Silvio Schachter
Se
cumplen dos años desde la ocupación y la violenta represión del parque
Indoamericano, coincidentemente la legislatura porteña aprobó, en
primera instancia, como parte del paquete de un fabuloso negocio
inmobiliario, la cesión a una cámara empresaria del transporte de
decenas de miles de metros cuadrados del parque Roca.
Pocos actos pueden graficar más elocuentemente los modos de pensar y actuar frente a lo público.
En
diciembre de 2010, seis mil habitantes de las villas de Soldati, en su
mayoría doblemente precarizados por pobres e inquilinos, deciden
pacíficamente ocupar el parque Indoamericano para reclamar su derecho a
tener una vivienda.
La
represión conjunta de la policía Federal y la Metropolitana se cobró
tres vidas y decenas de heridos y fue apoyada por la mayoría de los
medios y de los políticos opositores. Allí se combatió a los ocupantes,
como si se tratara de un enemigo extranjero.
Luego
de ochos días de resistencia y en base a promesas de solución a los
reclamos , se produjo el desalojo. Después de un censo que incluyo a
13.300 personas, el entonces jefe de Gabinete, Anibal Fernandez
aseguró que se iba a financiar la adquisición de las tierras y
ejecutar un plan para que los ocupantes accedan a una casa propia . La
implementación quedaría bajo las directivas del gobierno Macri , el
Ejecutivo Nacional aportaría un peso por cada peso que ponga la
Ciudad, pero aclaro que todo aquel que usurpe no tendrá derecho a
formar parte del plan de vivienda ni acceder a ningún plan social.
Rodríguez Larreta, que considero excelente el accionar policial,
prometió que las prioridades las tendrián quienes más lo necesitan,
incluidos los ocupantes.
Hasta la fecha nada se ha hecho para cumplir
lo proclamado y todos los reclamos están aún pendientes. Siguen
procesados los militantes sociales y los responsables de los crímenes
sin condena.
El
Jefe de Gobierno porteño en una muestra de xenofobia y racismo tan
brutal como elocuente declaro que los ocupantes son en su mayoría
bolivianos y paraguayos y por tanto para evitar estos incidentes,
debería cambiarse la política migratoria.
Lamentablemente esta política de segregación tuvo y tiene un sustento en importantes sectores de la sociedad porteña. Las empatías no se debieron a su preocupación por el parque, muchos mediáticos irritados desconocían
donde quedaba el sitio en cuestión, pues obviamente no forma parte de
sus habituales circuitos, el reclamo de mano dura, se sostenía,
básicamente, en la necesidad de evitar que cunda el mal ejemplo.
En
una construcción socio cultural de décadas, la villa, es presentada
como un espejo invertido de la civilización, la cara opuesta a los
deseos de una ciudad bella, limpia y ordenada. El estereotipo
discriminatorio construido como una otredad negativa, considera la
villa como área de riesgo y nutriente principal de la actividad
criminal, albergue habitual de sujetos peligrosos, forma parte del
catálogo de amenazas que alimenta la inseguridad.
Todo aquel que vive
allí es estigmatizado como habitante de un territorio sin control,
promiscuo, sin familia, ni autoridad, por tanto es justificadamente
segregado. Sus casas nunca son consideradas residencias, son
provisorias como sus habitantes, su hábitat tiene límites expresos,
superarlos siempre es considerado invasivo y justifica la complicidad
con la aplicación de la violencia hacia los ocupantes.
La
personificación de quienes no forman parte de ningún proyecto
institucional, porque no tienen otro futuro que no sea la inmediatez o
la transitoriedad, los condena, en el mejor escenario, a políticas
prebendarías y clientelares. El resto de la sociedad no los considera
parte de su existencia colectiva, su territorio nunca es reconocido
como parte de la polis, no es lugar de ciudadanía.
Contradiciendo
las definiciones habituales de un sentido común reaccionario que
pontifica cada quien vive como se merece, para los pobres el espacio
urbano nunca es gratuito, incluso el más precario, alquileres de 500 a
1000 pesos son exigidos por habitáculos misérrimos.
Pero
no solo se trata de pobreza en términos de ingresos, existe una
dimensión simbólica constituida por una sinergia de procesos culturales y
sociales que sostienen la exclusión, establecen distancias y cargan de sentido las barreras físicas y virtuales.
El incumplimiento tanto de planes de vivienda, como
de las normas para la urbanización de las villas, no son causados por
dificultades técnicas o presupuestarias, son la consecuencia de un
proyecto sistemático de limpieza clasista y racial, por parte de quienes
sostienen que habitar es sinónimo de consumir y que solo el patrimonio da derechos. Hace dos años el
discurso repetido hasta el hartazgo, exigía la defensa del parque
Indoamericano como un espacio de todos, que bajo ningún aspecto podía
permitirse fuera usurpado por un grupo en beneficio propio, incluso aunque este sea motivado por el primario derecho a vivir.
La retórica devino en cinismo, ahora, a solo diez cuadras del
Indoamericano, en otro parque, el Roca, por un acuerdo del PRO con
legisladores del FPV y aliados, se concesionaran por treinta años, 37, 5
hectáreas a
la empresa CTC Admnistradora S.A. Sin pago de alquiler o canon, con
exenciones impositivas extraordinarias, beneficiando a la Federación
Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas,
FAADEAC, autorizándola a construir un centro de transferencia de cargas.
Entonces
la nueva interpretación del espacio público, lo transformó en un
lugar inútil, residual, sometido a la lógica mercantilizadora, lo que
fuera considerado ocioso durante décadas, ahora fruto de la
especulación inmobiliaria y la creciente necesidad de reinversión del
capital se ha vuelto apetecible , presa del maniqueísmo de la puesta
en valor, se vuelve necesario hacerlo rentable.
Mientras
en el Indoamericano se reprimió a los indoamericanos, que se
volvieron visibles más allá de los límites de reclusión asignados, en
el parque que lleva el nombre del etnocida Roca, los empresarios
eurocéntricos pueden hacer los negocios que les facilita el Estado.
