Hoy, en América Latina, Marx ¿sería extractivista?

Eduardo Gudynas
ALAI AMLATINA, 07/02/2013.- En América Latina siguen avanzando las estrategias enfocadas en minería, hidrocarburos y monocultivos, a pesar que esto significa repetir el papel de proveedores de materias primas y de las resistencias ciudadanas. Este modo de ser extractivista se expresa tanto en gobiernos conservadores como progresistas. Pero como entre estos últimos se esperaba otro tipo de desarrollo, esa insistencia se ha convertido en un nudo político de enorme complejidad.

Para sostener el empuje extractivista se está apelando a nuevas justificaciones políticas. Una de las más llamativas es invocar a los viejos pensadores del socialismo, para sostener que no se opondrían al extractivismo del siglo XXI, y además, lo promoverían.

Seguramente el ejemplo más destacado ha sido el presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien para defender al extractivismo lanzó dos preguntas desafiantes: “¿Dónde está en el Manifiesto Comunista el no a la minería? ¿Qué teoría socialista dijo no a la minería?” (entrevista de mayo de 2012).

Correa redobla su apuesta, ya que además de citar a Marx y Engels, le suma un agregado propio que no puede pasar desapercibido: “tradicionalmente los países socialistas fueron mineros”. El mensaje que se despliega es que la base teórica del socialismo es funcional al extractivismo, y que en la práctica, los países del socialismo real lo aplicaron con éxito. Si su postura fuese correcta, hoy en día, y en América Latina, Marx y Engels deberían estar alentando las explotaciones mineras, petroleras o los monocultivos de exportación.

Soñando con un Marx extractivista

Comencemos por sopesar hasta dónde puede llegar la validez de la pregunta de Correa. Es que no puede esperarse que el Manifiesto Comunista, escrito a mediados del siglo XIX, contenga todas las respuestas para todos los problemas del siglo XXI.

Como señalan dos de los más reconocidos marxistas del siglo XX, Leo Huberman y Paul Sweezy, tanto Marx como Engels, aún en vida, consideraban que los principios del Manifiesto seguían siendo correctos, pero que el texto había envejecido. “En particular, reconocieron implícitamente que a medida que el capitalismo se extendiera e introdujera nuevos países y regiones en la corriente de la historia moderna, surgirían necesariamente problemas y formas de desarrollo no consideradas por el Manifiesto”, agregan Hunerman y Sweezy. Sin duda esa es la situación de las naciones latinoamericanas, de donde sería indispensable contextualizar tanto las preguntas como las respuestas.

Seguidamente es necesario verificar si realmente todos los países socialistas fueron mineros. Eso no es del todo cierto, y en aquellos sitios donde la minería escaló en importancia, ahora sabemos que el balance ambiental, social y económico, fue muy negativo. Uno de los ejemplos más impactante ocurrió en zonas mineras y siderúrgicas de la Polonia bajo la sombra soviética. Hoy se viven situaciones igualmente terribles con la minería en China.

No puede olvidarse que muchos de esos emprendimientos, dado su altísimo costo social y ambiental, sólo se vuelven viables cuando no existen controles ambientales adecuados o se silencian autoritariamente las demandas ciudadanas. Tampoco puede pasar desapercibido que aquel extractivismo, al estilo soviético, fue incapaz de generar el salto económico y productivo que esos mismos planes predecían.

Actualmente, desde el progresismo se defiende el extractivismo aspirando aprovechar al máximo sus réditos económicos para así financiar, por un lado distintos planes sociales, y por el otro, cambios en la base productiva para crear otra economía.

El problema es que, de esta manera, se genera una dependencia entre el extractivismo y los planes sociales. Sin los impuestos a las exportaciones de materias primas se reducirían las posibilidades para financiar, por ejemplo, las ayudas monetarias mensuales a los sectores más pobres. Esto hace que el propio Estado se vuelva extractivista, convirtiéndose en socio de los más variados proyectos, cortejando inversores de todo tipo, y brindando diversas facilidades. Sin dudas que existen cambios bajo el progresismo, pero el problema es que se repiten los impactos sociales y ambientales y se refuerza el papel de las economías nacionales como proveedores subordinados de materias primas.

La pretensión de salir de esa dependencia por medio de más extractivismo no tiene posibilidades de concretarse. Se genera una situación donde la transición prometida se vuelve imposible, por las consecuencias del extractivismo en varios planos, desde las económicas a las políticas (como el desplazamiento de la industria local o la sobrevaloración de las monedas nacionales, tendencia a combatir la resistencia ciudadana). El uso de instrumentos de redistribuciones económicas tiene alcances limitados, como demuestra la repetición de movilizaciones sociales. Pero además es costoso, y vuelve a los gobiernos todavía más necesitados de nuevos proyectos extractivistas.

Es justamente todas esas relaciones perversas la que debería ser analizada mirando a Marx. El mensaje de Correa, si bien es desafiante, muestra que más allá de las citas, en realidad, no toma aquellos principios de Marx que todavía siguen vigentes para el siglo XXI.

