domingo, 12 de agosto de 2012

Colombia: Cazando indios

CLAUDIA AYOLA ESCALLÓN

La imagen del sargento García llorando fue divulgada con rapidez. Un militar indefenso sufriendo a manos de los indígenas del Cauca, quienes decididamente reclaman que la Fuerza Pública y las FARC salgan de sus territorios ancestrales.

La angustia del rostro del soldado llenó páginas de periódicos, redes sociales, y canales de televisión. Antes de que García llorara a pocos nos importaba lo que ocurría en el Cauca.

¿Sabe usted qué reclaman los indígenas Nasa? ¿Sabe usted quiénes son los indígenas Nasa? ¿Sabe usted que en la Minga de 2008 murieron 2 indígenas por armas de fuego y hubo 100 heridos? Es más, ¿sabe usted tan siquiera qué es una Minga?

Las lágrimas de García fueron tan poderosas que hicieron que a los colombianos les empezara a importar ese conflicto, lástima que haya sido de la manera equivocada. Pues, en nuestro cerebro primario concluimos: “Si García llora, entonces los indios son malos”.

La legitimidad de las acciones del Estado es cuestionable en unas regiones en las que ha sido ausente, negligente y corrupto. En la Minga de 2008 se tomaron imágenes en las que civiles encapuchados avanzaban al lado de los antimotines, pero el entonces presidente Uribe lo negó y siempre deslegitimó al movimiento indígena.

Incluso propició la creación de un movimiento paralelo al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), llamado Organización de Pueblos Indígenas del Cauca, que muy convenientemente le rendía tributo a los intereses del Gobierno, a los megaproyectos, al TLC, y a la seguridad democrática.

Además de intentar fragmentar las organizaciones indígenas, otra estrategia ha sido señalarlos de guerrilleros. Es una idea que los medios de comunicación suelen replicar sin mayores cuestionamientos. Esto, sumado a que seis militares fueron condenados por el asesinato del líder Edwin Legarda en 2008 -esposo de la lideresa Aida Quilcué-, no ha destruido al movimiento social, sino que ha aumentado las desconfianzas del pueblo indígena hacia el Estado.

Pocos sabrán que los Nasa tampoco quieren a las FARC y que la guerrilla ha asesinado también a reconocidos líderes indígenas. Así que como simple acto de pedagogía es importante saber que ser Nasa no es ser guerrillero.

Hace un año, Feliciano Valencia, vocero del CRIC, condenaba un ataque de las FARC a los indígenas de Toribío y le exigía a las FARC respetar sus territorios y a sus formas organizativas. En estos días, sin embargo, apenas tímidamente los medios han publicado que la Guardia Indígena también ha expulsado a guerrilleros de su territorio.

Lo que ocurre en el Cauca es complejo y no es una madeja fácil de desenredar, mas cuando se mediatiza arbitrariamente, sin análisis críticos y sin tener en cuenta la historicidad. Las lágrimas de García deben ser importantes, pero no suficientes para hacer reflexiones responsables y buscar una salida decorosa al conflicto. De cualquier modo, vale la pena recordar que en Colombia no hemos dejado de cazar indios y hoy ya se cuenta otro indígena muerto.

*Psicóloga, activista, defensora de derechos humanos.


Evo dice que comunidades aceptan vía por el TIPNIS, indígenas lo desmienten

El presidente Evo Morales informó que ya se consultó a 23 comunidades del TIPNIS y que 22 de ellas aceptaron que la carretera se construya en medio de su territorio, pero los indígenas lo desmienten.

“De las 23 comunidades consultadas; 22 dicen sí a la carretera, uno rechaza la carretera. Siento que es una conciencia del movimiento indígena dentro del Parque Nacional Isiboro Sécure”, manifestó.

El Primer Mandatario aseveró que el Consejo Indígena del Sur (Conisur), las subcentrales Sécure y TIPNIS son consultadas de acuerdo con lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE) y normas internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas.

“Hasta ahora se ha hecho la consulta en 23 comunidades indígenas dentro del Parque Isiboro Sécure; en la Subcentral Sécure, Tipnis, Conisur (…) las 23 comunidades rechazan el término de intangibilidad, es la gran conciencia de los indígenas que viven dentro del Parque”, reiteró.

