El Fuero Militar Policial, a través de la Fiscalía Suprema Militar Policial abrió una investigación preliminar contra el Crl. PNP Walter Figueroa Ingunza y quienes resulten responsables por los delitos de Desobediencia (Art. 117) y Exceso en el ejercicio del mando (arts. 13 y 131)
tipificados en el nuevo Código Penal Militar Policial, por su
responsabilidad en la conducción del operativo de control de disturbios
en la localidad de Pichanaki, que ocasionó la muerte del ciudadano Ever Pérez Huamán (22) y decenas de heridos con proyectil de arma de fuego, el 10 de febrero último.
A
cargo de la investigación se encuentra el Fiscal Supremo Militar
Policial Adjunto, Crl. PNP CJ José María Córdova Pintado, cuyo despacho
emitió con fecha de hoy la disposición fiscal Nro. 047-2015 para iniciar
todas las diligencias conducentes a reunir los indicios del caso y
proceder conforme con lo establecido por la ley para los integrantes de
las FF.AA. y PNP que violan las normas de su servicio.
Al iniciar su acción investigadora el
Fuero Militar Policial recoge la información proporcionada por la
Inspectoría General de la PNP, según la cual se demuestra que personal
policial sí hizo utilizó armas de fuego letales y de escopeta de perdigones, en distintos puntos de la ciudad.
Por otra parte, la Fiscalía Militar Policial Nro. 16, con sede en la ciudad de Huancayo, también abrió
una investigación contra el personal de suboficiales y técnicos que
participaron en el operativo que tenía como fin restablecer el orden, en el cual, sin embargo, se incumplió la normativa establecida sobre la prohibición del uso de armas de fuego
y otras disposiciones vigentes. Esta fiscalía, a cargo del Mayor PNP CJ
William Martinez Vargas, viene trabajando en coordinación con el
Ministerio Público, a fin de determinar los delitos y responsabilidades
de su competencia
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viernes, 13 de febrero de 2015
jueves, 12 de febrero de 2015
Perú/ Pichanaki: Manifestantes suspenden paro hasta el próximo jueves
El Gobierno y los pobladores de Pichanaki que protestan contra las actividades de la empresa petrolera Pluspetrol acordaron suspender el paro hasta el próximo jueves 19 de febrero, a fin de que el diálogo entre ambas partes continúe y las actividades económicas en la localidad se desarrollen de manera normal. Los enfrentamientos dejaron un muerto y más de 30 heridos.
La negociación, que duró cerca de dos horas y se efectuó sobre un tráiler ubicado en la Plaza de Armas de Pichanaki, tuvo como actores al Frente de Defensa de Pichinaki y a la comisión de alto nivel del Ejecutivo, que estuvo encabezada por los ministros de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y de Justicia, Daniel Figallo.
El primer punto del acuerdo generó controversia, ya que en el documento se estableció que el Ministerio de Energía y Minas “se compromete a solicitar el retiro definitivo de la empresa Pluspetrol de Pichanaki”. Los pobladores exigieron, en un momento, que la palabra “solicitar” sea retirada del texto.
Otro de los puntos acordados incluye un compromiso del Ministerio de Justicia para asesorar de manera gratuita a todos los manifestantes que tengan problemas legales debido a las protestas.
Eleodoro Mayorga se comprometió a llevar a Pichanaki a más representantes y funcionarios del Gobierno para establecer nuevos diálogos y buscar una solución a las demandas de los pobladores.
SALIDA DE PLUSPETROL
Al inicio de la mesa de diálogo, Mayorga y Figallo anunciaron a la población de Pichanaki la salida de Pluspetrol en un plazo de tres días, una decisión que luego fue confirmada por la petrolera argentina.
El presidente del Frente de Defensa de Pichanaki, Carlos Chavarría, precisó que se trata de una suspensión temporal de la protesta, a la espera de que se instale otra mesa de trabajo para resolver los demás reclamos de la localidad ubicada en Junín.
El dirigente remarcó que* la población pide la cancelación del contrato de exploración con Pluspetrol porque es una zona agrícola* y quiere evitar que se repita la supuesta contaminación sufrida por cuatro cuencas en la región Loreto, donde la empresa mantiene otro conflicto con comunidades indígenas.
INVESTIGACIÓN
Cuando se efectuaban las negociaciones, el Ministerio del Interior relevó al jefe policial de Pichanaki y a otros trece oficiales tras confirmarse que la Policía Nacional utilizó armas de fuego para reprimir las protestas, a pesar de que existía la prohibición de hacerlo, según la versión oficial.
El Mininter señaló que se ha ordenado “la realización de las pericias en las armas de fuego y pruebas de absorción atómica” a todos los policías presentes en Pichanaki y que serán denunciados los que reporten resultados positivos.
El presidente Ollanta Humala, destacó, por su parte, que el diálogo permitió finalizar con la protesta y confirmó que las autoridades investigarán el uso de armas de fuego por la Policía.
“Acá no se va a proteger a nadie; en todo caso, al pueblo, a las personas inocentes que muchas veces se ven envueltos en estas conflictos”, aseguró a los periodistas.
miércoles, 11 de febrero de 2015
¿Qué está pasando en Pichanaki? Esto es lo debes saber sobre el conflicto que podría convertirse en otro Baguazo
Hace tres días el congresista fujimorista Federico Pariona, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, anunció en RPP el inminente paro en Pichanaki por las actividades de exploración de la empresa Pluspetrol en dicha zona. Lo que dijo fue premonitorio:
Hasta el cierre de esta nota, el saldo son un muerto, 80 heridos y 40 detenidos. “si el gobierno no se acerca, si no atiende necesidades, vamos a tener problemas y ojalá no se llegue a situaciones graves… que no ocurra un ‘Baguazo'”
Y al parecer en esas estamos:
Ever
Pérez Huamán, 25 años, fallecido hoy a las 5 am en Pichanaki tras
recibir impactos de bala en la cadera y en el abdomen en un
enfrentamiento con la policía. Foto: Jorge Ingaruca
¿Qué está pasando?
El paro ha sido convocado por el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki. Foto: Perú21
Sin embargo, como no hubo acuerdo, Pariona convocó nuevamente el 29 de octubre a una reunión pidiendo que “gente del ejecutivo, de Energía y Minas, del PCM” (básicamente, cualquiera que pueda) para que asistan, pero nadie respondió al llamado.
El legislador no necesita explicar que no hay voluntad política por parte del gobierno para establecer un diálogo con la población. Todos nos damos cuenta que esto es así.
El paro indefinido comenzó el 9 de febrero, hace dos días.
¿Cuál es el problema?
La
protesta se radicaliza con el bloqueo de la carretera que une Huancayo
con Satipo. Foto del 9 de febrero vía Prensa al Día Pasco
Por su parte, el congresista Pariona asegura que los problemas son producto de la desinformación:
(…) la población no entiende de qué se trata este proyecto de exploración, estamos todavía en etapa de exploración (…) ellos creen que la empresa va a perjudicar, contaminar el ambiente (…) creen que porque hay explotación seguirán siendo pobres, como se ha visto en muchas oportunidades. Me consta que no están en contra de la empresa, ellos piden que el gobierno atienda sus necesidades: postas médicas, agua y desagüe, necesidades básicas…Sin embargo, una explicación que recoge mejor el rechazo a la empresa extractiva es la de Ricardo García, un sacerdote español quien diera su testimonio al portal Diario de Burgos.
Ricardo García, “el cura que defiende la selva”. Foto: Diario de Burgos
[Pluspetrol obtuvo una concesión en el 2005 para explotar hidrocarburos pero no empezó hasta el año pasado y] lo ha hecho en una primera fase pero sin que nadie de la zona tuviera información y sin cumplir la normativa que dice que se tiene que consultar a las comunidades nativas para realizar alguna explotación o cualquier otra cosa que les afecte. Además, esta empresa tiene antecedentes de haber actuado así en otras zonas del país donde ha contaminado mucho los ríos.
En realidad, es el Estado el que ha vulnerado los derechos de las personas, pues es él quien tiene que consultar a las comunidades nativas según el convenio de la OIT que Perú firmó en 1994. Y no lo ha hecho. Ya ha demostrado en otras partes que no solo afecta a la agricultura, que es la actividad primordial de la zona, y al agua, que, a mi juicio, es el bien más importante del Perú, sino también a la cultura de los nativos y de los colonos que han ido después. (…).Es decir, no se trata de que “los pobladores” hayan sido convencidos de que Pluspetrol está contaminando (que no es posible, porque recién está en fase de exploración). Se está reclamando la realización de una Consulta Previa, además de que temen los antecedentes de la empresa.
Recordemos también que Pluspetrol tiene tres conflictos en paralelo: los lotes 1AB (Corrientes, Pastaza, Tigre), 8X (Corrientes-Pacaya Samiria) y, ahora, 108 (Pichanaki).
