viernes, 17 de agosto de 2012

Japón deporta a activistas chinos para calmar tensión

apón envió a casa el viernes al primer grupo de activistas chinos detenidos tras desembarcar en una isla reivindicada tanto por Tokio como por Pekín, una decisión saludada por China, que al mismo tiempo advirtió a su vecino contra una "escalada" de la tensión.

Las dos mayores economías de Asia estaban enfrentadas desde que los activistas fueron detenidos el miércoles tras llegar un barco a unas islas rocosas y deshabitadas conocidas como las Senkaku en Japón y las Diaoyu en China.

Siete de ellos salieron desde Okinawa hacia Hong Kong, dijo la Oficina de Inmigración, mientras que los otros siete serían deportados por vía marítima posteriormente.

La televisión japonesa los mostró haciendo la señal de la victoria cuando eran conducidos al aeropuerto.

"Esta vez, el Gobierno japonés ha liberado rápidamente a las personas chinas de las Diaoyu detenidas ilegalmente, una decisión sabia para evitar el deterioro de las relaciones chino-japonesas", dijo la agencia oficial de noticias china Xinhua en un comentario.

"Pero cómo prevenir una escalada de la tensión por las islas Diaoyu, y cómo evitar dañar más las relaciones chino-japonesas, el próximo paso del Gobierno japonés es crucial. Al tiempo que (debe) respetar los hechos históricos y los sentimientos del pueblo chino, (el Gobierno japonés) debe acabar cuanto antes con esta absurda farsa de 'comprar islas'", añadió.

El gobernador de Tokio, el nacionalista Shintaro Ishihara, ha propuesto que el Gobierno Metropolitano de la capital compre las islas a sus dueños privados. El primer ministro, Yoshihiko Nod, quiere que sea el Gobierno central el que haga la compra.

En una extensión de la disputa territorial, el ministro japonés de Finanzas, Jun Azumi, pospuso un viaje a Corea del Sur para una reunión con su homólogo prevista para el 24 de agosto por un viaje del presidente surcoreano, Lee Myung-bak, a otras islas en disputa hace una semana

Japón ocupó gran parte de China y colonizó la península coreana en los años 30, lo que ha amargado las relaciones con sus vecinos 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial.

Las islas en disputa se encuentran cerca de una zona potencialmente rica en reservas de gas.

(Información adicional de Jack Kim en Seúl y Kiyoshi Takenaka en Tokio; Traducido por Teresa Larraz)

Informe señala a jóvenes como las principales víctimas de la violencia homofóbica en Brasil

Karol Assunção
Periodista de Adital
Adital

Las y los jóvenes son una vez más protagonistas de una triste estadística: son las principales víctimas de la homofobia en Brasil. En el Informe sobre la Violencia Homofóbica en Brasil: el año 2011, la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (SDH) destaca que 47,1% de las víctimas de la homofobia en Brasil tienen entre 15 y 29 años de edad.

Los datos reunidos en el documento se refieren a la violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT) denunciada el año pasado al Poder Público (Disque Derechos Humanos, Central de atención a la Mujer, Oidoría del Sistema Único de Salud - SUS- y órganos LGBT de la SDH).

Según los datos oficiales, en el año 2011 se registraron 6.809 denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas LGBT. En total, hubo 1.713 víctimas y 2.275 sospechosos. Las cifras muestran que la misma persona sufre varios tipos de violencia, por más de un/a agresor/a. "Los datos muestran un promedio de 3,97 violaciones sufridas por cada una de las víctimas, lo que parece indicar que en la homofobia está presente el deseo de destrucción (físico, moral o psicológica) no sólo de la persona específica de la víctima, sino también de lo que ella representa – es decir, la existencia de personas LGBT en general", observa.

Cabe mencionar que el número de víctimas y de violaciones presentadas en el documento se refiere sólo a las denunciadas al Poder Público el año pasado, sin tener en cuenta el sub-registro. También hay diversas violaciones: van de agresiones físicas a amenazas, humillaciones, discriminación, negligencia, abuso sexual, negación de derechos, entre otras.

El informe muestra que las principales víctimas son adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de edad (47.1%), siendo 16% adolescentes de entre 15 y 18 años, y jóvenes de 19 a 29 años el 31,1%. Enfocando el criterio raza/color, la población negra y parda también aparece entre las principales víctimas: 51.1% de las víctimas son negras, mientras 44,5% son blancas.

