ACUERDOS DE LA III ASAMBLEA MACRO REGIONAL DE LOS PUEBLOS AMAZONICOS ANDINOS Y COSTEROS DEL NOR ORIENTE DE PERU Los representantes de organizaciones sociales y frentes Huaraz, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Piura y Cajamarca, reunidos en Cajamarca, el día 30 de junio a nueve meses y treinta días de la resistencia pacífica en Cajamarca por la declaración de inviabilidad de Conga y de la búsqueda de soluciones de fondo a los problemas generados por la expansión minera en toda nuestra macrorregión y el país, proceso de expansión que vulnera el derecho de la consulta previa a los pueblos originarios y comunidades campesinas, amenaza el acceso al derecho al agua en calidad y cantidad (tanto de las poblaciones rurales como urbanas) y se quiere imponer a la fuerza el modelo de extracción de recursos naturales para lo cual se ha desatado persecución judicial contra los guardianes de las aguas y líderes sociales, se han cometido innumerables violaciones de derechos humanos por la brutalidad policial, se han aprobado leyes en el Congreso que dejan en impunidad a la policía que puede hacer uso de sus armas letales en los conflictos y quedar en total impunidad, se han creado dos juzgados especiales en Chiclayo e Ica para juzgar a nuestros hermanos de Cajamarca y Espinar respectivamente. Apostamos por un nuevo modelo de desarrollo basado en actividades económicas ecológicamente sostenibles que promueva un crecimiento racional que no deprede nuestros recursos naturales y sea económicamente justo, para que allí donde se desarrollen estas actividades realmente sirvan para redistribuir la riqueza generada y no solo para favorecer los intereses mezquinos de las empresas. En este sentido, sabemos que la causa fundamental última que impide los grandes cambios que el Perú necesita es la existencia de la Constitución fujimontesinista de 1993 que hace que el Estado abdique de su rol garante de derechos para todos, regulador de las actividades económicas y redistribuidor de la riqueza para todos los peruanos, por lo que respaldamos desde ya los esfuerzos para conseguir el cambio de la Carta Constitucional convocando una Asamblea constituyente que formule nuevas leyes que permitan fortalecer la democracia en sus niveles económicos, sociales, políticos, ecológicos y culturales y profundice el proceso de descentralización y no como está ocurriendo con el Gobierno de Ollanta Humala que está recortando las atribuciones de los gobiernos locales y regionales junto a la restricción de las libertades fundamentales de los pueblos. En este marco acordamos las siguientes tareas: 1. En cada una de nuestras regiones difundir y dar a conocer el problema ambiental y social que plantea la imposición de proyectos mineros que como es el caso de Conga amenazan con destruir las cabeceras de cuencas y restringir el derecho al agua logrando adhesiones amplias a la lucha de los pueblos de Cajamarca que deben ser comprendidas como la lucha de todos los pueblos del Perú. 2. Convocar a la Jornada Macrorregional Norte de Lucha para los días 11 y 12 de julio: Conga No Va! Cambio del modelo económico neoliberal centrado en la extracción de los recursos naturales para favorecer la concentración de la riqueza en manos de pequeños grupos de poder. 3. Apoyar la campaña de la bandera ecológica en cada región, banderas que al unirse confluirán en La Marcha Nacional de la Bandera en Lima el 25 julio desarrollándose de manera previa en todos los frentes regionales pintas a nivel de toda la macro región “Conga No Va!” invocando a todos los frentes y organizaciones sociales del país para plegarse a la campaña de muralización. 4. Respaldar el pedido de la modificatoria de la ley de consulta del Pacto de Unidad de los Pueblos Originarios y las Comunidades Campesinas. 5. Respaldar las decisiones de los pueblos de Cajamarca y Lambayeque en sus procesos de consulta popular sobre viabilidad o inviabilidad de los proyectos mineros Conga y Cañariaco. 6. En caso de recrudecimiento de la lucha de resistencia pacífica por la inviabilidad de Conga en Cajamarca, apoyar la ampliación de la lucha de estos pueblos en todo el escenario de la macronorte. 7. Respaldar la Campaña Nacional de Reforma Constitucional para salvaguardar el derecho al agua y prohibir su privatización. 