Bolivia: La marcha ‘despierta’ a los indígenas. Avanzan pese al cansancio, el hambre y la sed

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Ruy G. D’Alencar Delgado

El movimiento indígena de Bolivia muestra hasta sus ‘huesos’ en la octava marcha por la dignidad y el territorio, en defensa del Territorio y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Los primeros 14 días de movilización han servido para que los originarios reflexionen sobre su realidad en tiempo presente. Mucho se habla sobre las debilidades de su organización y sobre el poder que tiene su palabra ante el mundo.

Ha vuelto al cuerpo de los originarios esa sensación de músculos rendidos. Otra vez ‘lloran’ las ampollas de las plantas de sus pies porque entienden que deben caminar hasta la ciudad de La Paz para hacerse escuchar por el Gobierno. Es la segunda marcha indígena después de la constitución del Estado Plurinacional, con reconocimiento de derechos para las 36 etnias y pueblos del país.

Hasta ahora, solo se ha visto la punta del ‘iceberg’ del conflicto desatado por el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. En todo este tiempo han surgido acusaciones de autoridades contra la dirigencia indígena y de supuestas conspiraciones extranjeras que han motivado respuestas rabiosas de los aludidos. Pero poco se ha escuchado la palabra de los hombres y las mujeres que hacen al grueso de esa columna que se desliza como serpiente por la pampa beniana.

Un ramo de banderas rojo, amarillo y verde se abre paso sobre el polvoriento camino de la ruta a San Borja, de fondo despuntan los primeros rayos del sol. Parece una toma de una película de Jorge Sanjinés, pero se trata de una movilización real. Hay un par de wiphalas del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas de Qullasuyu (Conamaq) que buscan su lugar y cientos de banderas indígenas mezcladas con lienzos blancos donde se dibujan patujús. Atrás quedaron Trinidad y San Ignacio de Moxos. Ya se andó un poco más de la quinta parte de los 550 kilómetros del recorrido que hicieron 21 años antes sus padres y abuelos, durante la primera marcha por la dignidad y el territorio en tiempos de Jaime Paz Zamora (MIR).

Celso Padilla, cacique mayor de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), confiesa, mientras marcha, que el movimiento indígena originario de Bolivia, que es una de las ‘patas’ del proceso de cambio que vive el país, está a punto de romper con el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-Ipsp) porque no hay respuesta a sus demandas. El lío del Tipnis es la gota que rebasó el vaso.

Del otro lado, desde el Gobierno llegan acusaciones contra los dirigentes. Solo el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, y sus colaboradores han sabido tender puentes de diálogo con los marchistas, después de tres intentos fallidos de encuentro y a pesar del enfado de los indígenas.

A la sombra de la madrugada, avanzan cerca de 1.500 hombres y mujeres. Así se ha definido porque cada vez que el sol de agosto se cuelga del cielo, el cuerpo flaquea.

Hay cerca de 130 niños y ocho embarazadas. El niño de Demesia Canchi es uno de ellos y es el más joven de todos. Mañana cumplirá un mes de nacido, pero ya está curtido por los trajines de la marcha.

Demesia (19) no habla español, solo sabe hacerse entender en chimán. Ella y su niño viven en la región norte del Tipnis, a orillas del río Sécure. Marcha su familia completa, padres, hermanos y abuelos. “Tengo miedo de quedarme sin casa”, dice Demesia, que es traducida por su vecino Dionisio Puma.

Falta la comida y el agua para algunas subcentrales y eso golpea el físico de los indígenas. “Cada organización debería haber traído sus cosas, ahora va a ser difícil conseguir provisiones”, advierte Yeny Suárez, presidenta del comité político de la marcha, a la llegada a Puerto San Borja. Los ayoréode se han ido porque no había suficiente comida y los recursos de su central se habían acabado. Sin embargo, en el Gobierno sospechan que la marcha indígena tiene financiamiento de algunas ONG, Usaid e incluso de la embajada de EEUU. ¿De dónde sacan recursos para la alimentación de más de mil personas?, preguntan los funcionarios del Gobierno.