"Entendemos que el mayor número de jóvenes víctimas de la violencia homofóbica puede estar vinculado al hecho de que estos jóvenes se niegan a aceptar las restricciones impuestas por los guetos LGBT. Esos espacios restringidos a la población LGBT ya no satisfacen las necesidades y anhelos de los jóvenes LGBT, ya que ellos ocupan las calles de varias ciudades brasileñas y no tiene miedo a manifestar afecto públicamente. En este sentido, esta población debe ser la prioridad de una política que quiera enfrentar la violencia homofóbica ", destaca

El informe también advierte sobre el subregistro de casos de homofobia contra travestis y transexuales, subrayando la importancia de que el poder público y el movimiento social den más atención con esta población.

El documento también revela que la mayoría de los casos de violencia homofóbica es cometido por personas conocidas de la víctima (61,9%), como familiares y vecinos, y la mayoría de las violencias (42%) se produce en casa: 21.1% de los casos, en casa de la propia víctima, 7,5% en casa de la persona sospechosa. Las violencias producidas en las calles representan el 30,8% de los casos.

Después de presentar los datos, el informe señala una serie de recomendaciones sobre el tema, destacando: notificación obligatoria de la violencia homofóbica a la SDH; espacio para información sobre la identidad de género y orientación sexual en Llame 180; realización de actividades de empoderamiento de jóvenes LGBT para que denuncien la violencia que sufren en el hogar; divulgación anual de datos de la homofobia en Brasil; y criminalización de la homofobia en los mismos términos en que fue penalizado el racismo.

Para obtener sobre el informe, acceda:

http://www.sdh.gov.br/clientes/sedh/sedh/brasilsem/relatorio-sobre-violencia-homofobica-no-brasil-o-ano-de-2011/rel%20%2011%20jul%20capa%20com%20capa%20SEM%20APRESENTACaO.pdf

Traducción: ricazuga51@yahoo.com

Chile Carabineros detienen a 137 estudiantes chilenos mientras continúa toma de liceos

Adital

La corresponsal de teleSUR en Chile, Beatriz Michell, informó que mientras Carabineros ha desalojado cuatro liceos en Santiago (capital), alumnas toman el Liceo Carmela Carvajal y las movilizaciones estudiantiles también se amplió a la comuna de Providencia.

La policía militarizada de Chile ha detenido al menos a 137 estudiantes en el proceso de desalojo de liceos en Santiago tomados por estudiantes de secundaria que exigen al gobierno central una eduación pública, gratuita y de calidad.

La corresponsal de teleSUR en Chile, Beatriz Michell, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que hasta el momento "van cuatro liceos desalojados en Santiago: Confederación Suiza, Miguel de Cervantes, Darío Salas y Amunategui”.

Mientras los Carabineros cumplen con la orden de desalojar los colegios tomados, "grupos de estudiantes vuelven a ocupar Internado Nacional Barros Arana tras desalojo del martes pasado”.

Michell informó que las tomas de las instituciones educativas se amplió y los "estudiantes toman el liceo Carmela Carvajal en comuna de Providencia, Santiago, sin embargo, otro grupo de alumnos que se encuentran en el liceo Manuel Barros Borgoño están sometiendo a una votación para ver si siguen o no con la toma, a pesar que los Carabineros procederán con el desalojo en las próximas horas".

Añadió que "el presidente chileno, Sebastián Piñera, está en una actividad donde se están entregando unos buses y se espera que se pronuncie en las próximas en relación a la situación estudiantil".

La noticia es de TeleSUR/vg - FC

Ecuador: Reformas legislativas para favorecer a mineras

Noticias Aliadas
Servicio Informativo sobre América Latina y el Caribe producido por Comunicaciones Aliadas
Adital

Por Luis Ángel Saavedra, desde Quito


Movimientos sociales realizan marchas de protestas contra la
minería a gran escala. Foto: Dennis de la Cruz

El gobierno ecuatoriano está empeñado en promover la minería a gran escala para lo cual debe implementar una legislación interna que, siendo contradictoria con principios constitucionales, satisfaga los intereses económicos de las transnacionales mineras que se han resistido a invertir en el país hasta que no se les garantice su total control sobre las regalías que producirá esta industria.