Sin embargo, el Jefe de Estado no detalló a qué organizaciones pertenecen las comunidades consultadas, pues según el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, el proceso se aplica sólo al Conisur y a las poblaciones que apoyan el directorio paralelo de la Subcentral Sécure que es afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Consulta no llega

Fernando Vargas aseveró que las comunidades del sector norte del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que afilia su organización y donde existe una resistencia contra el proceso no concertado, no fueron consultadas a dos semanas de inicio de la "post consulta".

“Por 13 comunidades del Sécure Abajo no han ido (las brigadas consultivas), tampoco han ido por la zona central, tampoco por el Isiboro”, señaló a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Indicó que sólo la población de San Miguelito de su organización participó en el proceso y rechazó la construcción de la vía en medio de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO).

Dijo que el presidente Evo Morales sólo miente a la población boliviana con los datos que dio a conocer en un acto en Cochabamba.

“Hay que seguir mintiéndole al pueblo para no demostrar la negativa (a la carretera) departe de las comunidades, porque a la Subcentral TIPNIS ni siquiera se han apegado, ni por la oficina, para que digan que han consultado, aquí sólo vienen cada vez gente de la Naval y de la Policía”, puntualizó.

Trinidad, Beni, 11 agosto 2012 – A.A./

Bolivia: Numerosas comunidades indígenas bolivianas avalan carretera

Imagen de muestra

La Paz, 12 ago (PL) El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseveró que de las 23 comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) consultadas hasta la fecha, 22 avalaron la construcción de una carretera por esa reserva.

Morales brindó estos datos durante la entrega la víspera de la avenida asfaltada Daniel Campos, en Cochabamba, donde destacó la conciencia del movimiento indígena dentro del Parque Nacional Isiboro Sécure.

El mandatario recordó que la oposición, algunas organizaciones no gubernamentales y dirigentes indígenas manejaron el tema con fines políticos e intereses económicos.

Para ello, señaló, impulsaron marchas de indígenas y recursos legales ante la justicia, con la única intención de paralizar el proceso, que busca dar la oportunidad a los originarios a pronunciarse y ejercer su derecho sobre la decisión de su futuro.

Muchos sectores, y sobre todo algunos autodenominados "expertos", aseguran, sin saber, que la carretera debe bordear la reserva, cuando en los alrededores sólo hay lagunas, curichales y pantanales que impedirían la construcción de una vía, observó el mandatario.

Los habitantes del Tipnis participan en una consulta para determinar si se construye una carretera interdepartamental en esa reserva, que acercaría importantes servicios de educación y salud a sus comunidades.

La inédita consulta en esa región del nordeste amazónico boliviano trata, además, sobre la denominada intangibilidad del Tipnis, categoría establecida por una ley que se promulgó tras una controvertida marcha indígena que arribó a La Paz en 2011 en protesta contra la ruta entre Cochabamba y San Ignacio de Moxos.

El Gobierno del presidente Evo Morales consideró que la consulta, una figura enmarcada en la Constitución del país y los convenios internacionales es la única solución al conflicto.

Desde la región amazónica viajaron a la capital 56 de 63 corregidores originarios y otra marcha indígena en apoyo a la carretera, para reafirmar el apoyo mayoritario a la consulta, y entablaron un diálogo con el gobierno para evaluar la problemática y las demandas de sus habitantes.

El proceso de la consulta, que durará cuatro semanas bajo la mira de observadores de la Organización de Estados Americanos y la Unión de Naciones Suramericanas, comenzó el domingo 29 de julio y debe terminar el 25 de agosto, tras la realización de 69 asambleas indígenas, en cada una de las comunidades del Tipnis.