Un dato extra: el cura García es actualmente “fiscal del comité de Defensa Ambiental”. Es precisamente el Frente de Defensa Ambiental el que convocó al paro. No son los dirigentes indígenes, como se está diciendo. De hecho, este comunicado emitido por la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central rechaza por completo el paro convocado para estas fechas. No obstante, si son claros en cuanto a necesitar la presencia del Estado en la zona:
Queremos trabajar con paz social y el orden interno, y solicitamos al Estado las garantías necesarias para realizar nuestras actividades de manera normal y sin ningún tipo de actos delincuenciales que perturben nuestra tranquilidad.
¿Que salió mal?
Otro herido en la protesta. Foto: Jorge Ingaruca
En este video de Guerrilla Audivisual podemos ver a los manifestantes confirmando la muerte de una persona:
Los enfrentamientos con la policía y los manifestantes lleva ocurriendo hace más de 7 horas. Esto es lo que reporta La República:
En estos momentos en Pichanaki se vive en tensión debido a que los pobladores amenazan con marchar hasta La Oroya en demanda del retiro definitivo de Pluspetrol de esta zona del país.En este video de Anonymous Perú vemos cómo la policía no tiene ningún reparo en dispararle a los civiles:
Por su parte Pluspetrol, un comunicado, en el que lamentaba el ataque de los pobladores al cuartel del Ejército y deslinda cualquier responsabilidad, indicó que en ese local la empresa no tiene instalaciones y solo guarda implementos logísticos para el proyecto del Lote 88, el cual se encuentra en fase de exploración.
Además, indicó que tratan de mantener el diálogo con los dirigentes y que a través de las radios locales explican de qué se trata el proyecto y en que fase se encuentra.
¿Qué pasa ahora? Reporta El Comercio que finalmente el gobierno ha decidido enviar “una comisión técnica de alto nivel” de la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) irá a Pichanaki. Esta comisión incluye al viceministro de Energía y Minas, representantes del Ministerio del Ambiente y otros funcionarios.
¿El problema? Pues que el diálogo recién ocurriría en 5 días. En ese lapso de tiempo realmente puede pasar CUALQUIER COSA. Realmente esperemos que no sea demasiado tarde (pero probablemente lo sea).
Hasta el momento hay un muerto, 80 heridos y más de 40 detenidos, según RPP. Y aquí está la lista de personas afectadas por la manifestación en Pichanaki que continúan internadas, elaborada por la Defensoría del Pueblo.
Seguiremos informando.
Pichanaki: Enfrentamiento entre la Policía y pobladores deja una víctima | VIDEO
Los manifestantes exigen la presencia de los ministros de Agricultura y de Energía y Minas.
http://www.larepublica.pe/11-02-2015/un-muerto-y-37-heridos-dejo-un-enfrentamiento-entre-la-policia-y-pobladores-en-pichanaki
El fallecido fue identificado como Ever Pérez Huamán (22), quien murió cuando era intervenido quirúrgicamente en el hospital de Satipo, debido a las heridas de bala que tenía en la cadera y el abdómen.
El enfrentamiento se produjo en horas de la noche, un grupo de 500 personas irrumpió en las instalaciones de la empresa Pluspetrol. Ante ello un grupo de policías hizo uso de bombas lacrimógenas para intentar dispersarlos y estos le lanzaban piedras y palos.
El Ministerio del Interior asegura no tener responsabilidad en la muerte de Pérez Huamán, en el comunicado sostienen que los policías solo tienen varas, escudos y bombas lacrimógenas y mas no armas de fuego.
Se espera que en las próximas horas llegue una comisión de dialogo con funcionarios de la Presidencia de Consejo de Ministros.
COMUNICADO DE PLUSPETROL
Por su parte Pluspetrol, emitió un comunicado indicando que en ese local la empresa no tiene instalaciones y solo guarda implementos logísticos para el proyecto del Lote 88, el cual se encuentra en fase de exploración.
Como ya son tres los días de paralización, el ingreso a la ciudad se encuentra bloqueado y ya comienzan a escasear los alimentos, señalaron en la referida emisora.
martes, 10 de febrero de 2015
Perú: Con bloqueo de vías acatan paro en Pichanaki contra exploración de Pluspetrol
Martes, 10 de febrero de 2015 | 4:30 am
Con el bloqueo de las carreteras pobladores del distrito de
Pichanaki, en la selva central, iniciaron un paro indefinido para exigir
el retiro de Pluspetrol, que realiza operaciones exploratorias en el
lote 108.
Desde muy temprano, los manifestantes, en su mayoría agricultores, ocuparon las vías con piedras y palos, lo que impide el paso de los vehículos que quedaron varados a la altura del Puente Pichanaki. Las actividades comerciales en el poblado también están paralizadas y no hay atención en las entidades públicas.
Carlos Chavarría, presidente del Frente de Defensa Ambiental, dijo que hoy se trasladarán a La Merced para pedir a sus moradores que acaten el paro.
Mediante comunicado, la petrolera afirmó que sus prospecciones no han causado daños al medio ambiente o a las provincias de Oxapampa, Satipo y Chanchamayo, donde se encuentra Pichanaki, ya que “no se realizan trabajos de extracción de hidrocarburos y el trabajo que se realiza es estacional". Informó que en un mes acabará con las exploraciones.
Desde muy temprano, los manifestantes, en su mayoría agricultores, ocuparon las vías con piedras y palos, lo que impide el paso de los vehículos que quedaron varados a la altura del Puente Pichanaki. Las actividades comerciales en el poblado también están paralizadas y no hay atención en las entidades públicas.
Carlos Chavarría, presidente del Frente de Defensa Ambiental, dijo que hoy se trasladarán a La Merced para pedir a sus moradores que acaten el paro.
Mediante comunicado, la petrolera afirmó que sus prospecciones no han causado daños al medio ambiente o a las provincias de Oxapampa, Satipo y Chanchamayo, donde se encuentra Pichanaki, ya que “no se realizan trabajos de extracción de hidrocarburos y el trabajo que se realiza es estacional". Informó que en un mes acabará con las exploraciones.
lunes, 2 de febrero de 2015
Perú/ NO MAS MUERTE EN LA AMAZONIA: PLANTON EL 3 DE FEBRERO 3:00 P.M. OFICINAS DE PLUSPETROL
VIDA PLENA AMAZONICA..... NO MUERTE PETROLERA:
https://www.facebook.com/
|43 años de destrucción petrolera e impunidad avalada por todos los gobiernos, partidos y medio de in-comunicación BASTA YA
sábado, 31 de enero de 2015
Perú: AIDESEP se pronuncia y se une a la demanda indígena por 43 años de explotación petrolera en Loreto
PRONUNICAMIENTO DE SOLIDARIDAD A LAS DEMANDAS DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LORETO FRENTE A LOS 43 AÑOS EXPLOTACIÓN
PETROLERA EN SUS TERRITORIOS
¿EXISTE ESTADO EN EL PERÚ?
¡43 años, 516 meses de contaminación petrolera, 240 días de “diálogo”…y no pasa nada!
Pluspetrol no puede dejar el lote sin dejar el FONDO DE GARANTIA de 100 MILLONES por la gigantesca contaminación y servidumbre no pagada
Pluspetrol no puede dejar el lote sin dejar el FONDO DE GARANTIA de 100 MILLONES por la gigantesca contaminación y servidumbre no pagada
FIRMEZA ESTATAL PARA DETENER LA IMPUNIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL
AIDESEP se solidariza y hace suyas las
demandas de los pueblos del norte de Loreto frente a 43 años de
explotación y destrucción petrolera, antes de Occidental, luego
Petroperú y hoy Pluspetrol. Hoy están movilizadas las comunidades Pampa
Hermosa y Nuevo Remanente de los pueblos de los ríos Corrientes
(FECONACO) y Tigre (FECONAT). A ellos se suman con el mismo problema y
demanda las federaciones de las cuencas del Pastaza (FEDIQUEP) y Marañón
(ACODECOSPAT). Es el justo y digno reclamo de las cuatro federaciones
asociadas a AIDESEP que articulan a los pueblos Achuar, Kichwas,
Urarinas, Quechuas y Kukama Kukamiria.
Hay un profundo malestar por el diálogo
sospechosamente lentísimo a cargo de la Presidencia del Consejo de
Ministros y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS). Los
pueblos solo cumplen su deber al defender su vida, ya que no los
defiende el Estado, y lo hace a través de acciones pacíficas (que no
deben ser reprimidas) para que el gobierno y PCM, concreten soluciones
inmediatas.