La última Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008) no sólo se preocupó de incorporar los derechos de la naturaleza en el texto constitucional, garantizando la preservación y la reproducción de su ciclo vital, pues también fue muy prolija en dotar al Estado el control de los beneficios que produce la explotación de recursos naturales, inclusive si esta actividad se debiera delegar a empresas mixtas o privadas, a través de concesiones.

En este sentido, el artículo 408 de la Constitución establece que "El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”.

Basada en la Constitución, la Asamblea Nacional elaboró la Ley de Minas, promulgada en enero del 2009, en la que asegura que los beneficios económicos para el Estado deberán estar sujetos al artículo constitucional 408. Así, en el artículo 93 de esta ley se establece que el concesionario minero deberá pagar una regalía "no menor al 5% sobre las ventas, adicional al pago correspondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12% de las utilidades determinadas en esta Ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado (IVA)”. De esta forma el Estado garantiza que más del 50% de la rentabilidad minera vaya a sus arcas en calidad de impuestos y regalías.

Bajo esta normativa, en marzo pasado se firmó el primer contrato de minería a gran escala con la empresa china EcuaCorriente, la que deberá invertir US$1.4 millardos en el proyecto Cóndor Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonia sur del país, y el que el Estado participaría del 52% de la rentabilidad minera.

EcuaCorriente no tuvo reparos en firmar un contrato minero favorable al Estado ecuatoriano, pues su interés es más geopolítico y no necesariamente económico.

"EcuaCorriente es una empresa estatal [china] que piensa en tener un negocio rentable, pero está más interesada en asegurar que China tenga acceso a los recursos naturales necesarios para sostener su expansión económica”, asegura el asambleísta amazónico Kléver Jiménez, del Movimiento Pluricultural Pachacutik.

Kinross cambia el escenario minero

La firma del contrato con EcuaCorriente fue presentado como un ejemplo de firmeza y soberanía que marcaba la ruta para futuros contratos, no sólo en Ecuador.

"Este contrato está siendo seguido por toda América porque es inédito, donde el Estado recibe la mayor cantidad del recurso”, señaló el presidente Rafael Correa al firmar el convenio de explotación mediante el cual EcuaCorriente extraerá unas 180,000 TM de cobre al año.

Pero, pese al empeño del gobierno, desde febrero pasado se paralizaron las negociaciones con la minera canadiense Kinross Gold Corporation, que busca explotar oro en el proyecto denominado Fruta del Norte, en la misma cordillera de El Cóndor, limítrofe con Perú, para lo que tiene prevista una inversión de $1.3 millardos. Esta transnacional se negó a aceptar términos iguales a los que había firmado EcuaCorriente.

"Quiero dejar muy claro a todo el mundo que no procederemos, a menos que tengamos un mejor acuerdo en términos económicos”, dijo el director consejero de la minera, Tye Burt, al explicar la paralización de las negociaciones con el Ecuador.

Las demandas de Kinross fueron catalogadas como exageradas y, en febrero de este año, el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, advirtió que el Ecuador no firmaría un acuerdo con esta transnacional minera.

"Hay cosas que no podemos aceptar porque no podemos forzar una ley o cambiar una ley”, aseguró Pastor.

Pese a estas declaraciones, el mismo ministro Pastor anunció el pasado 20 de julio que se reformaría la Ley de Minas para corregir algunos errores, como por ejemplo el hecho de que la ley fije un mínimo del 5% por regalías adicionales a los impuestos para la explotación minera, pero no fija un máximo. De igual forma, Pastor anunció que el impuesto a las ganancias extraordinarias por el alza de los precios de los metales no se cobraría hasta cuando la empresa haya recuperado la inversión realizada.

Para tal efecto, el proyecto de reforma que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional incluirá las dos propuestas: la primera que pospone el cobro de impuestos hasta que el concesionario recupere la inversión, y la otra que fija un máximo para el porcentaje de las regalías. De esta manera Pastor dio paso a las presiones de Kinross y se puso a tono con la línea presidencial, pues ya Correa había anticipado: "Es razonable lo que nos ha pedido Kinross, y preparamos una reforma legal para que cualquier utilidad extraordinaria vaya a amortizar la inversión”.