Los guaraníes hablan de hacer respetar acuerdos firmados con el Gobierno. Los yuquis, de que el brazo de la salud plurinacional les llega a dura penas a Bia Recuaté. Los chimanes, los moxeños y los yuracarés tienen miedo de convertirse en mendigos si es que la carretera atraviesa su casa y da lugar al avance de colonos.

En debate el derecho a la protesta

El derecho a la protesta pacífica, la libre transitabilidad de los ciudadanos bolivianos por el territorio nacional y el derecho a la privacidad de las conversaciones telefónicas han sido objeto de análisis por parte del comité político de la marcha indígena.

Sobran los anuncios ‘contramarchas’ de colonos y de bloqueo en los pueblos que están camino a la sede de Gobierno, y los indígenas en el cabildo interno de la Cidob muchas veces se han preguntado qué hacer en una situación de esa naturaleza. “No sabemos si las reparticiones del Estado van a garantizar el derecho a la protesta pacífica”, dice Pedro Nuni, hombre del pueblo moxeño y asambleísta del MAS.

Yucumo y Caranavi son algunos de los lugares donde se teme que pueda haber bloqueos, por los anuncios de algunos sectores de colonizadores campesinos que han dicho que partirán hacia La Paz.

Cuando Carlos Romero, ministro de la Presidencia, llegó a San Ignacio de Moxos para tratar de entablar diálogo con los marchistas no quiso referirse a dichas preocupaciones.

Sin embargo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) se pronunció respecto a que es obligación del Gobierno garantizar los derechos constitucionales de los marchistas en su condición de ciudadanos bolivianos.

Las 16 demandas

Tipnis. Rechazo a la carretera en los tramos que afectan al Tipnis, Tim y Timi.

Parque Aguaragüe.

Paralización de todas las actividades hidrocarburíferas en el Parque Nacional Aguaragüe.

Respeto a la TCO. Saneamiento y titulación de territorios indígenas, desalojo de asentamientos ilegales de colonizadores.Fondo verde. Derecho a recibir la retribución (pago) por compensación por la mitigación de gases de efecto invernadero que cumplen las TCO indígenas (servicios ambientales).

Consulta previa. Derecho a la consulta sobre todos los anteproyectos de ley, obras viales y ductos que vayan a afectar a los pueblos indígenas.

Recursos. Descentralización del Fondo Indígena hacia los pueblos de la Amazonía, del Oriente y del Chaco.

Autonomía indígena. Provisión de recursos económicos para la administración de unidades territorales autónomas indígenas.

Ley de bosques. Participación de los pueblos indígenas en la elaboración de la ley de bosques; retiro de funcionarios de la ABT con denuncias probadas de corrupción.

Parques y áreas protegidas. Incorporación de la visión de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales en la nueva ley de áreas protegidas y parques nacionales.

Educación. Recursos, infraestructura para educación intercultural y Universidad Indígena.

Salud. Incorporación efectiva de los pueblos indígenas a los sistemas y seguros de salud. Más ítems para el programa Safci e infraestructura hospitalaria.

Censo. Realización inmediata del censo de población y vivienda en todo el territorio nacional, tomando a los territorios indígenas como unidades diferenciadas de secciones o municipios.

Vivienda. Implementación de planes de vivienda para los pueblo indígenas en sus territorios y regiones, así como para los originarios migrantes que viven en las ciudades.

Problemática del Pilcomayo. Implementación de políticas de manejo, protección y conservación de la cuenca del río Pilcomayo por ser fuente de sustento de los pueblos Weenhayek, Tapiete y Guaraní.

Comunicación. Garantizar el derecho pleno al acceso, uso y manejo de la información y la comunicación de los pueblos indígenas.

Acuerdo con la APG. Cumplimiento del acuerdo firmado entre el Gobierno y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en mayo de 2010.