Escuchando la advertencia de Marx

Marx no rechazó la minería. La mayor parte de los movimientos sociales tampoco la rechazan, y si se escuchara con atención sus reclamos se encontrará que están enfocados en un tipo particular de emprendimientos: a gran escala, con remoción de enormes volúmenes, a cielo abierto e intensiva. En otras palabras, no debe confundirse minería con extractivismo.

Marx no rechazó la minería, pero tenía muy claro donde debían operar los cambios. Desde esa perspectiva surgen las respuestas para la pregunta de Correa: Marx distinguía al “socialismo vulgar” de un socialismo sustantivo, y esa diferenciación debe ser considerada con toda atención en la actualidad.

En su “Crítica al programa de Gotha”, Marx recuerda que la distribución de los medios de consumo es, en realidad, una consecuencia de los modos de producción. Intervenir en el consumo no implica transformar los modos de producción, pero es a este último nivel donde deberán ocurrir las verdaderas transformaciones. Agrega Marx: “el socialismo vulgar (…) ha aprendido de los economistas burgueses a considerar y tratar la distribución como algo independiente del modo de producción, y, por tanto, a exponer el socialismo como una doctrina que gira principalmente en torno a la distribución”.

Aquí está la respuesta a la pregunta de Correa: Marx, en la América Latina de hoy, no sería extractivista, porque con ello abandonaría la meta de transformar los modos de producción, volviéndose un economista burgués. Al contrario, estaría promoviendo alternativas a la producción, y eso significa, en nuestro contexto presente, transitar hacia el post-extractivismo.

Seguramente la mirada de Marx no es suficiente para organizar esa salida del extractivismo, ya que era un hombre inmerso en las ideas del progreso propio de la modernidad, pero permite identificar el sentido que deberán tener las alternativas. En efecto, queda en claro que los ajustes instrumentales o mejoras redistributivas, pueden representar avances, pero sigue siendo imperioso trascender la dependencia del extractivismo como elemento clave de los actuales modos de producción. Esta cuestión es tan clara que el propio Marx concluye “Una vez que está dilucidada, desde ya mucho tiempo, la verdadera relación de las cosas, ¿por qué volver a marchar hacia atrás? Entonces, ¿por qué se sigue insistiendo con el extractivismo?

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Huberman, L. y P. Sweezy. 1964. El Manifiesto Comunista: 116 años después. MonthlyReview 14 (2): 42-63.

Marx, K. 1977. Crítica del Programa de Gotha. Editorial Progreso, Moscú.

- Eduardo Gudynas es investigador en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

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LA REVOLUCION ASUSTADA

Por: Alfonso Wieland

Fausta es una mujer joven, quechua-hablante, indígena. Su madre fue violada
durante el conflicto armado que sufrió el Perú en las décadas de los 80 y 90. Fausta sufre una enfermedad extraña mediante la cual el miedo y el sufrimiento de su mamá abusada, les fue transmitido a ella a través de la leche materna con la que la alimentó. En la película titulada “La teta asustada” (nombre también de la supuesta enfermedad) no se menciona cuando ni quien fue el autor de esa violación. Fausta tiene que lidiar con sus miedos, traumas y recuerdos, pero además con su androfobia. Fausta teme vivir, atormentada por este pasado que le marcó aun antes que naciera.
 
La Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana (CVR) ha logrado identificar 538 violaciones sexuales en los años del terrorismo, de las cuales se responsabiliza de 449 violaciones a los agentes del Estado y 69 violaciones fueron adjudicadas a los grupos terroristas, particularmente Sendero Luminoso (SL). Sin embargo, 7,426  mujeres –según la CVR –fueron víctimas de desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Es muy probable que un porcentaje alto de esas personas también haya sido víctimas de violaciones sexuales. En nombre de la revolución maoísta o de la defensa de la democracia se cometieron estos actos execrables.
 
Pero no es una historia cerrada. Hoy en día en el mundo, en nuestros países la
práctica de abuso de poder contra las mujeres aún continúa. Quisiera mencionar dos casos recientes.
 
El primero ha ocurrido en Bolivia. El asambleísta por Chuquisaca, Domingo Alcibia Rivera fue captado por las cámaras de seguridad del recinto legislativo, forzando a una empleada de limpieza para mantener relaciones sexuales con ella. Al parecer, la empleada se encontraba en estado de ebriedad. Se dice que es una costumbre en no pocas dependencias públicas bolivianas, que cuando se conmemora alguna fiesta nacional, se inaugura una obra o simplemente se celebra el cumpleaños de algún alto funcionario, el licor abunda y adrede las empleadas son alcoholizadas para luego abusar de ellas. Pero no estamos hablando aquí de cualquier persona.
 
Alcibia representa a un hombre de origen indígena que gracias al partido gobiernista MAS se ha convertido en un legislador. Un acto revolucionario en un país donde los indígenas fueron históricamente relegados y sometidos a crueles tratos. Este mismo hombre es capaz de imponer su poder para violar a una mujer humilde, pobre e indígena. Esta triple victimización se ha convertido en pan de cada día para muchas mujeres en varios países del continente.
 
