AIDESEP CONACAMI CNA ONAMIAP
Rechazamos política represiva del gobierno de Ollanta Humala
contra los pueblos indígenas
Las organizaciones indígenas representativas del Perú, agrupadas en el Pacto de Unidad: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), Confederación Nacional Agraria del Perú (CNA) y Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) abajo firmantes, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:
Primero: Repudiamos y rechazamos categóricamente los hechos de violencia, suscitados en los últimos días en la provincia de Espinar, región Cusco, y expresamos nuestra solidaridad con los familiares de nuestros hermanos fallecidos, heridos, detenidos y torturados, perpetrados por los efectivos policiales y militares. Demandamos el inmediato levantamiento del Estado de Emergencia por ser atentatorio contra los derechos humanos de las personas y de los pueblos indígenas afectados.
Segundo: Responsabilizamos al gobierno de Ollanta Humala, a su Premier Oscar Valdés Dancuart y a todo su gabinete ministerial por la brutal represión ordenada contra nuestros hermanas y hermanos, dos de ellos asesinados cobardemente con arma de fuego percutadas por las Fuerzas Policiales, además de cientos de heridos, torturados e innumerables detenciones arbitrarias a nuestros líderes y representantes de nuestros pueblos. Esta actitud de violencia contra nuestros pueblos indígenas y originarios sólo es comparable con la desatada por gobiernos dictatoriales; más aún, si el candidato Humala –durante la campaña electoral- sostuvo que iba a gobernar con los pueblos y sin embargo, su silencio al ejecutar estas acciones lo muestra como un dictadorzuelo más.
Tercero: Exigimos la inmediatamente renuncia del ciudadano minero Oscar Valdés, personaje nefasto y autoritario, digitado por los grupos de poder, por lo que repudiamos su actuación y con quien los pueblos no vamos a dialogar por no ser un interlocutor válido del gobierno para solucionar nuestras demandas. Los pueblos indígenas exigimos contar con representantes del Estado que tengan solvencia moral y democrática, para sentar las bases de un diálogo de buena fe.
Cuarto: Rechazamos la persecución a nuestros líderes sociales, indígenas y campesinos; demandamos la derogatoria de los Decretos Legislativos que criminalizan la protesta social y demandamos el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, quienes en un país en democracia y en Estado de Derecho, ejercemos nuestro legitimo derecho a la protesta, a la libertad de pensamiento y de expresión contra un gobierno que nos engañó vilmente en el proceso electoral.
Quinto: Respaldamos las luchas emprendidas por nuestros hermanos y hermanas de las organizaciones vivas de Espinar, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Ayacucho, Moquegua, Puno, Cahuapanas (Loreto) y otras regiones del país, envueltas en conflictos por la defensa de sus recursos hídricos, la intangibilidad de sus territorios, la calidad de vida y contaminación del medio ambiente, por propugnar un modelo de desarrollo diferente que es el Buen Vivir, frente a la irracional política extractivista y entreguista del Gobierno.
Sexto: Planteamos una inmediata y verdadera reforma legal en materia de políticas de inversión para las industrias extractivas, el optimo aprovechamiento de nuestros recursos naturales y los estándares ambientales, que recoja las prioridades de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas con plena participación, consulta y consentimiento previo libre e informado, según lo establecido en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano para velar por el cumplimiento de los derechos de nuestros pueblos.
Sétimo: Advertimos la presencia de agentes totalmente ajenos a los pueblos y organizaciones sociales que en complicidad con el servicio de inteligencia y las fuerzas policiales vienen sembrando “artefactos”, pintas, pasquines, y todo tipo de “evidencias” en los escenarios de conflicto, para justificar el empleo de las armas y la detención y represión en contra de nuestros hermanos y hermanas en pie de lucha.
Octavo: Ante la gravedad de los hechos, demandamos la presencia y vigilancia de la Defensoría del Pueblo, los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos, así como del Sistema Internacional de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, para salvaguardar la vida y la integridad de las personas, los pueblos y comunidades indígenas que vienen reclamando el respeto de sus derechos colectivos.
¡Por la defensa de nuestros territorios y derechos colectivos!
¡Por la unidad de nuestros pueblos y nuestras luchas!
¡Por la vida!
Jueves 31 de mayo de 2012
