Por qué Venezuela se retira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Salim Lamrani

Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV. Profesor en las Universidades Paris-Sorbonne-Paris IV y Paris-Est Marne-la-Vallée. Periodista, especialista sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos

Adital

El 28 de julio de 2012, el presidente Hugo Chávez hizo partícipe de su decisión de retirarse de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tras el fallo que condena a Venezuela por malos tratos a un detenido sancionado por terrorismo y que se fugó a Estados Unidos. Caracas denuncia un veredicto político.

El 24 de julio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su decisión de condenar al Estado venezolano de ser "internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña”. La instancia juzgó que "su detención habría sido ilegal y arbitraria y habría estado sometido a un régimen de detención preventiva que habría sobrepasado los límites establecidos en la ley penal, invocando una presunción de peligro de fuga”. La CIDH también condenó al Estado venezolana a indemnizar a Díaz Peña con 15.000 dólares(1).

¿Quién es Raúl José Díaz Peña?

Raúl José Díaz Peña es un prófugo venezolano de la justicia severamente sancionado por los tribunales por terrorismo y refugiado en Estados Unidos. En 2003, Venezuela vivía una situación de polarización política extrema tras el golpe de Estado abortado contra el presidente democráticamente elegido Hugo Chávez y el sabotaje petrolero que costó a la economía venezolana la suma de 10.000 millones de dólares. Ambos fueron organizados por la oposición con el apoyo explícito de Estados Unidos que había reconocido a la junta golpista de Pedro Carmona Estanga, entonces presidente de Fedecámaras –organización que agrupa los intereses económicos del país– y actualmente refugiado en Colombia.

El 25 de febrero de 2003, una facción radical de la oposición compuesta de Felipe Rodríguez, José Colina Pulido, Germán Varela López, Silvio Mérida y Raúl José Díaz Peña, decidida a derrocar a Hugo Chávez, colocó varias bombas en el Consulado General de la República de Colombia y en la Embajada de España. El objetivo era acusar de los atentados terroristas a los partidarios del presidente venezolano, los cuales habrían actuado en represalia por la decisión de Bogotá y de Madrid de reconocer a la efímera junta golpista de abril de 2002(2).

No obstante el plan fracasó, pues las autoridades del país arrestaron a Díaz Peña y sus cómplices ese mismo día. Tras su juicio, el 29 de abril de 2008, la justicia venezolana lo condenó en primera instancia a 9 años y 4 meses de cárcel por terrorismo. En mayo de 2012, un juez decidió conceder un régimen de semi-libertad a Díaz Peña y le permitió pasar los fines de semana con su familia y ejercer una actividad profesional. En septiembre de 2010, Díaz Peña huyó y se refugió en Estados Unidos(3).

¿La CIDH, una jurisdicción independiente?

Órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos, entidad bajo fuerte influencia de Estados Unidos –a tal punto que los países de América Latina y el Caribe decidieron crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en diciembre de 2011, con el fin de emanciparse de la sombra tutelar de Washington y de su fiel aliado canadiense –, la CIDH es sospechosa de parcialidad hacia los gobiernos de izquierda en América Latina.

Así, contra todo pronóstico, a partir de 2005 la CIDH aceptó estudiar el caso de Díaz Peña a petición de la Venezuela Awareness Foundation, una organización de la oposición a Hugo Chávez. Ahora bien, para poder analizar un asunto, los estatutos de la entidad interamericana estipulan que se deben agotar primero todos los recursos jurídicos del país de origen, lo que no es el caso para Díaz Peña. Es la primera vez en la historia de la justicia interamericana que la CIDH acepta estudiar el caso de un individuo condenado por terrorismo en su propio país, prófugo de justicia y cuyo juicio sigue abierto, en violación de su propia Convención. Hasta hoy, la CIDH no ha dado explicaciones al respecto(4).

Nicolás Maduro, canciller venezolano, expresó su consternación y anunció que su país se retiraría de la organización. "Es lamentable haber tenido que dar este paso, pero Venezuela se ha visto obligada, dadas las decisiones aberrantes y abusivas que se han tomado contra nuestro país durante 10 años. Ningún país de Europa ni Estados Unidos aceptarían que la CIDH protegiera a un terrorista”, declaró(5) La diplomacia venezolana acusa a la entidad de "complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas” y exigió "que apliquen los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos”(6).

En efecto, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la CIDH multiplicó las decisiones e informes desfavorables a Venezuela, en proporciones ampliamente superiores al resto de América Latina. Así, desde su creación en 1959 y hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la CIDH sólo emitió cinco decisiones condenando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. En cambio, entre 2000 y 2012, la CIDH condenó a Caracas 36 veces. Así, en el espacio de 12 años, la CIDH condenó a Venezuela 7 veces más que durante los 40 años anteriores, marcados por exacciones de todo tipo y particularmente el Caracazo del 27 y 28 de febrero de 1989, sublevación popular contra la vida cara, que el ejército y la policía reprimieron en sangre, dejando un saldo de 3.000 civiles asesinados(7).

Por otra parte, durante el golpe de Estado de 2002, la CIDH, como Estados Unidos, reconoció abiertamente a la dictadura de Pedro Carmona en una carta que Santiago Antón, entonces secretario de la CIDH, dirigió a ése(8). Maduro no dejó de recordar este episodio que arroja una sombra sobre la credibilidad y la fama de la entidad interamericana: "La Comisión reconoció a los golpistas y negó el apoyo al presidente Hugo Chávez”(9).

El presidente Chávez confirmó que su país se retiraría de la CIDH(10). "Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo”, subrayó(11). La CIDH "ni siquiera nos llam[ó] para consultarnos. Aquí hubo un juicio, una condena, hay testigos de que ese terrorista le puso bombas a la embajada de España y de Colombia, eso se comprobó”, agregó(12).

La reacción de Estados Unidos

Por su parte, Washington fustigó la decisión de Caracas. Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado declaró que "Venezuela estaría enviando un mensaje profundamente lamentable acerca de sus compromisos con los derechos humanos y la democracia” al resto del continente, si se retirara de la jurisdicción de la CIDH. Nuland alabó la entidad interamericana y expresó su respeto por ella(13).

No obstante, la posición de Estados Unidos no está exenta de contradicciones. En efecto, contrariamente a todos los países de América Latina, Estados Unidos, así como Canadá, siempre se ha negado a someterse a la jurisdicción de la CIDH y no reconoce su autoridad pues estima que viola su soberanía nacional.

La reciente decisión de la CIDH relativa a Venezuela suscita varias interrogantes. ¿Por qué la CIDH aceptó estudiar el caso Ruiz Peña antes que se agotaran todos los recursos en Venezuela, violando así su propia Convención? ¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron a los magistrados a emitir una decisión favorable a un individuo que los tribunales venezolanos condenaron severamente por terrorismo y que es prófugo de justicia refugiado en Estados Unidos? ¿Acaso son políticas o jurídicas? ¿Acaso habría estudiado el caso si Ruiz Peña fuera colombiano, mexicano o chileno? ¿Cuál fue el papel de la CIDH en el golpe de Estado contra Hugo Chávez y la democracia venezolana en abril de 2012? En una palabra, ¿es la CIDH imparcial con respecto a Venezuela?

Notas:

(1) Corte Interamericana de Derechos Humanos, «Caso Díaz Peña vs. Venezuela», 26 de junio de 2012. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_244_esp.pdf (sitio consultado el 31 de julio de 2012).
(2) Agencia Venezolana de Noticias, «Venezuela rechaza el fallo de CIDH a favor del terrorista Díaz Peña», 24 de julio de 2012.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) Agence France-Presse, «Venezuela denunciará a la CIDH ‘en las próximas horas’», 26 de julio de 2012.
(6) Ministerio del Poder Popular para Exteriores, «Comunicado», República Bolivariana de Venezuela, 24 de julio de 2012. http://www.mre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22219:comunicado-oficial-mercosur&catid=3:comunicados&Itemid=108 (sitio consultado el 31 de julio de 2012).
(7) Telesur, «Venezuela afirma tener suficientes pruebas de la doble moral de la CIDH», 2 de mayo de 2012. http://www.telesurtv.net/articulos/2012/05/02/el-canciller-venezolano-nicolas-maduro-dijo-que-cidh-responde-a-intereses-de-eeuu (sitio consultado el 31 de julio de 2012).
(8) Ibid.
(9) Agence France-Presse, «Venezuela denunciará a la CIDH ‘en las próximas horas’», op.cit.
(10) Agence France-Presse, «Chávez dice que ya dio ‘las instrucciones’ para que Venezuela salga de CIDH», 28 de julio de 2012.
(11) EFE, «Insulza confía en que Venezuela no dejo la Corte IDH», 27 de julio de 2012.
(12) Alejandro Montiel, «Doble rasero de CIDH evidenciado con fallo que favorece a terrorista que atentó contra embajadas en Caracas», Prensa Presidencial, República Bolivariana de Venezuela, 26 de julio de 2012.
(13) Agence France-Presse, «EEUU estima que si Venezuela abandona Corte IDH enviará mensaje ‘lamentable’», 25 de julio de 2012.

[Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade. Contacto: lamranisalim@yahoo.fr - Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel
Fuente: Opera Mundi].

América Latina: Informe conjunto señala que la pobreza en el campo continúa siendo un problema de la región

Natasha Pitts

Periodista de Adital

Adital

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) lanzaron la segunda parte del informe "Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina: un análisis comparado”, iniciado en 2010. El documento expone por qué, a pesar del crecimiento económico de la región en los últimos años, la pobreza rural persiste en el continente.

El estudio abarca, en total, 12 países. En la primera parte fueron estudiados Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador y Perú y en la segunda, Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay. El análisis de los países generó estudios de caso.

El informe recuerda que en la última mitad de esta década América Latina conoció un importante crecimiento económico. Sin embargo, los cambios esperados no se produjeron. De 1980 a 2010 la pobreza entre la población rural disminuyó sólo del 60% al 53%, a pesar del crecimiento de las agroexportaciones y del auge agrícola.

A pesar de esta caída de siete puntos porcentuales en los índices de pobreza rural hasta 2008, el motivo no fue el auge agrícola, sino un aumento en el número de ocupados por hogar y de los subsidios distribuidos por políticas sociales de varios países. Los rendimientos fruto del trabajo, salvo algunas excepciones, en realidad disminuyeron.

El hecho fue que el crecimiento de la agricultura se concentró en pocos productos, quedó restringido a algunas regiones y se concentró en un pequeño número de empresas. En otras palabras, el agronegocio podría ser responsable de esto.

Entre otros factores que explican esta situación se señalan la informalidad en el mercado y la precariedad en los empleos, en la cual se incluyen problemas como ausencia o incumplimiento del salario mínimo, de la protección social, sindicalización y de las formas correctas de contratación de mano de obra. Además, evalúan que el funcionamiento actual del mercado de trabajo no está distribuyendo los beneficios del crecimiento, sobre todo entre las personas que viven y trabajan en áreas rurales.

Problemas estructurales como trabajo infantil y discriminación contra las mujeres también contribuyen a la multiplicación de la pobreza de los trabajadores rurales. En el caso de las mujeres, ellas representan el 20% de la fuerza laboral agrícola en América Latina y el Caribe y desempeñan una función importante en la seguridad alimentaria, pero aún así sufren discriminación en el mercado de trabajo, con bajos salarios y malas condiciones de trabajo, y no tienen acceso igualitario a recursos.

Menos de la mitad de los pobres de las áreas rurales llega a tener acceso a mercados formales de trabajo. Dependiendo del país, la cifra puede ser todavía más baja (2%).

Para combatir este problema y, consecuentemente, reducir la pobreza, el informe conjunto recomienda que los países refuercen la institucionalidad y las políticas públicas de manera de contribuir con el mejor funcionamiento del mercado de trabajo rural y que el empleo sea un camino efectivo para la reducción de la pobreza.

En relación con las políticas, sugieren que uno de los caminos sea el cumplimiento de los salarios mínimos, la formalización del empleo, la aplicación de capacitaciones para los y las trabajadoras rurales, el incentivo a las instancias de diálogo, formación sobre los derechos de los trabajadores, erradicación del trabajo infantil, promoción del empleo femenino, certificación de trabajo, entre otras.

Conozca el informe completo: parte I y parte II.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

Honduras: Campesinos/as son detenidos y agredidos durante manifestación pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia

Natasha Pitts

Periodista de Adital

Adital

La lucha por la posesión de tierras continúa movilizando a campesinos y campesinas en el Bajo Aguán, departamento de Colon (Honduras), y provocando reacciones violentas por parte de grandes propietarios de tierra y del régimen represor. Ayer (21), cuando estaban reunidos frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cerca de 350 niños, mujeres, ancianos y campesinos fueron atacados por fuerzas militares.

El desalojo violento ocurrió a base de tiros y bombas de gases lacrimógenos. El resultado fue 28 campesinos detenidos, entre los cuales hay dos mujeres, un menor de edad y tres personas que tuvieron que ser llevadas con urgencia al hospital.

La intención del campamento frente a la CSJ era pedir juicios imparciales en los casos que involucran a los miembros del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (Muca), además de la liberación de campesinos/as que fueron detenidos a causa de su lucha por la tierra. Otra demanda es la suspensión inmediata de los procesos iniciados en los Tribunales de Justicia contra campesinos hondureños.

El lunes, campesinos que esperaban en la puerta de la CSJ ya habían sufrido agresiones cuando aguardaban el momento en que una comisión de organizaciones campesinas se reuniría con jueces de la sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Además de los golpes físicos, los manifestantes fueron sorprendidos con la información de que no serían más recibidos por el presidente de la CSJ. Según informaciones del Muca, la reunión fue cancelada porque asesores del empresario Miguel Facusse y de René Morales ya habían acordado con el presidente un posicionamiento a favor de los propietarios de tierra.

El Muca responsabiliza al gobierno de Porfirio ‘Pepe’ Lobo, al poder judicial y al poder legislativo por los últimos acontecimientos y denuncia a los organismos nacionales e internacionales las violaciones a los derechos humanos ue los/las campesinos/as hondureños sufren día tras día.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh) también se solidariza con los/las campesinos/as y repudia los actos violentos de las fuerzas militares, policiales y paramilitares. El Consejo también critica el fortalecimiento de la política de criminalización del movimiento campesino del Aguán.

Además de los ataques a los que reivindican la posesión de tierras para vivir y trabajar, el Copinh también denuncia y muestra su preocupación por las amenazas y atentados dirigidos a Donny Reyes, dirigente LGTBI, coordinador de la Asociación Arcoiris.

Los integrantes del Movimiento Amplio por Dignidad y Justicia (MADJ), que lucha contra la corrupción y en defensa de los bienes naturales comunes, también están siendo blancos de amenazas constantes, comprobando que los/las activistas/as y defensores de derechos humanos en Honduras continúan siendo perseguidos y teniendo su trabajo social obstruido.

Desde 2010, cuando Porfirio Lobo asumió la presidencia de Honduras después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, cerca de 70 campesinos de organizaciones del Bajo Aguán y personas vinculadas con la lucha por la tierra perdieron la vida. Otros aún hoy sufren persecuciones, amenazas, intimidaciones y acciones violentas orquestadas por las fuerzas de seguridad y por funcionarios de grandes propietarios de tierra.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

Perú: Contundente rechazo a proyecto minero: 78% de cajamarquinos dice Conga no va

- Newmont admite que actualmente no hay condiciones para ejecutar el proyecto Conga.

Servindi, 22 de agosto, 2012.- Cuatro de cada cinco cajamarquinos se oponen al proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha. Así lo revela una reciente encuesta de Ipsos-Apoyo realizada en la provincia de Cajamarca entre el 3 y 9 de agosto.

Según el estudio el 78% de esta población se manifiesta en contra de la ejecución del proyecto mientras solo un 15% se expresa a favor -con una oposición en el área rural que sube a 83%- y un 7% que no precisa.

De la población encuestada que rechaza el proyecto, el 34% afirma que se opone a Conga porque contamina y destruye el medio ambiente, el 23% porque contamina el agua, el 22% porque no habrá agua en el futuro y el 8% porque contaminará y destruirá las lagunas y manantiales.

Del total que se muestra a favor, el 67% señala que el proyecto minero a cargo de Minera Yanacocha generará más trabajo, el 24% sostiene que traerá desarrollo y el 17% que los beneficiará con el canon minero.

En otro punto de la encuesta se muestra que un 36% de cajamarquinos que rechazan el proyecto dejan abierta la posibilidad de cambiar de opinión mientras que un 42% de los encuestados que dijo estar en contra afirmó que no piensa cambiar su posición.

Como se sabe el proyecto minero Conga contempla la afectación de numerosas fuentes de agua específicamente en las provincias cajamarquinas de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc – Bambabarca.

El sondeo fue presentado ayer a un grupo de empresarios durante la cita anual del Servicio de Asesoría Empresarial de Apoyo Consultoría.

Newmont admite que no hay condiciones

Por su parte Richard O’ Brien, director ejecutivo de Newmont Mining Corp, empresa que tiene un 51,35% de Minera Yanacocha, reconoció en una entrevista a un medio extranjero publicada el pasado viernes, que es necesario hacer cambios significativos para que Conga sea viable.

“Ahora mismo no vemos ese entorno en Conga. Se necesita hacer cambios significativos para que eso suceda”, afirmó tras sostener que el trabajo que se tiene que realizar en adelante debe ser en pro de conseguir el apoyo mayoritario de la población.

A propósito de la masacre en Sudáfrica: Neocolonialismos y despotismos políticos

alfredo seguel

El colonialismo occidental ha sido un monstruoso movimiento que consistió en formas de sometimiento, destrucción, genocidios, negación de derechos a diversos pueblos y naciones, principalmente a causa de razones económicas y políticas.

Algunos imperios coloniales han sido España, Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica y más en el presente, Estados Unidos, quienes han invadido diversos países en continentes de América, Africa y Oriente y parte de sus consecuencias a las poblaciones locales ha sido el empobrecimiento, el reduccionamiento, el despojo, el desplazamiento, entre otras fatalidades.

