Bolivia: La marcha ‘despierta’ a los indígenas. Avanzan pese al cansancio, el hambre y la sed

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Ruy G. D’Alencar Delgado

El movimiento indígena de Bolivia muestra hasta sus ‘huesos’ en la octava marcha por la dignidad y el territorio, en defensa del Territorio y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Los primeros 14 días de movilización han servido para que los originarios reflexionen sobre su realidad en tiempo presente. Mucho se habla sobre las debilidades de su organización y sobre el poder que tiene su palabra ante el mundo.

Ha vuelto al cuerpo de los originarios esa sensación de músculos rendidos. Otra vez ‘lloran’ las ampollas de las plantas de sus pies porque entienden que deben caminar hasta la ciudad de La Paz para hacerse escuchar por el Gobierno. Es la segunda marcha indígena después de la constitución del Estado Plurinacional, con reconocimiento de derechos para las 36 etnias y pueblos del país.

Hasta ahora, solo se ha visto la punta del ‘iceberg’ del conflicto desatado por el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. En todo este tiempo han surgido acusaciones de autoridades contra la dirigencia indígena y de supuestas conspiraciones extranjeras que han motivado respuestas rabiosas de los aludidos. Pero poco se ha escuchado la palabra de los hombres y las mujeres que hacen al grueso de esa columna que se desliza como serpiente por la pampa beniana.

Un ramo de banderas rojo, amarillo y verde se abre paso sobre el polvoriento camino de la ruta a San Borja, de fondo despuntan los primeros rayos del sol. Parece una toma de una película de Jorge Sanjinés, pero se trata de una movilización real. Hay un par de wiphalas del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas de Qullasuyu (Conamaq) que buscan su lugar y cientos de banderas indígenas mezcladas con lienzos blancos donde se dibujan patujús. Atrás quedaron Trinidad y San Ignacio de Moxos. Ya se andó un poco más de la quinta parte de los 550 kilómetros del recorrido que hicieron 21 años antes sus padres y abuelos, durante la primera marcha por la dignidad y el territorio en tiempos de Jaime Paz Zamora (MIR).

Celso Padilla, cacique mayor de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), confiesa, mientras marcha, que el movimiento indígena originario de Bolivia, que es una de las ‘patas’ del proceso de cambio que vive el país, está a punto de romper con el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-Ipsp) porque no hay respuesta a sus demandas. El lío del Tipnis es la gota que rebasó el vaso.

Del otro lado, desde el Gobierno llegan acusaciones contra los dirigentes. Solo el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, y sus colaboradores han sabido tender puentes de diálogo con los marchistas, después de tres intentos fallidos de encuentro y a pesar del enfado de los indígenas.

A la sombra de la madrugada, avanzan cerca de 1.500 hombres y mujeres. Así se ha definido porque cada vez que el sol de agosto se cuelga del cielo, el cuerpo flaquea.

Hay cerca de 130 niños y ocho embarazadas. El niño de Demesia Canchi es uno de ellos y es el más joven de todos. Mañana cumplirá un mes de nacido, pero ya está curtido por los trajines de la marcha.

Demesia (19) no habla español, solo sabe hacerse entender en chimán. Ella y su niño viven en la región norte del Tipnis, a orillas del río Sécure. Marcha su familia completa, padres, hermanos y abuelos. “Tengo miedo de quedarme sin casa”, dice Demesia, que es traducida por su vecino Dionisio Puma.

Falta la comida y el agua para algunas subcentrales y eso golpea el físico de los indígenas. “Cada organización debería haber traído sus cosas, ahora va a ser difícil conseguir provisiones”, advierte Yeny Suárez, presidenta del comité político de la marcha, a la llegada a Puerto San Borja. Los ayoréode se han ido porque no había suficiente comida y los recursos de su central se habían acabado. Sin embargo, en el Gobierno sospechan que la marcha indígena tiene financiamiento de algunas ONG, Usaid e incluso de la embajada de EEUU. ¿De dónde sacan recursos para la alimentación de más de mil personas?, preguntan los funcionarios del Gobierno.