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El lado oscuro del éxito chino: vida estresada y muerte precoz

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Cuando el desarrollo chino convocaba los mejores pronósticos para su futuro, el recuento de muertes tempranas y personas afectadas por enfermedades no transmisibles (ENT) encendió una luz roja. El fantasma que se avizora para el 2030 es uno de los más temidos para una economía altamente industrializada que aspira a proveer con sus manufacturas al resto del planeta: la escasez de mano de obra al pie de la aceitada maquinaria.

El exponencial crecimiento económico de los últimos años ofreció más trabajo y poder adquisitivo a la población y mejoró su alimentación, superando la desnutrición. Pero, junto al consumo, la gente vio crecer también la presión laboral, acortó su descanso, dejó a su familia y pueblo, emigró a ciudades con peores condiciones ambientales e incorporó nocivas costumbres alimentarias, como la comida rápida, abundante en grasas saturadas y sal o bebidas azucaradas. Tabaco, alcohol y vida sedentaria completan los factores de riesgo.

Si se mantienen las tendencias actuales, la esperanza de vida en China será de sólo 66 “años sanos” (años libres de enfermedad o discapacidad), lo que representa 10 menos que en algunos de los países líderes del Grupo de los 20 más industrializados (G-20). Hacia 2030, las enfermedades no transmisibles aumentarán en más del 80%.

Pese a los 30 años de desarrollo sostenido, “China olvidó el desarrollo humano de su gente”, afirma un documento del Banco Mundial (“Hacia una vida sana y armoniosa en China”). En este aspecto, no sólo quedó a la zaga de las economías más avanzadas sino también de países emergentes menos afortunados en los números: en el Ranking de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (PNUD) ocupa el puesto 89. En ese período, se quintuplicó el porcentaje de población con cáncer pulmonar.

China es vista como el principal motor de desarrollo de la economía mundial debido a su creciente consumo y a sus abultadas reservas públicas que se están invirtiendo en proyectos productivos en otros países emergentes. También se prevé que en las próximas dos décadas el número de ENT (sobre todo infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón) se duplicarán o triplicarán entre los mayores de 40; la diabetes será la enfermedad más frecuente.

La falta de trabajadores será un hecho que desacelerará el crecimiento si no se puede revertir el envejecimiento demográfico agravado por muertes tempranas: la mitad de las ENT afecta actualmente a la población económicamente activa (personas de 15 a 64 años). El 50% de las afecciones puede evitarse y esto redundaría en un 16% más de horas trabajadas.

“Si no se controlan con eficacia, las enfermedades no transmisibles no sólo exacerbarán la escasez de mano de obra prevista, sino que también ponen en peligro la calidad del capital humano”, alerta el Banco Mundial en su evaluación realizada entre 2008 y 2010.

Riesgo sanitario y económico El Foro Económico Mundial destacó en 2010 y otra vez este año que “las enfermedades no transmisibles son un riesgo importante para la economía mundial debido a su alta probabilidad de ocurrencia y un enorme potencial para causar pérdidas económicas severas”. Se recomendó a los gobiernos que den una respuesta programática seria a este riesgo para el desarrollo económico y social.

Las cuatro principales ENT en China son: cardiovasculares (ECV); cáncer, obstructivas pulmonares crónicas (EPOC) y diabetes. Representan el 70% de la carga de enfermedades y ocasionan más del 80% de las 10,3 millones de muertes anuales causadas por el total de enfermedades.

La mortalidad por estas causas es, en China, mayor que en otros países líderes del G-20: en el caso de los accidentes cerebrovasculares, es 6 veces mayor que en Japón, los Estados Unidos y Francia, y la mortalidad por EPOC es alrededor de 30 veces mayor que en Japón.

“La reducción de la relación entre trabajadores y personas a cargo con salud deficiente aumentaría las probabilidades de una futura recesión económica y plantea importantes desafíos sociales” consigna el informe. Las causas identificadas son “los cambios económicos y ambientales que el país ha experimentado en las últimas décadas” y “limitaciones en el acceso, uso y eficacia de los servicios públicos de salud y atención médica”, muy costosos para los sectores de menores recursos y con trabajo informal: el 37 % de los enfermos declaró no haberse hospitalizado nunca por esta razón.