El Estado reconoce que las 4 cuencas
están en emergencia ambiental y sanitaria por sufrir la imposición del
modelo de desarrollo petrolero en sus territorios, que sirvió al
“desarrollo nacional”, la riqueza empresarial, pero el Estado no solo
incumplió sus obligaciones, sino que avaló los vacíos y mañas legales
para la impunidad ambiental, condenando a miles de familias indígenas a
vivir en sus territorios con agresión continua de sus derechos
fundamentales a la salud y la vida.
Basta ya. Exigimos solución ahora a las demandas de sobrevivencia indígena en esas 4 cuencas, por parte del Estado y Pluspetrol:
- Fondo de Garantía de S/100 millones, para indemnizaciones, reparaciones, servidumbres
- Remediación de los daños ambientales a los bosques, suelos, aguas y sedimentos.
- Exigimos la titulación de los territorios de las comunidades indígenas en las 4 cuencas sin exclusión de servidumbre y derechos de vía, previo al otorgamiento de nuevos derechos como es el caso de LT 192.
- Indemnizaciones a nuestros pueblos por los daños sociales y ambientales
- Diagnóstico independiente de daños ambientales y sociales por 43 años de actividad petrolera en la Amazonia norte
BASTA DE RACISMO AMBIENTAL EN LA AMAZONIA. DERECHOS PARA TODAS Y TODOS
Consejo Directivo de AIDESEP
Perú: AIDESEP saluda la Derogatoria de ley 30288 gracias a la lucha juvenil
La Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana saluda a las organizaciones juveniles por
su acción que logró la derogatoria de la Ley del Régimen Juvenil
Laboral (Ley N° 30288). Luego de cinco marchas, la Ley finalmente fue
derogada el 26 de enero en el pleno del congreso. Por ello, apoyamos y
aplaudimos esta derogatoria ya que esta norma transgredía los derechos
de los trabajadores y en especial la de los jóvenes de 18 a 24 años sin
distinción alguna, a la cual también pertenece la juventud amazónica.
En el 2008-2009 se derrotó una Amazonía sin derechos y el 2015 una
juventud sin derechos. Nos une ese horizonte de un Perú con derechos
para todas y todos, sin “perros del hortelano” y sin “pulpines”.
Gracias a esta lucha juvenil se derogó
una ley que discriminaba y privaba a la población juvenil trabajadora de
18 a 24 años, de su Compensación por tiempo de trabajo (CTS), Seguro de
vida y trabajo de riesgo, Gratificaciones, Asignación familiar,
Vacaciones anuales reducidas de 30 a 15 días, entre otros. Comprendiendo
que esta Ley de Régimen Juvenil Laboral, también es parte de los
“Paquetes económicos” del MEF, que viene implementando el Gobierno, con
el pretexto de “reactivar la economía” y en realidad para aumentar las
ganancias y gollerías empresariales, que de remate no reinvertirán en el
país.
Es el mismo paquete MEF , que también
incluye la ley 30230 que perjudica a los pueblos indígenas por promover
mediante “procedimientos especiales”, la entrega tierras indígenas a
proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran
para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que poseen los
pueblos indígenas que a pesar de no contar aún con un título de
propiedad, son dueños legítimos por el derecho de posesión originario
dispuesto por la RL 26253 ( Convenio 169) y los derechos humanos de su
pervivencia cultural e histórica. Tal ley dejaría vulnerable a más de 8
mil comunidades campesinas e indígenas aproximadamente.
Del mismo modo, AIDESEP también saluda
el despertar de la organización territorial juvenil denominado “las
zonas” donde los jóvenes provenientes de los distintos conos de Lima a
través de coordinaciones y reuniones establecían agendas de trabajo y
lucha. Iniciativa que descentralizó las coordinaciones en el amplio
territorio de Lima Metropolitana, que se hacen de manera transversal y
democrática. En las zonas se encontraban jóvenes de toda la diversidad
social y cultural de lima, que incluye “todas las sangres”.
Saludamos con alegría ese impulso
democratizador territorial Ya que es la organización similar que
respalda AIDESEP, que fortalece su columna vertebral de legitimidad y
representatividad fundada en la estructura territorial en la Amazonía
Peruana, pues lleva las demandas de los pueblos partiendo de las 1600
comunidades indígenas , 92 federaciones locales y 9, organizaciones
regionales a nivel nacional.
La juventud ha profundizado su rol como
actor político nacional, continuando lo que emergía en otras jornadas y
por ello AIDESEP saluda ese histórico avance y el compromiso de seguir
trabajando por la defensa de los bosques amazónicos, la lucha contra
el cambio climático, el alto a la deforestación y depredación de
megaproyectos (agroindustria, palma aceitera, hidrocarburos, madera,
represas, minería, etc) en nuestra amazonia y la titulación de tierras
de 20 millones de has los pueblos indígenas.
Para todas y todos, Todo…. Todos los derechos
Nunca más un Perú que dé la espalda a los pueblos indígenas, juventud y trabajadores
(http://www.aidesep.org.pe/aidesep-saluda-la-derogatoria-de-ley-30288-gracias-a-la-lucha-juvenil/)
(http://www.aidesep.org.pe/aidesep-saluda-la-derogatoria-de-ley-30288-gracias-a-la-lucha-juvenil/)
viernes, 30 de enero de 2015
ADITAL/ Amenazados por madereros, indígenas dejan aislamiento y contraen enfermedad
Adital
Sólo un mes después de hacer
contacto con una aldea cercana, contrajeron gripe tres indígenas
aislados, forzados a dejar su tierra por el avance de la extracción de
madera, en la región noroeste del Estado de Maranhão, en Brasil.
Amakaria, Jakarewỹj e Irahoa, pertenecientes al pueblo Awá, vivían
aislados en la Tierra Indígena (TI) Caru hace cerca de 30 años. Al final
del año pasado, sin embargo, ellos retornaron a la antigua aldea y
acabaron contrayendo el virus, para el que no tienen inmunidad.
 |
| Antes aisladas, las indígenas Amakaria, Jakarewỹj volvieron a la antigua aldea, donde viven en casa con periquitos de estima. Foto: Cimi. |
El contacto se realizó el último
27 de diciembre. Los tres indígenas fueron vistos por otros Awá, que
cazaban en la cabecera de un canal. Dispuestos a restablecer la
comunicación con ellos, retornaron a la aldea y volvieron con otras dos
decenas de miembros de la tribu. Los aislados regresaron a la aldea con
ellos, donde vivían hasta mediados de los años 1980. En aquella época,
los tres se habían rehusado a continuar viviendo con su pueblo después
de un contacto realizado por la Fundación Nacional del Indio (Funai) y
optaron por la autonomía del aislamiento, volviendo a la floresta en
medio de la noche.
El caso fue divulgado por el
Consejo Indigenista Misionero (Cimi). Según la entidad, que estuvo en la
aldea de los Awá, en el período del 7 al 9 de enero de este año, los
aislados estaban cercados por madereros, que abrieron sendas en la
floresta y ya habían marcado árboles para derribar. "Entonces, dijimos:
vamos con ustedes, si no los madereros van a matarlos. Entonces, ellos
vinieron”, relató Mihaxa’a, miembro de la tribu, al Consejo.
La tierra donde los aislados
vivían comporta una gran área de coco babaçu, de donde provenía parte de
la alimentación de los indígenas aislados. El Cimi señala que ellos
también cazaban aves y poseían un considerable acervo de flechas y
adornos realizados con plumas de animales. Hecho el contacto, Irahoa fue
llevado en automóvil por la Funai a la aldea Tiracambu, donde ya fue
tomado como esposo de una india. Las dos mujeres, Amakaria y Jakarewỹ,
están viviendo en una casa en la aldea de los propios Awá.
Vectores de contagio
 |
| Son cada vez más frecuentes los contactos de indígenas aislados, aumentando el riesgo de enfermedades. |
Lo que ocurre es que en la región donde están viviendo hay muchos vectores de contagio de enfermedades. En entrevista con Adital,
Rosana Diniz, consejera del Cimi Regional Maranhão, alerta que están en
contacto frecuente con los indígenas algunos trabajadores de la empresa
minera multinacional Vale, que construyen puestos de salud cerca de las
aldeas para mitigar los impactos de la extracción de mineral. A
comienzos de este mes, el Cimi ya había advertido que las obras de la
minera deberían ser interrumpidas, por lo menos durante 40 días, dada la
presencia de los indígenas recién contactados en las aldeas.
Además, Rosana afirma que
habitantes de poblados cercanos, estarían siendo incentivados por la
propia Funai a trabajar en la siembra dentro de las aldeas, conviviendo
con los indígenas sin utilizar instrumentos que prevengan la
contaminación, como máscaras y guantes. "Lo que sabemos por la Funai es
que esas personas fueron inmunizadas, sobre todo los trabajadores de la
tercerizada de la Vale, pero no tenemos como comprobarlo”, observa la
consejera.
