La Asamblea General de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), por unanimidad,
ACUERDA:
1.- Manifestar su repudio y condenar los hechos de represión que están siendo víctimas los y las periodistas de la República de Honduras,
2.- Denunciar que desde el momento en que se produjo el golpe de Estado en Honduras y durante el gobierno del Presidente Porfirio Lobo, han sido asesinados 17 periodistas hondureños, sin que hasta la fecha haya sido esclarecido ninguno de estos crímenes.
Los más recientes casos fueron el asesinato de la periodista Luz Marina Paz villalobos, el 6 de diciembre pasado y las amenazas de muerte que están recibiendo las colegas Gilda Silvestrucci e Itsmania Pineda Platero, ambas del Colectivo de Periodistas Por la Vida y la Libertad de Expresión, quienes organizaron la marcha de protesta por el asesinato de Paz Villalobos.
3.- La APG, ante estos hechos se solidariza firmemente con los y las colegas hondureñas y demanda del presidente Lobo, el respeto a las leyes nacionales y convenios internacionales que ha suscrito su país, así como el esclarecimiento inmediato de los crímenes contra periodistas.
4.- La APG, presentará en los próximos días, su más enérgica protesta ante la Embajada de la República de Honduras en Guatemala, y presentará copia de esta declaración ante el Presidente del Parlamento Centroamericano, a la vez que enviará una delegación de periodistas guatemaltecos a Honduras para manifestar a los colegas sus solidaridad.
6.- Llamamos a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino y al Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU), para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, a que asuman una posición firme frente al gobierno de Honduras en exigencia del respeto a la vida y a la integridad de los y las periodistas que están siendo amenazados.
Amnistia Internacional realiza acciones urgentes para proteger la vida de dos integrantes del colectivo de periodistas por la vida y libre expresión.
El problema de los cambios de Gobierno, no es solo el pago de favores en la campaña política, sino la actitud prepotente con la que llegan los nuevos funcionarios, restringiendo derechos adquiridos, despidiendo a diestra y siniestra, y cambiando planes, que aunque sean buenos, hay que barrer con lo que huela al gobierno anterior. Eso está ocurriendo en Diario de Centro América, en la radio TGW, la Secretaría de la Paz y otras instituciones, en donde el derecho al trabajo y la libre expresión les importa poco.
Según las denuncias, en ambos medios, que habían mejorado su presentación y contenido, se desató una guerra psicológica que está afectando a los trabajadores, pues no solo se trata de la inseguridad en el empleo de quienes aún no les han entregado su carta de despido, sino de abuso y violencia manifiesta al encerrar a los trabajadores y no permitirles salir, tal como sucedió el día de ayer por la mañana en el Diario de Centro América, que les advirtieron que nadie podía salir del edificio, con el agregado de que a varios de ellos se les decomisó y revisó el celular personal, lo cual es un abuso.
De entradita, las nuevas autoridades le han dicho al personal de Redacción, que “dejen de estar atacando al general Ríos Montt, porque de no ser por él, Guatemala sería una pequeña Nicaragua”, lo que es indicativo de lo que podremos esperar sobre los futuros contenidos del Diario de Centro América, al que Ana María Rodas, le había dado un viraje importante en su presentación y contenido, sin que dejara de ser el diario oficial, cambios que muchos valoramos, pero que hoy pasarán a formar parte de la historia de imposiciones y arbitrariedades de las nuevas autoridades.
Hechos similares se han producido en TGW, pero confiamos que estos atentados a la libre emisión del pensamiento no lleguen a los extremos a los que se llegó en el momento en que se produjo el golpe de Estado de Serrano Elías. Por el momento, no nos queda más que llamar a la solidaridad del gremio y exigir la intervención del Ministerio de Trabajo para que los derechos de los y las trabajadoras, de estas y otras instituciones del Estado en donde los despidos y el cambio de condiciones de trabajo están a la orden del día, sean respetados. Esperamos también que los trabajadores del Estado, hagan las denuncias de los que está ocurriendo en los centros de trabajo y hagan uso del derecho de organizarse para evitar la violación a derechos adquiridos.