Recientemente se conoció una noticia proveniente de Sudáfrica sobre la masacre de unos 36 mineros que pedían justas salariales, hecho considerada como la más sangrienta desde que concluyó el apartheid. Ver: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=6775

Sin embargo el tema es aún más de fondo, ya que los conflictos en Países de Africa post colonialismo siguen latentes y al igual que en América, por ejemplo, las transnacionales, en su mayoría con grupos económicos de origen de países colonialistas, explotan recursos minerales y petroleros, causando graves impactos en los territorios y poblaciones, con verdaderos saqueos y con sistemáticos hechos de violencia.

En atención a los lamentables hechos de sangre que se han vivido en el País de Sudáfrica, quisiéramos compartir este artículo que refleja en buena parte lo que está pasando en el sur de este continente y que se denomina “La extracción minera en el sur de África: entre neocolonialismos y despotismos políticos”

www.mapuexpress.net

La extracción minera en el sur de África: entre neocolonialismos y despotismos políticos

La presencia de la industria minera en el sur de África experimenta un nuevo ciclo de expansión asociado a la implementación de un “paradigmático” panorama legislativo que fomenta el arraigo de la minería transnacional, el desarrollo de la explotación minera a cielo abierto orquestado por el actuar neocolonialista de conglomerados económicos tanto locales -AngloGold Ashanti, Sudáfrica- como sudamericanos –Vale, Brasil-, cuales entran en colusión con sistemas políticos despóticos y profundamente corruptos. La mercantilización de los territorios implica, una vez más, la devastación medio ambiental –y la subsecuente contaminación del recurso hídrico en una de las áreas más secas del planeta-, el desplazamiento forzado de miles de personas e impunes aberraciones hacia los derechos humanos.

Es ahora, cuando la solidaridad sur-sur tendiente a levantar resistencias y confluir en defensas comunes debe encaminarse con paso firme, contundente y emancipado pero con carácter de urgencia.

POR MARIA JOSÉ ARAYA M.

Sudáfrica y los azotes mineros

La historia del territorio sudafricano ha estado signada por el desenfrenado deambular de las acciones colonizadoras, uno de cuyos principales motores ha sido la expoliación de los recursos mineros ligados a capitales británicos y holandeses. En 1653 se dio el primer asentamiento colonial a manos de los holandeses, quienes establecieron en “Cape Town” una filial de la “Dutch East India Company” abocada a controlar el comercio de especies y materias primas entre Asia y Europa, dando inicio a una economía esclavista fundamentada en el sometimiento de las tribus nómades San y Khoikhoi.

Durante el siglo diecinueve, en 1865 el descubrimiento en “Kimberley” (zona centro) del primer yacimiento de diamantes en el continente desencadenó una ola extractivista liderada por los intereses británicos, que entraron en confrontación con los intereses de los descendientes holandeses arraigados en el territorio y llamados “Afrikáners”. A ello se sumó en 1886, el descubrimiento de enormes reservas de oro en “Witwatersrand” en el área cercana a Johannesburgo, marcando inefablemente el devenir económico y demográfico del territorio.

La explotación minera posibilitó el arraigo del capitalismo como modo de producción dominante en tierras sudafricanas. Al igual que en la experiencia latinoamericana, la expansión del patrón de dominación colonial implicó la expoliación de los recursos naturales, particularmente metalúrgicos, y la dominación de las poblaciones locales a través de una rígida división social del trabajo.

La población negra, que migró en masa a emplearse a los yacimientos mineros bajo paupérrimas condiciones laborales y sanitarias, fue objeto de las primeras iniciativas gubernamentales de segregación que años más tarde se institucionalizaron a través del sistema del Apartheid (1948). Las leyes de clasificación racial reglamentaron todas las esferas de la vida pública y privada, sentenciando a la fuerza laboral negra a residir en barrios marginales sin derechos civiles ni políticos. Las regulaciones coloniales que sustentaron esta geografía social facilitaron la apropiación territorial de los conglomerados mineros consolidando el perfil extractivo-exportador del país.

Nuevos arreglos para engrasar la expoliación

El fin del régimen del Apartheid en 1990, no solo implicó la conformación de un nuevo sistema político caracterizado por el reconocimiento hacia la diversidad cultural y la prohibición de todo tipo de discriminaciones raciales, sino que también dio paso al desarrollo de nuevos marcos normativos asociados a la tenencia y uso de los recursos naturales -hasta entonces de usufructo exclusivo de las elites blancas-, cuales pasan a ser propiedad del naciente Estado multiétnico.

Desde la retórica, la nueva constitución (1996) de carácter garantista y pluralista así como las reformas legislativas llevadas a cabo desde los años noventa se presentaron como iniciativas que permitirían abolir las diferenciaciones raciales, cambiar las legislaciones coloniales y asegurar un acceso equitativo de toda la población hacia los recursos naturales. No obstante, éstas no hicieron más que modelar el campo legislativo para ajustarlo a las prescripciones neoliberales. El nuevo capital transnacional corporativo encuentra así, privilegiadas condiciones para asentarse en uno de los territorios con mayor potencial minero del planeta (Sudáfrica posee el 80% de las reservas mundiales de platino).

Este nuevo ciclo en el que se inserta la minería transnacional en el país, se caracteriza por una neocolonización de las empresas extractivistas como actores protagonistas del “mal desarrollo”, con referentes de carácter local como la “AngloGold Ashanti” o de carácter translatino como la “VALE” (Brasil), que representan a los nuevos conglomerados provenientes de los países “emergentes” del capitalismo internacional. El impulso extractivista que lideran, asume características productivas específicas vinculadas a nuevas modalidades técnicas como la intensificación de la explotación minera a “tajo abierto”, el uso extensivo de químicos altamente contaminantes, la absorción ilimitada del recurso hídrico a través de ciclos de explotación prolongados en el tiempo que se conjugan con arreglos financieros, gigantescas inversiones y procesos de concentración del capital minero.

A su vez, la apropiación de los territorios sudafricanos por parte de los agentes transnacionales se ha visto facilitada por el legado colonial que aún estructura el sistema de tenencia de la tierra, que ha implicado procesos de expropiación territorial para las poblaciones negras, el confinamiento de las diferentes etnias tribales en áreas específicas y la delimitación de fronteras imaginarias que negaron todo tipo de derechos consuetudinarios. Hoy en día, mientras la clase política debate en torno a la “nacionalización” de los recursos naturales, las comunidades locales demandan el reconocimiento de sus identidades étnicas y la restitución de sus territorios ancestrales ocupados por las nuevas gigantes mineras.

Bafokeng: el reinado del platino

El área de Bafokeng ubicada en la Provincia de Rustemburg (centro-norte del país), resulta emblemática en términos de conflictos entre las industrias extractivas y los reclamos por la tenencia de la tierra por parte de las comunidades locales. Si bien la zona ha sido históricamente territorio de naturaleza multiétnica, como consecuencia del segregacionismo territorial y las leyes de discriminación racial de principios del siglo XIX, las poblaciones locales quedaron confinadas bajo la administración del ficticio reino de la “Nación Bafokeng”, lideres étnicos funcionales creados y reconocidos por las autoridades coloniales para facilitar el control sobre el territorio.

El reinado de la “Nación Bafokeng”, intentó homogeneizar a la diversidad cultural bajo su mandato instalando como mecanismo de control un sistema político de carácter monárquico y despótico, conducido por una elite local cuyo accionar se estructuró en concordancia con los intereses colonialistas. Hacia los años 60, en la zona se descubrieron enormes reservas de platino, emplazándose entonces con la venia del “reinado” diversas empresas que comenzaron a redituar a los Bafokeng exuberantes ingresos, siendo hoy en día el grupo étnico más rico y poderoso de Sudáfrica.

Las dinámicas absolutistas instaladas por esta monarquía y avaladas por el Estado han puesto en jaque los principios constitucionales del país. A su vez, se enmarcan en un proceso político histórico más amplio, cual ha perseguido la erosión del rol de las autoridades tradicionales, desvinculándolas de los colectivos para operativizar su actuar en el contexto del acaparamiento económico, desvirtuando la esencia misma del sistema consuetudinario.

Sin el reconocimiento de sus derechos ancestrales a la tierra, empobrecidas y subyugadas por la violencia de los Bafokeng, las tribus locales han experimentado la inconsulta instalación en sus territorios de numerosas transnacionales tales como Xstrata, Anglo Platinum, Impala, Bafokeng Rasimon Platinum, Aquarius Platinum además de la local Royal Bafokeng Platinum entre otras.

El desenfrenado uso de estas tierras para fines extractivistas ha tenido como efecto la aniquilación de las actividades agrícolas y de pastoreo de cientos de familias, la pérdida de las prácticas y vivencias tradicionales además de una escalonada degradación ambiental reflejada en la contaminación de las aguas y el aire, conllevando al surgimiento de nuevas enfermedades tales como asma, tuberculosis y sinusitis. Los años de operaciones mineras han generado también la resquebrajadura de casas producto de las constantes tronaduras y la contaminación de los terrenos superficiales a raíz de cientos de pasivos ambientales no rehabilitados.