"La última información que tuvimos
vino de uno de los médicos que atienden en la región. Dijo que ellos
contrajeron gripe y que estaban siendo medicados, pero que la situación
era estable”, relata la consejera a Adital.
Según el Cimi, la iniciativa de los Awá que vivían aislados en la TI
Caru de aceptar tener comunicación con los demás Awá ocurre en un
momento en el que crece la explotación y degradación ambiental en las
tierras indígenas de Maranhão.
¿Quiénes son los Awá?
Los Awá viven en Maranhão, pero
también en el vecino Estado de Pará. Se cree, sin embargo, que ellos
tienen origen en la región del Bajo Tocantins, perteneciendo a un grupo
étnico más amplio, separado por la expansión luso brasilera en el área.
Son nómades y viven principalmente de la caza y de la recolección.
Gran parte de ellos está en
contacto con la Funai desde 1973, bajo el argumento del gobierno
brasilero de la necesidad de facilitar la atención médica y la seguridad
alimentaria al grupo. Los Awá son víctimas recurrentes de invasión de
territorio por pecuaristas, agricultores y madereros, lo que muchas
veces provoca conflictos violentos.
Conozca más a los Awá:
Lea también
viernes, 23 de enero de 2015
Bolivia/ MAS: el socialismo comunitario como engaño
Por Roberto Espinoza
El MAS-Garcia Linera-Evo y el "socialismo comunitario indígena"
como engaño y trampa para encubrir y justificar el desarrollismo
extractivista.
Las mismas trampas que en Nicaragua Ecuador, Brasil,
Algunas contradicciones entre la realidad y el encubrimiento :
* Vivir bien del discurso vs. Destrucción del TIPNIS: Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure" con carretera IIRSA y negocios cocaleros
* "Descolonización" vs. Asalto, violencia, persecusión, división,
clientelismo, contra las confederaciones nacionales de pueblos
indígenas de las tierras bajas (CIDOB) y tierras altas, Quechuas y
Aymaras (CONAMAQ)
* "Gobierno indígena" vs. Exigencia de titulación
de territorios indígenas, como Tacana I, Tacana II, La Selva, Nueva vida, Los
Reyes, San Miguel de Wipa, Santa María, Turi II, Turi Río, Nueva Jerusalén,
Retorno, Movima I, Movima II, Itonama, Sirionó, Cayubaba, Joaquiniano, Baure,
Canicachana, Auero, Misión Fatima, Cosincho, Naranjalito, Pachene, Bosque de Sinai,
Rio Grande, Bella Selva, Replanteo del TIPNIS, San Francisco de Mojos, Monte
Cristo
* "Pachamama" vs. Rechazo de la
ley de minería y metalurgia por atentar nuestros territorios, medio
ambiente, derechos culturales… y no permitiremos ninguna actividad en nuestras
comunidades (CIDOB)
* "Socialismo comunitario" vs. Respeto a la preservación de la vida, tierra y
derechos de alimentación, tiene que ser antepuesto a los proyectos de industrias extractivas. Megaproyectos
del IIRSA en nuestros territorios sin nuestros consentimiento previo y que
son destructivos de nuestras culturas y rechazan nuestra autodeterminación (CIDOB)
* Evo 2015 vs Evo 2014 : Juramentación Indígena vs. "Nunca dije que era indigenista, sino sindicalista cocalero"
Fuentes:
domingo, 11 de enero de 2015
Perú: Movimiento indígena exige titulación para 20 millones de hectáreas
En el programa AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de Derecho,
Ambiente y Recursos Naturales (DAR) entrevistó al flamante Presidente de
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep),
Henderson Rengifo, quien hizo un balance en el tema de los pueblos
indígenas y los retos para el año 2015.
Rengifo destacó que en la reciente COP20, realizada en Lima, las delegaciones indígenas pusieron en la agenda la defensa de los bosques. Sin embargo, lamentó que durante el 2014 varios hermanos indígenas afrontaran el tema de la criminalización de la protesta por parte de la justicia peruana. Según el presidente de Aidesep, la raíz de la protesta fue la defensa de los bosques, de los territorios y de la vida.
En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, el Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Henderson Rengifo, afirmó que la “agenda bandera del movimiento indígena comprende los 20 millones de hectáreas que aún faltan titular para los pueblos indígenas. Exigimos a este gobierno que se atienda esta demanda para solucionar grandes problemas”.
Asimismo, señaló que están abiertos al diálogo y que las autoridades deben valorar los conocimientos de los pueblos indígenas. Observó también que en el gobierno central hay todavía demora en las investigaciones sobre los asesinatos de cuatro líderes ashánincas.
Finalmente, recordó la deuda del Estado hacia los pueblos indígenas y pidió que de los 300 millones de dólares para la Amazonía, que suscribieron los gobiernos de Perú y Noruega en la Cumbre del Clima, una parte sea destinada para titular 10 millones de hectáreas de la selva peruana.
Rengifo destacó que en la reciente COP20, realizada en Lima, las delegaciones indígenas pusieron en la agenda la defensa de los bosques. Sin embargo, lamentó que durante el 2014 varios hermanos indígenas afrontaran el tema de la criminalización de la protesta por parte de la justicia peruana. Según el presidente de Aidesep, la raíz de la protesta fue la defensa de los bosques, de los territorios y de la vida.
En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, el Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Henderson Rengifo, afirmó que la “agenda bandera del movimiento indígena comprende los 20 millones de hectáreas que aún faltan titular para los pueblos indígenas. Exigimos a este gobierno que se atienda esta demanda para solucionar grandes problemas”.
Asimismo, señaló que están abiertos al diálogo y que las autoridades deben valorar los conocimientos de los pueblos indígenas. Observó también que en el gobierno central hay todavía demora en las investigaciones sobre los asesinatos de cuatro líderes ashánincas.
Finalmente, recordó la deuda del Estado hacia los pueblos indígenas y pidió que de los 300 millones de dólares para la Amazonía, que suscribieron los gobiernos de Perú y Noruega en la Cumbre del Clima, una parte sea destinada para titular 10 millones de hectáreas de la selva peruana.
domingo, 19 de octubre de 2014
Perú: Territorio ancestral Achuar y demanda indígena amazónica por 20 mills Has
AIDESEP impulsa desde los años 90, el proceso
de reconstitución de la Territorialidad ancestral e integral de los
Pueblos Indígenas del Perú, y su Titularidad colectiva como Pueblos,
basada en sus Estatutos constitutivos y constitucionales como Pueblos.
Proceso que involucra ya a los Pueblos Kandozi, Kampupiyawi, Wampis,
Quechua, Chapra, Kukama Kukamiria, Awajun, Achuar, Shiwilo, en Loreto;
al Pueblo Ese Eja en Madre de Dios; al Pueblo Kichwa en San Martin;
entre otros.
La
Territorialidad por Pueblos es uno de los 09 componentes de la demanda
territorial de alrededor de 20 millones de has, que ha levantado AIDESEP
que incluye los derechos de posesión de centenares de comunidades; los
de reconocimiento, titulación y ampliación de 1164 comunidades; el
establecimiento de 05 reservas territoriales para pueblos autónomos
(llamados en aislamiento voluntario); el establecimiento de 05 reservas
comunales; solución a la superposición de áreas naturales protegidas en
territorios indígenas; y la rectificación de mapas errados y su
adecuación a las áreas ocupadas ancestrales.
Sigue
un resumen de un importante paso al respecto del Pueblo Achuar, y la
necesidad del más amplio respaldo social y político a este derecho
sustancial y de pervivencia de este y los demás Pueblos indígenas del
Perú y del mundo.
Los Achuar: primer pueblo indígena en Perú que demanda titulación integral de su territorio
- Pueblo Achuar espera cartas de apoyo solidiario dirigidas al Gobierno Regional de Loreto y que otros pueblos sigan su ejemplo.
Servindi,
18 de octubre, 2014.- La Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú
(FENAP) decidió renovar su exigencia de titulación integral de su
territorio ancestral después de tres años de haberlo demandado ante al
Gobierno Regional de Loreto sin obtener respuesta alguna.
La
representación del pueblo Achuar considera que existe un silencio
administrativo negativo por lo que presentó un recurso de apelación
contra la referidad entidad.
El 70
por ciento del territorio Achuar se encuentra amenazado debido a que la
empresa PetroPerú ejecuta diversas acciones en pos de lograr la
explotación del Lote 64, y se ha consorciado con una empresa argentina
para explotarlo de manera conjunta.
 |
| Integrante del Pueblo Achuar. Imagen: Isabel López Meza (IIDS) |
En
2011 el pueblo Achuar del Pastaza, representado en la FENAP, inició un
procedimiento administrativo ante el Gobierno Regional de Loreto, para
ser reconocido como tal, y exigió la titulación de su territorio
integral.