Un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte de los altos índices de violencia contra las mujeres en la región. Así pues, más de la mitad de las mujeres bolivianas han sufrido violencia doméstica en algún momento de su vida. El 25,5% de las bolivianas denunció haber sido víctima de violencia física o sexual en el transcurso de 2008, año en que se realizó el estudio.
 
La otra historia atañe al Perú. Un reciente informe periodístico ha develado que un mediático pastor evangélico, José Linares Cerón, defensor a ultranza de la familia, los valores morales y acérrimo opositor a los derechos de los grupos homosexuales, habría sido denunciado en el año 1996 por haber abusado sexualmente de una niña de 17 años y también de tocamientos indebidos a distintas jóvenes que asistían a la iglesia que entonces pastoreaba. No solo eso, la adolescente quedo embarazada, nunca reconoció a su hija y por el contrario, mantuvo amenazada a su familia. El Sr. Linares es miembro de la denominada Colación Pro Familia Internacional (CIPROFAM), organización que se irroga una suerte de autoridad espiritual para “moralizar la sociedad”.
La revolución para ellos es enfrentarse contra liberales, comunistas y homosexuales que, en su criterio, quieren destruir el modelo de familia
“bíblico”.
 
Casi al finalizar la película “La teta asustada” un tío de Fausta pretende asfixiarla.
Ella se defiende con todas sus fuerzas y él llorando le dice: "No ves como sí quieres Vivir!!"... "No ves como quieres seguir viviendo!!" y termina diciéndole "Fausta,.. No te dejes morir".
Si los supuestos revolucionarios y los falsos profetas disfrazan sus miserias y
abusos contra las mujeres, de un ropaje ideológico o religioso o de la lucha por un bien mayor, hay que quitarles esa careta y develar su rostro asustado, asustados por la inconsecuencia de sus actos. Por supuesto, esto para nada descalifica la lucha por la afirmación de la vida, la familia, lo honorable, lo justo, que distintos sectores sociales y personas, muchos cristianos entre ellos, realizan a diario.
 
Como a Fausta hay que afirmar en las mujeres, que estos actos tan indignos, no
deben apagar sus ganas de vivir, porque Dios está presente en su sufrimiento. A las hijas no reconocidas, a las mujeres maltratadas, a los niños abusados, hay que apoyarles con nuestras oraciones, nuestro respeto, nuestras voces y manos alzadas para procurar que se haga justicia. Nuestro abrazo sea siempre para cuidarlas, no exponiéndolas ni estigmatizándolas. Todos quienes nos decimos humanos, deberíamos hacer un compromiso real para desterrar para siempre de la política, la religión, la familia, el trabajo, aquello que aplaste y anule la dignidad de las mujeres.
 
Y a los jueces y autoridades deberíamos recordarles su responsabilidad moral y
legal, exigiéndoles que la justicia no llegue tarde, sino oportunamente, como agua que refresca la sed de vivir sin sustos, sin violencias, en libertad, en paz.
“La teta asustada” (2009) es una película peruana dirigida por Claudia Llosa. El film fue nominado al Oscar y ganó el prestigioso premio “Oso de Oro” del Festival de cine de Berlín. 
Lima, 25 de enero 2013

Bolivia: notas de prensa

www.paginasiete.bo

 

El Ejecutivo califica de “canallada” la denuncia de implicados en la red

Detenidos dicen que Gobierno les ordenó seguir a opositores

RED A través de una acción de libertad, los supuestos miembros de la red de extorsión afirmaron que el Ejecutivo ordenó pinchar el teléfono de la diputada Marcela Revollo.

Página Siete / La Paz - 07/02/2013

Los abogados detenidos por el caso red de extorsión denunciaron que recibieron instrucciones de autoridades del Ministerio de Gobierno para realizar seguimiento a opositores y acusan al viceministro Jorge Pérez de pinchar el teléfono de la diputada del MSM Marcela Revollo.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó estas acusaciones como una “canallada”. “Que estos señores prueben sus denuncias, me parecen que son una canallada. (Los involucrados) están desplegando una estrategia mediática para aparecer como víctimas”.

Los ex abogados de ese despacho gubernamental Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas relatan en el memorial de acción de libertad que presentaron al Tribunal de Justicia de La Paz que el ministro Romero ordenó la detención de cinco dirigentes de los discapacitados, cuando éstos llegaron a La Paz demandando la aprobación de un bono para ese sector.

También narran cómo Romero pidió presionar al juez Daniel Espinar Molina para que revierta su decisión de liberar a los líderes de los discapacitados.

Asimismo, hacen referencia a que el ministro, mediante el director del Conaltid Sabino Mamani, les instruyó aprehender a cuatro dirigentes de los cocaleros de La Asunta, después de que ese sector que se oponía a la erradicación de cultivos de coca llegó a tomar un cuartel de la Fuerza de Tarea Conjunta.

En relación al conflicto entre mineros asalariados y cooperativistas de Colquiri, los acusados de formar parte de una red de extorsión dicen que se les ordenó allanar y detener a los principales dirigentes de ambos sectores, pero que esta orden no prosperó porque era imposible ejecutar material y legalmente.