Sin embargo, hoy en día las diversas comunidades locales que desconocen a los Bafokeng como sus autoridades tradicionales y que reclaman un origen étnico diferente, se han encaminado en una agitada disputa legal para lograr el reconocimiento de sus derechos a la tierra. Asimismo, la proliferación de diversas movilizaciones en la zona durante el último mes de Febrero 2012, ha buscado denunciar la disconformidad de la población local frente al saqueo irrestricto de las empresas mineras en la zona. La población sudafricana se reacondiciona después de decenas de años de injusticia institucional, se reconstruye y clama cada día con menos miedo que los territorios tribales requieren restitución inmediata.

Zimbabue: transparente corrupción

Hacia fines del siglo XIX, la ocupación colonial del territorio de Zimbabue se inicia bajo el liderazgo de Cecil Rhodes, fundador de la empresa minera De Beers, pionera de la extracción diamantífera en Sudáfrica. Las tierras ancestrales de las tribus Shonas y Ndebele son entonces objeto de la dominación blanca, que apetitosa usufructúa de las riquezas naturales, y logra hacer de esta zona el “granero de África”, abasteciendo alimenticiamente a gran parte del sur del continente.

En 1980, tras una sangrienta lucha guerrillera la ex “Rodesia del Sur” logra su independencia, es el fin del gobierno de los ingleses y el país se abre paso a un nuevo período de vida política a manos del partido nacionalista “Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico” ZANU-PF liderado por Robert Mugabe. Si bien en sus inicios el ZANU-PF persiguió ideales socialistas, transcurridos algunos años el gobierno de Mugabe configuró una dictadura partidista de inusitado despotismo y efervescente corrupción, conllevando a un crítico panorama económico y al desfalco del país hacia el año 2005. Complementariamente, los zimbabuenses fueron objeto de la privación de sus libertades políticas y civiles, sufriendo períodos de represión y múltiples violaciones a sus derechos humanos que solo han mermado desde el año 2008 con la implantación de un gobierno de coalición integrado por el ZANU-PF y el partido de oposición “Movimiento por el Cambio Democrático”.

Este contexto ha favorecido el desarrollo de una serie de industrias extractivas en el país que operan bajo el alero de los intereses de la elite política local, conducida por una falta de transparencia en la rendición de cuentas asociadas al sector extractivo, una forzosa política de desplazamiento hacia las comunidades locales asentadas en las áreas con recursos mineros y el acaparamiento de tierras a manos del Estado.

Marange y los “diamantes de sangre”

El área de Marange, en el distrito de Mutare, Provincia de Manicaland (sur este del país) resulta una de las zonas de mayor conflictividad minera producto de la valiosa reserva diamantífera que contiene, lo cual ha suscitado la ambición de diversas corporaciones transnacionales, una violenta ola de minería ilegal, la ocupación militar además del desplazamiento forzoso a manos del Estado de cientos de familias.

Desde los años 60, estudios de prospección en la zona a cargo de la compañía De Beers, vislumbraron la enorme riqueza en el lugar de estas “piedras preciosas” símbolos de lujuria y poder. Sin embargo, no fue sino hasta mediados de la década de los 90 que la compañía inició de forma secreta operaciones en la zona. Al respeto, el gobierno de Zimbabue nunca fue informado acerca de las características geológicas del área, especulándose hasta el día de hoy que los yacimientos de Marange pueden llegar a contener el 25 % de las reservas mundiales diamantíferas.

En tanto, como medida populista tendiente a incentivar la adhesión política hacia el cuestionado Robert Mugabe, el gobierno promovió hacia el año 2007 la masiva extracción del recurso alentando a los zimbabuenses a beneficiarse de este bien público. Ello generó una desenfrenada migración de mineros artesanales al lugar, la violenta competencia por la extracción del recurso, la proliferación del tráfico ilegal así como la distorsión de las relaciones sociales dado el incremento de los niveles de alcoholismo, drogadicción y prostitución, asociados a su vez a la expansión del VIH.

A fin de revertir esta crítica situación, la zona es militarizada a mediados del 2008 conllevando a la persecución de los mineros artesanales, abusos desenfrenados hacia los derechos humanos de la población local y el uso desmedido de la fuerza para controlar el acceso, ingreso y movimiento al lugar que es declarado zona restringida a través de la Ley de Lugares y Áreas Protegidas. Dicho panorama conllevó a la muerte de más de 200 personas y cientos de desaparecidos, tiñiendo de sangre la historia de este territorio apropiado por 5 diferentes empresas extractivas de capitales extranjeros y gubernamentales, cuyos directorios están integrados por altos funcionarios de las fuerzas militares y la clase política nacional.

Al respecto, las comunidades locales no solo han debido experimentar las múltiples violaciones a sus derechos y libertades sino que además han sido objeto de desplazamientos inconsultos, contándose hasta la fecha con más de 500 familias reubicadas en zonas no aptas para la agricultura y el pastoreo, antaño su principal fuente de subsistencia. Esta vulnerabilidad que experimentan miles de campesinos se vincula directamente con el sistema de tenencia de la tierra en el país, estructurado en base a: la propiedad estatal, la propiedad privada (sólo en zonas urbanas) y las tierras comunales que en esencia no implican la posesión sobre la tierra para las comunidades locales confiriéndoles el Estado solo derechos al uso y acceso al territorio. Esta situación expone a las comunidades locales a ser aleatoriamente desplazadas de los territorios que habitan, sin garantías para que se reconozcan sus derechos consuetudinarios sobre el territorio y menos la posibilidad de contar con un proceso de consulta orientado hacia el consentimiento.

Hilar la solidaridad Sur-Sur

Las dramáticas características políticas, económicas, sociales y ambientales que asume la experiencia extractiva en el sur de África, se replican en diversas zonas del continente negro. Aprender de estos contextos, conocer las similitudes pero también las diferencias que dichas dinámicas presentan en relación a las realidades latinoamericanas, se torna una vehemente necesidad a fin de configurar redes transnacionales de resistencia que puedan dar respuestas articuladas frente a la industrialización en desmedro de las poblaciones locales.

Mientras los consorcios mineros e industriales, ya sea en África o América Latina, replican sus maniobras de apropiación neocolonialistas apoyadas por las inescrupulosas elites políticas, las resistencias locales pueden encontrar a su vez amplias posibilidades de incidencia en el marco del intercambio y la vinculación con movimientos por la defensa territorial en ambos continentes.

Como territorios estampados por la expoliación colonialista, urge que comencemos a caminar de forma dialógica, compartiendo los avatares de un impuesto modelo extractivo, reconociendo nuestras diferencias para marcar con paso firme y decidido la solidaridad sur-sur como estrategia de colaboración en la defensa territorial.

DESDE CELENDÍN Vilma Rodríguez Chihuán

" Frente a la Plaza de Armas de Celendín-Cajamarca.

Buenos días ya iniciados, por cierto a todos/as. Una hermosa vista panorámica a pesar de estar en estado de emergencia en Cajamarca, Bambamarca y esta hermosa Celendín luchadora; y claro tener a los "VERDES" aquí llamados "PERROS" en cada una de las cuatro esquinas de plaza de armas., y alos MILICOS dando vuelta por los mercados y callecitas más internas.

Próximos/as a retomar las acciones pacíficas desde las calles, cielos y desde Radio Celenddín en este 2do día de paro regional en protesta del estado de mergencia y en la lucha por la vida -agua" y paz.

Ayer tarde se vio un incendio en un cerro aledaño en buenas proporciones de territorio, lo cual fue inmediatamente reportado a través de la radio Celendín para desilnar responsabilidades de parte de la población en pie de lucha, se proyectó suposiciones que sería incluso un acto provocado como para poder culpar a quienes desarrollan acciones contra el proyecto Conga, a propósito de esto, se analizó de inmediato en cabina abierta desde los enfoques diversos de ronderos, campesinos, periodistas, counicadores respecto a que podria ser ser un hecho por los mismso campesinos que como sabemos tienen como práctica ancestral el quemar ciertas áreas de terreno para evocar a la lluvia.

Ayer noche se elevaron algunos globos aerostáticos desde lo alto del Cerro de San Isidro donde se tiene una hermosa y panorámica vista de la ciudad de celendín; y las callecitas desde las 20.hrs encendieron al pie de sus casas y alo largo de todas las calles sus velas en señal de resitencia paciifica.

Tenemos problemas d señal de internet se cae la señal de red no solo en mi combativa portátil y y mi "Claro" sino en estas cabinas de ciber!! Así que pronto subiremos entrevistas e imagenes de lo que voy comentando.

Quiero agradecer a los/as compañeros/as Milton Sánchez, Jenny Cojal, Keyth Calla, William Perez, Luis Chavez, y muchos/as más quienes acompañan mi presencia y seguridad en esta tierra hermana shilica y me permiten sumarme a la lucha desde este pueblo resiliente.

NO A LAS TRANSNACIONALES! FUERA YANACOCHA!
CONGA NO VA! NI AHORA NI NUCA CARAJO!