Para ese efecto, aprobó
la Constitución del Pueblo Achuar, que recoge sus principios, derechos y
deberes de sus integrantes, su estructura organizativa y política, así
como su Plan de Vida.
También
elaboró un censo y padrón poblacional, un croquis territorial y
desarrolla un proceso de demarcación territorial que tiene, como
principales frutos, la adopción de acuerdos fronterizos con otros
pueblos indígenas.
En el último
año el pueblo Achuar actualizó su documentación constitutiva para
re-encausar su procedimiento y obtener el reconocimiento de su
personería jurídica como pueblo o nacionalidad, además de su titulación
territorial integral.
El fundamento expuesto por la organización Achuar – que cuenta con la asesoría del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)-
se sustenta en la Constitución Política del Perú, que debe leerse a la
luz del derecho internacional y los avances del derecho constitucional
peruano.
Por ejemplo, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoce la categoría de
pueblos indígenas o nacionalidades, y el territorio integral de los
pueblos indígenas incluyendo bosques, ríos u otros recursos naturales.
Argumentan
además que la ausencia del reconocimiento del pueblo Achuar por el
Estado peruano afecta su integridad territorial y sus derechos
colectivos.
Tal situación les
impide emplear las herramientas legales para defender su territorio de
invasores, colonizadores, taladores o terceros que buscan realizar
actividades extractivas dentro de su territorio sin autorización ni
consulta previa.
Históricamente,
los pueblos indígenas han sido fragmentados por el propio Estado que al
solo reconocerlos como comunidades, asociaciones u otras formas de
organización nucleares o civiles los ha fracturado políticamente.
El
limitado reconocimiento del Estado ha quebrado la integridad y unidad
política de los pueblos originarios al reducirlos a formas de
organización que no corresponden a su realidad política y cultural.
De
esta manera, el propio Estado ha fraccionado la integridad territorial
indígena, los ha fracturado políticamente debilitando en consecuencia su
identidad cultural y formas de vida.
Cabe
precisar que el reconocimiento que el Estado hace al territorio de los
pueblos originarios no incluye a los bosques, purmas, ríos u otros
recursos naturales, los que son entregados solo en cesión en uso.
El
pueblo Achuar espera la solidaridad de todas las instituciones o
pueblos hermanos en su camino para alcanzar el reconocimiento y
titulación de su territorio integral.
En
tal sentido esperan que las personas e instituciones solidarias envíen
comunicaciones al Gobierno Regional de Loreto pidiéndole se pronuncie a
favor de los derechos colectivos del pueblo Achuar. También esperan que
otros pueblos continuén esfuerzos similares.
Otras noticias:
- Congreso interétnico reafirma derecho a vivir libre de contaminación
- Perú: Pueblo Achuar exige que PERUPETRO aplique evaluación ambiental estratégica
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- Análisis del panorama de las medidas cautelares a favor de pueblos indígenas
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sábado, 7 de junio de 2014
Perú: AIDESEP exige No criminalicen a sus hermanos
Con
el fin de recordar los hechos sucedidos en Bagua hace 5 años
exactamente, la Asociación Interétinica de Desarrollo de la Selva
Peruana AIDESEP llamó a una manifestación frente a Palacio de Justicia
al cual asistieron el pueblo shipibo de cantagallo, estudiantes e
investigadores desde las 3 de la tarde del jueves 5 de junio.
Pasadas
las 6 de la tarde el colectivo “Todos somos Bagua” llegó al frontis del
Palacio de Justica con arengas que iban desde “Todos somos amazonía”,
“hasta el pueblo exige a los culpables, Alan García, Mercedes
Cabanillas, Mercedes Araóz y Yehude Simon”.
A
esta multitudinaria manifestación, llegaron Saúl Puerta Peña (Líder de
la AIDESEP), el congresista Eduardo Nayap y Rocío Silva Santisteban de
la CNDH (Coordinadora de Derechos Humanos).
Saúl
Puerta líder indígena awajun, se dirigió a los presentes entre arengas
solidarias a su pueblo diciendo que los pueblos indígenas estuvieron 56
días exigiendo al congreso, a los grandes poderes del Estado, pero
lamentablemente la respuesta fue represión y bala para asesinar a
nuestros hermanos. Dijo.
…“Hoy
estamos unidos recordando aquellos tiempos, esta fecha histórica, ese
día que todo el mundo conoce y es testigo que hay una política represiva
a los que defienden los derechos fundamentales de las personas”…
Esto no ha pasado
Digo esto porque indígenas inocentes están siendo denunciados y los verdaderos responsables (Alan García, Mercedes Cabanillas, Mercedes Araóz y Yehude Simon) ni siquiera están siendo investigados, ellos se han lavado las manos. Enfatizó el dirigente.
Agregó
además, que los pueblos quieren una verdadera justicia, es decir, que
se sancione a los verdaderos responsables, a la vez, mostró a la prensa
un pronunciamiento de congresistas respaldando la inocencia de los
pueblos.
Finalmente
dijo estar agradecido con todos los manifestantes, reunidos en el
Palacio de Justica, por mostrar apoyo a sus hermanos.
Cabe precisar que Saúl Puerta es uno de los dirigentes exiliados en Nicaragua por percusión política en el 2009.
La Organización Regional AIDESEP Ucayali que representa a 12
Federaciones y 15 Pueblos Indígenas se dirige a la opinión pública
local, nacional e Internacional para manifestar lo siguiente:
- En rechazo al debido proceso por los sucesos ocurridos en Bagua aquel fatídico 05 de junio del 2009, donde perecieron 33 personas y hubo desaparecidos, y más de 200 heridos no pueden ser olvidados ni quedar impune, el gobierno debe poner cartas en el asunto atreves de sus órganos correspondientes que administran justicia en nuestro país.
- Por tal motivo invocamos a las organizaciones sociales instituciones eclesiásticas, jóvenes estudiantes, líderes políticos, colectivos y a la ciudadanía en general a sumarse a esta gran movilización pacífica que viene convocando AIDESEP nuestra máxima organización nacional, para el día 05 de junio en el frontis del palacio de justicia en la ciudad de lima.
- ¡Respeto, solidaridad y justicia para nuestros hermanos!
¡Honor y gloria a nuestros mártires!
¡Defensores de la amazonia y nuestro derecho a vivir con identidad y en paz!
Perú/ Principal rémora de Loreto: el petróleo.
Importante contribución del líder Jorge Pérez, Uitoto Murui, de Loreto, Perú
Por: Jorge
Pérez Rubio
La creatividad y la imaginación
provechosa e innovadora del ciudadano loretano que ocuparon cargos públicos y aquellos
que gozan de las posibilidades de continuar administrando los intereses de
todos han disminuido tanto, en los últimos 40 años, hasta que la monotonía
emética y la defensa obstinada e inadecuada de lo peregrino logró definir la
conducta institucional e individual de los loretanos. Todo lo que es tocado por
las autoridades de esta región –en contraposición con la leyenda de los
alquimistas– se vuelve inservible y perjudicial para la vida integral de la
persona y de la naturaleza.
Semejante a la efigie del dolor
causado por el furor de la guerra, el flujo y reflujo del petróleo, arruinó las
principales fuentes de subsistencia de la mayoría de la población indígena que
durante miles de años el bosque le dio bienestar. Entonces, la sustancia del
vértigo, de la intemperancia y de la sumisión recaló hasta infundir el desarraigo
de lo propio y abrió los poros para que entrase el espíritu de la colonización
en la vida del individuo que sobrevive y trabaja la tierra –la práctica hortícola
tradicional no ha sido sustituido por otra que provenga de la ciencia agrícola
actualmente difundida por institutos especializados– mirando un horizonte
difuminado e incierto.
Mientras el sudor rezuma por el rostro desvaído de
esperanza relacionado con el goce de los derechos fundamentales el mundo
industrializado aumenta cada día la demanda de petróleo –se estima que el 2035
la demanda de petróleo alcanzará la cifra de 99,7 millones de barriles diarios–
y Loreto ingresa con rapidez al segundo boom petrolero en comparsa con la vorágine
ambiental global. El segundo boom petrolero irrumpe el escenario local impregnado
de pasivos y cargado de conflictos y compromisos sociales no atendidos por el
Estado y empresas petroleras.
Y más de mil indígenas que ahora reciben dinero
de las petroleras a cambio de una cadencia de “libre consentimiento” han de reforzar su
forma un poco urbana y utilitarista de afrontar el presente y un sinnúmero de
valientes que buscan relacionarse con el Estado a partir de la seguridad que
brinda la participación de los indígenas en la conducción de programas o
proyectos financiados por el canon petrolero –una forma de “PEPISCO” que
hubiere de funcionar con eficacia en otras cuencas (Tigre, Pastaza y Marañón)
fuertemente azotadas por la actividad petrolera– refuerzan sus alianzas con
ONG´s y personalidades que gustan de la belleza del bosque y son refractarios
ante el interés de acabar con el estado paria de los pueblos indígenas. Por
ejemplo, no está en la agenda el privilegio de la educación y la redistribución
del canon petrolero de acuerdo al involucramiento de cada zona y que habría de gestionarse sin abstraer la
urgente necesidad de contar con una fuerte institucionalidad.
