El movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, ha
celebrado entre el 10 y 14 de abril de 2013, su segundo encuentro contra
la minería en el Municipio de Aguacatán, Departamento de Huehuetenango,
República de Guatemala, donde trabajamos los ejes y acciones de los
próximos 3 años.
A orillas del preciado y alimentador de vida río San Juan, durante tres
días, compañeras y compañeros de Panamá, Nicaragua, El Salvador,
Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, nos reunimos y
analizamos el modelo extractivo minero global y regional, así como a la
diversidad de impactos que sufren nuestras comunidades, culturas y la
naturaleza, en el área Mesoamericana.
Coincidimos en el diagnóstico sobre:
1. La agudización de los conflictos originados por la imposición del modelo extractivo minero en toda la región,
2. El aumento en los niveles de conciencia y movilización de las comunidades afectadas,
3. El mayor alcance de la difusión del problema en otros sectores sociales,
4. La pérdida de territorios y recursos relacionados como bosques y aguas, entre otros,
5. La complicidad del Estado con el interés privado local y transnacional,
6. La imposición, represión y criminalización como conducta del Estado
contra las comunidades y sus miembros en defensa de la vida,
7. El uso de mitos como minería verde, sostenible, y responsable, entre
otros, en el discurso de promoción a la actividad minera,
8. La relativa homogenización de los marcos jurídicos regionales en
favor de la seguridad jurídica de los inversionistas, en detrimento de
la seguridad humana y los derechos humanos, como el derecho a la vida,
salud, el acceso a la información, a la consulta y participación en los
asuntos que afectan a la comunidad, al buen gobierno, a la manifestación
en defensa de los derechos humanos.
Afirmamos que algunos de los impactos generados por el modelo extractivo minero son:
1.- Los gobiernos, por medio de legislaciones, programas, políticas que
impulsan con la intención de atraer las inversiones extranjeras,
facilitan las condiciones de conglomerados transnacionales en la
extracción minera garantizándoles sus operaciones y grandes ganancias de
sus inversiones. La impunidad que prevalece y es práctica continua y
cotidiana.
2.- Bajo el amparo de legislaciones, las empresas explotan contaminan,
degradan, destruyen el paisaje amenazando la existencia de la vida.
3.- En lo social, provocan la descomposición del tejido social,
aprovechándose de la situación económica de la población y con las
dadivas causan rompimiento de familias, comunidades.
4.- En materia de salud, con la ejecución de estos proyectos amenazan y
afectan la salud comunitaria, apareciendo nuevas enfermedades y se
incrementan los índices de enfermedades comunes, sin contar con personal
técnico y especializado para los controles de estas enfermedades además
de la medicina.
5.-Los proyectos mineros ponen en riesgo la soberanía alimentaria, la
cultura de los pueblos, la perdida de las formas propias de las
comunidades para la producción de alimentos, las evasiones fiscales, la
pérdida de calidad de producción de los suelos, sobreexplotan los
recursos hídricos, y hacen demagogia con pocos empleos, mal remunerados y
de corto tiempo.
6.- Promueven amenazas, presos políticos y asesinatos selectivos de
líderes que están en contra de la explotación minera metálica.
7.-Los tratados internacionales sobre cuestiones comerciales y financieras, sobrepasan las leyes internas de los países.
8.- Tergiversan la información de sus operaciones, de las respuestas
sociales, de los supuestos beneficios y acciones sobre las comunidades y
ocultan la inmensidad del daño.
Son impostergables políticas y acciones públicas contra los impactos y contra el mismo modelo extractivista minero
Deuda ambiental minera
Las crecientes evidencias que nuestro pueblos, la investigación
científica y las instituciones recogen sobre los daños derivados del
modelo extractivo minero depredador son alarmantes y requieren acciones
inmediatas y de mayor plazo. La contaminación del agua, suelo, aire y
ecosistemas enteros por emisiones de las actividades mineras se
profundizan.
En contraste con los tamaños de los llamados “beneficios” económicos del
modelo extractivo minero depredador, hoy podemos afirmar que los costos
de los daños ambientales provocados por la minería trasnacional y
trasnacionalizada superan con mucho los llamados beneficios y amenazan
con crecer y volverse irreversibles. Esa pesada carga de daños y deuda
ambiental pretenden “heredarla” a nuestros pueblos poniendo en riesgo la
salud comunitaria, la salud pública y el futuro de nuestros países.