En una de las partes del memorial también señalan que se pinchó el teléfono de la diputada Revollo cuando conversaba con el dirigente del TIPNIS, Fernando Vargas, durante la realización de la IX marcha indígena.

“Se intercepta la comunicación telefónica que esta diputada de oposición (...) haciendo creer que la diputada Revollo tendría al interior de su oficina gente infiltrada y que de esa forma se habría obtenido la grabación, extremo por demás falso, mentiroso y temerario”.

Apuntan al viceministro Pérez de ejecutar la interceptación porque tenía a su cargo equipos sofisticados para escuchar llamadas. Entonces Revollo fue acusada de supuesta sedición.

La acción de libertad, interpuesta por los abogados, no prosperó, pues la audiencia programada para ayer en La Paz fue suspendida. La directora jurídica del Gobierno, Paola Barriga, explicó que no se pudo trasladar a todos los implicados. La sesión se realizará mañana en Santa Cruz.

 

El Ejecutivo niega espionaje a opositores

EL viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, negó que el Ejecutivo practique seguimiento o espionaje telefónico a políticos de oposición.

- 07/02/2013

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, negó que el Ejecutivo practique seguimiento o espionaje telefónico a políticos de oposición.

“Para mí es claro el hecho de que están utilizando su condición de detenidos, en este momento, para descalificar a autoridades políticas del Gobierno y están utilizando los medios de comunicación para descalificar. ‘A mí me preocupa que más que denuncias están existiendo justificaciones individuales, en este caso colectivas, de una acción que en este momento no tiene ninguna explicación legítima, sólo tienen una sanción penal”, manifestó la autoridad.

Navarro añadió que sería una “irresponsabilidad” que el Ejecutivo pinche las llamadas telefónicas de los opositores.

“Éste no es el comportamiento del Gobierno para los opositores del país. Se pretende hacer sensacionalismo mediático. Se está usando esta denuncia como si fuera una verdad absoluta. Se quiere desvirtuar este caso (extorsión). De ninguna manera se hacen pinchazos, es muy irresponsable hacer eso”, acotó.

Mientras tanto, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez , pidió a la población y a los medios de comunicación no prestar atención a las denuncias que realizan personas acusadas por corrupción.

“Me acusa gente desesperada para atraer la atención. Los ‘acusadores de espionaje’ buscan victimizarse y politizar la investigación. Pido a los medios de comunicación que no les hagan el favor de dar cobertura a corruptos”, afirmó Pérez.

La autoridad gubernamental acotó que iniciará otra acción penal contra los involucrados en el caso de extorsión por las denuncias que hicieron a través de su memorial de acción de libertad.

Cuando estalló el caso de la red de extorsión se conoció que Pérez tenía un duro enfrentamiento con Boris Villegas y su equipo jurídico. Estos últimos habrían intentado involucrar al viceministro con algún ilícito.

 

Trabajó todo enero y luego se lo borró incluso del sistema

Prohíben la contratación del ex asambleísta Chato Prada

CASO Se desempeñó en enero como asesor del senador oficialista Manuel Limachi, pero por una decisión de bancada se lo alejó.

ERBOL / La Paz - 07/02/2013

 

Información a la que tuvo acceso ERBOL indica que Raúl Chato Prada, ex asambleísta constituyente por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y ex viceministro de Evo Morales, desempeñó funciones como asesor del senador oficialista Manuel Limachi, pero por una decisión de bancada se lo alejó del puesto a un mes de iniciar con el trabajo.

Este hecho fue confirmado por el jefe de asambleístas masistas en la Cámara Alta, Eugenio Rojas, quien dijo que todos los legisladores del partido en función de Gobierno tomaron la determinación de no contar con sus servicios, pese a que la medida vulnera sus derechos.

“La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), los senadores han decidido de que no vamos a necesitar esa clase de gente ('). Con qué moral, haber, uno que de frente ataca y luego se calla, eso es falta de moral. Aunque está fuera de las normas, (tal vez se) podría estar contra sus derechos ('). Él tiene que darse cuenta, no es niño”, afirmó Rojas.

Los datos del caso indican que Limachi, representante de Pando en el Legislativo, solicitó la contratación de Prada como su asesor, petición que fue aceptada en primera instancia por el oficial mayor del Senado, pero luego fue revocada ante una “decisión política” de toda la bancada del MAS.

Se conoce también que Prada trabajó todo enero, período en el que se le otorgó una credencial y se le incluyó en el sistema informático para funcionarios. Pero, finalizado el mes se lo borró de dicho mecanismo, incurriendo en adulteración de información y no pagándole su sueldo. En un escueto contacto telefónico con ERBOL, Prada confirmó la noticia, pero dejó en claro que él no piensa hacer reclamos públicos sobre este hecho; garantizó además que continuará con su actitud crítica al Gobierno, con el fin de reencaminar el “proceso de cambio”.

Fue cercano a Evo Morales

El ex asambleísta constituyente del MAS Raúl Chato Prada fue parte del entorno cercano de Evo Morales cuando fungía como viceministro de Planificación y Coordinación.