La educación superior pública y
privada de Loreto es una fábrica de profesionales destinados a dinamizar la
economía de mercado conforme ha sido diseñado en los países desarrollados del
norte. Los profesionales así formados en el campo de la ingeniería y otras
carreras que evolucionan en el campo de la investigación científica no han
tenido éxito en su débil intento de adaptar aquellos conocimientos peregrinos –mediante
la interpretación de la diversidad y del estudio profundo de la prodigalidad de
los conocimientos tradicionales– a la ignota, vernácula, inexorable y
misteriosa realidad amazónica.
En efecto, la educación superior de Loreto no
brindará todavía las capacidades técnicas y científicas necesarias para
encontrar el modelo de desarrollo que soñamos sino ha de consumarse en la línea
de una estridente y cansina tautología. Pues, el porcentaje que la UNAP recibe
del canon petrolero, como ocurre en la mayoría de la administración pública de
Loreto, inhibió la inteligencia saludable y trajo consigo una epidemia análoga
a la que el maestro Saramago traza en su novela “Ensayo sobre la ceguera”.
El segundo boom petrolero de
Loreto dará lugar a una nutrida y dolorosa necrología y echará a correr la
banalidad hasta por las arterias más conservadoras, sin embargo, habrá de
compensar sus falacias sociales e impactos con el diseño y funcionamiento de
una educación superior para la amazonia. En el fuero del movimiento indígena
liderado por AIDESEP se tomó muy en serio el proyecto referido a la
construcción de las bases para la creación de una universidad indígena basado
en la vasta experiencia para una educación intercultural.
Jorge Pérez Rubio
Cel. 974959932
jueves, 5 de junio de 2014
Perú: Los límites de la justicia ordinaria y el Baguazo
Luis Hallazi Méndez
ALAI AMLATINA, 05/06/2014.- (…) “Derrotar las ideologías, absurdas, panteístas que creen que las paredes son dioses, y el aire son dioses en fin. Volver a esas formas primitivas de religiosidad, donde se dice: no me toques ese cerro porque es un Apu y están lleno de espíritus milenarios y no sé qué cosa… bueno si llegamos a eso no haremos nada, no toques esos peces porque son criaturas del Dios Poseidón, volvemos a ese animismo primitivo. Yo pienso que necesitamos más educación, pero ese es un trabajo de largo plazo, eso no se arregla así noma. Porque usted puede ir a cualquier lugar y la población dice no me toquen a mí esa zona, porque es un santuario. Y uno se pregunta ¿santuario de qué? Sí, es un santuario porque ahí están las almas de los antepasados. Oiga, las almas de los antepasado están en el Paraíso seguramente. No están ahí”[1].
Recordar esas palabras del máximo representante de una nación, en el momento cuando ocurrían los violentos enfrentamientos entre la etnia Awajún- Wampis y las fuerzas policiales, con las terribles consecuencias que ya todos conocemos; no solo puede indignar, si no también puede ser la síntesis histórica de la incomprensión cultural de una nación; o los absurdos de una comunidad imaginada que no puede salir de su confusión, que se niega y resiste a reconocer su historia.
Parece ser la vuelta al eterno retorno en palabras de un primer mandatario del siglo XXI que podrían haber salido de alguna crónica del siglo XVI y que va repitiendo sucesivamente hasta nuestros días. Pero además, sin echar una mirada al pasado, estas palabras son la necesidad de hacer evidente la doctrina del perro del hortelano, como una política económica no solo de Gobierno, sino de Estado, sin que importe la forma de ser expresada y que posea en cada frase una trasparencia espeluznante.
Awajún-Wampís o la gente de las colinas
Una dimensión de nuestra humanidad se expresa en mitos, sin ellos el sentido de nuestra existencia sería más vacío de lo que para muchos suele ser; para los Awajun-Wampis las cascadas que bajan de los grandes cerros de la Cordillera del Cóndor constituyen los lugares privilegiados para encontrar a un espíritu llamado Ajutap, una figura central en la cosmovisión de los pueblos Awajún –Wampis, que puede ser descrita como una poderosa esencia impersonal transmitida por los ancestros para proporcionar fuerza a sus almas. Hoy en día en muchos de estos pueblos, los rituales de búsqueda del Ajutap siguen siendo practicados. Este espíritu poderoso es buscado sobre todo por los jóvenes varones, quienes acuden a las tunas (cascadas en el dialecto regional) que bajan de los cerros entre la Cordillera del Cóndor, allí construyen una pequeña choza llamada Ayamtai. Allí toman brebajes alucinógenos de ayahuasca, toé o tabaco y esperan pacientemente la visión del Ajutap, bañándose en las aguas sagradas. Los que reciben el don de la visión obtienen el estatus de Waimako, “grandes guerreros visionarios”, gozando de ciertos privilegios sociales dentro de sus comunidades[2].
Los Awajún y Wampís son etnias de la familia etnolingüística jíbara, aunque esta denominación de jibaro fue dada por los españoles en la época de la conquista de manera despectiva, sin embargo no tardó en hacerse popular, siendo sinónimo del espíritu guerrero de las etnias Ashuar, Awajun-Wampis y otros; lo cierto es que ni en medio de la expansión de la civilización Inca, los pudieron someter, se cuenta que el Inca Tupa Yupanqui trató de conquistar a los Awajún-Wampis de la ceja de selva en un lugar llamado Bracamoros, pero fracasó, el mismo cronista español Pedro de Cieza de León, refieren que Huayna Capac, también fracasó y que volvió huyendo de la furia de los hombres que en esos territorios moraban[3]. Los Awajún-Wampis también se resistieron a ser colonizados por los españoles durante toda la etapa de la conquista, ya en plena Republica en que recién se instalan los Nazarenos 1925, primeros misioneros que realmente logran tener un contacto con dichos pueblos, y después llegarían los jesuitas que se establecieron a partir de 1949[4].
En ese fatídico 5 de junio se podía divisar a lo lejos rostros pintados de genipa, lanzas de todo tamaño y canticos guerreros a lo largo de la Curva del Diablo; la reminiscencia de un tiempo de conflictos, donde los Awajún – Wampis, evocaron la tradición guerrera de los pueblos jíbaros y la resistencia histórica a cualquier intento de invasión de sus territorios, cobraba vigencia. Sin embargo, no solo podemos reducir a la etnia Awajun –Wampis como un pueblo guerrero, las instituciones del Estado, empezando por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, para este caso en concreto deberían reconocer que los territorios donde se desarrolla el pueblo Awajun- Wampis ha tomado protagonismo no de la noche a la mañana; sino a lo largo de miles de años donde el pueblo ha logrado una adaptación al entorno ecológico, a través de una estrategia eficaz de subsistencia, basada en la horticultura, caza, pesca, recolección y otras formas de interacción con su medio; además de poseer un sofisticado conocimiento de la flora y fauna local, que ha permite un uso racional y sostenible de los recursos naturales y que se ha trasmitido de manera distinta a toda la población colindante. En buena cuenta dichos recursos, forman parte de su territorio, de su hábitat y por tanto son ellos los llamados a protegerlos y defenderlos.
La judicialización de Bagua
Los nefastos hechos en Bagua tuvieron como resultado la muerte de 33 personas, 5 indígenas, 5 mestizos de descendencia indígena, 23 policías, muchos de ellos también de descendencia indígena y el desaparecido Mayor Bazán; además de más de 200 heridos provenientes de la represión policial en la Curva del Diablo. Como cualquier sistema que se precie de democrático, se tenía que esclarecer los hechos, analizar por ejemplo bajo qué situación se produce el desalojo, si acaso se pudo prever el desenvolvimiento de estos hechos, cual es la responsabilidad de las autoridades implicadas, es apropiada la justicia ordinaria para juzgar a indígenas Awajun-Wampis y en función de todo ello poder establecer las responsabilidades individuales y colectivas.
A cinco años de los hechos, se ha iniciado uno de los tres procesos abiertos, el primer juicio oral por los sucesos en la Curva del Diablo; los otros dos son los casos de la Estación 6 y el caso de la desaparición del Mayor Bazán. Se trata de un proceso judicial que involucra al menos a 80 procesados, 53 en la Curva del Diablo y 26 en la Estación 6[5], casi la totalidad de los procesados son de comunidades indígenas Awajún- Wampis, que en su mayoría tienen como lengua materna el Awajún; muchos de ellos no entienden ni hablan el castellano, poseen sus propias prácticas y costumbres tradicionales que conforman su derecho consuetudinario que además cuentan con sus propias estructuras institucionales[6] las cuales poseen normas que les han permitido vivir en armonía; son aunque al Estado le cueste admitir: una sociedad culturalmente distinta a las peruanos de las urbes.