otf/abm

Inversiones suecas acosan a pueblos indígenas

SVT Debatt- Sección debates de página webb Televisión Nacional Sueca

Las inversiones suecas en América Latina llevan al hostigamiento y desplazamiento forzado de los pueblos indígenas de esta región. Suecia y los fondos de pensiones suecas deben intervenir frente a los abusos de las compañías mineras hacia los pueblos indígenas. Esto escriben Solidaridad Suecia América Latina y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Recientemente Gustavo Ulcués del pueblo Nasa de Colombia visitó Suecia, donde denunció que 34 pueblos indígenas de Colombia han sido erradicados y otros 30 pueblos corren el mismo peligro. Las empresas mineras en Colombia son una amenaza real para los pueblos indígenas que han sido acosados hasta el desplazamiento forzado de sus territorios. BHP Billiton, Anglo American, Ashanti AngIogold y Glencore International son las empresas principales que tienen sus operaciones en Colombia y en las cuales hay grandes inversiones de los fondos de pensiones suecos.

En el Perú, cinco personas murieron en julio por las protestas contra la empresa minera Newmont Mining, cuyo proyecto en Cajamarca secaría cuatro lagunas. La población defiende las lagunas con su vida porque sabe que su supervivencia depende del acceso al agua limpia, algo que la empresa no respeta. Los fondos de pensiones han invertido 67 millones de dólares en Newmont Mining.

En el departamento de San Marcos, en Guatemala, los pueblos Mayas han luchado durante años para que la empresa canadiense Goldcorp abandone sus territorios. Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al Estado de Guatemala que cierre la mina, los fondos de pensiones no han vendido el dinero que invirtió en Goldcorp.

Estos ejemplos no son excepciones. Los fondos de pensiones invierten en compañías como BHP Billiton, Ashanti AngIogold, Buenaventura, Freeport- McMoran, Anglo American, Glencore International, Newmont Mining, Goldcorp, Barrick Gold, HudBay, Rio Tinto y Xstrata. Estas empresas son expertas en vender su marca y en la gestión de la RSE y han obtenido varios premios ambientales. Pero también están relacionadas con el desplazamiento forzado, asesinatos, hostigamiento, intimidación, soborno, destrucción de los ecosistemas, contaminación del agua y la contaminación del medio ambiente en general. Ninguna de estas empresas respeta los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Hoy, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, recordamos que hace un año Ban Ki Moon pidió a todos los Estados miembros de la ONU tomar medidas para apoyar a los pueblos indígenas en su lucha contra la marginación, la pobreza y el despojo de tierras y sus recursos. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno sueco?

En los últimos veinte años, los derechos indígenas han sido reconocidos en varios tratados y declaraciones internacionales, uno de ellos es la Declaración de las Naciones Unidas de los pueblos indígenas del 2007, donde el derecho al territorio es fundamental. La razón de esto es que la identidad de los pueblos indígenas está fuertemente vinculada al territorio. La pérdida de su territorio significaría perder su cultura. Sin embargo, esto derechos están en conflicto con las empresas y las inversiones de los fondos de pensiones suecos, debido a que en las tierras indígenas hay minerales valiosos.

Los inversionistas tienen mucho poder. Con esto, viene también una responsabilidad. ¿Los fondos de pensiones reconocerán este problema y abrirán los ojos contra los abusos de las empresas mineras hacia los pueblos indígenas?

Un problema de fondo es que los fondos de pensiones se rigen por directrices y según estos, los beneficios económicos son superiores a los derechos humanos. Mientras esto continúe, las inversiones en empresas mineras cuestionables van a continuar. Por lo tanto, nos dirigimos al grupo político del parlamento sobre los fondos de pensiones para exigirles que las directrices éticas de los fondos de pensiones sean reescritos para garantizar que las inversiones en empresas mineras respeten los derechos humanos y los derechos indígenas.

Esta sería una medida adecuada para que informen al Secretario General Ban Ki Moon y a los pueblos indígenas del mundo.