Presiones presidenciales

En la Asamblea Nacional, la aprobación de estas reformas no tendrá un camino fácil, pues si bien el movimiento de gobierno, Alianza País, mantiene una precaria mayoría, el tema minero es muy sensible para los asambleístas y algunos partidarios de gobierno podrían abstenerse a la hora de votar. Sin embargo, en el actual escenario político, Correa puede presionar para que los asambleístas mantengan la tesis gubernamental si desean ser considerados para una posible reelección en los próximos comicios electorales.

En efecto, hasta octubre próximo hay plazo para presentar las listas de candidatos a la Asamblea Nacional que postularán en las elecciones de febrero del 2013 y varios asambleístas actuales no ven muy claras sus opciones de ser incorporados en estas nuevas listas y acceder a una posible reelección. La votación de las reformas a la Ley de Minas se presenta como una oportunidad de hacer valorar su voto y negociar su incorporación en el listado electoral.

"Asistiremos a una feria de candidaturas a cambio del voto para reformar la ley y seguir con el modelo neoliberal del que nunca hemos salido. Las reformas a la Ley de Minas son un ejemplo de que seguimos sometiéndonos a los intereses de las transnacionales y que el discurso de soberanía que mantiene el gobierno es vacío”, sostiene Jiménez, quien ya presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Ecuador por el contrato firmado con EcuaCorriente, señalando que el acuerdo no garantiza que el Estado tenga el 52% de la rentabilidad, ya que está incluido el 12% del IVA que sólo se paga en productos elaborados, y la producción minera se exportará en bruto, sin valor agregado. Arguye además que no se realizó una consulta previa a las comunidades afectadas por la actividad minera, principalmente la nacionalidad shuar. Agregó que se apresta a hacer lo mismo hacia las reformas anunciadas por el régimen en caso de que sean aprobadas.

Brasil: Organizaciones sociales del campo realizan encuentro unitario en Brasília

Adital

De 20 a 22 de agosto, organizaciones sociales del campo realizan un Encuentro Nacional Unitario de los Trabajadores/as, Pueblos del Campo, de la Aguas y de las Florestas, en el Parque de la ciudad en Brasilia. Más de 5 mil delegados de todo el Brasil participarán en la reunión que recuerda el primer Congreso Campesino, realizado en 1961.

El encuentro es el primer evento de una serie de movilizaciones articuladas por los movimientos del campo, como Vía Campesina, Movimiento Campesino Popular (MCP), Caritas Brasileira, la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas (Contag), la Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar (Fetraf), Coordinación Nacional de Articulación de Comunidades Negras Rurales Quilombolas (Conaq), además de movimientos indígenas y pescadores.

El propósito es afirmar la lucha de los pueblos y grupos sociales reunidos en el encuentro por el derecho a la tierra e iniciar un proceso de unidad de sus respectivos movimientos en el próximo período.

"La defensa de la construcción de un encuentro unitario es atravesada por un denominador común, enfrentar el agro-negocio. Se trata de un modelo excluyente que además de promover la degradación del medio ambiente, irrespeta las relaciones de trabajo familiar. Esta cantinela de que el agronegocio produce alimentos es falsa, 70% de los alimentos consumidos en el país proceden de la agricultura familiar. El resultado del agronegocio es la degradación productiva y económica”, expresa William Clementino, secretario de Políticas Agrarias de la Contag.

Según Alexandre Conceição, de la Coordinación Nacional del MST y Vía Campesina, el encuentro unitario permite el debate sobre la actual coyuntura agraria en Brasil y a partir de este debate, desarrollar acciones estratégicas conjuntas con otros movimientos para enfrentar al Capital.

"La Reforma Agraria continúa siendo ignorada por el gobierno. Mientras las empresas transnacionales avanzan en la agricultura brasileña, sin el límite de las reglas democráticas. Las luchas y movilizaciones de los movimientos sociales en el campo deben ser mayores y unificadas para conseguir presionar al estado brasileño una fuerza mayor y garantizar el desarrollo de políticas públicas agrícolas para el campo”, comenta Conceição.

El encuentro representa la unificación de las diferentes organizaciones sociales, étnicas y agrarias de Brasil. Pueblos indígenas, comunidades tradicionales, asentados y acampados de la reforma agraria, campesinos contemporáneos, agricultores familiares, extractivitas del bosque, pescadores artesanales, quilombolas y también trabajadores asalariados; se reunirán en la perspectiva de defensa de la soberanía popular.