Los guaraníes hablan de hacer respetar acuerdos firmados con el Gobierno. Los yuquis, de que el brazo de la salud plurinacional les llega a dura penas a Bia Recuaté. Los chimanes, los moxeños y los yuracarés tienen miedo de convertirse en mendigos si es que la carretera atraviesa su casa y da lugar al avance de colonos.

En debate el derecho a la protesta

El derecho a la protesta pacífica, la libre transitabilidad de los ciudadanos bolivianos por el territorio nacional y el derecho a la privacidad de las conversaciones telefónicas han sido objeto de análisis por parte del comité político de la marcha indígena.

Sobran los anuncios ‘contramarchas’ de colonos y de bloqueo en los pueblos que están camino a la sede de Gobierno, y los indígenas en el cabildo interno de la Cidob muchas veces se han preguntado qué hacer en una situación de esa naturaleza. “No sabemos si las reparticiones del Estado van a garantizar el derecho a la protesta pacífica”, dice Pedro Nuni, hombre del pueblo moxeño y asambleísta del MAS.

Yucumo y Caranavi son algunos de los lugares donde se teme que pueda haber bloqueos, por los anuncios de algunos sectores de colonizadores campesinos que han dicho que partirán hacia La Paz.

Cuando Carlos Romero, ministro de la Presidencia, llegó a San Ignacio de Moxos para tratar de entablar diálogo con los marchistas no quiso referirse a dichas preocupaciones.

Sin embargo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) se pronunció respecto a que es obligación del Gobierno garantizar los derechos constitucionales de los marchistas en su condición de ciudadanos bolivianos.

Las 16 demandas

Tipnis. Rechazo a la carretera en los tramos que afectan al Tipnis, Tim y Timi.

Parque Aguaragüe.

Paralización de todas las actividades hidrocarburíferas en el Parque Nacional Aguaragüe.

Respeto a la TCO. Saneamiento y titulación de territorios indígenas, desalojo de asentamientos ilegales de colonizadores.Fondo verde. Derecho a recibir la retribución (pago) por compensación por la mitigación de gases de efecto invernadero que cumplen las TCO indígenas (servicios ambientales).

Consulta previa. Derecho a la consulta sobre todos los anteproyectos de ley, obras viales y ductos que vayan a afectar a los pueblos indígenas.

Recursos. Descentralización del Fondo Indígena hacia los pueblos de la Amazonía, del Oriente y del Chaco.

Autonomía indígena. Provisión de recursos económicos para la administración de unidades territorales autónomas indígenas.

Ley de bosques. Participación de los pueblos indígenas en la elaboración de la ley de bosques; retiro de funcionarios de la ABT con denuncias probadas de corrupción.

Parques y áreas protegidas. Incorporación de la visión de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales en la nueva ley de áreas protegidas y parques nacionales.

Educación. Recursos, infraestructura para educación intercultural y Universidad Indígena.

Salud. Incorporación efectiva de los pueblos indígenas a los sistemas y seguros de salud. Más ítems para el programa Safci e infraestructura hospitalaria.

Censo. Realización inmediata del censo de población y vivienda en todo el territorio nacional, tomando a los territorios indígenas como unidades diferenciadas de secciones o municipios.

Vivienda. Implementación de planes de vivienda para los pueblo indígenas en sus territorios y regiones, así como para los originarios migrantes que viven en las ciudades.

Problemática del Pilcomayo. Implementación de políticas de manejo, protección y conservación de la cuenca del río Pilcomayo por ser fuente de sustento de los pueblos Weenhayek, Tapiete y Guaraní.

Comunicación. Garantizar el derecho pleno al acceso, uso y manejo de la información y la comunicación de los pueblos indígenas.

Acuerdo con la APG. Cumplimiento del acuerdo firmado entre el Gobierno y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en mayo de 2010.

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