En 2011 y alejado del Gobierno, señaló que los movimientos sociales depositaron desde un inicio una excesiva confianza en Morales y que ahora se sienten defraudados por el “modelo liberal” que impulsa el Ejecutivo.

 

Una diputada advierte que el daño no podrá ser reparado

Ley de Autonomías generó la suspensión de 20 autoridades

POSICIONES El MSM dice que es una acción electoral del MAS, aunque de ahora en adelante frenará las suspensiones. En Convergencia saludan y critican el fallo judicial.

Nancy Vacaflor / La Paz - 07/02/2013

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En dos años y medio de vigencia de los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías, al menos 20 alcaldes y gobernadores fueron suspendidos de sus cargos por la acusación formal de un fiscal.

Un relevamiento realizado por este matutino a las destituciones da cuenta de que estas autoridades fueron acusadas desde racismo, pasando por incumplimiento de deberes, malversación de fondos, tráfico de carburantes y otros delitos como violación.

El martes, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hizo conocer una resolución que declara la inconstitucionalidad de la figura de suspensión temporal de autoridades electas, pero como afirma la diputada opositora Norma Piérola, esa resolución no repara el daño ocasionado a las ex autoridades que perdieron el mandato popular por la decisión de un fiscal.

Entre algunos alcaldes suspendidos de las ciudades capital están Jaime Barrón (Sucre) y René Joaquino (Potosí), sin dejar de lado a las autoridades de Bermejo, Quillacollo, Punata, Mairana, Warnes, San Ignacio de Velasco, Colomi, Huacaraje, Camiri y otros municipios del país. En este proceso fueron suspendidas cinco autoridades electas por el partido oficialista.

Los gobernadores opositores Mario Cossío y Ernesto Suárez también fueron suspendidos. En el caso de Suárez, renunció a su cargo el año pasado y posibilitó una nueva elección de gobernador, que se desarrolló el pasado 20 de enero en Beni y que favoreció nuevamente a su frente.

El MAS también intentó suspender al gobernador cruceño, Rubén Costas, desde la Asamblea Legislativa Departamental, pero no logró inclinar la balanza con sus aliados y Costas se mantuvo en el poder hasta ahora.

 

El TCP, dentro de sus argumentos jurídicos, indica que los artículos 144, 145, 146 y 147 son contrarios a la Constitución Política del Estado y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e incide de manera reiterada que siempre se presume la inocencia de las personas.

 

El órgano de control constitucional emitió su sentencia 2055/2012 el 16 de octubre de 2012, pero la resolución se conoció recién el martes.

El ex fiscal Milton Mendoza criticó que haya existido mucha demora para que el Tribunal se pronuncie sobre este caso, más aún cuando los senadores Centa Rek y Germán Antelo, de Convergencia Nacional, presentaron la acción de inconstitucionalidad en diciembre de 2011.

“Ésta es una práctica viciosa de la administración de justicia que lamentablemente no hemos podido cambiar, o sea, las sentencias siempre salen con fecha pasada, para que no se dejen vencer los plazos”, dijo a ERBOL.

La Ley Marco de Autonomías fue aprobada por la mayoría oficialista sin mayor debate en 2010. Ya entonces, la oposición advirtió que el MAS pretendía con esta norma derrocar a las autoridades de la oposición.

Perú: La Sangre de Cañaris

Por Wilfredo Ardito Vega*

Hace unos días, la Defensoría del Pueblo envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros para recordarle un importante detalle sobre el conflicto de Cañaris: que los habitantes de esta región son indígenas y que como tales tienen derecho a ser consultados previamente sobre las actividades mineras en su territorio.
Efectivamente, los cañaris son un pueblo cuya identidad se remonta a tiempos prehispánicos. De hecho, estuvieron entre quienes se aliaron con los españoles, para enfrentar al adversario común: los incas. Actualmente, hablan una versión particular de quechua y están asentados en la fría sierra de Lambayeque.

La mayoría vive en extrema pobreza y casi no reciben atención estatal. El mes pasado una amiga mía estuvo recorriendo algunos poblados donde recién comenzaría a instalarse electricidad. Se trata además de una zona con un ecosistema sumamente frágil, de la cual parten los ríos que irrigan el resto de Lambayeque.

Allá por los años cincuenta, San Juan de Cañaris fue reconocida como comunidad indígena y cuenta con títulos de propiedad debidamente inscritos. Pese a ello, el Ministerio de Energía y Minas ha lotizado su territorio, sin ninguna consulta o información a los comuneros y, también sin consulta, lo otorgó en concesión a la empresa canadiense Candente Copper para el proyecto minero Cañariaco. Tradicionalmente, Canadá era un país con buena reputación en América Latina, pero, desde Piura hasta Guatemala, la falta de escrúpulos de diversas empresas mineras canadienses, están resquebrajando la imagen de dicho país.