El Coordinador Nacional de la Conaq, Denildo Rodrigues, destaca que la unificación de las organizaciones sociales presentes en el campo brasileño, constituye un momento histórico para garantizar la defensa de los derechos de los indígenas y quilombolas.

"Se trata de la cuestión del campo brasileño unido en una propuesta procedente de diversas organizaciones sociales que antes luchaban por conquistar derechos, y que hoy luchan por defender derechos conquistados. El Estado brasileño se adentra en las comunidades con las fuerzas armadas violando esos derechos”, dijo Denildo.

Es en esta la coyuntura de amenazas concretas contra la vida y la tierra que los campesinos brasileños tienen la necesidad de comprender en la práctica el proceso de lucha nacional articulado de movimientos sociales y pueblos del campo.

"Estamos viviendo una coyuntura hostil, principalmente para la Reforma Agraria. Desde el Gobierno de Lula se creó el discurso que la solución para la agricultura familiar y campesina, era unirse con las grandes empresas transnacionales. Con la unidad de los movimientos de campo, de las aguas y las florestas, estamos dando un paso para quebrar la lógica de que la Reforma Agraria en Brasil no es necesaria”, enfatiza Francisco Lucena, de la Coordinación Nacional de la Fetraf.

Lucena también subraya la necesidad de políticas que promuevan la igualdad, "ya hemos identificado a nuestro enemigo común, el agronegocio. Ahora necesitamos políticas de distribución de la tierra para una verdadera democratización de la sociedad”, dijo.

Encuentro Unitario en las redes sociales:

Blog: encontrounitario.wordpress.com

Facebook: www.facebook.com/encontrounitario

Twitter: @unidadenocampo

Informaciones de prensa: Mayrá Lima (61) 96846534, Maria do Carmo (61) 82869054, Iris Pacheco (61) 96731387, Luiz Felipe (11) 99349885

La Policía sudafricana dispara contra una protesta de mineros y mata a 34 personas

  • tras 78 personas resultaron heridas, según fuentes oficiales
  • La Policía asegura que los agentes actuaron en defensa propia
  • Los trabajadores reclamaban aumento salarial
RTVE.es 17.08.2012 - 15:00h

La Policía de Sudáfrica disparó este jueves contra un grupo de mineros en huelga causando 34 muertos y 78 heridos, según el último balance oficial. La masacre tuvo lugar en la mina de Marikana, propiedad de Lonmin Platinum, en el noroeste del país.

Los agentes dispararon varias ráfagas contra los manifestantes armados con armas blancas y barras de hierro que se concentraban junto a la mina, y que según los medios de comunicación locales intentaron atacarles.

Los mineros estaban en huelga desde principios de semana para pedir un aumento salarial. La empresa había dado un ultimatum para que volvieran al trabajo; en caso contrario serían despedidos.

Este viernes, cientos de agentes, respaldados por vehículos blindados y helicópteros, patrullaban la mina. "No ha habido problemas durante la noche. El problema es la colina donde ocurrió el tiroteo. No estoy segura de qué ocurrirá hoy", ha declarado Patience, una vecina de la zona, a Reuters.

Investigadores de la propia Policía buscan pruebas en el lugar donde se produjo el tiroteo. De momento han recogido cartuchos y armas tradicionales, como machetes y lanzas, ensangretados. Según aseguran, también han encontrado armas de fuego.

En defensa propia, según la Policía

Según la jefa de la Policía, Riah Phiyega, los agentes actuaron en defensa propia. "Los miembros de la Policía tuvieron que emplear la fuerza para protegerse de un grupo que les atacaba", ha dicho en rueda de prensa. Phiyega, que fue nombrada para el cargo en junio y anteriormente trabajaba como ejecutiva en la banca, ha recordado que dos agentes murieron el martes a manos de la muchedumbre.

Por su parte, el ministro de la Policía, Nathi Mthethwa, ha lamentado los hechos y ha explicado que los agentes habían negociado durante tres días con los huelguistas. "Esto no debía haber ocurrido - ha dicho - siempre hemos insistido en que tenemos leyes en este país que permiten la huelga y las manifestaciones, y pensamos que la gente no debe ignorar estos pilares de nuestro sistema (...) es una situación terrible para todos ".

El presidente del país, Jacob Zuma, ha asegurado estar "impresionado y consternado" por lo sucedido, uno de los peores enfrentamientos ocurridos en el país desde el final del apartheid.

