mucha expectación, puesto que le acompañaba una nutrida delegación empresarial, así como por sus reuniones el pasado año, en Pekín, con los presidentes de Cuba (Raúl Castro) y Colombia (Juan Manuel Santos).

El nombramiento de hoy, unido al presidencial de ayer, da inicio oficial a la que ya ha comenzado a llamarse "Administración Xi-Li", en la que la quinta generación de líderes chinos abre una nueva época para el régimen, tras las encabezadas por Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao.

La ceremonia de votación de hoy, un formalismo prácticamente calcado al que el jueves coronó a Xi Jinping como presidente, tuvo como anécdota el relativamente alto número de votos -para los estándares del régimen- que negaron su apoyo a otro cargo nombrado hoy, el nuevo presidente del Tribunal Popular Supremo, Zhou Qiang (28 sufragios en contra, 2.908 a favor, 23 abstenciones).

Zhou, en todo caso, está considerado uno de los políticos con mayor proyección en China, con una sólida carrera tanto en el ámbito administrativo como en el Derecho.

Su nombramiento, según los analistas, parece responder al interés de las autoridades del Partido Comunista por reforzar las instancias judiciales, en especial tras la crisis desatada el año pasado por el "caso Bo Xilai", el mayor escándalo político de China en 20 años, cuyo juicio, el primer gran reto para Zhou, todavía espera fecha.

Además de Zhou, quien, como Li Keqiang y Hu Jintao, forjó su influencia política como secretario general de la Liga de Juventudes Comunistas, también se eligió hoy a Cao Jianming como fiscal general del Estado, y a los generales Fan Changlong y Xu Qiliang como vicepresidentes de la Comisión Militar Central.

Mañana, viernes, continúan las votaciones, para elegir en ese caso a nuevos viceprimeros ministros, consejeros de Estado y ministros del Gabinete, además del gobernador del banco central, que según observadores podría ser el único cargo que no cambie de manos y continúe en las de Zhou Xiaochuan.