La conducta de Candente no es una excepción: no sólo se instaló en territorio comunal sin una autorización de la asamblea comunal, sino que en julio anunció que tenía el respaldo de los comuneros obtenido en una asamblea en la que apenas 200 comuneros (de 3,500) aceptaron que la empresa continúe sus actividades de exploración. La modalidad de presentar una asamblea apócrifa ya ha sido intentada por otras empresas mineras como Majaz-Río Blanco en Piura y demuestra el poco respeto de las empresas involucradas por los campesinos. “Si no estuvieran tan convencidos de que les pueden engañar y manipular podrían trabajar con ellos”, me confiesa un amigo que trabajaba para una empresa minera en Ayacucho.

En noviembre pasado, en la asamblea de la comunidad de San Juan de Cañaris el 97% de los comuneros rechazó las actividades de exploración dentro de su propiedad comunal, tanto por los peligros para el medio ambiente, como porque consideran la presencia de la empresa una usurpación. Según la Ley 26505, citada por la Defensoría del Pueblo, “para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad” (artículo 11). Ante esta decisión, a la empresa sólo le queda abandonar las tierras comunales.

Lamentablemente, hace unos días, 25 campesinos de Cañaris que intentaban defender sus tierras fueron heridos por la Policía Nacional, en una dolorosa muestra de cómo el Estado en lugar de respetar los derechos comunales agrede a los propios campesinos. Por ello es importante  la intervención de la Defensoría del Pueblo, cuando señala que la comunidad de San Juan de Cañaris está protegida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde el Instituto de Defensa Legal, además, los campesinos no sólo tienen derecho a ser consultados, sino que inclusive deberán dar su consentimiento pues se trata de un proyecto que puede generar su desplazamiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha indicado que los indígenas deben dar su consentimiento cuando se trate de proyectos que puedan alterar radicalmente su forma de vida (Sentencia del caso Saramaka, párrafos 135-138)

Por si acaso, el carácter indígena de los habitantes de Cañaris está reconocido por el propio Ministerio de Cultura. Es más, el Viceministerio de Interculturalidad está convocando a los hablantes de quechua de Cañaris para un curso de preparación de intérpretes para los procesos de consulta previa.

La actual gestión del Ministerio de Energía y Minas no fue la que otorgó las concesiones a la empresa Candente, pero lamentablemente se ha empecinado en negar a los campesinos el derecho de decidir sobre sus propias tierras. Resulta penoso que el gobierno haya cometido el mismo error que en Conga y Espinar: emplear la violencia indiscriminada contra la población.

En los últimos días, se viene por fin planteando el diálogo con la población de Cañaris y se habla también de llevar electrificación y mejorar la educación que reciben los niños. Es terrible decirlo, pero pareciera que sólo cuando los campesinos dan una cuota de sangre, por fin las autoridades les escuchan.

- El oficio de la Defensoría del Pueblo aparece acá: http://reflexionesperuanas.lamula.pe/2013/01/30/defensoria-del-pueblo-los-habitantes-de-canaris-tienen-derecho-a-ser-consultados-sobre-la-actividad-minera/reflexionesperuanas

- El documento de Juan Carlos Ruiz, del IDL, aparece aquí: http://servindi.org/actualidad/81478

- Sobre la historia del pueblo de Cañaris, puede leerse a Antonio Zapata: http://www.iep.org.pe/antonio_zapata__el_conflicto_en_canaris.html
—
*Wilfredo Ardito Vega es abogado y catedrático nacido en Lima.

Perú: Comuneros de Cañaris en “permanente movilización” tras desencuentro con Gobierno