Danilo
Textos y webs
http://www.inventandopolvora.org/assisclimaco;
Género y anticolonialismo

Perú: Inician paro de 48 horas en Cajamarca con fuerte resguardo policial

Los cajamarquinos exigen el retiro de la empresa minera de Yanacocha (Foto: larevista.aqpsoluciones.com)

El jefe del Frente Policial de Cajamarca, general Orlando del Águila, dijo que la policía ha previsto garantizar la tranquilidad en puntos críticos, como los lugares de concentración de manifestantes

La población de Cajamarca (norte) inició este martes un paro de 48 horas, convocado por el Comando Unitario de Lucha, con un fuerte resguardo policial, para exigir el retiro de la empresa minera de Yanacocha, la declaración del proyecto de Conga como no viable y el levantamiento de estado de emergencia.

El jefe del Frente Policial de Cajamarca, general Orlando del Águila, dijo que la policía ha previsto garantizar la tranquilidad en puntos críticos, como los lugares de concentración de huelguistas.

“Allí estará la policía uniformada, acompañada por un representante del Ministerio Público”, indicó.

Del Águila no específico el número de oficiales que se encuentran actualmente en Cajamarca, no obstante, manifestó que tienen un contingente que ha llegado de otras unidades, aunque no precisamente para esta protesta. También instó a los dirigentes a evitar enfrentamientos y aclaró que si sucede lo contrario ellos serán los responsables.

Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de los intereses de Cajamarca, Ydelso Hernández, aseguró que las mayores huelgas se llevarán a cabo en los distritos de Hualgayoc, San Marcos, Chota, Cutervo y también en Jaén.

Con respecto a la obediencia de la medida de irregularidad en Bambamarca, el presidente del Frente de Defensa, Edy Benavides, dijo que no obligará a cerrar las puertas del distrito.

Al mismo tiempo, el presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina, Milton Sánchez, que tiene la misma restricción de Bambamarca, informó que no habrá actos de masas, pero sí embanderamiento de casas, cacerolazos y lámparas.

El presidente regional de Cajamarca, anunció este lunes que las protestas no van a parar si Yanacocha no paraliza sus actividades.

“Nunca hubo un mínimo gesto de diálogo ni de respuesta por parte del Gobierno ni de la empresa por lo que existe una confrontación con Yanacocha por sus 19 años de maltrato y abuso en Cajamarca”, afirmó.

Este lunes, Santos inició una campaña a través de su cuenta Twitter y Facebook para recolectar más de dos millones de firmas para el referéndum por la nueva constitución.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) también anunció un paro de dos días a partir de este miércoles. Los profesores tienen previsto salir desde la Casa del Maestro y sentarse en las calles para formar un cordón que llegará hasta la Plaza de Armas de la capital regional.

teleSUR-larepublica.pe-peru.com-peru21.pe-rpp.com.pe/yp-YIB

Reino Unido: lo último que se pierde es la arrogancia

SERPAL

Servicio de Prensa Aleternativ

Adital

Por Carlos Iaquinandi Castro
Redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa

"La raza británica es la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido y
no puede cumplir su misión, que es crear el progreso de la cultura humana
si no es merced a la expansión de la dominación inglesa".
(Joseph Chamberlain, Ministro de Colonias de Gran Bretaña con la Reina Victoria, a fines del siglo XIX)

"En un mundo de falsedad universal decir la verdad es un acto revolucionario”. (George Orwell)

Los poderosos suelen tener pocas contemplaciones con aquellos que les desafían y más aún, con quienes les ponen en evidencia al probar que sus imperios están construidos en base a la mentira, a la violencia y a la conquista. Este es el contexto que rodea lo que algunos llaman "Caso Assange”.

El gobierno de Estados Unidos sufrió un duro golpe en abril de 2010, cuando WikiLeaks, una organización periodística sin fin de lucro fundada cuatro años antes por el australiano Julián Assange, difundió públicamente un video que mostraba como militares norteamericanos asesinaban en Afganistán a un reportero de la agencia Reuters y a diez personas más cuando intentaban recuperar cuerpos de muertos y heridos. A partir de ese documento que fue difundido por numerosos medios y estuvo disponible en la red informática, se multiplicaron las consultas a su página (http://www.wikileaks.ch/wiki/Wikileaks). Periódicamente, varios diarios internacionales recibieron otros materiales considerados secretos o confidenciales con comprometedoras acciones de distintos gobiernos, pero en particular el de Estados Unidos.

Julián Assange, "objetivo a batir”

El gobierno norteamericano advirtió que el pilar de WikiLeaks era su creador, el programador informático y periodista Julián Assange, y por tanto, lo convirtió en blanco de sus críticas, denuncias y seguimientos. Assange aseguró que WikiLeaks no cedía a presiones ni retiraba los contenidos publicados en sus páginas de internet. Meses más tarde fue detenido en el Reino Unido por una petición de Suecia que le consideraba sospechoso de un delito de acoso sexual. Assange permaneció bajo arresto en una casa rural inglesa luchando contra la orden de extradición. En mayo pasado, la Corte Suprema del R.Unido ordenó que se ejecutara su entrega a Suecia. Assange denunció que en realidad, la causa en Suecia no tenía fundamento real, que sus vínculos sexuales habían sido relaciones consentidas, y que tras esa medida estaba la intención de entregarlo a los Estados Unidos. Allí – precisó - podría ser juzgado por tribunales militares y recibir "cadena perpetua” o inclusive se le podría aplicar la pena de muerte porque en EE.UU. consideran que reveló secretos "que afectan a la seguridad nacional”.

Pide asilo en la embajada ecuatoriana

El 16 de junio pasado, Assange se refugia en la Embajada de Ecuador en Londres y solicita formalmente asilo. El gobierno ecuatoriano analiza las circunstancias y los fundamentos del pedido y finalmente el canciller Ricardo Patiño anuncia el jueves 16 que su país decide concederle asilo en base a los convenios internacionales y enumera argumentos legales y éticos que justifican la decisión. Entre otros, considera "que en el caso de darse una extradición a los EE.UU. el Sr. Assange no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares” e incluso que se le podría aplicar la pena de muerte.

El "tic” de la vieja arrogancia imperial

Horas más tarde, el presidente Rafael Correa rechazaba los términos de una nota del Reino Unido donde amenazaba al gobierno ecuatoriano con entrar en la embajada de ese país en Londres para detener a J. Assange. Ecuador considera que implicaría transgredir normas del derecho internacional. Sería una violación flagrante del art. 22 de la Convención de Viena así como del art. 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, así como un atropello de la soberanía ecuatoriana.

Una reunión urgente de la OEA decide aprobar una propuesta de Ecuador para convocar a los cancilleres a fin de tratar la "inviolabilidad de los locales diplomáticos del Ecuador en el Reino Unido”. La reunión será el próximo viernes 24. Votaron a favor 23 países, entre ellos los sudamericanos, México, América Central y del Caribe, con excepción de Panamá, Honduras, Barbados, Jamaica y Bahamas que se abstuvieron. En contra, EE.UU, Canadá y Trinidad Tobago. Un resultado que hace obvio cualquier comentario.

La Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), cerró filas el sábado con el gobierno ecuatoriano, frente a las "amenazas intimidatorias” del Reino Unido de irrumpir en su embajada en Londres. El canciller Ricardo Patiño afirmó que "la lucha por un mundo mejor va de la mano del respeto por la soberanía y (nosotros) no somos colonia de nadie”. Añadió que la soberanía de un pueblo no se vende ni se discute. Insinuó que si es necesario su país llegará a la Corte Internacional de Justicia; "es el espacio en el que podemos tratar de encontrar una solución”, añadió.

Al parecer el Reino Unido basó su amenaza de penetrar en territorio ecuatoriano ( así interpretan los convenios internacionales los espacios físicos de una legación diplomática) en una Ley británica de 1987 que permite revocar el status diplomático de una embajada. Lo cierto es que una decisión unilateral no puede pasar por encima de convenciones y acuerdos internacionales que protegen recintos diplomáticos previamente reconocidos. Expertos internacionales han sostenido además el derecho que tienen los perseguidos políticos, y "quien determina si se trata de un delito común o político es el Estado que otorga el asilo”, en este caso Ecuador.

Donald Rothwell, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Nacional de Australia, citado por la BBC afirma que entrar en la legación diplomática, sería una violación del derecho internacional, porque el Reino Unido reconoce la legitimidad de la embajada, y por tanto de su inmunidad. Añadió el catedrático: "esta aparente amenaza del Reino Unido es extraordinaria. No me extraña que el ministro de RR.EE. de Ecuador haya respondido como lo hizo”.

¿Se acuerdan de Pinochet?

La preocupación de la cancillería del Reino Unido por atender el pedido de extradición de la justicia sueca por ser Assange sospechoso de un delito de "acoso sexual” en ese país, contrasta con las maniobras dilatorias que empleó en 1998 cuando el Juez Garzón solicitó la detención y extradición del ex dictador Augusto Pinochet durante su visita a Londres. En este caso era para procesarlo en la causa abierta en España contra el general chileno por delitos de lesa humanidad. En aquel entonces, y tras más de un año de artimañas jurídicas, el gobierno británico terminó revocando la orden de extradición, permitiendo que el ex dictador chileno volviera a su país. Se basó en "razones de salud” y en el compromiso del gobierno chileno de juzgarlo en su país. Pinochet vivió en impunidad seis años más –murió a los 91 años– y nunca fue juzgado y condenado por sus crímenes.