8. Que los pueblos exhorten a sus autoridades que hayan sido sometidas por el gobierno central para que, a cambio de obras públicas, apoyen a minas Conga para que estas autoridades revisen su posición y sean leales a sus pueblos antes que a los intereses económicos que están manipulando el poder político del Estado. 9. Exigimos al Congreso debata las propuestas de ley presentadas por la Marcha Nacional del Agua que regulan y prohíben las actividades mineras en cabeceras de cuencas, así como la minería de cianuro y mercurio; así como el archivamiento de las propuestas de ley que amenazan la estabilidad y la gobernabilidad de los presidentes regionales que están apoyando los justos reclamos de sus pueblos. 10. Apoyar el recojo de firmas para que desde amplios sectores ciudadanos se formule una nueva Carta Constitucional. 11. Exigir al Congreso la derogatoria de las leyes de criminalización de las protestas sociales que restringen los derechos y libertades ciudadanas. 12. Desarrollar y apoyar todas las acciones que contribuyan a la más amplia unidad de nuestras organizaciones desplegando acciones de vigilancia ciudadana al interior de las organizaciones sociales para que sus líderes se sientan apoyados y se mantengan leales y consecuentes con los acuerdos tomados. 13. Llamamos a las organizaciones sociales, los grandes gremios nacionales, los diversos colectivos ciudadanos, los frentes de defensa regionales, las rondas campesinas, el Pacto de Unidad de los Pueblos y los partidos políticos democráticos, para constituir una sola Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha por la Defensa del Agua y la Vida. Expresamos nuestro respaldo pleno a la lucha consecuente y valiente de las rondas campesinas, frentes de defensa ambiental, gremios, organizaciones de mujeres, estudiantes, así como de los alcaldes y de nuestro presidente regional de Cajamarca, que vienen respaldando a sus pueblos en la defensa de los derechos territoriales, ambientales, sociales, políticos, culturales y económicos, frente a lo cual además exigimos levantar el estado de militarización en Cajamarca, el cese de la persecución judicial, sanciones a los responsable de los actos de brutalidad policial y de quienes resulten causantes de actos de violencia, vengan de donde vengan. •Respaldamos la lucha de los hermanos de La Libertad contra la ampliación del proyecto de minera Barrick en la lagunas Sur y Cushuro. •Respaldamos a la comunidad campesina quechua de Cañaris en contra de la imposición del proyecto minero Cañariaco. •Respaldamos de manera total la estrategia de defensa pacífica de los Guardianes de las Aguas de Cajamarca hasta conseguir la inviabilidad del proyecto Conga. •Saludamos todos los esfuerzos de solidaridad nacional con las luchas por el agua de los pueblos de Cajamarca que resisten pacíficamente 9 meses de lucha y llevan 30 días de movilización ciudadana rondera. •Saludamos la actitud de los y las congresistas que han dando una lección de ética política al preferir renunciar a su bancada antes de traicionar los compromisos electorales con nuestros pueblos y los llamamos a luchar junto a nosotros. •Saludamos a Gregorio Santos y su Consejo Regional de Cajamarca y a todos los alcaldes que de manera digna y valiente vienen respaldando las luchas de sus pueblos sin dejarse someter por el gobierno central ni ceder frente a las inmensas presiones mediáticas del poder económico. •Saludamos el rol que viene cumpliendo sectores de la prensa independiente que busca informar con verdad sobre nuestras luchas sin discriminarnos, así como agradecemos el apoyo de las iglesias católica y evangélicas, Colegios Profesionales, instituciones diversas que vienen apoyando desinteresadamente la resistencia pacífica de los pueblos en Cajamarca. ¡AGUA SI ORO NO! ¡CONGA YA FUE! ¡CAJAMARCA TE QUIERO POR ESTO TE DEFIENDO! |
Interior de la iglesia Africa Inland tras el ataque con granadas y disparos en Garissa. /Efe
Al menos 17 personas han muerto en atentados contra dos iglesias de Garissa (este de Kenia), una región fronteriza con Somalia, en el ataque más mortífero desde la intervención del ejército keniano de fines de 2011 en el sur somalí contra los islamistas shebab. Hombres armados y encapuchados abrieron fuego y lanzaron granadas contra dos iglesias de la ciudad de Garissa cuando los fieles estaban congregados para la misa dominical.