Imagen: Juan Vilela

- ¿Se puede dialogar con alguien que no te escucha y que no coloca en acta lo que pides con insistencia?
Servindi, 5 de febrero, 2012.- Los representantes de las comunidades de Lambayeque que se oponen a la realización del proyecto minero Cañariaco se declararon en  “permanente movilización y resistencia” porque consideran que el Gobierno “obvió” sus demandas en la mesa de diálogo llevada a cabo el día anterior en Ferreñafe.
Tras los enfrentamientos entre la policía y los campesinos en el marco del paro contra el proyecto minero Cañariaco de la canadiense Candente Cooper, el gobierno promovió las tradicionales “mesas de diálogo” entre representantes del Estado, los gobiernos locales y las autoridades comunales.
La segunda reunión se llevó a cabo el sábado dos de febrero pero los funcionarios del gobierno se opusieron a debatir y colocar en el acta el principal pedido comunal: el rechazo al proyecto Cañariaco y el retiro de la empresa candente Cooper.
Ante la negativa oficial a los representantes de la parte comunal no les quedó otra opción que negarse a firmar el acta. “Yo no firmo pero no me corro” dijo Cristóbal Barrios Carrillo, presidente de la Comunidad San Juan de Cañaris.
Al día siguiente, en una asamblea realizada el domingo 3 en Chiclayo, los representantes comunales de la zona en conflicto acordaron declararse en estado de “movilización permanente” y exigir el retiro de los efectivos policiales de la zona, así como el respeto a la consulta popular del 30 de septiembre de 2012 donde se hizo expreso el mayoritario rechazo a la minera.
La mesa de “diálogo” que no escucha
La mesa de diálogo instalada el 2 de febrero en la municipalidad de Ferreñafe estuvo conformada representantes del Ministerio de Energía y Minas, Vladimiro Huaroc, Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros funcionarios.
Por la población de Cañaris estuvieron Cristóbal Barrios Carrillo, presidente de la comunidad, y Rosa Sara Huamán Rinza, como miembros titulares y José Gaspar Lucero como miembro suplente, acompañados de los regidores de la Municipalidad de Cañaris Hilario Rodríguez y Germán Lucero, entre otros.
La mesa tuvo como propuesta final conformar dos subgrupos de trabajo: Uno para el tema de minero y ambiental; y el otro para el tema de desarrollo social sostenible.
Se anunció también que estará disponible un paquete de 100 millones de soles para cubrir las demandas de la población.
Antes del cierre de la mesa, el presidente de la comunidad de Cañaris, Cristobal Barrios solicitó tratar el problema minero de manera urgente ya que ésta es la principal preocupación de la población. Pero su pedido fue rechazado por Vladimiro Huaroc arguyendo que no se había solicitado tratar el tema como punto de la mesa.
Ante la negativa de abordar el conflicto minero y el rechazo de la contraparte a sus pedidos de suspender el proyecto Cañariaco y de presentar el acta de una cuestionada “asamblea” que autorizó a la minera proseguir con sus operaciones, Barrios rechazó firmar el acta de la mesa de diálogo.
“En el acta no está el pedido de paralización del proyecto minero. Por esta razón mi persona no va a firmar. También he pedido un acta del día ocho de julio donde también debería estar incluido mi pedido, y tampoco está. Por esta razón yo no firmo y no me corro. Estamos siempre dispuestos al diálogo”, afirmó Barrios a la prensa luego de retirarse de la reunión.
Los representantes de Cañaris afirmaron que desde un principio solicitaron tocar el tema del problema minero y que los representantes del Gobierno anunciaron en repetidas ocasiones que irían a resolver la controversia. Pero al mostrar una conducta distinta optaron por retirarse y reunirse con el resto de sus compañeros que se manifestaban a una cuadra del local.
Acuerdo comunal
El domingo 3 de febrero,  representantes de las comunidades campesinas de San Juan de Cañaris, San Isidro Labrador de Marayhuaca, José Carlos Mariátegui, San Pablo de Incahuasi, así como de las rondas campesinas y de los frentes de defensa de los bosques húmedos de los distritos de Cañaris, Incahuasi, Salas, Miracosta y Motupe se reunieron en Chiclayo.
Allí se evaluaron las acciones a tomar tras el frustrado intento de diálogo con el Gobierno del día anterior.
En la asamblea, los participantes emitieron un pronunciamiento en el cual se declararon en “permanente movilización y resistencia” pues consideran que los representantes del Gobierno Central y regional de Lambayeque, así como los gobiernos locales que participaron en la mesa de trabajo “obviaron” sus propuestas.
Asimismo, expresaron su desconfianza acerca de las “mesas de diálogo” porque “por experiencia” las autoridades “desconocen y no respetan los derechos de los pueblos indígenas y originarios”, indicaron.
Reafirmaron su exigencia para el retiro inmediato de las fuerzas policiales en sus territorios puesto que la seguridad está garantizada por sus rondas campesinas.
“Exigimos como condición para el diálogo el retiro inmediato de las fuerzas policiales de nuestros territorios, puesto que de acuerdo a nuestro derecho consuetudinario la seguridad comunal está garantizada por las rondas campesinas y no hay necesidad de la presencia de gran contingente policial fuertemente armado en la zona”, afirmaron.
Los comuneros indican que la inversión para el desarrollo que propone el Gobierno Central para la zona “no puede condicionar ni confundir” su reclamo ya que es responsabilidad del Estado realizarla.
Igualmente, condenaron la presunta parcialización del Gobierno a favor de las empresas extractivas.
“El monitoreo ambiental están parcializado tal como lo han demostrado las autoridades en el espacio de dialogo el día 2 de febrero, a favor de las empresas extractivas mineras al no querer tocar el problema por el cual luchamos”, anotaron en el documento.
Los líderes señalaron en el pronunciamiento que su biodiversidad y “vida colectiva” corren “altos riesgos de desaparición e índices de contaminación por la utilización y generación de elementos químicos altamente tóxicos como: cianuro, arsénico, mercurio y plomo”, concluyeron.
Asimismo, los suscritos denunciaron que la empresa promueve “la corrupción de dirigentes y autoridades”, mediante el  “chantaje, división, confrontación y formación de organizaciones paralelas para debilitar y deslegitimarnos como comunidades originarias, indígenas y ronderiles”.
De igual forma, denunciaron que los gobiernos regionales y locales aceptan “diálogos amañados de acuerdo a los objetivos de las transaccionales” con el Gobierno Central.
Postergan tercera mesa de diálogo
El presidente de la comunidad San Juan de Cañaris, Cristóbal Barrios, aseguró ayer que solicitaría al Gobierno la postergación de la tercera mesa de diálogo, programada para el 9 de febrero, porque necesita tiempo para informar a las 45 comunidades el resultado de la anterior mesa de diálogo.
“Vamos a enviar un oficio a la PCM indicando que no participaremos en la siguiente mesa de diálogo mientras la población no determine qué vamos a hacer ante este hecho”, afirmó.
Por su parte, Vladimiro Huaroc anunció en un medio de comunicación que el 16 de febrero se instalarán  dos mesas de diálogo: una para analizar el desarrollo de la zona y otra para tratar el problema minero.
De acuerdo al funcionario, en la próxima mesa participarán representantes del Ejecutivo y de la empresa minera Candente Cooper Perú S.A.
Huaroc consideró que la mesa del pasado dos de febrero sirvió para que sectores “radicales” accedan al diálogo.