Unos 200 millones de chinos tienen sobrepeso (el 32,5% de varones y 17,5% mujeres menores de 17 años) y 580 millones tienen riesgo de padecer ENT. El tabaquismo es tradicionalmente uno de los más altos del mundo; entre los varones de menor nivel educativo e ingresos es mayor: el 63% comenzó a fumar antes de los 20 años.

La hipertensión aumentó de 7,5% a 18% entre 1979 y 2004 en mayores de 18 años y la diabetes pasó de afectar a un 0,67% de la población en 1980 a un 9,7% en 2007/08. La dieta china contenía un 15% de grasas y despreciaba el azúcar; entre 1982 y 2002 el consumo promedio de grasa en las zonas urbanas aumentó al 35 % y en las rurales, al 27,7%.

Por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y diabetes entre 2005 y 2015 China acumulará pérdidas por US$550.000 millones. Como contrapartida, se estima que los beneficios económicos de reducir la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares (ECV) en un 1% anual durante 30 años (2010 a 2040) generaría un valor económico equivalente al 68% del PBI real de China en 2010 o más (unos US$10,7 billones).

El cálculo de las potenciales pérdidas y ganancias ayuda, por lo menos, a impulsar políticas de prevención: el último plan quinquenal chino (2011-2015) declara como objetivo la promoción de un crecimiento inclusivo y equitativo, con mayor énfasis en el desarrollo humano en pro de una vida “saludable y armónica”.

" Cuando alguien se ve obligado a hacer algo, el mundo está ya fuera de su alcance”*, advertía -en el siglo VI AC- Lao Tsé, un filósofo a quien, en su tierra, seguramente se dejó de leer.

* Tao Te King

Ecuador: La izquierda ensaya un nuevo intento para unirse

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Dos puntos los aproximan: militan en la izquierda y apoyaron la elección del presidente Rafael Correa, quien según sostienen traicionó el proyecto de cambio.

Son más de cinco fuerzas políticas que buscan reagruparse en la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas. El objetivo: reposicionar la tendencia.

Se trata del MPD, Pachakutik, Montecristi Vive, con Alberto Acosta a la cabeza; Participación, de Gustavo Larrea, ambos ex integrantes de Alianza País, criticados por el Jefe de Estado. Y la corriente socialista revolucionaria del Partido Socialista Frente Amplio.

Los dirigentes dicen saber que este año y el próximo serán preelectorales. Por eso quieren un candidato que tenga una trayectoria de lucha social.

Pero su preocupación inmediata es fortalecerse, trabajar en una agenda con varios puntos. Entre ellos, el pedido de amnistía para los acusados bajo la figura de terrorismo, la organización de foros ante la Ley de Comunicación, la oposición a la renuncia obligatoria de empleados públicos... Y en consolidar alianzas para un proyecto de cambio a largo plazo, sin descartar movilizaciones.

Según Larrea, representan una vertiente democrática que ha peleado por multiplicar derechos y libertades. Recuerda que con el vicepresidente de la República, Lenín Moreno, gritaban: “¡Democracia sí, dictadura no!”, en la época universitaria.

Además de reuniones públicas como la del 9 de este mes, que agrupó a varios movimientos sociales adheridos a la coordinadora, trabajan habitualmente en sus estrategias y estructura.

Al menos una vez a la semana sesionan. El jueves, la cita fue a las 17:30, en la sede de Pachakutik, en La Floresta, en Quito. Allí planificaron los encuentros del 2 y 3 de septiembre en Esmeraldas.

La coordinadora está acercándose a gobiernos locales. En la primera cita, en Cuenca, hubo 136 autoridades. En Esmeraldas esperan sumar 150. Y se preparan para la Convención Nacional, el 15 de noviembre, en Guayaquil.

En la coalición participa el socialista Gustavo Vallejo, quien suele asistir a las sesiones de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea , que preside su coidearia, Silvia Salgado.