Doble moral

Es evidente que la "urgencia” y el empeño británico por conceder la extradición del creador de WikiLeaks a Suecia, responde al interés de los EE.UU. de neutralizar y si es posible "castigar de modo ejemplar” a Julián Assange. Pero aunque sea su deseo, el gobierno norteamericano actúa con cautela.

Su retórica por los derechos humanos guarda tanta distancia con la realidad de sus acciones, que le resulta más conveniente ser discreto. Su país, además de las transgresiones a los derechos de los pueblos, decenas de invasiones y ocupaciones territoriales desde hace más de un siglo, tiene cientos de pedidos de extradición no ejecutados y refugia a miles de sicarios, asesinos, terroristas, e incluso ex gobernantes acusados de gravísimos delitos.

Como latinoamericano voy a hacer un pequeño ejercicio de memoria: denegaron la extradición y concedieron "asilo” a Gonzalo Sánchez de Losada, ex presidente boliviano que huyó de su país luego de ordenar una represión contra su pueblo que dejó decenas de muertos y centenares de heridos. También en EE.UU. se refugia el oficial de la Armada Argentina Roberto Bravo, responsable de la masacre del penal de Trelew, donde fueron fusilados 16 jóvenes desarmados.

También Luis Posada Carriles, cubano que se asiló en la embajada norteamericana en Sierra Leona cuando le sorprendieron en una operación de tráfico de armas. Está imputado por el atentado contra un avión de cubana de aviación en 1976 que provocó decenas de muertos y otros hechos criminales en la isla caribeña.

O Jamil Mahuad, ex mandatario ecuatoriano, responsable de la muerte de decenas de sus compatriotas. O Carlos Yacamán, que asesinó a Roland Valenzuela, ex ministro del gobierno hondureño de Manuel Zelaya.

O de Michael Townley y otros mercenarios responsables del asesinato con bomba del ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria en el propio territorio norteamericano. O de varios militares salvadoreños responsables de los asesinatos de los jesuitas en los años 80. Y la lista continúa…

Assange: "cesen la caza de brujas”

Finalmente, al cierre de esta crónica, tuvimos conocimiento de la declaración que formuló Julián Assange en la tarde del domingo desde uno de los balcones de la embajada ecuatoriana en Londres. Desde allí, y dirigiéndose a cientos de personas que le respaldan y miembros de la comunidad latinoamericana en la capital británica, agradeció a los cancilleres, a los gobiernos y a los pueblos de América Latina por su defensa del derecho internacional de asilo. Irónicamente, también agradeció a Estados Unidos, Reino Unido y Australia "la fortaleza que me han dado”.

Dio a entender que el miércoles pasado la policía británica penetró en el edificio donde está la embajada ecuatoriana por una puerta de servicio, pero tuvo que desistir por la presencia de sus simpatizantes y de los medios de comunicación, a quienes agradeció haber sido "los ojos del mundo”. El Reino Unido no violó los convenios internacionales "porque el mundo estaba mirando”, afirmó.

Assange pidió a Estados Unidos que renuncie a la persecución de las actividades informativas de WikiLeaks, afirmando: "cesen la caza de brujas”. Se refirió a la libertad de expresión en el mundo e instó a seguir luchando por ella. Aseguró que mientras WikiLeaks se levante ante las amenazas, la libertad de expresión prevalecerá y seguirá creciendo. Recordó varios sucesos ocurridos esta semana contra personas acusadas de haber colaborado con WikiLeaks. Entre ellos mencionó al soldado Bradley Manning, quien el miércoles cumplió 815 días detenido sin juicio ni sentencia, superando ampliamente los plazos legales para estar retenido. Manning está acusado por el gobierno norteamericano de haber filtrado documentos sobre las actividades militares norteamericanas en Irak.

Los derechos de los pueblos

El león británico, aunque algo desdentado, mantiene sus gestos imperiales. Ya no controla los mares como antaño, ni otorga patentes de corsarios a piratas para que roben "para la corona” como en tiempos de su reina Isabel I, en el siglo XVI. Mantiene muchas de sus colonias, pero ha ido perdiendo otras. Lo que no pierde son sus gestos arrogantes, anacrónicos y detestados por muchos de sus propios ciudadanos. Sus gobiernos, conservadores o laboristas, han sido consecuentes en acompañar invasiones, bloqueos, bombardeos u ocupaciones territoriales de otros países en todo el planeta junto a los gobiernos republicanos o demócratas de EE.UU. Hoy, fieles a esa conducta, acosan a alguien que se atrevió a desafiar a los poderosos. Y de paso, menosprecian a un país latinoamericano y amenazan vulnerar su soberanía territorial, la de su legación diplomática en Londres.

Habrá que agradecerles que nos recuerden la importancia de la unidad de los pueblos latinoamericanos. Y también, que valoremos la necesidad de una defensa permanente de los derechos universales a saber lo que hacen los gobiernos a espaldas de sus ciudadanos.

[NdE.: Vea el video - Entrevista al canciller Patiño].

[La Era Chávez] Venezuela: misiones reorganizan servicios públicos y enfrentan a la pobreza (II)

Opera Mundi

Adital

Por Marina Terra
Caracas, 22 de Agosto de 2012

A pesar de reconocer que el programa es eficaz y obtuvo logros, opositores denuncian "manipulación política”

A medida que el coche se aleja del centro de Caracas por la autopista que lleva hacia la ciudad de La Guaira, en cuestión de minutos, el paisaje se transforma. Si antes los edificios y carteles de publicidad eran abundantes, ahora son las construcciones humildes aglomeradas en Catia, área metropolitana de la capital, lo que llama la atención. Justamente en este mar de casas amontonadas unas sobre otras, hechas de material ligero, sobresale un edificio rojo y Blanco, con aspecto y olor a nuevo. "Me mudé hace sólo 15 días”, cuenta Suyin Morales, al abrir la puerta del ascensor. "Bien venidos al A4-03”, dice sonriente, al entrar a su departamento, uno de los 40 de esa construcción hecha con fondos de la Gran Misión Vivienda, programa de viviendas del gobierno de Venezuela lanzado en 2011. Se trata de un espacio de 70 metros cuadrados, divididos en sala, cocina americana, dos habitaciones y un baño. "Todos los muebles fueron entregados por las autoridades”, afirma Suyin, que antes de llegar allá era una persona en situación de calle. "Perdí todo en una inundación, incluso mi casa. Terminé en un albergue con mi marido, hijas y nietos. Éramos ocho en aquel agujero”, recuerda.

Fueron dos largos años hasta que fue llamada por el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Suyin pudo obtener su casa, pero según cálculos del gobierno, hay un déficit habitacional de alrededor de 2,7 millones de viviendas. Son 3.742.226 jefes de hogar inscritos en el registro – un 73,6% necesitan nuevas casas. "Fue la primera vez que un gobierno dio casas a la gente, sin costos. Antes, no se ayudaba a los más pobres”, dice Suyin.

De acuerdo a datos del gobierno, de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y otras organizaciones internacionales, de 1984 a 1995 la población pobre de Venezuela aumentó del 36% al 66% y la cantidad de personas en condición de pobreza extrema se triplicó: de un 11% pasó a un 36%. Además de eso, entre 1981 y 1997, la participación de los pobres en la renta del país disminuyó del 19,1% al 14,7% mientras la de los más ricos subió del 21,8% al 32,8%.

En 1998, el 70% de la población no tenía acceso a servicios de salud o no estaban cubiertas por ningún sistema de otorgamiento de renta. La mayoría de los adolescentes y jóvenes no se encontraba en el sistema educativo. Frente a este panorama, las misiones son creadas en un contexto de profunda crisis social.

Según la magíster en Historia de la UFF (Universidad Federal Fluminense), Mariana Bruce, en su tesis acerca de las misiones, estos programas se estructuran "a partir de la preocupación en combinar reformas sociales con la acción organizada de las clases populares”. Para ella, fue así que "mas allá de un programa asistencial, éste fue pensado como uno de los principales instrumentos responsables por la construcción de un nuevo modelo social y económico”.

Construcción de viviendas en Caracas: gobierno venezolano pretende cubrir El déficit de más de 2,7 millones de viviendas. Foto: Opera Mundi.

Financiadas con dinero público, las misiones surgen en un momento de conflicto político agudo. Con el gobierno aún abalado por el golpe de abril de 2002 y la paralización patronal de diciembre de este mismo año, las transformaciones sociales de impacto tardaban y los venezolanos estaban insatisfechos. Buscando reorganizar y consolidar su base política y electoral, el presidente Hugo Chávez apostó a las misiones.