"Creemos que hay espacio suficiente en nuestro orden democrático para resolver cualquier disputa mediante el diálogo sin violencia y sin incumplir la ley", afirma el jefe de Estado sudafricano en un comunicado.

Zuma ha abandonado Maputo, capital de Mozambique, donde debía asistir a la cumbre de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), para volver a su país y visitar la mina.

La empresa Lonmin Platinum, por último, ha hecho público un comunicado en el que lamenta las muertes pero señala que es "un asunto de orden público más que de relaciones laborales".

En la oposición y las organizaciones no gubernamentales, sin embargo, la masacre ha hecho recordar la represión durante el apartheid. El Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales ha recordado concretamente la matanza de Sharpeville, en 1960, cuando la Policía abrió fuego y mató a 50 manifestantes negros.

"Obviamente, los motivos que han llevado a esto no son los mismos que en el pasado, pero la respuesta y el resultado es muy similar", ha declarado a Reuters la investigadora del centro Lucy Holborn.

En el editorial de su edición digital, el periódico Sowetan se lamenta de lo "barata" que es la vida de los sudafricanos. "Ha pasado antes en este país, cuando el régimen del apartheid trataba a la gente negra como objetos (...) Continúa ocurriendo ahora de diferente manera".

Enfrentamientos entre sindicatos

Hasta este miércoles, otras 10 personas (seis mineros, dos policías y dos guardias de seguridad) habían fallecido en las violentas protestas, que han causado también enfrentamientos entre los propios trabajadores, además de entre los mineros y las fuerzas de seguridad.

Los dos sindicatos mineros, la mayoritaria Asociación de Trabajadores de la Minería y la Construcción (AMCU) y la Unión Nacional de Mineros (NUM), están enfrentados por su distinta posición ante las reclamaciones de los huelguistas, principalmente picadores, sin los que el trabajo en la mina es imposible.

La AMCU apoyaba a los picadores, unos 3.000, mientras que el NUM, cercano al Congreso Nacional Africano (CNA), en el poder, pedía la desconvocatoria del paro. El exdirigente del NUM y del ANC, Cyril Ramaphosa, es actualmente director no ejecutivo de Lonmin Platinum.

Sudáfrica posee el 80% de las reservas mundiales de platino y la mina de Marikana, situada en el noroeste del país, es la tercera mayor del mundo de extracción de este mineral. Lonmin Platinum es su propietaria desde 1909. Los precios mundiales del platino han aumentado casi un 3% tras conocerse el suceso, mientras que las acciones de la compañía en Londres han perdido un 15% desde el comienzo de la huelga.

Bolivia: CONAMAQ entrega observaciones a Proyecto de Ley de la Madre Tierra

Texto está en debate en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

El Proyecto de Ley de la Madre Tierra que fuera aprobado en la Cámara de Senadores de Bolivia sin consulta ni participación de los pueblos indígenas, ha sido modificado con la introducción de observaciones presentadas por diversas organizaciones. El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), integrante de la CAOI, también hizo llegar las suyas y espera que sean consideradas en las modificaciones del texto en debate.

La Comisión de Pueblos Indígenas Originarios de la Cámara de Diputados inició ayer la discusión del Proyecto de Ley y el martes 21 de agosto emitirá su dictamen final, el cual será debatido desde el jueves 23 en sesión de la citada cámara legislativa.

Félix Becerra Villcarana, Jiliri Apu Mallku del CONAMAQ, pidió respetar la propuesta presentada hace un año por el Pacto de Unidad, que reúne a las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia. El miércoles 15 de agosto, en visita realizada a la sede de CONAMAQ, el Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas Originarios, Diputado Eleuterio Guzmán, expresó su disposición de revisar el Proyecto de Ley y transmitir las preocupaciones de la organización indígena a la Presidencia de la Cámara y los Ministerios que correspondan.

El Proyecto de Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, Proyecto de Ley CS Nº 037/2012-2013, consta de 57 artículos, dos disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición abrogatoria y derogatoria y una disposición final.

Según su Artículo 1, su objeto es “establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como fase intermedia para el Vivir Bien como nuevo horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación, considerando las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre los derechos de la Madre Tierra realizada en abril del 2010”.

Agosto 17 de 2012,

Comunicaciones CAOI