Las Contra Reformas Legislativas
Los gobiernos de la zona mesoamericana, no son excepción alguna del
compromiso internacional de armonizar las Constituciones y las Leyes
temáticas, entre ellas las leyes mineras, con la primacía de los
derechos humanos y los tratados y Protocolos internacionales de respeto a
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Las llamadas “reformas” en curso a las leyes mineras, promovidas por los
gobiernos y las empresas mineras y financieras contienen una abierta
violación al derecho internacional, entre ellas, el respeto y
fortalecimiento del consentimiento libre, previo e informado de nuestros
pueblos, lo mismo que la consulta popular, sin tocar los injustos
privilegios al capital financiero, ni fortalecer la capacidad
institucional para cumplir con la obligación estatal de proteger y
regular los bienes comunes de nuestros pueblos.
Maquillajes de Injusticia Fiscal
El régimen de injustos privilegios fiscales promovidos hace años para
atraer inversión extranjera en la actividad minera y seguir alimentando
la falsa idea de “desarrollo” minero en nuestro países, está siendo
maquillado mediante reformas fiscales donde sin remediar y fortalecer el
pago real y oportuno de impuestos y derechos a cualquier actividad que
produce ganancias, se propagandiza la introducción o ligero aumento del
pago de limosnas denominadas “regalías”.
El creciente impacto ambiental, social, a la salud y a la economía local
y nacional por el modelo extractivo minero depredador, nunca se
subsanará, ni siquiera mitigará con limosnas fiscales, sean regalías, o
falso apoyo de las empresas a las comunidades. Es urgente y necesario
que evaluemos el monto de daños provocado por la actividad minera, lo
contrastemos con los muy propagandizados “beneficios” y ante todo se
adopten políticas preventivas y que pongan alto al creciente pasivo de
la minería.
Denunciar los Tribunales Privados Internacionales.
Las empresas mineras legalmente sancionadas en nuestros países por
violación a las leyes o por el ejercicio del derecho de nuestros
pueblos, han iniciado una campaña de multimillonarias demandas “legales”
ante tribunales internacionales privados, promovidos por los Tratados
de Libre Comercio. Denunciamos y rechazamos las amenazas y las
instancias de las trasnacionales mineras que violan la soberanía de
nuestros países.
Llamamos a los parlamentos y gobiernos del área mesoamericana a sumarse a
la digna acción de denunciar a los tribunales internacionales
cuasi-privados, como el CIADI, donde las empresas trasnacionales
pretenden juzgar a los gobiernos y demandar cifras multimillonarias por
falsos daños derivados del ejercicio del derecho de nuestros países.
Impulsar y Proteger otras formas de vivir de nuestros pueblos
Reiteramos que nuestros pueblos tenemos y reconstruimos modos de vida
diferentes a la lógica y efectos del modelo extractivo minero
depredador. Exigimos y luchamos por el respeto a esos modos de vida de
nuestros pueblos, y exigimos y luchamos por políticas públicas que
respondan, promuevan y faciliten la construcción, ampliación y
fortalecimiento de esos modos de vida vinculados con los genuinos
intereses de nuestros pueblos y de la naturaleza.
Como movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, exigimos:
1. La derogación de las leyes de minería que afectan nuestros territorios.
2. Exigimos el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos.
3. Respeto y cumplimiento al convenio internacional 169 de la OIT,
relacionado a los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la
consulta ciudadana, y el respeto y ejercicio pleno de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales.
4. Exigimos el respeto de la Soberanía de nuestros pueblos, ante las empresas mineras transnacionales.
5. Exigimos que los Gobiernos respeten el mecanismo de consulta previo
al otorgamiento de una licencia ambiental para la exploración y
explotación minera implementado desde las comunidades, basado en el
mecanismo que las comunidades decidan.
6. Que los Gobiernos divulguen la información real de las concesiones
otorgadas, ya que las mismas se manejan como secreto de Estado.
7. Exigimos que la lucha por la defensa de la Madre Naturaleza no sea criminalizada.
Finalmente, pero con prioridad política, el movimiento mesoamericano
contra el modelo extractivo minero exige la libertad incondicional de
nuestro compañero Rubén Herrera, luchador ejemplar por los derechos
comunitarios y constructor de futuro y esperanza.
¡De Panamá a Canadá, la minería No Va!
M4 - MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO
http://www.movimientom4.org/