En una charla con Fidel Castro, el líder venezolano pidió apoyo para su plan. "Le dije: ‘mira, tengo esta idea, atacar por debajo con toda la fuerza’. Y me dijo: ‘Si algo sé yo es de eso, cuenta con todo mi apoyo’. Y empezaron a llegar los médicos por centenares, un puente aéreo, aviones van y aviones vienen”, relató Chávez, en noviembre de 2004.

Las misiones

La misión Barrio Adentro, cuya génesis es mencionada en la conversación entre Chávez y Fidel, se inauguró la era de las misiones en Venezuela. No obstante, la cooperación entre Venezuela y Cuba y el real origen de la misión de salud remonta a 1999, cuando voluntarios cubanos fueron al país en carácter humanitario tras un desastre natural que afectó a diez Estados. Se había sembrado la primera misión.

Al principio, los médicos cubanos se quedaban hospedados en casas de familia. Con el desarrollo del proyecto, fueron construidas al interior de las localidades más necesitadas de Venezuela pequeñas casas, de dos pisos. Allá, los cubanos prestaban servicio de salud primaria, como exámenes y vacunación, con la intención de prevenir el desarrollo de enfermedades y descongestionar los pasillos de los hospitales.

Hasta el 17 de abril de este año, cuando la misión Barrio Adentro completó nueve años, fueron realizadas más de 500 mil consultas médicas gratuitas, según el gobierno. Con la ampliación del programa, más de ocho mil médicos venezolanos se formaron en la UBV (Universidad Bolivariana de Venezuela).

Las misiones obtuvieron resultados significativos también en la Educación. La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declaró a Venezuela como territorio libre del analfabetismo en 2006, tres años después del comienzo de la misión Robinson, programa que enseñó a 1,6 millones de venezolanos a leer y escribir. Esta misión también contó con el apoyo del gobierno cubano, que ofreció profesores, tecnologías y el propio método de alfabetización "Yo sí, puedo”.

La Misión Robinson, programa social del gobierno venezolano que erradico al analfabetismo, fue implementada en julio del 2003. Foto: Gustavo Borges/Opera Mundi

La misión Robinson fue seguida por la misión Robinson II, que pretendía dar continuidad a los estudios, llegando hasta el sexto grado. En 2003 también fue lanzada la misión Ribas, dedicada a los venezolanos secundarios. Por fin, fue construida la misión Sucre, cerrando el ciclo completo con el acceso a la enseñanza superior, culminando en la creación de la UBV.

Más recientes son las misiones Amor Mayor y Hijos de Venezuela – la primera orientada a ancianos y la segunda, de otorgamiento de pensiones a adolescentes embarazadas, hijos menores de 17 años en situación de pobreza y personas con discapacidad, sin límite de edad. El gobierno pretende ayudar a 1.500.543 venezolanos que nunca pudieron pagar los aranceles de la seguridad social al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Según el gobierno, 216.492 ancianos ya fueron beneficiados por la medida, pasando a recibir mensualmente un sueldo mínimo (cerca de 400 dólares). Treinta mil participantes de la segunda misión pasaron a recibir entre 430 (100 dólares) y 600 bolívares (140 dólares) cada mes.

Críticas

El éxito de las misiones es uno de los pilares de la popularidad del presidente Hugo Chávez. En tal medida, que incluso la oposición, antes ferviente crítica de la iniciativa, ahora resalta que las misiones serán mantenidas si ganan las elecciones. No obstante, los opositores rechazan aspectos del programa. "Las misiones deberían ser un compromiso con la transformación social, pero pasaron a ser un instrumento de la revolución chavista, del socialismo”, se queja Leopoldo López, ex intendente de Chacao y miembro del partido Voluntad Popular. "Es necesario gobernar para todos los venezolanos, incluyendo a los sectores más ricos, y no solamente para un segmento de la población”.

Para Leopoldo López, ex-alcalde de Chacao, las misiones sociales se volvieron un instrumento ideológico del gobierno chavista. Foto: Opera Mundi.

El coro opositor es respaldado por voces de especialistas. Los investigadores venezolanos Yolanda D'Elia y Luis Francisco Cabezas, del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, opinan que "las misiones dejaron de ser un dispositivo para enfrentar las adversidades políticas y económicas, y se volvieron un mecanismo de control político y social para avanzar en los propósitos de la revolución”. Para ellos, este cambio creó un obstáculo para la profundización y la propia institucionalización del proyecto, lo que se refleja en la calidad y la cantidad de las misiones.

Pero en donde los adversarios encuentran problemas, el gobierno ve avances. "Las misiones fueron la forma de romper con el mecanismo de un Estado burocrático, vertical y distante del pueblo”, afirma Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la Asamblea Nacional y del PSUV. "No se trata solamente de aplicar política social, sino de ayudar a la auto organización de las personas y transformar sus comunidades en espacios de poder y participación”.

[Traducción:Luciana Taddeo]

La era Chávez puso a Venezuela en el mapa del mundo (I)

Opera Mundi

Adital

Por Breno Altman, Jonatas Campos e Marina Terra
Caracas, 21/08/2012

Cambios profundos en la política, en la economía y en la sociedad orientaron los focos de la política internacional

A más de mil metros de altura, en la costa venezolana del Caribe, una ciudad brota del cero. Ocupa un área de 1,2 mil hectáreas, en el estado de Vargas, clavada entre Caracas, la capital, y el principal aeropuerto del país. El loteo fue planificado para ser uno de los grandes escaparates del gobierno de Hugo Chávez Frías, presidente de la República desde febrero de 1999.

El proyecto lleva el nombre de Ciudad Caribia. Bajo la responsabilidad de la Constructora del Alba Bolivariana, una empresa mixta cubano venezolana, la iniciativa ya alberga a casi siete mil personas en 1.100 apartamentos. Cuando esté conclusa, en 2018, será una urbanización con más de 20 mil unidades habitacionales, viviendas para 100 mil venezolanos.

Sólo personas muy pobres ya recibieron y seguirán recibiendo el derecho de propiedad de estos apartamentos de 72 metros cuadrados, distribuidos en tres habitaciones, dos baños, área de servicio, comedor, sala y cocina. Totalmente amoblados y equipados.

Pero no es solamente un conjunto habitacional. También tiene escuelas, parques de diversiones, guarderías, biblioteca, comisaría, radio comunitaria, club deportivo, centro comercial, áreas de reuniones y eventos. Automóviles no pueden circular en su interior. La movilidad será garantizada por un sistema de transporte público que prevé hasta un teleférico para llevar a sus moradores hacia la costa y la capital.

El condominio público es dirigido por consejos comunales elegidos, que tienen poder, incluso, para crear empresas comerciales e industriales. Uno de los proyectos que ya está en práctica es la recolección de basura y su reciclaje. El funcionamiento obedece a un modelo de autogestión, que cuenta con el apoyo del gobierno nacional y deja a tras el tradicional verticalismo estatal.

El recorrido entre la autopista Caracas-La Guaira y Ciudad Caribia está tomado por obras y solo se transita en auto

"Escucho de mucha gente que Ciudad Caribia no existe, que es una mentira más del gobierno”, relata Carlos Marques, 45 años, del primer grupo de familias que llegaron, y vocero de uno de los cuatro consejos comunales. "Formamos parte de una experiencia. No soy chavista, de aquellos que acatan todo lo que dice el presidente, pero votaré por él en octubre. Él cambio mi vida.”

Esta sensación redentora, aparentemente generalizada entre los más pobres, tiene su contrapartida en el rechazo, a veces furioso, de los más pudientes. Cuando Chávez fue elegido por primera vez, se imaginaba que él sería un revolucionario en la política y un reformador suave de la economía. Parte de los empresarios llegaron incluso a apoyarlo, porque el sistema carcomido de la llamada IV República (1958-1999) se había vuelto una llaga insoportable. Tan corrupta, que hasta interfería en los negocios.

El mecanismo que imperaba era un duopolio del poder, compartido entre la Acción Democrática (AD), de centroizquierda, y el Comité de Organización Político Electoral Independiente (COPEI), socialcristiano, de centroderecha. Tras la caída del dictador Pérez Jiménez, en 1958, estas dos organizaciones hicieron un acuerdo (conocido como Pacto de Punto Fijo, nombre de la localidad en la cual fue firmado) y crearon reglas implacables para quienes quisieran aguar la fiesta. Durante cuarenta años, fueron los mandamases políticos.

Petróleo

En el caso venezolano, la rueda de la fortuna es girada por el petróleo. El país es el quinto mayor exportador y tiene las mayores reservas comprobadas. Hasta 1976, la explotación era privada y controlada principalmente por empresas estadounidenses. Los empresarios locales acumulaban riquezas como socios menores o prestadores de servicio de las grandes compañías.

En el reino del capitalismo predatorio, Venezuela usaba los dividendos del aceite de la piedra para importar casi todo lo que consumía y tenía un patrón bajísimo de desarrollo industrial y agrícola. Los que tenían acceso a los negocios con el oro negro vivían como jeques. La mayoría de la población, sin empleo fijo o renta estable, se amontonaba en las ciudades y vivía de trabajos precarios.