También son parte del frente la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, de Mesías Tatamuez; movimientos como la Conaie; el Frente Popular, con la Unión Nacional de Educadores y federaciones estudiantiles, etc. Otros miembros son los asambleístas Betty Amores y César Rodríguez, quienes dejaron Alianza País.

Acosta repite que es una propuesta desde las izquierdas para las izquierdas. No cierra la puerta a grupos progresistas, pero adelanta que no se unirán con Sociedad Patriótica, PSC, Madera de Guerrero, Prian ni PRE.

“Aislados no tendremos capacidad electoral”, admite. De hecho, el MPD y Pachakutik apenas han alcanzado el 8% del pastel electoral históricamente (recuadro).

Sobre esta convergencia, Juan Paz y Miño escribió en El Telégrafo que se trataba de un hecho inédito en la historia republicana.

Desde 1979, ni León Febres Cordero (1984-1988) tuvo la oposición tan unificada de las “izquierdas” como ocurre hoy.

Según Paz y Miño, los participantes se creen “poseedores de la verdad y la pureza izquierdista frente al resto aún engañado por quien se apropió de sus símbolos para hacer un gobierno de derecha, capitalista, extractivista, autoritario, antidemocrático, criminalizador de la protesta social”.

Frente a ello, Acosta y Larrea coinciden en que no se sienten los iluminados ni los únicos con una propuesta diferente. Señalan que a través de la historia, desde los orígenes de la República, los grupos progresistas han enfrentado a los gobiernos prepotentes.

No es la primera vez que estos actores políticos se juntan. En el 2007, MPD, Pachakutik y Movimiento País formaron un frente en la Asamblea Constituyente, al que se sumaron la RED y la ID. “Fue un bloque poderoso”, rememora Acosta, quien afirma que ya se jugó por el gobierno de Rafael Correa. Y ahora está dispuesto a jugarse por un proceso más orgánico, participativo y democrático.

No todos los políticos que mantienen sus críticas al Gobierno ven bien esa unión. Uno de ellos es Víctor Granda, socialista opuesto a la tendencia del director del partido, Rafael Quintero. Él rechaza que esas fuerzas “estén lideradas por quienes cuando estaban en el Gobierno tenían una actitud igual de sectaria y que fueron autores de mandatos antiobreros en Montecristi”.

Acosta, Larrea, Luis Villacís y Rafael Antoni, directores de MPD y Pachakutik, descartan estar juntos para oponerse a Correa. Según dicen, su objetivo es tejer luchas comunes: de servidores públicos, la de indígenas por la tierra y agua, la de los maestros, etc.

Su origen fue la coordinadora Esta vez no, a través de la cual hicieron campaña por el No en la consulta del 7 de mayo.

“Los resultados demuestran que el Gobierno perdió fuerza cuando nuestra tendencia le quitó el respaldo”, indica Larrea.

Para Alexandra Ocles, de Ruptura de los 25 (R-25), esta unión es una reacción a la consulta popular y a la falta de espacios para el debate en Alianza País. “Son distintas tendencias, que actúan desde el descontento”. Le preocupa que cada grupo mire la realidad desde su metro cuadrado, si no hay una agenda clara. R-25 no ha analizado la idea de sumarse, por el momento, ya que su actividad se concentra en la inscripción como movimiento político.

Punto de vista

Germán Rodas. Historiador socialista

'En 1944 y en 1979, hechos históricos'

En la década de los cuarenta se articuló toda la izquierda, incluso con otros sectores de oposición. El frente se llamó Alianza Democrática Ecuatoriana, eso permitió la Gloriosa del 28 de Mayo de 1944, que llevó al poder a Velasco Ibarra. En 1945, la unidad permitió que socialistas y comunistas tuvieran mayoría en la Constituyente.

El otro gran encuentro de las izquierdas ocurrió para las elecciones de 1979, a través del Frente Amplio de Izquierda. Allí confluyeron el Partido Comunista, el Socialismo Revolucionario, la Izquierda Cristiana, así como intelectuales. Y en 1995 hubo un reencuentro que permitió la unidad de los partidos comunista y socialista, para constituir el Partido Socialista- Frente Amplio.