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Ecuador: La mujer transexual que quiere ser legisladora

Diane Rodríguez, una estudiante de psicología, ha dedicado varios años al activismo a favor de las minorías sexuales, y ahora, desde la política, busca ser la primera transexual en llegar al Congreso de Ecuador.


La activista, de 30 años y quien hasta hace tres figuraba en sus documentos como Luis Benedicto, plantea ese desafío a la conservadora sociedad ecuatoriana para promover los derechos de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) y de otros grupos, a su juicio, excluidos.

“Mi enfoque estará en todas las minorías, las poblaciones étnicas vulneradas y las causas feministas”, asegura la activista a la AFP, y añade que también abogará por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Diane, nacida en el puerto de Guayaquil (suroeste), busca un escaño por el movimiento de izquierda Ruptura 25, y de lograrlo el 17 de febrero, sería la primera transexual en ocupar un cargo de elección popular en un país donde el 85% de la población se declara católica.

La Constitución impulsada por el presidente socialista y candidato a la reelección, Rafael Correa, aprobada en 2008, sanciona toda forma de discriminación, un logro que la transgénero atribuye al cabildeo de los LGBT durante la redacción del texto.

La aspirante milita desde 2008, cuando creó la Asociación Silueta X, a través de la cual promueve los derechos de los transexuales e inició su acercamiento a la política.

Diane tenía 16 años cuando se convenció de que, a pesar de haber nacido hombre, su identidad sexual era femenina, y esta confesión le costó ser expulsada del hogar. Para sobrevivir, se dedicó fugazmente a la prostitución, según cuenta.

Tras volver a la casa de sus padres con la condición de involucrarse en actividades religiosas, empezó una terapia hormonal. “Quería desarrollar libremente mi sexualidad, me automedicaba a escondidas”, recuerda.

Así, su aspecto se hacía cada vez más femenino, lo que provocaba rechazo entre sus compañeros de universidad.


Trabajó en varias empresas pero siempre la despedían. “A pesar de que me vestía con traje y corbata, la gente me decía ‘señorita’”, comenta.

Cuando perdió su empleo en un hotel, inició una demanda por discriminación para ser restituida, pero esta vez como mujer.

“El abogado decía que eso era imposible porque en la cédula aparecía mi nombre masculino. Entonces decidí modificarlo en el Registro Civil, que se negó a hacerlo pese a la obligación constitucional de reconocer la identidad sexual de las personas”, explica.

Tras una batalla legal, en 2009 logró que en la cédula se reemplazaran sus nombres masculinos, sentando un precedente.

Sin embargo, en el documento Diane aún figura como de sexo masculino, por lo que planteó un nuevo litigio que está en trámite.

“Se institucionaliza la discriminación al asociar al sexo con el género y no son lo mismo, pues interpretan que al nacer hombre, uno nace masculino, y no es así”, enfatiza.

Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, Diane lanzó una campaña cívica llamada “Mi género en mi cédula”, que plantea cambiar el rótulo “Sexo” por el de “Género” en ese documento, para que las personas elijan inscribirse como hombres o mujeres.

No es la primera vez que un transexual busca una curul legislativa en América Latina. En 2005, la abogada venezolana Tamara Adrián presentó su candidatura, a la que renunció luego aduciendo que la ley electoral no garantizaba la igualdad de representación para las minorías.

Asimismo, Valentina Verbal, una transexual chilena que se operó hace cuatro años para convertirse en mujer, es candidata a diputada en su país.

La diversidad sexual ha sido abordada en la campaña presidencial. Correa y su principal contendor, el banquero Guillermo Lasso, se han expresado en contra del matrimonio homosexual, aunque el mandatario tiene en su gabinete a una ministra abiertamente lesbiana.

Lasso, por su parte, apoya las uniones civiles de hecho entre personas del mismo sexo que quieran compartir sus bienes, una línea que mantienen otros aspirantes.

La postura más radical es la del pastor evangélico Nelson Zavala, quien considera a los homosexuales como “pecadores y trastornados”, lo que le valió un llamado de atención de la corte electoral.

Por estas actitudes, Diane estima que los ecuatorianos no requieren que se les prepare para los cambios, pues “estos deben darse y luego la sociedad adaptarse a ellos”.

Fuente: Noticias MVS