La elite política también se deleitaba en una cómoda posición. Los dos partidos, que se alternaban en el gobierno, vivían de gordas comisiones pagadas por las licencias de explotación y otras concesiones públicas. De arriba abajo, el país era enlazado por uno de los mayores ductos de coima del planeta.

El alza de los precios petroleros, a partir de la crisis mundial del 1973, inspiró el presidente Carlos Andrés Pérez, de la AD, a pasar esta actividad a la dirección estatal y a crear, en 1976, la PDVSA - Petróleos de Venezuela SA. Sin tocar los intereses multinacionales, ya que las actividades de refinaría y comercio internacional seguían en manos privadas, el nuevo paradigma alimentó el robo sistemático, mostrando un supuesto nacionalismo como coartada.

Las ganancias generadas por los hidrocarburos, gestionados directamente por los políticos del Punto Fijo, engordaron una plutocracia paraestatal beneficiada por contratos, de las más variadas naturalezas, con la PDVSA. Estos barones del petróleo fortalecieron sus posiciones como banqueros, controladores de cadenas televisivas, propietarios de compañías importadoras, entre otros rubros de bajo riesgo. El hecho es que el estancamiento político finalmente se fundió con los dueños del capital.

Durante los diez años de bonanza, algo de felicidad llegaba a las clases más bajas. Al fin, aún con sus bolsillos abarrotados, los políticos necesitan votos y esto demanda agradar a la clientela. La Venezuela petrolera era un país saudí, pero en un régimen de democracia electoral.

Cuando la cotización del petróleo se derrumbó, a partir de los años 80, el modelo fue a la bancarrota. La inflación dio un salto del 7,4% anual en 1978 al 103% en 1996. Los intereses de la deuda pasaron a representar un 30% del presupuesto nacional. El PIB per capita, sin considerar la inflación, cayó casi un 19% entre 1978 y 1998. En el mismo período, el sueldo real perdió el 48% de su valor, provocando una caída de un 25% del consumo familiar, mientras el desempleo saltó del 4,3% al 14,5%.

La ruina, sin embargo, no alcanzó a todos. El sector privado, que antes vivía cómodamente gracias a la escalada de la renta petrolera, pasó a compensar eventuales pérdidas con ganancias financieras obtenidas a través de los intereses que el Estado pasó a ofrecer para poner títulos de la deuda pública en el mercado. La prueba de esa hartura está en los más de US$ 30 mil millones de dólares enviados al exterior entre 1984 y 1998, cuando el país sucumbía.

La transferencia acelerada de recursos públicos a los grupos empresariales, en los gobiernos anteriores a Chávez, fue acompañada por una de las versiones más radicales del programa de ajustes recomendado por el FMI (Fondo Monetario Internacional): reajuste de tarifas de servicios públicos, corte de recursos destinados a los sectores sociales, privatización de empresas estatales.

El hecho es que, cuando el actual presidente comenzó su gestión, tenía frente a si un país quebrado económicamente y a la sociedad hundida. El diez por ciento de la población de entonces (23 millones) estaban incluidos en la patria del petróleo y las finanzas. El 90% restante veían su estándar de vida decaer, corroído por el desempleo, el ajuste salarial y la eliminación de derechos. La mayoría de esta gente dio a Chávez el aval para enterrar a la IV República e iniciar un impetuoso proceso de cambios.

Inicio

El primer paso del nuevo régimen, denominado V República a partir de la Constitución de 1999, fue hacer estallar el sistema político que había heredado. Amparado por la mayoría parlamentaria, los partidarios de Chávez pudieron adoptar una serie de mecanismos plebiscitarios y de participación política que detonaron en el control institucional antes ejercido por el bipartidismo. Las fuerzas derrotadas por el chavismo perdieron la hegemonía sobre la asamblea nacional, el poder judicial y las fuerzas armadas.

Las nuevas reglas del juego permitían que consultas vinculantes, a través de referéndums, fueran convocadas por el presidente, el parlamento o incluso por iniciativas populares que tuvieran un mínimo de apoyo. Mandatos legislativos o administrativos podrían ser revocados por voto popular. Leyes podrían ser aprobadas en detrimento del parlamento, si fuesen selladas en las urnas.

Esta ofensiva política debilitó a los sectores más conservadores. A finales de 2001, Chávez se sintió fuerte como para poner en práctica sus primeras reformas estructurales en la economía. Las principales fueron la Ley de Tierras (que fijó los parámetros de la reforma agraria) y de Hidrocarburos (que aumentó impuestos a las compañías privadas y el control gubernamental sobre la actividad petrolera).

La reacción de la oposición y de los grandes grupos económicos fue inmediata, convocando a las calles la clase media e incitando a los militares a que se rebelaran contra el gobierno. Aprovechándose de su amplio dominio sobre los medios de comunicación, estos círculos crearon un clima de caos y se lanzaron en la empresa del golpe de Estado, en abril de 2002. La aventura duró menos de 48 horas. Militares legalistas, impulsados por centenares de miles que se manifestaban en las calles, restituyeron a Chávez su mandato constitucional.

Nuevo intento vendría a ocurrir a fines de 2002, entonces a través de un paro patronal que paralizaría la economía del país, centrada en la PDVSA, que en este entonces aún era controlada por directores y gerentes que se rehusaban a obedecer al gobierno. Nuevamente el presidente venció la pulseada, tras una batalla de 60 días. En la secuencia del golpe de abril, pudo desbaratar los grupos adversarios dentro de las fuerzas armadas. Derrotada la paralización petrolera, Chávez finalmente logro poner a la estatal bajo su comando, aunque a costas de la demisión de 32 mil funcionarios que habían adherido al paro patronal.

La oposición aún tuvo energía para convocar, en 2004, un referéndum revocatorio para la destitución del presidente por la vía constitucional. En la Venezuela de Chávez, calificado de déspota por sus enemigos, la firma de un 20% de los electores puede llevar a un plebiscito para derrocar al Jefe de Estado. A pesar de haber podido obtener esta adhesión mínima, los opositores fueron derrotados en la consulta popular. El presidente mantuvo su mandato y fue reelegido en 2006, con más de un 60% de los votos.

Prueba para Chávez

Esta gestión se termina en enero de 2013. Será la tercera del líder bolivariano (la primera duró solamente un año y medio, entre 1999-2000, finalizada tras la promulgación de la nueva Constitución). Después de cinco años en los cuales su principal preocupación fue llevar a cabo una revolución política que alejara las viejas élites del poder y derrotara sus intentos anticonstitucionales, Chávez dedicó los últimos seis años a la construcción de un nuevo proyecto económico social, que en octubre será juzgado en las urnas.

El presidente abrió distintos frentes. Su primera invención fueron las misiones sociales, destinadas a combatir especialmente las carencias en la salud y en la educación. A la vez, aceleró un amplio proceso de nacionalizaciones, empezando por el rubro petrolero, pero alcanzando también otras áreas estratégicas como el sistema financiero, el siderúrgico y las comunicaciones, pero a veces interviniendo en segmentos menos importantes como la distribución a minorista y servicios. Parte de la ganancia de PDVSA, más el aumento de los impuestos y de la deuda pública fueron destinados a pagar la adquisición de esas compañías.

La estrategia chavista, desde 2006 bautizada de "socialismo del siglo XXI”, tiene como centro un Estado fuerte, proveedor de derechos y regulador de la economía, con expresiva participación directa en la propiedad de los medios de producción.

La eliminación de los capitalistas, como ocurrió en otras experiencias socialistas, no está en el horizonte. Sus oponentes, a propósito, suelen criticarlo por haber creado una "boliburguesía”, empresarios ligados al gobierno y al proyecto bolivariano. De todas formas, no hay dudas de que, al nadar en contra de la corriente de las ideas liberales triunfantes tras el colapso de la Unión Soviética, Chávez despertó la atención mundial a su país.

Este protagonismo es actualmente más movido por la polarización político ideológica contra los Estados Unidos y demás potencias occidentales, además de los conflictos con la oposición interna. Defensor de la integración latinoamericana y de una geopolítica sin el predominio de la Casa Blanca, el presidente venezolano se transformó en un importante actor del escenario internacional. La reciente filiación de su país al Mercosur, celebrada el 31 de julio, resalta ese protagonismo.

Pero la Venezuela de Chávez merece ser investigada más allá de la batalla de ideas. Los resultados de estos casi 14 años no son despreciables. A pesar de los problemas, como las dificultades para diversificar la industria y la alta criminalidad en las grandes ciudades, el país realizó hechos notables. No es poco haber sido declarada como nación libre del analfabetismo por la UNESCO. O ser el país sudamericano con la mejor distribución de la renta, según la Cepal y medido según el índice Gini. O presentar el mayor sueldo mínimo de la región, como relevan dados de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). O celebrar el más acelerado nivel de crecimiento del IDH (Índice de Desarrollo Humano) del continente en los últimos diez años, hecho informado en el reciente informe de las Naciones Unidas.

La patria fundada por Simón Bolívar pasó a verter más que petróleo. Sus experiencias y cambios, se guste o no, son temas relevantes para quienes quieran discutir con seriedad los desafíos contemporáneos.

[Traducción: Luciana Taddeo]