Publicado:
09/08/2012
Firmado por:

Carmen Blanco Valer, Vicepresidenta de Solidaridad Suecia América Latina
Miguel Palacín Quispe, CAOI
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Wakib Kej Guatemala


http://latinamerikagrupperna.se/inversiones-suecas-acosan-a-pueblos-indigenas

Llega la hora del Pinochet africano

Por: | 10 de agosto de 2012

El sanguinario dictador chadiano Hissène Habré, bajo cuyo mandato, entre 1982 y 1990, fueron asesinadas unas 40.000 personas y torturadas de manera cruel otras 200.000, vive desde hace 21 años en Dakar, la capital de Senegal, sin demasiados sobresaltos. Hasta ahora, los intentos de que fuera llevado ante la Justicia por parte de las asociaciones de víctimas y de las organizaciones de Derechos Humanos habían sido en balde porque tropezaban, una y otra vez, con el muro de protección que el presidente senegalés Abdoulaye Wade había construido en torno a Habré. La caída de Wade, sin embargo, ha cambiado el escenario y todo apunta a que el dictador chadiano, a punto de cumplir los 70, será juzgado en Senegal este mismo año.

3653332-5349823Hissène Habré / AFP

Hissène Habré nació en 1942 cuando el Chad era aún colonia francesa. Tras su participación en varios grupos guerrilleros y haber alcanzado el puesto de ministro de Defensa, Habré se aúpa a la Presidencia de su país en 1982 tras liderar un golpe de estado que contó con el apoyo francés y estadounidense. Por aquel entonces, Libia había ocupado militarmente el norte de Chad y las potencias occidentales temían al expansionismo del coronel Gadafi. Por eso decidieron apoyar a este miembro de la etnia tubu que pretendía expulsar a los libios del suelo chadiano.

Sin embargo, Habré no sólo se empleó a fondo contra el Ejército libio, al que acabó por echar de Chad en 1987, sino que destinó buena parte de sus energías en una brutal campaña contra sus opositores y miembros de otras etnias del país. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch aseguran que durante sus ocho años de mandato (en 1990 fue derrocado por un golpe de estado tras perder el apoyo occidental) el régimen asesinó a unas 40.000 personas y torturó salvajemente a otras 200.000.

La represión que alcanzó a todos los rincones de Chad era dirigida por la policía política de Habré, la temida Dirección de Documentación y Seguridad, conocida como la DDS, que se hizo tristemente famosa por su crueldad. Numerosas pruebas y testimonios de lo ocurrido en Chad durante esos años se pueden ver en el documental El cazador de dictadores en el que se reconstruyen muchos episodios de torturas y asesinatos a través de la investigación que ha llevado a cabo el popular abogado Reed Brody para la ONG Human Rights Watch.

En dicho documental se habla del centro de reclusión de La Piscine. Como su propio nombre indica se trata de una antigua piscina de la época de los franceses cuyo vaso fue techado con hormigón. Debajo, la DDS construyó angostas celdas de 3x2 en las que se hacinaban hasta treinta prisioneros sin apenas agua, comida y con solo una minúscula ventana al exterior. El calor en estas celdas era tan grande, con el sol de Djamena castigando con dureza en el hormigón, que muchos presos morían en cuatro o cinco días literalmente asfixiados. En muchas ocasiones, los cadáveres permanecían varios días hasta que eran retirados y los otros prisioneros tenían que dormir encima de los muertos.

Uno de los métodos de tortura más empleados en Chad en aquellos años era el arbatachar, mediante el cual se atan los brazos y las piernas de las víctimas por detrás del cuerpo y se les obliga a permanecer en esta forzada, incómoda y dolorosísima posición durante días. Las consecuencias más frecuentes eran la pérdida de circulación sanguínea, parálisis, heridas abiertas por las ligaduras y gangrena. El uso de corriente eléctrica, ahogamientos y otras técnicas de tortura también ha sido documentado por HRW, que por todo ello ha bautizado a Hissène Habré como el Pinochet africano.

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Tras ser derrocado con la ayuda de los servicios secretos franceses por el que fuera su jefe de estado mayor, el actual presidente chadiano Idriss Déby, el dictador Habré huyó a Camerún y se exilió, poco después, en Senegal. A partir de entonces las asociaciones de víctimas y los organismos internacionales de Derechos Humanos comenzaron una campaña para llevar a Habré ante la Justicia, iniciativa que dio sus primeros frutos diez años después, en el 2000, cuando un juez senegalés, Demba Kandji, admitió a trámite la acusación por torturas y puso a Habré en arresto domiciliario. Sin embargo, la alegría duró poco a las víctimas porque, semanas después, la Corte de Apelación senegalesa declaró que la Justicia de este país no era competente para perseguir estos crímenes que no habían sido cometidos en Senegal.