Estos atentados coordinados no fueron reivindicados, pero constituyen sin duda alguna una nueva represalia después de la invasión keniana de Somalia contra los shebab, que continúa en la actualidad. El domingo por la tarde, una cuenta de Twitter utilizada habitualmente por los shebab se felicitó por esta "operación exitosa en Garissa", sin reivindicar claramente su responsabilidad.
Diez personas murieron en el recinto de la iglesia AIC (Africa Inland Church) y otras tres fueron heridas en la iglesia católica, ha señalado el número dos de la policía regional, Philip Ndolo. El jefe de la Cruz Roja keniana, Abbas Gullet, indicó que otras personas murieron durante su traslado al hospital, llevando el balance total a 17 muertos, entre ellos tres niños. Por lo menos 40 habitantes más fueron heridos, diez de ellos de gravedad, según Gullet.
Los atacantes eran por lo menos siete, de acuerdo con la policía, que añadió que estos mataron primero a dos agentes delante de cada templo. "Nosotros no arrestamos a ningún sospechoso, pero tenemos informaciones sobre la presencia de cinco atacantes en la AIC y dos en la iglesia católica", explicó Ndolo. Los cadáveres ensangrentados de las víctimas yacían en el suelo mientras los servicios de socorro se precipitaban para evacuar a los heridos, dijeron testigos.
"Es una escena terrible, se pueden ver cuerpos cubiertos de sangre en el piso", declaró el jefe de la policía de la provincia nororiental, Leo Nyongesa, según el cual los atacantes, que estaban armados, lograron apoderarse además de las armas de los policías que custodiaban los dos edificios. El Consejo Supremo de los Musulmanes de Kenia condenó estos ataques, recordando que "todos los lugares de culto deben ser respetados". "Nosotros queremos expresar nuestras condolencias, y lamentamos que todavía no haya arrestos", comentó el presidente de ese Consejo, Abdulghafur El Busaidy.
Denuncia del Vaticano
El Vaticano ha considerado los ataques "un hecho horrible y muy preocupante" y de una "cobardía incalificable". El portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, manifestó su solidaridad con las víctimas y aprovechó para "reafirmar y defender con decisión la libertad religiosa de los cristianos".
Garissa se encuentra en la provincia nororiental de Kenia, a unos 140 km de la frontera con Somalia. Esta ciudad también está a 70 km del gigantesco campo de refugiados de Dadaab, que alberga a unos 465.000 refugiados somalíes, donde el viernes pasado cuatro trabajadores humanitarios extranjeros que trabajaban para la ONG Norwegian Refugee Council (NRC, Consejo Noruego para los Refugiados) fueron secuestrados y un chofer keniano asesinado. El ejército lanzó una gran operación de búsqueda en toda la región para encontrar a los secuestrados, pero sin éxito hasta la fecha.
Varias ciudades de Kenia, incluyendo a Nairobi, la capital, y la gran ciudad de Mombasa, junto a la costa, fueron blanco de atentados en los últimos meses -sobre todo con granadas- después de que el ejército keniano entró en octubre de 2011 en el sur de Somalia para desalojar a los islamistas somalíes shebab y que estos últimos amenazaron a Kenia con responder a esa "agresión". Dos empleadas españolas de Médicos Sin Fronteras (MSF), Montserrat Serra y Blanca Thiebaut, fueran secuestradas en octubre en el campo de refugiados de Dadaab.