Bajo esta lógica no se trata de un proceso judicial cualquiera o llamado ordinario, donde una organización criminal delinque en las ciudades o alrededor de ellas, no se trata de un juicio donde a través de procedimientos establecidos se puede individualizar la responsabilidad de los 80 procesados escogidos de manera aleatoria, sin ni siquiera tener resultados objetivos de las pruebas balísticas que demuestren su culpabilidad. El proceso judicial ordinario que enfrenta los 53 procesados se enfrenta a una lógica distinta, una lógica que pone a prueba los instrumentos jurídicos vigentes, que a todas luces son insuficientes para tratar de esclarecer la verdad de los hechos de Bagua. No obstante, este sistema judicial ordinario, si tiene las capacidades para establecer un proceso judicial a los responsables políticos que dieron las órdenes para reprimir de manera desproporcional y generar estas consecuencias (33 muertos 1 desaparecido) de la misma manera como para establecer avances efectivos y transparente de un proceso abierto a los responsables militares; sin embargo, recordemos que la Sala Penal y de Apelaciones descartó la presentación de los testimonios del ex presidente Alan García de los ex ministros Mercedes Cabanillas, Yehude Simon y Mercedes Araos, así como del ex director de la PNP, José Sánchez Farfán; sólo admitió los testimonios de dos miembros militares Javier Uribe y Elias Muguruza. Esta situación de trato discriminatorio y evidente desequilibrio a la hora de juzgar a los implicados, demuestran que el sistema judicial ordinario lo que busca es culpables; culpables que le permitan cumplir con procedimientos penales de mero trámite y que mejores candidatos que aquellos que están fuera del sistema.
Límites de la justicia ordinaria hacia una justicia intercultural
Parece estar claro que los más de 80 implicados en los hechos de Bagua están tratando de ser juzgados con un sistema de justicia que no es el adecuado. Un sistema judicial que hace 200 años juzga a indígenas en una lengua distinta a la suya, sin las garantías de un debido proceso culturalmente adaptado a realidades de los sujetos a juzgar, un sistema judicial que todo peruano de la urbe conoce sus deficiencias.
Recordemos que tanto la justicia ordinaria como la justicia comunal gozan de autonomía Constitucional en el caso de la justicia comunal amparada en artículo 2 inciso 19, la pluralidad étnica y cultural de la nación, art. 89, la existencia legal y autonomía de las comunidades campesinas y comunidades nativas y art. 149, el derecho a la Justicia Comunal de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas; además el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 18, inciso 3, reconoce el derecho de una Justicia Comunal. Sin embargo por razones prácticas y asimilacionistas el Estado solo ha fortalecido a una; hechos como el de Bagua demuestran que es necesario identificar los elementos que la justicia comunal hubiera aportado para intentar reconstruir los hechos y llegar a una verdad jurídica, que respete las diferencias culturales.
No es un problema de leyes, el Perú cuenta con normas suficientes pero nadie las cumple, el Poder Judicial desde 2009 comenzó́ un proceso importante de reformas para darle mayor reconocimiento y validez a la administración de justicia comunal y la justicia de paz (Ley 29824) y teniendo un proyecto de Ley de coordinación de instancias entre la administración de justicia estatal y la administración de justicia comunitaria. Por otro lado, es cierto que ningún sistema te brinda todas las garantías necesarias, pero debemos partir que ambas justicas son incompletas y que un sistema judicial intercultural es el que permitiría establecer las conexiones de ambas realidades y tener la posibilidad de juzgar en mejores condiciones.
Finalmente el límite de ambos sistemas, son los derechos humanos. Sin embargo el caso Bagua está obedeciendo a una lógica contraria, por lo que es necesario primero identificar los diferentes vulneraciones a los derechos humanos y los vicios de nulidad que está trayendo el proceso, para lo cual se necesita una coordinación permanente entre los acusados y principalmente los abogados de estos. A la vez, es necesario abrir otro frente para que el Estado reconozca las particularidades de este proceso y busque darle un trato diferente que permita al menos llevar un juicio que derive en la absolución de los implicados o en la aplicación de la Ley de Amnistía para los indígenas acusados. Los diferentes actores deben incidir en el Estado para que sepa que esta es una oportunidad más para la reconciliación con los pueblos indígenas del Perú y aplicación con buena fe de todas las prerrogativas que le corresponden, para que Bagua no se repita.
Notas:
[1] Entrevista a Alan García realizada por Cecilia Valenzuela: http://www.youtube.com/watch?
[2] Garra Simone, El deperatar de Kumpanam: Historia y mito en el marco de un conlcito socioambiental en la Amazónia, Revista Anthropológica /Año XXX N° 30 2012 pp2-28.
[3] Ibid pag. 10
[4] Valoración Cultural de los Awajun- Wampis, Documento 10, Conservación Internacional Peru. file:///C:/Users/USUARIO/
[5] Castillo Fernandez Marlene, ¿Justicia o Injusticia que lleva 59 meses?: el Juicio a los 53 procesados del caso Curva del Diablo, sin juicio a los responsables políticos y militares.
[6] Convenio N°- 169 OIT artículo 8, artículo 9.
- Luis Hallazi es abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador. Actualmente consultor en el Instituto del Bien Común.
URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/
ALAI AMLATINA, 05/06/2014.- (…) “Derrotar las ideologías, absurdas, panteístas que creen que las paredes son dioses, y el aire son dioses en fin. Volver a esas formas primitivas de religiosidad, donde se dice: no me toques ese cerro porque es un Apu y están lleno de espíritus milenarios y no sé qué cosa… bueno si llegamos a eso no haremos nada, no toques esos peces porque son criaturas del Dios Poseidón, volvemos a ese animismo primitivo. Yo pienso que necesitamos más educación, pero ese es un trabajo de largo plazo, eso no se arregla así noma. Porque usted puede ir a cualquier lugar y la población dice no me toquen a mí esa zona, porque es un santuario. Y uno se pregunta ¿santuario de qué? Sí, es un santuario porque ahí están las almas de los antepasados. Oiga, las almas de los antepasado están en el Paraíso seguramente. No están ahí”[1].
Recordar esas palabras del máximo representante de una nación, en el momento cuando ocurrían los violentos enfrentamientos entre la etnia Awajún- Wampis y las fuerzas policiales, con las terribles consecuencias que ya todos conocemos; no solo puede indignar, si no también puede ser la síntesis histórica de la incomprensión cultural de una nación; o los absurdos de una comunidad imaginada que no puede salir de su confusión, que se niega y resiste a reconocer su historia.
Parece ser la vuelta al eterno retorno en palabras de un primer mandatario del siglo XXI que podrían haber salido de alguna crónica del siglo XVI y que va repitiendo sucesivamente hasta nuestros días. Pero además, sin echar una mirada al pasado, estas palabras son la necesidad de hacer evidente la doctrina del perro del hortelano, como una política económica no solo de Gobierno, sino de Estado, sin que importe la forma de ser expresada y que posea en cada frase una trasparencia espeluznante.
Awajún-Wampís o la gente de las colinas
Una dimensión de nuestra humanidad se expresa en mitos, sin ellos el sentido de nuestra existencia sería más vacío de lo que para muchos suele ser; para los Awajun-Wampis las cascadas que bajan de los grandes cerros de la Cordillera del Cóndor constituyen los lugares privilegiados para encontrar a un espíritu llamado Ajutap, una figura central en la cosmovisión de los pueblos Awajún –Wampis, que puede ser descrita como una poderosa esencia impersonal transmitida por los ancestros para proporcionar fuerza a sus almas. Hoy en día en muchos de estos pueblos, los rituales de búsqueda del Ajutap siguen siendo practicados. Este espíritu poderoso es buscado sobre todo por los jóvenes varones, quienes acuden a las tunas (cascadas en el dialecto regional) que bajan de los cerros entre la Cordillera del Cóndor, allí construyen una pequeña choza llamada Ayamtai. Allí toman brebajes alucinógenos de ayahuasca, toé o tabaco y esperan pacientemente la visión del Ajutap, bañándose en las aguas sagradas. Los que reciben el don de la visión obtienen el estatus de Waimako, “grandes guerreros visionarios”, gozando de ciertos privilegios sociales dentro de sus comunidades[2].