Las víctimas cambian entonces de estrategia y consiguen, un año después, que un juez belga abra un procedimiento contra Habré por crímenes contra la Humanidad, crímenes de guerra y actos de tortura. En 2005, tras numerosas investigaciones y recabar cientos de testimonios, este juez dicta una orden de arresto internacional contra el viejo dictador. Senegal, ahora sí, se ve obligado a reaccionar, pero su respuesta es tibia. Detienen a Habré y elevan una consulta a la Unión Africana. El 2 de julio de 2006 el organismo panafricano da su respuesta: Senegal debe juzgar al criminal “en nombre de toda África”.

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Víctimas del dictador chadiano en 2005 en Djamena / HRW

En un principio, el presidente senegalés, Abdoulaye Wade, parece aceptar el reto e inicia una serie de modificaciones en la legislación senegalesa para poder juzgar al ex presidente chadiano. Se crea una comisión de países e instituciones donantes para financiar el proceso, entre las que se encuentran la propia UA, Chad, Bélgica, Holanda, la UE, etc, que llegaron a comprometer 8,5 millones de euros. Pero, en realidad, Wade, quien había pedido 27 millones para juzgar a Habré, 8 de los cuales irían para reformar el Palacio de Justicia de Dakar, seguía mostrando resistencias y dando largas al comienzo del juicio.

Una vez más, el viejo Wade decía una cosa y hacía otra. En diciembre de 2010 aseguró que “no es posible que un gran continente como África no pueda encontrar un país para juzgar a un africano” y sólo un mes después volvió a remitir el caso a la Unión Africana, insistiendo en que Senegal no era competente para juzgarle y basándose en un informe del Tribunal de la Cedeao. La UA exigió entonces su extradición a Bélgica, pero Senegal siguió mareando la perdiz. Mientras tanto, el sanguinario dictador ha seguido “bajo arresto domiciliario” en una lujosa mansión de uno de los barrios más chic de Dakar.

Sin embargo, cuando a finales de marzo pasado el candidato Macky Sall derrotaba en las urnas a Abdoulaye Wade en la disputa que ambos mantenían por la Presidencia de Senegal, el viejo Habré debió revolverse, inquieto, en su cómodo sillón. Niangan Sall, el riguroso Sall, como se conoce al actual presidente, llegaba como un huracán anunciando profundas reformas políticas y auditorías económicas y judiciales para saber hasta dónde había llegado el régimen de Wade. Y el proceso Hissène Habré no se iba a quedar fuera de los vientos de cambio.

Macky_sall_hillary_clinton_AP214493112035_fullwidth_620x350Macky Sall con Hillary Clinton, a principios de agosto en Dakar. / AP

El 20 de julio pasado, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya volvió a pronunciarse. “Habré debe ser juzgado sin demora”. Y el Gobierno senegalés, ahora sí, respondió de manera inmediata: “Será juzgado en Senegal antes de que acabe 2012”. Detrás de esta respuesta contundente está, sin duda, la mano de Macky Sall, pero también y sobre todo la de la nueva ministra de Justicia senegalesa, la implacable Aminata Touré, 49 años, economista, estrecha colaboradora del nuevo presidente senegalés, del que fuera su jefa de gabinete, activa militante por los Derechos Humanos y la persona que más ha impulsado las investigaciones en curso que se ciernen sobre el régimen de Wade y que han llevado ante la Justicia al mismísimo hijo del presidente y hasta hace unos meses intocable superministro Karim Wade.

Por fin todo está listo para que Habré se vea las caras con la Justicia. Y por si fueran pocas señales, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, anunció el pasado fin de semana en Dakar durante el comienzo de una visita por varios países africanos, que Estados Unidos aportaba un millón de dólares para este juicio. Las víctimas chadianas ven, al fin, una luz al final del túnel con el que será, sin duda, uno de los juicios más importantes que se hayan celebrado nunca en suelo africano.