Los Awajún y Wampís son etnias de la familia etnolingüística jíbara, aunque esta denominación de jibaro fue dada por los españoles en la época de la conquista de manera despectiva, sin embargo no tardó en hacerse popular, siendo sinónimo del espíritu guerrero de las etnias Ashuar, Awajun-Wampis y otros; lo cierto es que ni en medio de la expansión de la civilización Inca, los pudieron someter, se cuenta que el Inca Tupa Yupanqui trató de conquistar a los Awajún-Wampis de la ceja de selva en un lugar llamado Bracamoros, pero fracasó, el mismo cronista español Pedro de Cieza de León, refieren que Huayna Capac, también fracasó y que volvió huyendo de la furia de los hombres que en esos territorios moraban[3]. Los Awajún-Wampis también se resistieron a ser colonizados por los españoles durante toda la etapa de la conquista, ya en plena Republica en que recién se instalan los Nazarenos 1925, primeros misioneros que realmente logran tener un contacto con dichos pueblos, y después llegarían los jesuitas que se establecieron a partir de 1949[4].
En ese fatídico 5 de junio se podía divisar a lo lejos rostros pintados de genipa, lanzas de todo tamaño y canticos guerreros a lo largo de la Curva del Diablo; la reminiscencia de un tiempo de conflictos, donde los Awajún – Wampis, evocaron la tradición guerrera de los pueblos jíbaros y la resistencia histórica a cualquier intento de invasión de sus territorios, cobraba vigencia. Sin embargo, no solo podemos reducir a la etnia Awajun –Wampis como un pueblo guerrero, las instituciones del Estado, empezando por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, para este caso en concreto deberían reconocer que los territorios donde se desarrolla el pueblo Awajun- Wampis ha tomado protagonismo no de la noche a la mañana; sino a lo largo de miles de años donde el pueblo ha logrado una adaptación al entorno ecológico, a través de una estrategia eficaz de subsistencia, basada en la horticultura, caza, pesca, recolección y otras formas de interacción con su medio; además de poseer un sofisticado conocimiento de la flora y fauna local, que ha permite un uso racional y sostenible de los recursos naturales y que se ha trasmitido de manera distinta a toda la población colindante. En buena cuenta dichos recursos, forman parte de su territorio, de su hábitat y por tanto son ellos los llamados a protegerlos y defenderlos.
La judicialización de Bagua
Los nefastos hechos en Bagua tuvieron como resultado la muerte de 33 personas, 5 indígenas, 5 mestizos de descendencia indígena, 23 policías, muchos de ellos también de descendencia indígena y el desaparecido Mayor Bazán; además de más de 200 heridos provenientes de la represión policial en la Curva del Diablo. Como cualquier sistema que se precie de democrático, se tenía que esclarecer los hechos, analizar por ejemplo bajo qué situación se produce el desalojo, si acaso se pudo prever el desenvolvimiento de estos hechos, cual es la responsabilidad de las autoridades implicadas, es apropiada la justicia ordinaria para juzgar a indígenas Awajun-Wampis y en función de todo ello poder establecer las responsabilidades individuales y colectivas.
A cinco años de los hechos, se ha iniciado uno de los tres procesos abiertos, el primer juicio oral por los sucesos en la Curva del Diablo; los otros dos son los casos de la Estación 6 y el caso de la desaparición del Mayor Bazán. Se trata de un proceso judicial que involucra al menos a 80 procesados, 53 en la Curva del Diablo y 26 en la Estación 6[5], casi la totalidad de los procesados son de comunidades indígenas Awajún- Wampis, que en su mayoría tienen como lengua materna el Awajún; muchos de ellos no entienden ni hablan el castellano, poseen sus propias prácticas y costumbres tradicionales que conforman su derecho consuetudinario que además cuentan con sus propias estructuras institucionales[6] las cuales poseen normas que les han permitido vivir en armonía; son aunque al Estado le cueste admitir: una sociedad culturalmente distinta a las peruanos de las urbes.
Bajo esta lógica no se trata de un proceso judicial cualquiera o llamado ordinario, donde una organización criminal delinque en las ciudades o alrededor de ellas, no se trata de un juicio donde a través de procedimientos establecidos se puede individualizar la responsabilidad de los 80 procesados escogidos de manera aleatoria, sin ni siquiera tener resultados objetivos de las pruebas balísticas que demuestren su culpabilidad. El proceso judicial ordinario que enfrenta los 53 procesados se enfrenta a una lógica distinta, una lógica que pone a prueba los instrumentos jurídicos vigentes, que a todas luces son insuficientes para tratar de esclarecer la verdad de los hechos de Bagua. No obstante, este sistema judicial ordinario, si tiene las capacidades para establecer un proceso judicial a los responsables políticos que dieron las órdenes para reprimir de manera desproporcional y generar estas consecuencias (33 muertos 1 desaparecido) de la misma manera como para establecer avances efectivos y transparente de un proceso abierto a los responsables militares; sin embargo, recordemos que la Sala Penal y de Apelaciones descartó la presentación de los testimonios del ex presidente Alan García de los ex ministros Mercedes Cabanillas, Yehude Simon y Mercedes Araos, así como del ex director de la PNP, José Sánchez Farfán; sólo admitió los testimonios de dos miembros militares Javier Uribe y Elias Muguruza. Esta situación de trato discriminatorio y evidente desequilibrio a la hora de juzgar a los implicados, demuestran que el sistema judicial ordinario lo que busca es culpables; culpables que le permitan cumplir con procedimientos penales de mero trámite y que mejores candidatos que aquellos que están fuera del sistema.
Límites de la justicia ordinaria hacia una justicia intercultural
Parece estar claro que los más de 80 implicados en los hechos de Bagua están tratando de ser juzgados con un sistema de justicia que no es el adecuado. Un sistema judicial que hace 200 años juzga a indígenas en una lengua distinta a la suya, sin las garantías de un debido proceso culturalmente adaptado a realidades de los sujetos a juzgar, un sistema judicial que todo peruano de la urbe conoce sus deficiencias.
Recordemos que tanto la justicia ordinaria como la justicia comunal gozan de autonomía Constitucional en el caso de la justicia comunal amparada en artículo 2 inciso 19, la pluralidad étnica y cultural de la nación, art. 89, la existencia legal y autonomía de las comunidades campesinas y comunidades nativas y art. 149, el derecho a la Justicia Comunal de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas; además el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 18, inciso 3, reconoce el derecho de una Justicia Comunal. Sin embargo por razones prácticas y asimilacionistas el Estado solo ha fortalecido a una; hechos como el de Bagua demuestran que es necesario identificar los elementos que la justicia comunal hubiera aportado para intentar reconstruir los hechos y llegar a una verdad jurídica, que respete las diferencias culturales.
No es un problema de leyes, el Perú cuenta con normas suficientes pero nadie las cumple, el Poder Judicial desde 2009 comenzó́ un proceso importante de reformas para darle mayor reconocimiento y validez a la administración de justicia comunal y la justicia de paz (Ley 29824) y teniendo un proyecto de Ley de coordinación de instancias entre la administración de justicia estatal y la administración de justicia comunitaria. Por otro lado, es cierto que ningún sistema te brinda todas las garantías necesarias, pero debemos partir que ambas justicas son incompletas y que un sistema judicial intercultural es el que permitiría establecer las conexiones de ambas realidades y tener la posibilidad de juzgar en mejores condiciones.
Finalmente el límite de ambos sistemas, son los derechos humanos. Sin embargo el caso Bagua está obedeciendo a una lógica contraria, por lo que es necesario primero identificar los diferentes vulneraciones a los derechos humanos y los vicios de nulidad que está trayendo el proceso, para lo cual se necesita una coordinación permanente entre los acusados y principalmente los abogados de estos. A la vez, es necesario abrir otro frente para que el Estado reconozca las particularidades de este proceso y busque darle un trato diferente que permita al menos llevar un juicio que derive en la absolución de los implicados o en la aplicación de la Ley de Amnistía para los indígenas acusados. Los diferentes actores deben incidir en el Estado para que sepa que esta es una oportunidad más para la reconciliación con los pueblos indígenas del Perú y aplicación con buena fe de todas las prerrogativas que le corresponden, para que Bagua no se repita.
Notas:
[1] Entrevista a Alan García realizada por Cecilia Valenzuela: http://www.youtube.com/watch?
[2] Garra Simone, El deperatar de Kumpanam: Historia y mito en el marco de un conlcito socioambiental en la Amazónia, Revista Anthropológica /Año XXX N° 30 2012 pp2-28.
[3] Ibid pag. 10
[4] Valoración Cultural de los Awajun- Wampis, Documento 10, Conservación Internacional Peru. file:///C:/Users/USUARIO/
[5] Castillo Fernandez Marlene, ¿Justicia o Injusticia que lleva 59 meses?: el Juicio a los 53 procesados del caso Curva del Diablo, sin juicio a los responsables políticos y militares.
[6] Convenio N°- 169 OIT artículo 8, artículo 9.
- Luis Hallazi es abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador. Actualmente consultor en el Instituto del Bien Común.
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